Independientemente de las controversias originadas tras la abdicación del Rey y del espectáculo lamentable consiguiente que se contempló en el Congreso de los Diputados ( parlamentarios de escasa representación esgrimiendo peregrinas conclusiones e imposibles exigencias – soberanismo catalán y vasco y consulta al pueblo para que decida sobre monarquía o república, o monarquía o democracia, como desiderátum insustancial y vacuo argumentado por el Coordinador federal de IU, Cayo Lara)-, en el acto de ratificación de la ley orgánica que hizo efectiva la abdicación de don Juan Carlos, se produjeron o se van a producir a su rebufo circunstancias que se teme no pasarán desapercibidas para la opinión púbica mayoritaria.

Se aprobó por amplia mayoría la citada ley y se reguló la abdicación sobre todo con los votos del Partido Popular, y, también, como era de esperar del de las bancadas socialistas, las cuales no hicieron sino reafirmar la postura del todavía secretario general,Pérez Rubalcaba, – aunque no le queden más allá de dos telediarios en el poder -, el cual dejó constancia,pese a dejar por descontado su republicanismo innato, la defensa a ultranza de la monarquía parlamentaria, lo que no dejó de ser remarcable en su discurso, el cual ganó muchos enteros- incluso para quienes no habíamos dudado en señalar su trayectoria política, con más sombras que claros –, y que sirvió para significar un perfil de estadista que a no pocos sorprendió. Pero así fue: primaron en su alocución los aciertos y la reciedumbre en reafirmar los lazos que unen en la tesitura política e institucional actual en detrimento de los que pudieran crear desavenencias en las actitudes tanto en los políticos como en el españolito de calle, últimamente en un estado crispado por la situación del país a remolque de adversas circunstancias en la que no cabe incidir por ser de dominio público.

Pero hay otro elemento en el que habría que incidir. Se ha decidido desde instancias superiores del Estado, que no desde los gerifaltes del protocolo palaciego, la supresión de todo signo de ostentación en la ceremonia de coronación de Felipe VI. Tal vez hayan prevalecido en esta decisión las difíciles circunstancias por las que atravesamos. Austeridad ,se proclama sin tapujos; a lo peor como resultado de una perturbación impuesta por las proclamas y parafernalias de movimientos pretendidamente progresistas y radicales que, según los resultados de las elecciones europeas, vienen haciendo mella en el sentir de un pueblo visiblemente en desafecto hacia los políticos y descontento y desbordado por la penuria reinante.

Sin embargo, la coronación de un rey no es un acontecimiento que en un país pueda verse todos los días, cuanto más que en España podemos presumir de una acrisolada monarquía, la segunda del mundo en antigüedad detrás de la de Japón. ¿Es lícito que se nos prive de la contemplación de este rito religioso– no habrá misa de coronación para Felipe VI y, por ende, no se cantará el Te Deum solemne –, no se sabe bien obedeciendo a qué requerimientos o imposiciones contrarias al sentir español desde tiempo inmemorial?

Si se juzga a la gente – y a los países – por su apariencia, ¿que comentarios mereceremos cuando se percaten que no habrá invitados regios a la ceremonia y que las testas coronadas brillarán por su ausencia? Puede pensarse que algo grave no está pasando para pasar por alto la concurrencia de altos dignatarios de medio mundo. No al despilfarro, desde luego. Pero sin incurrir en él, ¿ se nos puede privar del esplendor y máximo decoro de un ceremonial que es consustancial a nuestras tradiciones y que expresa la adhesión a nuestros reyes, como todas las encuestan señalan sin ambages? ¿Qué mejor “marca España” podríamos ambicionar?