ROJI ABOGADOS – Asesoramiento para la pequeña y mediana empresa: Mercantil, Societario y Concursal
La sentencia que os comentamos analiza del alcance de la indemnización que puede recibir un acreedor o la parte que ha cumplido el contrato, buscando la relación de causalidad o nexo causal y su relación con el contrato que se ha incumplido. En este sentido no todos los daños que pueda experimentar el acreedor por incumplimiento del deudor, aun probados, son indemnizables, pues sólo lo serán aquellos en los que se cumplan determinadas exigencias jurídicas y, entre ellas, en al ámbito subjetivo, que se trate de un deudor doloso en los términos a que se refiere el artículo 1107, párrafo segundo, del Código Civil, en cuanto hace al mismo responder frente al acreedor de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.
En el presente caso la sentencia del TS, de fecha 17 de marzo, no lo estimó así, reduciéndose la indemnización formulada por la empresa actora, a pesar de quedar acreditado el daño causado, pero considerando que los mismo quedaban fuera del ámbito del propio contrato: destino del dinero que iba hacer el comprador.
Por tanto los daños y perjuicios de los que había de responder el deudor eran, en este caso, los previstos o los que se hubieran podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que fueran consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento (artículo 1106 y 1107, párrafo primero, del Código Civil ); en suma, aquellos que estuvieran dentro de la órbita del contrato o del fin de protección de intereses amparados por el mismo.
“La actora Prolevan S.L. había interesado en la demanda una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de las demandadas al no haber abonado en tiempo el precio pactado en la compraventa, fijando su importe en la cantidad de 890.955 euros, de los que habrían de responder por mitad ambas demandadas. Tales daños y perjuicios se derivaban, según la demandante, del hecho de que tenía comprometido aportar 1.950.000 euros del efectivo que debía percibir como parte del precio pactado el día 30 de enero de 2003 a una compañía de inversión mobiliaria gestionada por el Banco Credit Agricole Indosuez, concretamente la compañía Selegna Renta Variable Simcav S.A.; inversión que ya había realizado con la cantidad recibida el 20 de enero de 2002, de modo que esta última compañía invertiría tales aportaciones en una cartera réplica del Ibex 35 en marzo de 2003; siendo así que, según sostenía la demandante, para comprar la misma cartera réplica del Ibex 35 se necesitaba en la fecha de interposición de la demanda -28 de julio de 2004- el 45,69% más que el 31 de marzo de 2003, o sea la cantidad de 890.955 euros, que es la que reclamaba.
El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente dicha pretensión y condenó a las demandadas a satisfacer a la actora por mitad la cantidad de 815.919,31 euros, que a su vez la Audiencia Provincial rebajó a 393.070,61 euros al estimar parcialmente el recurso de apelación de las demandadas que ahora, en casación, solicitan que se les absuelva de dicha pretensión.
El motivo debe ser estimado por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1106 y 1107 del Código Civil . Es lo cierto que aunque se pruebe la existencia del daño, e incluso su relación causal con el incumplimiento por aplicación de la teoría de la causalidad adecuada o de la “conditio sine qua non”, no siempre cabe imputar el mismo a la conducta del deudor pues se habrá de tener en cuenta el fin de protección de intereses que comporta el contrato. No todos los daños que pueda experimentar el acreedor por incumplimiento del deudor, aun probados, son indemnizables, pues sólo lo serán aquellos en los que se cumplan determinadas exigencias jurídicas y, entre ellas, en al ámbito subjetivo, que se trate de un deudor doloso en los términos a que se refiere el artículo 1107, párrafo segundo, del Código Civil , en cuanto hace al mismo responder frente al acreedor de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.
Con independencia de la amplia discusión doctrinal acerca de la distinción entre el deudor de buena y de mala fe, esta Sala ha declarado en sentencia de 10 marzo 2009 (Rec. 989/03 ) que, según reiterada jurisprudencia, no pueden imputarse objetivamente al deudor todos los daños conocidamente derivados de la obligación (artículo 1107 Código Civil ), pues para ello es exigible que la sentencia de instancia haya declarado expresamente el carácter doloso del incumplimiento, cosa que no ocurre en el caso examinado.
El carácter doloso en el incumplimiento ha de comportar no sólo la voluntad de incumplir sino también la conciencia de que tal incumplimiento no está amparado por la ley ni por el contrato, situación que no cabe predicar de la conducta de las hoy recurrentes -demandadas en el proceso- que efectivamente incumplieron su obligación, pero lo hicieron bajo la consideración de que la otra parte no cumplía adecuadamente con las obligaciones que derivaban para ella del contrato, como eran -según el sentir de las demandadas- la de garantizar la inseparabilidad de los contratos celebrados y, en consecuencia, que la compradora pudiera acceder a la propiedad de la totalidad de los terrenos que integraban la Unidad de Actuación X del Plan Parcial nº 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.
En consecuencia, los daños y perjuicios de los que había de responder el deudor eran, en este caso, los previstos o los que se hubieran podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que fueran consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento (artículo 1106 y 1107, párrafo primero, del Código Civil ); en suma, aquellos que estuvieran dentro de la órbita del contrato o del fin de protección de intereses amparados por el mismo.
A la hora de delimitar el daño indemnizable en la responsabilidad contractual, la dogmática actual acude a la doctrina del fin de protección del contrato que supuso, en sus orígenes en el Derecho alemán, aplicar al ámbito de la responsabilidad contractual la doctrina del fin de protección de la norma utilizada para la determinación de la responsabilidad extracontractual. Su formulación partía de la afirmación de que el contrato indica las obligaciones, señala qué intereses del acreedor han de ser satisfechos y explica qué consecuencias, de las producidas por el incumplimiento sobre el patrimonio del acreedor, debe reparar el deudor. El deudor no doloso que ha lesionado el interés del acreedor responde frente a él no, sin más, por todas las consecuencias imaginables de su conducta contraria al contrato, sino sólo por las pérdidas que se irroguen a los intereses del acreedor protegidos por medio del propio contrato, que son las que, además de previsibles, sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento
En el caso ahora enjuiciado la consecuencia perjudicial para el acreedor no sólo estaba ausente del fin de protección del contrato, sino que además no cabe encuadrarla en el concepto de daños y perjuicios previsibles y necesariamente vinculados al incumplimiento en los términos a que se refiere el artículo 1107 del Código Civil , pues se sitúa en un ámbito que resulta absolutamente extraño al propio contrato, como es el destino que el vendedor iba a dar al precio recibido, por lo que el motivo debe ser estimado y, en consecuencia, debe ser acogido en parte el recurso de casación. …”
Leer mas: www.visionjuridica.es
