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Hay sentencias que marcan un paso en los derechos de los ciudadanos y un paso en el reconocimiento de los mismos ante la Administración, y muestra de ello es la sentencia del TribunalEuropeo de Derechos Humanos de diciembre de 2009.
El supuesto de hecho es el periplo judicial iniciado por una española de raza gitana a la cual se le rechazó su solicitud de pensión de viudedad por no haber contraído matrimonio en formal civil sino por el rito gitano.
Contra dicha denegación la meritada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido sin embargo dicho derecho.
En España, y si bien el Juzgado de lo Social reconoció en primera instancia tal derecho, después tanto el TSJ de Madrid como el Tribunal constitucional le denegaron tal derecho.
El Europeo, sin embargo, ha ratificado el pronunciamiento del juzgado de lo social, y entiende que ha existido discriminación frente a otras parejas que sin haber celebrado el matrimonio de forma válida creían de buena fe en la existencia de su matrimonio. En cuanto a la valoración de esta buena fe, el Tribunal destaca el hecho de que la celebración gitana se llevó a cabo en 1971, cuando en España no existía otra forma de matrimonio que no fuera el canónico o el civil por renuncia a la religión cristiana, y en un entorno –la comunidad gitana- que sólo reconoce el matrimonio celebrado según sus ritos.
Como colofón del reconocimiento de la validez de dicho matrimonio, el Estado Español les concedió el libro de familia, la condición de familia numerosa y la asistencia sanitaria para todos sus miembros. De esta manera, el Tribunal considera desproporcionado que el Estado pretenda desconocer la validez de este matrimonio tras el fallecimiento del esposo a afectos de la pensión de viudedad, cuando en vida la ha dado dicha estatus y ha percibido sus cotizaciones a la Seguridad Social.
