BLOG DE ANTONIO ROMERO (IU)

El resultado del referéndum celebrado hoy domingo encierra dos mensajes políticos. El primero es que el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía ha recibido un sí masivo que supera ampliamente el 85 por ciento. La segunda, que la participación ha sido baja.
El Estatuto, formal y jurídicamente, está aprobado. Se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigor con todas sus consecuencias. Ahora bien, en la participación ciudadana se denota que la Democracia falla, que está enferma, que, aunque resulte extraño, en una sociedad de la información y el conocimiento, lo que han alegado muchos ciudadanos y ciudadanas es que no conocían el Estatuto de Andalucía.
Llama la atención que en las zonas rurales, en los pueblos más pequeños, la participación, en general, ha sido más alta que en zonas urbanas y el litoral.
Esto demuestra que el boca a boca, el mitin político, el papel de la alcaldía, garantizan una mayor formación política de sus vecinos en las zonas rurales, cosa que no ocurre en la zona urbana, por muy en la hora de Internet en la que vivimos. Creo, sinceramente, que habría que haber enviado un ejemplar del Estatuto a cada elector y electora de Andalucía y que ha sido un error de la Junta de Andalucía no lo hiciera. La gente recuerda que recibió un ejemplar de la Constitución en 1978 cuando se convocó el Referéndum Constitucional.
No podemos olvidar que el Estatuto es una ley orgánica de corte constitucional y que en la práctica es la constitución del pueblo andaluz. Creo, asimismo, que ha faltado el debate televisado de los líderes de las fuerzas políticas andaluzas.
Tampoco hemos recibido una gran atención por parte de los medios de comunicación a nivel del Estado Español. El juicio del 11-M, los problemas que se arrastran de la lucha contra el terrorismo y los programas del corazón en el marco de un bipartidismo asfixiante ha mantenido, en la práctica clandestinamente el Referéndum de Andalucía.
Finalmente, se ha demostrado que el sí del PP no era muy sincero. En colegios electorales donde habitualmente gana la derecha, se ha registrado un repunte del No, mayor abstención.

Málaga votará el próximo domingo un ‘sí’ rotundo al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los malagueños somos conscientes de que estamos ante un momento histórico de los que marcan periodos dilatados. Es verdad que la campaña ha sido corta y que a estas alturas hay muchos ciudadanos y ciudadanas de Málaga que no conocen en profundidad el nuevo texto estatutario, pero en general la gente sabe lo que nos jugamos y quiere con su voto fortalecer la autonomía andaluza en el seño de una España Federal, moderna y solidaria.
Es un ‘sí’ también para que Andalucía gane el siglo XXI. Se trata de votar a favor de nuestra tierra. El nuevo Estatuto está preñado de derechos sociales, de medidas ecológicas y ambientales.
Nos garantiza voz propia en la Unión Europea y se fortalecen los ayuntamientos y las comarcas. El mejor homenaje que podemos hacer a la sangre derramada por García Caparrós es acudir todos y todas a las urnas el próximo domingo.

Ya hemos hablado en este blog de la importancia del Título de Medio Ambiente que recoge el Estatuto que votaremos los andaluces el próximo domingo. Hoy queremos destacar la importancia para Andalucía y para Málaga en particular de que el nuevo Estatuto haga un mandato a los poderes públicos en defensa del litoral.
Sin duda, hay zonas que son irrecuperables porque los daños son irreparables. De hecho, existen términos municipales en Málaga con una construcción del 90 por ciento. Sin embargo, un trabajo conjunto entre ministerios como el de Medio Ambiente y el Gobierno Andaluz con el mandato del Estatuto pueden recuperar terrenos que permitan defender playas vírgenes, como es el caso de la zona donde se pretende construir la Marina de Arraijanal.
La defensa del litoral va a ser clave para ir hacia un modelo de turismo de calidad en nuestra Comunidad. Nuestra baza es el turismo de sol y playa, y no hemos cuidado nuestras costas, por lo que necesitamos proteger aquellas zonas de dunas y playa que aún quedan en Andalucía.

Andalucía contará con una Policía Autonómica cuyas funciones serán integrales. Actualmente, existen unos 12.600 agentes de la Guardia Civil que realizan tareas de tráfico en toda la Comunidad Autónoma. El tráfico será asumido por los policías autonómicos, así como los temas relacionados con delitos medioambientales, violencia de género, patrimonio arqueológico y turístico y otros campos de la Seguridad Ciudadana.
Ahora, la Junta de Andalucía dispone de unos 500 policías nacionales cedidos por el Estado para que realicen tareas autonómicas. Queda por ver el número de agentes que planteará el Gobierno Andaluz cuando se desarrolle este apartado. Izquierda Unida propondrá entre diez y doce mil agentes (en Cataluña hay 8.000).
Cuando se ponga en marcha este Cuerpo, tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía tendrán más recursos para dedicarse a grandes delitos, mientras que la Policía Autonómica coordinará sus esfuerzos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al mismo tiempo, se creará una Junta de Seguridad entre Comunidad Autónoma Andaluza y Estado para planificar la lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizar las libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Andalucía aumenta el poder político y policial que hasta ahora gestionaba sólo servicios.

El artículo 68 del Estatuto, correspondiente a Cultura y Patrimonio, establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia “exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz”.
Desde el principio de las negociaciones con el Partido Socialista, Izquierda Unida defendió que el flamenco estuviera dentro del Estatuto como competencia exclusiva de Andalucía. Y hay que meterlo como competencia exclusiva para Andalucía pero para defenderlo, investigarlo, y promocionarlo desde Andalucía, lo mismo que hay competencia exclusiva en puertos, y lo mismo que hay competencias exclusivas en agricultura ecológica, y hay agricultura ecológica en Extremadura y en Andalucía.
El flamenco es universal y nosotros queremos que tenga una proyección internacional, pero ello no excluye que tenga un carácter estatutario y singular. Entendemos que esa exclusividad se da dentro del ámbito andaluz y servirá para investigar, cuidar y promocionar el flamenco.
Esa propuesta ha sido muy bien acogida por las peñas flamencas y los profesionales del sector, que entienden de esta manera que, además de un rasgo cultural propio, el flamenco se convierte en un elemento al que potenciar y conservar.

Es necesaria una gran participación a favor del Sí en el referéndum del próximo 18 de febrero, entre otras cosas porque los andaluces lograríamos dos objetivos muy positivos para nuestro pueblo.
En primer lugar sumiríamos el liderazgo en la construcción de la España plural, del Estado federal del siglo XXI. Y en segundo porque lanzaríamos un mandato a los poderes públicos que vengan después de la aprobación del Estatuto para que lo desarrollen en todas sus potencialidades.
Para exigir los derechos sociales que contempla, para desarrollar competencias y asumirlas, para desarrollar todos los ámbitos de autogobierno que el Estatuto representa, es necesario que los ciudadanos vayamos masivamente a las urnas.
Como los partidos más importantes de Andalucía estamos a favor del Sí, muchos piensan que el referéndum está ganado, que no hay que movilizarse para ir a votar, y eso es un error.
Por otra parte, hemos detectado un sector del No que no responde al PA. La actitud de los obispos de apoyar el No en el referéndum ha calado en los sectores más conservadores de nuestra Comunidad.
Si los obispos españoles con una mano leyeran el Evangelio y con la otra el Estatuto de Autonomía de Andalucía, darían dos misas diarias a favor del Sí, porque el Estatuto está preñado de derechos sociales.

En relación con la deuda histórica, Diego Valderas cerró el acuerdo con Manuel Chaves. El PSOE quería dos años para cuantificarla y cinco años  para pagarla. Se ha quedado en 18 meses para cuantificarla y 3 años para pagarla, con la posibilidad de adelantar anticipos; y la deuda Histórica es clave, no nos puede decir el gobierno que ya está pagada con el AVE, con la Isla de la Cartuja, o con el segundo puente de Cádiz. No nos pueden decir eso porque la Deuda Histórica era para los servicios esenciales, sanidad, enseñanza y funcionarios trasferidos, porque  cuando accedimos a la Autonomía nos dieron menos funcionarios y menos financiación que la media de España, no ya de las Comunidades Autónomas en  lo que se gastaba en aquella época el estado central que descentralizaba esas competencias, en Cataluña y País Vasco, que tenían más recursos para la sanidad y para la enseñanza, sino que a nosotros nos daban un nivel tan bajo, que se comprometió  la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Carmona, que no se ha pagado en todos estos años. Éramos la única fuerza política con autoridad moral para defender la deuda Histórica, que ahora tiene plazo  cierto para que se pague. Otra cosa será el segundo asalto, que es qué es lo que nos van a pagar, porque habrá una Comisión que cuantifique, y en la cuantificación habrá un debate; aunque hay ya un experiencia de cómo se está cuantificando la deuda histórica habitante /año en población.
Luego hemos metido un criterio de población para inversiones para los próximos siete años en Andalucía. Cataluña puso una disposición pidiendo que el porcentaje de inversión del estado central en Cataluña fuera en siete años debería acomodarse a su PIB  y la participación de éste en el PIB del estado, que es del 18 %. Nosotros no podíamos escoger ese indicador, porque nuestro PIB es del 13,9, no llega al 14 % del PIB de España. Pero sí la población, que tenemos 8 millones de habitantes, que somos el 18% de la población española, y por lo tanto con el indicador de la población, equiparábamos las inversiones a lo que habían conseguido los catalanes a través del PIB. Por lo tanto es muy importante el título de Financiación, la fiscalidad, la financiación multilateral, la financiación que debe ser en un Estado Federal compuesta  y la debe decidir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque nosotros vamos a recaudar lo mismo que los catalanes con la Agencia Tributaria propia andaluza, que está en el Estatuto y en el Estatuto Catalán, una agencia tributaria propia: recaudaremos el 50 % del IRPF, el 50% del IVA y el 40% de los impuestos especiales, lo mismo que Cataluña, y el resto para financiar nuestras competencias vendrá del Fondo de Suficiencia y un incremento  del Fondo de Compensación Interterritorial para establecer la convergencia, porque estamos a un 77% de renta, Cataluña está a un 100% con la media europea,  y hay comunidades autónomas por encima de la media europea, como Madrid, Navarra, el País Vasco y las Islas Baleares. Y es muy importante caminar hacia la convergencia, y decirle al PP y a la derecha y a los sectores reaccionarios,  que un estado centralista no garantiza la igualdad entre los ciudadanos, vivan donde viva, que tenemos un ejemplo en España: la dictadura era el único gobierno, y era un gobierno central y autoritario, y nunca hubo más diferencia en España,  que en la época de la dictadura. En los años 58 y 59 ganaba un obrero del metal en Cataluña, de primera, o en el País Vasco 140 pesetas de salario, y ganaba un jornalero andaluz 35 o 40 pesetas de jornal, lo que originó la emigración y el abandono en gran medida de los pueblos andaluces hasta las zonas del norte de España.  Pero es muy importante que eso se ponga sobre la mesa.

La cohesión territorial es el mejor instrumento para impulsar el desarrollo económico de las zonas rurales y esta es una de las aportaciones más importantes del Estatuto para  esas poblaciones.
El Estatuto obliga a cualquier Gobierno a desarrollar una mayor inversión hacia la Andalucía rural, de forma que sus habitantes tengan los mismos servicios y equipamientos para superar los desequilibrios económicos y sociales.
El  nuevo texto es mucho más reivindicativo que el actual porque aboga por una distribución más justa de la riqueza y piensa en la juventud, en el empleo, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio cultural y natural.

Tenemos un título dedicado a la justicia, que hace que tengamos un Tribunal Superior de Justicia y un Consejo de Justicia. La justicia en Andalucía no se ha descentralizado, no se ha adaptado al estado autonómico, es el único poder que sigue como en la España centralista antigua y es muy importante que se adecue al estado autonómico y al carácter federal que ha de tener España con la reforma de los Estatutos de Autonomía.
Tenemos 792 jueces, somos la novena comunidad autónoma en número de jueces, y tenemos muy pocos intérpretes en lenguas extranjeras tendiendo los juzgados. En la Costa del Sol hay 7, y la mafia se comunica en 80 lenguas extranjeras. Es muy importante tener recursos en materia de justicia, hay un millón de asuntos judiciales en Andalucía al año; los juzgados tardan 4 ó 5 años en dictar sentencia.
Cuando organizan demoliciones ya está la vivienda vendida en segunda y en tercera mano, y consolidados los hechos criminales, y por lo tanto es importante que tengamos una política judicial propia en Andalucía.

El Estatuto de Carmona no tiene un solo artículo dedicado al medio ambiente: no era una preocupación de la Andalucía de la época de hace 25 años. Pero el Estatuto actual tiene un título completo, el Título VII, dedicado al medio ambiente con once artículos: luchando contra la especulación urbanística, defendiendo las energías renovables, la fiscalidad ecológica, el transporte público, el ciclo integral del agua, la agricultura ecológica.
Todos estos temas hoy son muy importantes, sobre todo porque nos dan anclajes jurídicos para desarrollar una lucha la especulación. Ya sabéis lo que está pasando en el litoral y en la costa. No es sólo la canción de Serrat, de Algeciras a Estambul, porque en esta zona del Atlántico también se hace un urbanismo criminal y salvaje con un tsunami de cemento que está destrozando nuestro litoral.
Y es muy importante que tengamos un estatuto con un título nuevo de Medio Ambiente: aunque sólo hubiese sido por eso, ya estaría justificada la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por dotar a los nuevos poderes de la comunidad a autónoma, ayuntamientos, sociedad civil, Junta de Andalucía, sindicatos, etc… de referencias medioambientales en el Estatuto de Autonomía, para luchar por un modelo de desarrollo sostenible.