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Ley de Administraciones Públicas
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José Becerra | 22-06-2013 | 10:01

Una de las prioridades del Gobierno, a remolque del sentir popular, el cual se ha hecho oír pero que hasta ahora se le ha escuchado como quien oye llover, es eliminar duplicidades en las administraciones  públicas y adelgazar la lista de quienes en ellas no esgrimen otros méritos que de los que se derivan de un nombramiento a dedo por quienes gozan  del poder político  y subrepticiamente barrieron para adentro, abjurando de toda la reglamentación legislada para acceder a un cargo público. Clientelismos, enchufismos y órganos innecesarios se alzaban como rémora  que era preciso erradicar para un funcionamiento normal de las instituciones. Y eso lo que nos parece que  el presidente  Rajoy con las leyes de las Administraciones  Públicas pretende extirpar de cuajo junto a otras medidas como son “la reducción de gastos, la simplificación de trámites y la mejora de la gestión” que se detallan en el informe que ha esgrimido  y que denota”la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en toda nuestra democracia”. Como dicen los más viejos de la Serranía, “que tus palabras sean meías (medidas)” para su eficaz cumplimiento. Todo lo cual, y ese parece ser el propósito último, va a redundar en beneficio de los ciudadanos: menos ventanillas, mejor gestión y más ahorro.
Vaya por delante, y hay que reconocerlo, en España no sobran funcionarios. Los que llegaron a disfrutar de esta `canonjía´ obedeciendo a esa lacra tan extendida del favoritismo en las administraciones públicas son los que sobran. Se habla de más de medio millón los que sentaron sus reales en despacho u oficina sin más méritos que exhibir en el ojal de la chaqueta las siglas de un partido político o de un sindicato o poseer algún grado de consanguinidad con el dirigente de turno. De sus ubres vivieron miles de advenedizos que vinieron a ocupar cargos en las numerosas empresas de  autonomías y ayuntamientos, las cuales no hacían ascos a la más que probable ausencia de la preparación exigida por ley a los aspirantes afectos a la causa del dispensador del favor.
Es de esperar que estas nuevas leyes que están en puertas vengan a poner coto a esas irregularidades que obran en detrimento de una higiene democrática,lo cual es a todas luces   muy de desear.

Sobre el autor José Becerra
Nacido en Benaoján, 1941. Licenciado en Lengua y Literatura Española por la UNED. Autor de varios libros. Corresponsal de SUR en la comarca de Ronda durante muchos años.