Estamos en las puertas del copago sanitario y a los jubilados nos costará al menos 8 euros mensuales el que se nos dispense los medicamentos que nos ayudan a ir tirando más bien que mal, y eso contando conque no nos arrebaten las pagas extras o rebajen la pensión o no nos den de alta de una enfermedad antes de tiempo, como ahora está ocurriendo.
Coincidiendo con la inminencia de la aplicación de esta medida nos enteramos de que alrededor de 200.000 personas económicamente pudientes se han servido de las tarjetas sanitarias de los abuelos para conseguir descaradamente medicamentos gratis.
A esta acción ciudadana que debía ser delictiva a todas luces se une el dislate de las administraciones públicas. Se denuncia que entre las 17 comunidades autónomas – hay quien pide ya un referéndum para eliminarlas o reestructurarlas desde los cimientos – mantienen en el exterior alrededor de 200 embajadas con los exorbitantes gastos que ello lleva consigo y que se ahorrarían derivando sus funciones en las legaciones diplomáticas de cada país.
Entre unos y otros, los palos a los de siempre y en el mismo sitio.
JOSÉ BECERRA