Un infarto acabó con la vida de Rita Barberá, posiblemente en la soledad de una fría habitación de hotel. No sería arriesgado pensar que  este repentino óbito tenga mucho que ver la feroz caza y captura que ha sufrido la senadora y exalcaldesa de Valencia en los últimos meses. Un brutal acoso que se supone ha tenido que soportar por parte de quienes se erigían como insensibles e implacables jueces de su conducta y que no han tenido por menos de atosigarla hasta consumar la quiebra definitiva de su vida. También hay que decir el vacío que se instaló en su alrededor por parte de su propio partido, el Popular, en el que militó y mantuvo un papel preponderante durante los últimos treinta años. Fueron contados lo que le tendieron la mano en los momentos difíciles vividos; la mayoría de sus conmilitones optaron por ignorarla y el desamparo ha sido manifiesto. Acoso y derribo ha sido la actitud de unos y otros.

   La presión mediática que ha sufrido esta mujer, de la que no entro ni salgo en cuanto a lo que se refiere a su honorabilidad o culpabilidad, es producto de ese linchamiento a que, a veces, se someten los políticos por parte de sus adversarios sean del color que sean. Una forma recóndita y no pocas veces perversa de socavar la existencia del contrario y que estamos viendo como cobra virulencia en los últimos tiempos, sin que tenga  en cuenta que poseemos un sistema legal a quien corresponder enjuiciar y castigar al que delinque. Las conjeturas de culpabilidad no tienen razón de ser si no se han demostrado fehacientemente en los tribunales públicos de Justicia.

   No pertenezco al Partido Popular – tampoco a cualquiera de los de la izquierda política – y no me erijo en paladín de nadie. Solo que como españolito de calle reconozco, absorto, que se está yendo muy lejos en este afán desmedido de desprestigiar al oponente antes de que por sus actos sea juzgado según los cánones legalmente establecidos que a todos nos asisten.