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A palos
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Héctor Barbotta | 16-04-2018 | 10:56| 0
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido un recurso del PSOE contra el reglamento de directores generales impulsado por el gobierno municipal y ha dictado una medida cautelar que, aunque de momento su cumplimiento se ha aplazado, es muy probable que obligue a dar marcha atrás en el nombramiento de los mandos del Ayuntamiento. La decisión judicial supondrá un trastorno a la hora de organizar la estructura del gobierno municipal, y por lo tanto de la gestión de los asuntos públicos, pero además deja en evidencia y al desnudo cuál es la manera en que se desarrolla la vida política en Marbella.
Tanto el recurso presentado por el PSOE como la decisión judicial que se derivó de él han puesto al equipo de gobierno y a la oposición frente a un espejo. Los socialistas no han hecho nada distinto a lo que los populares hicieron cuando estaban en la oposición. Estos también recurrieron el reglamento de directores generales y en aquella ocasión el resultado fue el mismo: la imposición de medidas cautelares que impidieron la ejecución de los nombramientos y supusieron un serio obstáculo para la organización de la estructura de mandos del Ayuntamiento y con ello, de la gestión de los asuntos que afectaban a los ciudadanos. Solamente desde la más infantil ingenuidad se podía esperar que el PSOE no actuara ahora de la misma manera. Aunque desde el PP se sostiene que los reglamentos no son idénticos, la decisión judicial los ha igualado. La única diferencia de la situación actual en relación con la anterior es que los directores ya están nombrados. En el gobierno municipal entienden que ello les da cierto margen de maniobra aunque más temprano que tarde, si el TSJA no modifica su postura, deberá volver a la situación anterior.
Cuando se habla de directores generales se suele poner el acento en la forma de elección o en la remuneración que se les asigna, pero suele pasarse por alto que los nombrados forman parte del gobierno municipal. Tienen mando en plaza y atribuciones para firmar documentos y por lo tanto un papel central en la gestión de los asuntos municipales. Sin ellos, la gestión queda en manos de los funcionarios y la gestión política del Ayuntamiento se convierte en una quimera. Si el actual gobierno, como el anterior, se ve obligado a devolverlos a la categoría de asesores, su capacidad de gestión, y por lo tanto de resolver problemas, que es para lo que está un gobierno municipal, se resentirá.
Después de lo que sucedió en la primera parte del actual periodo municipal, cuando gobernaba el tripartito, no cabía esperar que quienes fueron desplazados a la oposición por una moción de censura actuaran de otra manera, pero a estas alturas es lógico que los ciudadanos comiencen a preguntarse si la labor de la oposición, de ésta y de la anterior, debe consistir en plantear alternativas de gobierno o en poner todos los obstáculos posibles para que ese gobierno no pueda ejercerse.
Desde el punto de vista político estamos ante una situación que responde a la más elemental lógica. El PSOE le hace al PP lo que antes el PP le hizo al PSOE. Se trata, evidentemente, de lógica política, no de lógica a secas. La lógica a secas hubiese invitado al PSOE a no recurrir un reglamento parecido al que ellos mismos antes intentaron aplicar, y al PP, a no aprobar algo similar a lo que ellos mismos recurrieron. Pero aquí, de lo que se trata no es de aplicar la lógica ni lo que los ciudadanos suelen identificar como sentido común.
Los argumentarios señalan que los reglamentos no son idénticos, pero ello no es más que una coartada por la que se intenta ocultar una convicción mutua que vuelve a situar a ambos contendientes ante el espejo, porque en ambas aceras están íntimamente convencidos de que el adversario está desligitimado para ejercer el poder en el Ayuntamiento. Cuando el PP fue el partido más votado pero un pacto a cuatro lo apartó del poder, el discurso oficial transmitió el convencimiento de que aquello no iba a funcionar no sólo por lo complejo de gestionar un acuerdo con tantos actores sino por la supuesta incapacidad atávica de quienes no provienen de su propio ámbito ideológico. Cuando fue la izquierda la desplazada por la moción de censura, el discurso se dirigió a sembrar dudas sobre las verdaderas causas de esa operación política y a sugerir, sin indicio alguno, que detrás había intereses económicos. Unos se atribuyen el monopolio de la capacidad; los otros, el monopolio de la honradez y la transparencia. Ambos, sinceramente convencidos (y ese es el problema de fondo) de que el adversario no tiene derecho a constituir mayorías. Ni la ciudadanía, derecho a la alternancia.

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Presupuestos agridulces
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Héctor Barbotta | 10-04-2018 | 07:51| 0
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En una ciudad con tantas necesidades perentorias causa cierto desasosiego que la mayor parte de las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y que afectan directamente a Marbella sean más posibilidades de futuro que realidades concretas de corto plazo. En general, la propuesta, que aún no tiene garantizado salir adelante y a la que le queda un largo periodo de negociación, es rácana con el conjunto de Andalucía. En relación con Marbella contiene un par de concreciones y guiños que el futuro dirá si se materializan.
La partida más importante que afecta directamente a la ciudad es la de seis millones de euros destinada a poner en marcha el proyecto del tren litoral. Se trata ciertamente de una cifra importante si se tiene en cuenta la etapa inicial en la que se encuentra el proyecto, que ni siquiera ha comenzado a redactarse. Esa cantidad, si se ejecuta, garantiza, efectivamente, que el Gobierno ha asumido con seriedad su compromiso de concluir la etapa de estudios previos y redacción del proyecto, pero aún no asegura ni remotamente que la infraestructura que Marbella, la Costa del Sol y la provincia en su totalidad anhelan desde hace décadas vaya a materializarse.
No será hasta que se decida el trazado, se redacte el proyecto y se entre en la fase de ejecución de obras cuando se verá si existe realmente voluntad política de llevarlo adelante, ya que ejecutarlo supondrá una inversión de tal calibre que obligará a fijarlo como prioridad en desmedro de actuaciones en otros territorios. Sólo en ese momento se verá si esto va en serio. Se trata, además, de un objetivo que solamente se alcanzará si no sólo en Marbella y en la provincia de Málaga, sino también en el conjunto de Andalucía, existe un consenso social y político impermeable a las mezquindades partidistas y a los cálculos electorales. Y también si la sociedad civil y los colectivos sociales son capaces de sostener una tensión que obligue a los representantes institucionales a mantener este asunto en la agenda pública. La partida incluida para este ejercicio no garantiza nada, pero es un sólido punto de partida. Sería absurdo, y un engaño en toda regla, presupuestar más dinero cuando ni siquiera se ha decidido aún cuál es el trazado idóneo. El problema es que después de tantas idas y venidas con la conexión ferroviaria, cualquier punto de partida siempre va a parecer escaso.
Otra de las partidas importantes que afectan a la ciudad es la de las mejoras en la A-7 a la altura de Las Chapas anunciadas el pasado enero en Marbella por el ministro De la Serna. Se trata de 3,89 millones de euros que se van a invertir en tres tramos de esa arteria, que alcanza en verano un tráfico medio de 100.000 vehículos diarios. Es una obra necesaria que ayudará a reducir la peligrosidad y servirá para aliviar el tráfico, pero que está muy alejada de la ambiciosa actuación valorada en cerca de 70 millones de euros de la que se comenzó a hablar cuando Magdalena Álvarez estaba al frente del Ministerio de Fomento y que se guardó en un cajón tan pronto como la crisis económica comenzó a dar sus primeros zarpazos.
Una de las omisiones que más ruido hace es la del recrecimiento de la presa de La Concepción, para la que no se contempla partida alguna y que no figura en la agenda del Gobierno, ni siquiera a medio plazo. El varapalo de cualquier referencia a esta obra imprescindible no es porque se esperara algún anuncio de calado, sino porque los últimos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la necesidad de actuar en ese sentido. La amenaza de sequía y de medidas restrictivas que sobrevoló durante meses sobre la Costa del Sol sólo amainó con las lluvias caídas durante todo el mes de marzo. Con estas precipitaciones, el pantano, que estaba a menos de la mitad, completó su capacidad y hubo que echar agua al mar. Eso puso en evidencia no la intensidad de las lluvias, sino las reducidas dimensiones de una presa que es necesario aumentar para poder dar respuesta a las necesidades de la Costa del Sol, prepararse para un horizonte que en el medio plazo sigue siendo de escasez de agua y evitar el despropósito de tener que echar al mar lo que más temprano que tarde se acabará echando de menos.
El dinero que se destina a mejoras en la desaladora, un millón de euros, tiene todo el sabor de un premio de consuelo que no alcanza a disimular la necesidad de acometer unas obras de calado que partan de asumir un diagnóstico crudo y realista sobre el nuevo paisaje climático hacia el que nos encaminamos y sobre el que un mes inusualmente lluvioso no debería tener el efecto de un absurdo autoengaño.
Los espigones para garantizar la estabilidad de las playas, una de las actuaciones de competencia estatal que más demanda la ciudad y que formó parte del acuerdo por el que se impulsó la moción de censura, no figuran con partida propia en el proyecto de Presupuestos. Desde el PP aseguran que desde la partida genérica de playas se irán destinando los fondos necesarios para acometer estas obras, una afirmación que el tiempo confirmará o desmentirá.
El proyecto de presupuestos incluye también una partida minúscula de 10.000 euros para el proyecto de ampliación del Museo del Grabado, si bien es cierto que el documento incluye una proyección a cuatro años en la que se prevé completar la inversión de 1.100.000 euros, con 100.000 euros en 2019, 660.000 en 2020 y 330.000 en 2021. Los trámites y trabajos previos que todavía hay que ejecutar antes de iniciarse las obras de ampliación, incluyendo las catas arqueológicas, sitúan en ese horizonte la ejecución del proyecto.
Donde sí hay una omisión clamorosa es en el ámbito de la seguridad. Las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no sólo son indignas de una ciudad europea del siglo XXI e inapropiadas para un destino que, como Marbella, presenta unas necesidades peculiares en ese apartado. Es que también son insuficientes para albergar una plantilla ya de por sí escasa. Las condiciones de trabajo de los policías que prestan servicio en Marbella no son dignas. Que el Gobierno no prevea ni siquiera una mínima partida para la construcción de una nueva comisaría en la ciudad debería levantar todas las alarmas. El Ayuntamiento, independientemente de su color político, está obligado a encabezar esa reivindicación. Que el Gobierno no tenga en cartera dar respuesta a esa necesidad no encuentra justificación alguna y obliga a poner en duda cualquier declaración sobre la importancia que Interior atribuye a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que participó el pasado jueves en Málaga en la presentación que los parlamentarios del Partido Popular hicieron del proyecto de Presupuestos se guardó para presentar en Marbella la disposición final 24 del documento, que supone una modificación a la disposición 70 de 2012, con rango de ley, por la que se refinanció la deuda con Hacienda y la Seguridad Social y se dispuso que el patrimonio que la ciudad fuese recuperando en procesos judiciales se destinaran a la reducción de principal de esa deuda. En 2015 se aprobó que las multas que el Estado cobrara por esos procesos se destinaran también a la reducción de la deuda y ahora, si se aprueban los Presupuestos, se da un tercer paso: la ciudad podrá quedarse con algunos de los bienes que recupere y no tendrá que cederlos al Estado en virtud del acuerdo de 2012.
De momento, esa disposición tiene dos objetivos concretos. El primero es el edificio junto al Hospital Costa del Sol que el equipo de gobierno quiere ceder a la Junta de Andalucía para unificar todas las sedes judiciales en una operación que cuenta con el aval de todas las partes implicadas, incluida la Consejería de Justicia e Interior. El segundo es la finca La Caridad, emblema del patrimonio de Roca en la ciudad, a la que el equipo de gobierno, y en concreto la alcaldesa, quiere darle destino de equipamiento deportivo. Ante la falta de suelo disponible, Muñoz ha visto en esa operación la posibilidad de dar respuesta a la demanda de los clubes deportivos de la ciudad ante la sangrante falta de instalaciones, que se está convirtiendo en un verdadero clamor ciudadano.

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Un fantasma del pasado
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Héctor Barbotta | 04-04-2018 | 09:59| 0
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La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir el conocido como ‘caso PGOU’, en el que se investiga una posible falsedad en las actas del pleno celebrado el 29 de julio de 2009, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que entró en vigor al año siguiente y que fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015.
En el auto, que se dictó el pasado 15 de marzo pero que no se conoció hasta esta semana, la Sala considera que pudiera haber habido falsedad en su modalidad de imprudencia grave. Por ese motivo ha ordenado que se practiquen las diligencias solicitadas por el fiscal y por le Grupo Municipal Socialista, que ejerce la acusación particular, que consisten en la citación como testigos de las funcionarias que transcribieron el vídeo del acta de la sesión y de los exediles Susana Radío (portavoz del PSOE en aquel momento) y Diego Eizaguirre, por entonces miembro el grupo popular y posteriormente enfrentado a Ángeles Muñoz.
El calendario judicial ha vuelto a tener en esta ocasión, cierta coordinación casual con político. Si el pasado agosto el auto por el que el juez instructor archivaba la denuncia se conoció el mismo día en el que se firmaba la moción de censura que devolvía la Alcaldía a Ángeles Muñoz, lo que provocó cierto disgusto en las filas del PP porque la noticia que habían estado esperando durante meses quedaba relegada a un segundo plano ante la trascendencia del acto que confirmaba el relevo al frente del Ayuntamiento, en esta ocasión ha tenido cierto grado de oportunidad en sentido contrario, ya que la decisión, que ya estaba tomada casi dos semanas antes, se ha conocido con posterioridad a la presencia de Mariano Rajoy en Marbella en un acto en el que se consagró la candidatura de Muñoz a la reelección. La noticia en los días previos a la visita del presidente del Gobierno hubiera generado un escenario embarazoso en las filas populares y hubiese sobrevolado sobre un acto en el que el PP situó su candidatura municipal en Marbella al mismo nivel que el de las ocho capitales andaluzas.
El caso, al igual que muchas de las polémicas que se han ido dando en los últimos tiempos en Marbella, ha ido mudando de naturaleza con el paso del tiempo, y aunque su reactivación genera un paisaje de incomodidad a la alcaldesa, resulta evidente que la gravedad de las acusaciones ha menguado desde que el asunto saltó a la palestra.
No debe olvidarse que todo comenzó por el escrito presentado por el colectivo contrario al cambio de lindes con Benahavís que presentaba unos hechos gravísimos y sugería que el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) había sido alterado con nocturnidad para modificar los límites territoriales entre ambos municipios y favorecer los intereses económicos de la familia de Ángeles Muñoz.
Bastó que la causa echara a rodar para que se dejara de hablar de ‘falsificación del PGOU’, aunque algunos miembros de ese colectivo –inasequibles al desaliento– continuaron durante algún tiempo, para que la investigación se centrara en una probable falsedad en las actas del pleno. Es decir, en la posibilidad de que éstas no reflejen exactamente lo que realmente sucedió durante la sesión. La acusación, a la que tras la denuncia del fiscal se sumó el Grupo Municipal Socialista, sostenía una triple hipótesis: que se había realizado cambios en los planos del PGOU y que uno de esos cambios favorecían a los intereses económicos de Ángeles Muñoz; que esos cambios se había ocultado a los concejales, que votaron en esa sesión plenaria sin tener conocimiento de las modificaciones, y que el vicesecretario municipal y la alcaldesa habían actuado de manera coordinada para hacerlo y reflejar en el acta algo que en realidad no había sucedido en el pleno.
La instrucción del caso, especialmente la comparecencia de los testigos, permitió aclarar estos extremos y dio lugar a que el juez decidiera el archivo. La comparecencia del arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras –un urbanista de confianza de la Junta de Andalucía, nada sospechoso de simpatizar con Muñoz ni de tener la más mínima afinidad ideológica con el Partido Popular– permitió confirmar que los cambios del última hora, en concreto el cambio de criterio en relación con las lindes entre Marbella y Benahavís, se realizaron por el equipo redactor y por indicación de la Junta de Andalucía, administración que debía dar su aprobación definitiva al documento. La Consejería de Ordenación del Territorio, según explicó Fustegueras ante el juez, el fiscal y los abogados de todas las partes, comunicó que el PGOU debía ceñirse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Este órgano estableció que hasta tanto se culminara un proceso de alteración de lindes, el nuevo PGOU debía repetir los límites fijados en el documento hasta entonces vigente, el de 1986, que fija los terrenos objeto de la polémica en el término municipal de Benahavís. En su extensa declaración en el juzgado, González Fustegueras fue repetidamente interrogado sobre este asunto y su testimonio resultó contundente y decisivo para que la tesis de una modificación realizada con nocturnidad desde el ámbito municipal quedara descartada.
Durante esa fase de instrucción también llamó la atención que las propias acusaciones no incidieran sobre un aspecto que era esencial para sostener su tesis: la supuesta connivencia entre Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas, para falsear el acta del pleno. Evidentemente, la acusación del Grupo Municipal Socialista pretendía cobrarse la pieza mayor de la alcaldesa y en el camino cayó la imputación de De las Cuevas. Sin embargo, sorprendentemente, cuando el funcionario compareció para declarar, ni el fiscal ni el abogado del PSOE le preguntaron acerca de si había recibido algún tipo de indicación o de sugerencia por parte de Muñoz a la hora de redactar el acta. Si quien acusa no pregunta, la acusación resulta difícil de sostener a la hora de que el instructor tome una decisión. Mucho menos permite a los investigados defenderse de las acusaciones y menos aún de las insinuaciones.
De las Cuevas, el único investigado en esta causa ya que la acusación contra la exconcejala de Urbanismo, Alba Echevarría, se archivó y Ángeles Muñoz es aforada y sólo puede ser investigada por el Tribunal Supremo, falleció el pasado 19 de febrero tras padecer una larga enfermedad.
El auto por el que la Audiencia Provincial ordena ahora que se reabra la causa y se citen a los nuevos testigos propuestos por las acusaciones, señala que descartado queda por determinar si pudo haberse cometido, en la redacción del acta del pleno, un delito de falsedad por imprudencia, ya que la misma no refleja exactamente lo que puede apreciarse en la grabación de la sesión. La Sala sostiene que indiciariamente el acta no se corresponde con la realidad de lo acontecido y aunque se estime, como lo hace el instructor, que no haya habido una conducta dolosa, sí podría haberse cometido una imprudencia. Ordena por eso que se cite como testigos, entre otros, a las funcionarias responsables de transcribir la grabación.
Resulta difícil determinar cuál podría ser la responsabilidad que se cargue sobre Ángeles Muñoz a estas alturas si todo se reduce a un acta mal redactada, pero no por ello la situación deja de ser incómoda para la alcaldesa. Sobre todo si el asunto, que ya se consideraba amortizado, se dilata y llega sin resolverse, y por lo tanto convertido en pólvora electoral, a la próxima campaña, que está a la vuelta de la esquina.

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La echaremos de menos
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Héctor Barbotta | 04-04-2018 | 09:54| 0

Estamos acostumbrados a ver cómo se malgasta dinero público en actuaciones irrelevantes o con más utilidad de propaganda que de beneficio social, cómo parte de ese dinero acaba en bolsillos que no debieran o incluso cómo se destina a fines tan legales como ilegítimos y vergonzantes como las dietas que cobran diputados nacionales y autonómicos en época de vacaciones parlamentarias o el alojamiento de señorías que son propietarias de inmuebles en las ciudades sedes parlamentarias. Algunas de estas situaciones generan escándalo y otras, a fuerza de costumbre, ni la más tímida protesta. Sin embargo, resulta impensable imaginar un paisaje de indiferencia si se descubriera a un cargo público en la improbable situación de coger maletines con dinero público y arrojarlos al mar.
Esta escena se ha producido en los últimos días, ha aparecido la foto en las portadas y sin embargo no ha habido ni la más mínima reacción social, como si el despilfarro en época de escasez fuese aceptable. Tampoco ha habido el menor atisbo de exigencia de explicaciones y responsabilidades por parte de los partidos de oposición, siempre pendientes de la más mínima circunstancia que les permita ejercer su labor pero que en esta ocasión han dejado pasar por alto una situación que supone la peor de las corrupciones, el despilfarro por negligencia de un recurso público de primera necesidad.
Durante toda la semana pasada la presa de La Concepción, de la que se abastece toda la Costa del Sol, ha estado aliviando caudal, que es la forma elegante de decir que ha estado tirando al mar agua dulce. Pese a lo que ha llovido en las últimas semanas no se puede decir que hayamos superado la situación de emergencia en la que se encuentra el sur de la Península en relación con el abastecimiento de agua. Las lluvias han permitido salvar un punto de partido y evitar un verano de restricciones, pero la situación sigue siendo peor que grave y la amenaza de la desertificación sigue vigente y en franco avance.
El agua se ha tirado al mar por una única razón: pese a que hay un anteproyecto de construcción de una nueva presa junto a la ya existente redactado por la Junta de Andalucía, pese a que existe un diagnóstico claro sobre la necesidad de ampliar una infraestructura claramente insuficiente y pese a que el problema del agua es, junto al demográfico, el mayor desafío a medio plazo al que se enfrenta esta país, no hay la más mínima noticia de que el Gobierno tenga la intención de acometer esa obra.
Mientras tanto, se sigue arrojando agua al mar. Podríamos ser optimistas, pero en esta ocasión no es posible. Echaremos de menos esa agua.

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Discusión animal
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Héctor Barbotta | 26-03-2018 | 11:39| 0
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La polémica creada en torno al concurso convocado por el Ayuntamiento para la adjudicación del servicio de retirada de los animales abandonados va camino de convertirse en uno de esos asuntos que periódicamente se instalan en la agenda política del Ayuntamiento, van creciendo sin que nadie pueda asegurar a ciencia cierta cómo es que llegaron hasta ahí y dejan sedimentados mensajes que aunque en casi nada se corresponden con la realidad pueden tener consecuencias políticas de calado.
El asunto surgió hace dos semanas cuando desde la oposición se acusó al equipo de gobierno de haber sumado la retirada de los animales abandonados a la larga lista de servicios públicos que se han externalizado desde que el bipartito PP-OSP se hizo con el control del gobierno municipal. En realidad no se trataba de una nueva privatización, sino de la agrupación en un solo concurso de varios servicios que anteriormente se conveniaban mediante contratos menores también con empresas privadas.
Cuando el equipo de gobierno reveló que lo que había hecho era aglutinar en un concurso diferentes contratos menores, obligado por la nueva ley de contratación del sector público, el asunto no se desactivó, sino que la polémica saltó a otro aspecto que sonaba particularmente tenebroso y que prometía interesantes réditos políticos: la supuesta intención del equipo de gobierno municipal de solucionar vía sacrificio el problema de los animales abandonados.
Este nuevo enfoque de la polémica tocó una fibra sensible en una ciudad que ciertamente se caracteriza por una especial atención a los animales; en parte por la afortunada permeabilidad cultural de una sociedad cosmopolita acostumbrada a asimilar lo mejor de las culturas llegadas de otras geografías y en parte también, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, por la labor que desde hace décadas viene desarrollando la Triple A, uno de los colectivos de mayor implantación, arraigo y prestigio en Marbella que si no existiera obligaría a los poderes públicos a dedicar ingentes cantidades de recursos humanos y materiales a la recogida de animales abandonados.
La polémica, tuvo algo de oportunidad política y mucho de artificial. El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento señalaba en su punto 3.3.2 que una vez recogido un animal abandonado, la empresa adjudicataria deberá tenerlo durante un plazo de diez días en sus instalaciones, «y una vez transcurrido ese plazo, el animal podrá ser cedido en adopción o sacrificado».
La alusión explícita a la posibilidad de que los animales abandonados pudieran ser sacrificados levantó las alarmas, no sólo en los círculos animalistas. Aunque del texto no se podía inferir que el sacrificio fuese el destino obligado de todos los animales recogidos de la vía pública y no reclamados por sus dueños, era la primera vez que un documento oficial mentaba una palabra que levanta ampollas entre los amantes de los animales. El pliego, evidentemente, no fue redactado por un asesor atento a las posibles repercusiones de opinión pública y mucho menos a la corrección política de nuevo cuño, sino por un técnico al que se encomendó una tarea administrativa que permitiera la adjudicación del servicio sin problemas legales posteriores. El técnico se limitó a trasladar al pliego lo que prevé la ley.
De hecho, la comparación con lo que había anteriormente no ofrece en realidad grandes diferencias de fondo. En el expediente de los contratos menores firmados en 2016 por la entonces concejala Ana Isabel González y en 2017 por la también edil socialista Ana Leschiera se incluye la propuesta de Paraíso, la empresa adjudicataria, que en relación a ese apartado señala, en el último párrafo, que «se aplicará la legislación vigente, una vez pasados los días pertinentes, se comunicará al Ayuntamiento de Marbella la finalización de los mismos y se actuará según directrices de éste». La legislación vigente no es otra que la Ley autonómica 11/2003 de Protección de los Animales, que establece en su capítulo VI apartado 3 que «corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados».
Cuando el equipo de gobierno municipal comprendió que se había cometido una torpeza política al sacar el pliego con la palabra ‘sacrificio’ y se apresuró a aclarar que no había cambios de fondo ni tampoco la adopción de una política de exterminio de animales, la polémica ya estaba instalada y preparada para dar un nuevo salto.
El pasado martes el concejal de Sanidad, Carlos Alcalá, convocó una rueda prensa para aclarar estos aspectos, pero no se puede decir que el movimiento le saliera bien. Un antiguo directivo de la Triple A se presentó en la sala y desde una de las sillas reservadas a los periodistas se ensarzó en una viva discusión que el edil, torpemente, no quiso o no supo cortar. La discusión fue oportunamente grabada y subida a las redes sociales y reflejó que la discrepancia había cambiado de eje. Ya no era que se privatizaba un servicio que desde hace años venía siendo prestado por una empresa, ni que el equipo de gobierno tuviera un plan secreto que supondría el holocausto canino en Marbella, sino que se marginaba a la Triple A de su histórica labor de retirada y acogida de animales domésticos abandonados.
Ese mismo día, los socialistas reclamaron la retirada del pliego y puede asegurarse que la polémica no menguó hasta que Ángeles Muñoz tomó cartas en el asunto, convocó a una reunión a la Triple A, le dio garantías de que su relación con el Ayuntamiento –entiéndase subvenciones para seguir realizando su labor– no se alteraría y anunció la retirada del pliego. El próximo seguramente servirá para lo mismo y tendrá efectos idénticos, pero no incluirá la palabra maldita.
Como balance queda la agilidad y el olfato de la oposición para instalar una cuestión que podría haber pasado inadvertida y que acabó suponiendo un duro desgaste para el equipo de gobierno, la lentitud de reflejos de éste para reaccionar a esa jugada y la orfandad de dirección política que experimenta el ayuntamiento cada vez que un asunto de cierta trascendencia no pasa por las manos de la alcaldesa. Toda una advertencia para el año que resta hasta las elecciones.

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Modelos
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Héctor Barbotta | 26-03-2018 | 11:34| 0

Los propietarios de lo que en otros tiempos fue el hotel Don Miguel, el más grande de Marbella, comenzarán en pocas semanas las obras de reconstrucción del edificio, que será recuperado para el turismo. Club Med regresa a España y a la Costa del Sol con este proyecto, un ‘todo incluido’ de alta gama. Antes de que acabe este mes abrirá en Puente Romano el hotel Nobu, que trae a la Costa del Sol la división hotelera de esa marca asociada a la gastronomía del más alto nivel. El proyecto plasmará una fórmula hasta ahora inédita en la provincia de Málaga, la de ‘hotel dentro de un hotel’, que permite segmentar la oferta y llegar de esa manera a nichos de mercado hasta ahora de difícil acceso.
Esta semana se ha conocido también que la cadena de lujo Ikos realizará en Estepona una inversión de 150 millones, tras la compra del hotel Princess, para la puesta en marcha también de un ‘todo incluido’. Asimismo, en un acto celebrado en Hong Kong la semana pasada, los promotores del complejo hotelero que traerá a Marbella a la marca de lujo ‘W’ presentaron su proyecto arquitectónico. Prevén abrir en el verano de 2021.
A pesar de que buena parte de los extraordinarios resultados turísticos de los últimos años se han atribuido en parte a cuestiones coyunturales, concretamente a los conflictos armados y a la amenaza terrorista en otros destinos mediterráneos, estas apuestas inversoras demuestran la solidez y el atractivo de la Costa del Sol.
No parece tratarse, ninguno de los conocidos estos días, de proyectos basados en las circunstancias concretas de un momento que pueden cambiar de un año para otro –de hecho hay destinos al sur del Mediterráneo que empiezan a mostrar síntomas de recuperación–, sino de propósitos que demuestran confianza de largo plazo en el destino.
En los últimos años, durante la crisis y también a partir del modelo en el que se ha sustentado la recuperación, las condiciones de trabajo en el sector turístico han sufrido un proceso de degradación que ha supuesto la normalización de figuras que hasta entonces formaban parte de la marginalidad de las empresas hoteleras, como los servicios externalizados con trabajadores sin derechos o las ‘kellys’, camareras de piso en una situación de explotación inasumible para una sociedad que quiera ser capaz de mirarse al espejo sin avergonzarse.
Estaría bien tener elementos para llegar al convencimiento de que estos nuevos proyectos que se anuncian y que ilusionan a toda la Costa del Sol no sustentarán sus modelos de negocio en esas situaciones inaceptables y sí en relaciones laborales acordes a la calidad que pretenden ofrecer a sus clientes.

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Se trata del dinero
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Héctor Barbotta | 19-03-2018 | 10:17| 0
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Ya lo decía en aquellos tiempos Jesús Gil cuando se trataba de arengar a los secuaces que flaqueaban ante la posibilidad cierta de acabar tras las rejas: de la cárcel se sale; de pobre, no.

Ha querido el destino que en estos días, en los que el dramático suceso de Almería ha disparado la demagogia y los golpes bajos en el debate sobre cuáles deben ser los límites en las penas de prisión, que Juan Antonio Roca, el cerebro que dirigió el saqueo de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil -y quizás también antes-, recuperara la libertad tras pasar 12 años en prisión. La primera década de ese largo periodo, con un pequeño intervalo de menos de una semana en 2008, la cumplió íntegramente en una reclusión que sólo se interrumpía para declarar ante los juzgados o para sentarse en el banquillo de los acusados.

Hay quienes han considerado que la larga trayectoria delictiva de Roca merecía un castigo aún mayor, sobre todo porque el daño causado por su manejo arbitrario y espúreo del urbanismo no se ha reparado y afectará a la ciudad durante muchos años y a sus vecinos durante varias generaciones. Aunque se pueda estar de acuerdo con ese razonamiento, no sería justo afirmar, después de 12 años de prisión, que le haya salido gratis. Hay delitos de sangre cuyos autores purgan encierros menores. Con dos exalcaldes aún en prisión y varios exconcejales que han pasado también algunos años de vida tras los barrotes tampoco se puede afirmar que en general haya habido impunidad por la corrupción generalizada que padeció la ciudad, aunque algunos de sus perpetradores y beneficiarios se hayan ido de rositas.

Un asunto diferente es que la ciudad haya conseguido la reparación material que no solamente merece por una cuestión de justicia, sino que además necesita para salir adelante.

Las sentencias que se han dictando en los últimos años en relación con los casos de corrupción en el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 han convertido a Marbella a través de su ayuntamiento en acreedora por cantidades millonarias de muchos de los condenados en esos procedimientos. Roca es el más importante, pero hay muchos otros y la cantidad total, además de quitar el hipo, da cuenta de la dimensión del daño causado. La cifra gira en torno a los 300 millones de euros.

Esa cantidad por sí sola debería convertir al cobro de las cantidades fijadas por las sentencias en un objetivo que debería estar fijado en el Ayuntamiento como parte de su estrategia independientemente de los vaivenes y de las eventuales alternancias políticas, porque no se trata de una tarea fácil. Los saqueadores pusieron tanto entusiasmo en ocultar el botín como el que en su día dedicaron a hacerse con él, por lo que desentrañar la maraña de sociedades en la que se esconde todo ese inmenso patrimonio requiere de dedicación, trabajo y recursos.

Durante el anterior mandato de Ángeles Muñoz, cuando la asesoría jurídica del Ayuntamiento estaba dirigida por el abogado Enrique Sánchez, cargo de confianza nombrado por el gobierno municipal, se creó un equipo multidisciplinar que hizo un seguimiento exhaustivo de las sentencias y del patrimonio que se iba localizando a los condenados para intentar ir cobrando la deuda y recuperando dinero.

Con el cambio de gobierno en 2015, se consideró que la dirección jurídica del Ayuntamiento debía estar bajo la órbita del secretario municipal y esa figura desapareció. Ahora, que se ha nombrado a un adjunto a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, resta por saber si se recuperará esa estructura sin la cual el cobro de la deuda no es más que una expresión de buenos deseos.

A la dificultad para localizar bienes se une la circunstancia añadida de que el único procedimiento judicial en el que se consiguieron incautar propiedades e inmovilizar cuentas de cierto volumen es precisamente ‘Malaya’, cuya sentencia no fija indemnizaciones de importancia en favor del Ayuntamiento de Marbella.

En algunas ocasiones con más éxito y en otras con menos, la representación legal del Ayuntamiento aludió que aunque los bienes se han incautado en ‘Malaya’ había sentencias anteriores con responsabilidades civiles a favor del Ayuntamiento, como en el caso Saqueo I, y que antes de decomisar los bienes a favor del Estado o cobrar las multas, se debían pagar las responsabilidades civiles.

La ventaja para Marbella es que en el tribunal que juzgó el ‘caso Malaya’ cuenta como aliado con el presidente del mismo, José Godino, que mantiene ese mismo criterio y permite que a medida que se van subastando los bienes de Roca, el dinero vaya ingresando en cuentagotas al Ayuntamiento de Marbella.

En otras causas, como la del blanqueo que condenó a Isabel Pantoja, el criterio del tribunal fue el contrario. Allí, los bienes que se localizaron a Julián Muñoz se destinaron al Estado como pago de las multas a las que fue condenado el exalcalde, pese a que había sentencias anteriores contra el mismo condenado que beneficiaban al Ayuntamiento de Marbella.

Por cuestiones como esa es que resulta necesario construir un consenso ciudadano, que vaya incluso más allá de los acuerdos entre partidos, que incluya a entidades y colectivos ciudadanos y que sitúe el cobro de lo que se debe a la ciudad en un objetivo permanente, aunque haya que situarlo en el largo plazo, y que sobreviva a los vaivenes políticos. La batalla será larga y sólo se ganará con constancia.

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12 años
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Héctor Barbotta | 19-03-2018 | 10:12| 0

Con lo que ha caído en los últimos años hay motivos para darle la razón a quienes consideran que son pocos los políticos que han pasado por la cárcel, pero hace 12 años, cuando Juan Antonio Roca y buena parte de la corporación municipal de Marbella fueron enviados a prisión, aquella era casi una escena inédita. Siempre quedará una duda ¿El hielo de la impunidad para los delitos cometidos desde las instituciones se hubiese roto de esa manera si quienes saquearon el Ayuntamiento de Marbella durante casi 15 años hubieran contado con el paraguas protector de alguno de los grandes partidos?

La realidad, más allá de especulaciones contrafácticas, es que estos ladrones pertenecían al GIL, y fallecido el líder que se codeaba con jueces y ministros en el palco del estadio Vicente Calderón el suyo era el eslabón más débil de la cadena de la corrupción institucional. Los años de inmunidad, de desidia judicial y de complicidad política, habían quedado atrás y los herederos de Jesús Gil no supieron verlo. Nunca se sabrá si la ‘operación Malaya’, al menos a los peces más gordos, los cogió realmente por sorpresa, aunque lo que seguramente sí los habrá sorprendido es la dimensión y el alcance que adquirió aquello. Ni en sus peores pesadillas podían imaginar los años de pena de banquillo y mucho menos los que han pasado tras los barrotes.

La ‘operación Malaya’ sucedió hace 12 años y desde entonces hemos visto desfilar por los juzgados a políticos de todos los colores y hasta a miembros de la Familia Real. No hay como intentar recordar lo que conmocionó aquella operación y en lo que ha quedado cuando se la compara con lo que vino después para apreciar cuál fue el acontecimiento que inició un cambio de época en la cultura política española.

Juan Antonio Roca acaba de recuperar la libertad. Habrá quien, quizás con razón, considere que es poco tiempo si se evalúa el daño causado. Pero si tomamos en cuenta que en todo este tiempo hemos visto cambios de gobierno, el final del bipartidismo con la aparición de dos nuevos partidos, un relevo en la Corona, la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca y de un cardenal argentino al Papado, la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor y más larga depresión económica que se recuerde, la aparición de los teléfonos inteligentes y la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas cotidianas, y que todo ese tiempo Roca lo ha pasado en la cárcel, quizás podamos concluir que no se puede decir que en Marbella haya habido impunidad. Deberíamos felicitarnos por eso.

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Festival de hipocresía
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Héctor Barbotta | 15-03-2018 | 10:41| 0
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Sería interesante conocer cuántos vecinos se han interesado estos días por el proceso de selección de los directores generales del Ayuntamiento. A partir de lo que se puede ver en las redes y en las estadísticas de lectura de noticias, no parece que la cuestión haya despertado el más mínimo interés más allá del estricto círculo de concejales, militantes y afines. La cuestión, sin embargo, se ha convertido en la de mayor polémica durante la semana, y cuando el interés político y el interés ciudadano van por carriles tan diferentes es oportuno preguntarse por qué.
Los cargos de dirección general del Ayuntamiento son elegidos por el equipo de gobierno para formar parte del mismo. Son personas seleccionadas para ejercer tareas de gobierno, no para asesorar a los concejales sino para formar parte de su equipo, no sólo para ejecutar una política ya diseñada sino para participar en el diseño de la misma. Los directores generales pueden ser funcionarios, pero desde el momento que comienzan a ejercer esa función dejan de actuar como tales y pasan a hacerlo como miembros del equipo de gobierno, como mandos políticos del Ayuntamiento. Por eso no debe llamar la atención que un gobierno municipal, éste o cualquier otro, nombre para esos cargos a personas afines. Lo que debería asombrar, porque tendría un efecto nefasto sobre la acción de gobierno, sería lo contrario.
La mayor parte de los nombrados estaban hasta ahora ejerciendo como asesores en el Ayuntamiento. No estaban como directores generales, con sus atribuciones y remuneraciones actuales, porque hasta ahora el Ayuntamiento no contaba con una norma aprobada por el pleno que diera sustento a esos nombramientos. Ahora, esas mismas personas, y otras que se incorporan nuevas, tendrán mando en plaza, capacidad de decisión y firma, y por lo tanto serán susceptibles de que se les exija responsabilidad.
La oposición ha considerado que estos nombramientos son un ejemplo de enchufismo, que es como lo mismo que criticar que Rajoy no haya convocado a un concurso público para nombrar al ministro de Economía o que se exija a Susana Díaz que designe director general de Turismo a un profesional de contrastada experiencia en el sector aunque no tenga con la presidenta ni afinidad política ni acuerdo sobre qué hay que hacer para impulsar esa industria. Ni Rajoy ni Susana Díaz deberían ser acusados de nepotismo o de promover el enchufismo por conformar arbitrariamente sus equipos para gobernar. Otra cosa sería si se usara el Ayuntamiento para colocar afines en puestos de trabajo que sobrevivieran al gobierno con fines electorales, como se hizo en esta ciudad durante muchos años con consecuencias que todavía se están pagando.
Que un gobierno coloque en los puestos de mando a personas de su más estricta confianza y con quienes tiene afinidad no forma parte solamente de lo habitual en cualquier administración pública, sino también de la más pura lógica. Se podrán discutir las formas e incluso las remuneraciones, pero no la decisión de rodearse de gente de confianza para la gestión, tal y como ha hecho este gobierno, el anterior y, con absoluta seguridad, el próximo.
Lo que si puede ser objeto de crítica es que estos nombramientos hayan sido realizados bajo el amparo legal de un reglamento que dio apariencia a todo el proceso de algo que no era: algo parecido a un concurso público de libre concurrencia al que todas las personas que aspiraran al cargo podían acudir en igualdad de condiciones. No ha habido nada eso, y por eso estos nombramientos han tenido víctimas colaterales: los aspirantes que han visto defraudadas sus legítimas aspiraciones en un proceso en el que nunca tuvieron ninguna opción.
Si la norma permite jugar así con el tiempo, las aspiraciones y las ilusiones de personas que no tenían posibilidad es que la norma está mal. Si obliga a hacerlo de esta manera simplemente para guardar las formas y las apariencias, está aún peor.
Tanto este reglamento como el que intentó impulsar sin fortuna el anterior equipo de gobierno, que ahora desde la oposición ha denunciado todo este proceso por enchufismo pero que en su día también tenía a asesores a la espera de ser nombrados directores generales, venían obligados por ley dictada en 2014 en el marco de la crisis económica, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a cubrir este tipo de cargos preferentemente con funcionarios.
En 2015, el reglamento presentado por el tripartito fue impugnado por la Abogacía del Estado al entender que no se cumplía con ese requisito, y ahora, el del gobierno PP-OSP está recurrido en los tribunales por el PSOE. Esta misma ley, que es mirada con mayor o menor atención en función de que sillón se ocupa en el salón de plenos del Ayuntamiento, es la que obliga a que la convocatoria sea pública aunque después la selección se haga por criterios políticos y no objetivos. Como se ve, la hipocresía institucionalizada discurre en las más variadas direcciones.
Aunque por las propias características del proceso no ha habido muchas sorpresas en los nombramientos, sí ha habido algunas que han llamado la atención y que demuestran que no todo sale siempre como se espera. Tal es el caso de los dos cargos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro que no se han cubierto porque los candidatos no cumplían con los requisitos que la propia Tenencia había establecido, lo que pone ciertamente el foco sobre la capacidad de planificación de los responsables municipales de San Pedro.
Sin embargo, el caso que más llama la atención es el de la nueva directora general de Turismo, Laura de Arce, una persona que ya ocupó un puesto de alta dirección en el Ayuntamiento –fue directora del Palacio de Congresos durante los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz– y que al ser destituida tras el relevo en la Alcaldía en 2015 denunció al Ayuntamiento por despido improcedente, denuncia que aceptó retirar tras pactar una indemnización.
Desde el Partido Popular se aseguraba en aquellos momentos de relevo político en el Ayuntamiento que las demandas laborales presentadas por antiguos cargos de confianza del gobierno de Ángeles Muñoz fueron recibidos con gran disgusto por parte de la exalcaldesa y su equipo, ya que desgastaba su prestigio y además los veían como una grave muestra de deslealtad. En algún caso se llegó a pedir a los afectados que retiraran las demandas y que no utilizaran la confianza que se les había otorgado en su momento para conseguir un puesto de trabajo indefinido en la administración pública.
De Arce no era en esta ocasión la primera opción para la Dirección General de Turismo del Ayuntamiento. La alcaldesa, en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido, consultó con los empresarios del sector, en concreto con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, acerca de sus preferencias para el cargo y la organización empresarial propuso el nombre de su gerente, Begoña Castillo. El nombramiento contaba con el acuerdo de ambas partes y Castillo llegó a presentar su candidatura para el proceso de selección, aunque posteriormente desistió por motivos personales y profesionales.
Ante esta situación volvió a surgir el nombre de Laura de Arce. Lo que se desconoce es si el currículum de la ahora directora de Turismo hacía imposible evitar su nombramiento o si, por el contrario, ha recuperado la confianza que el parecer había dilapidado. dilapidado.

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Próximas elecciones o próximas generaciones
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Héctor Barbotta | 09-03-2018 | 15:31| 0
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Una frase que se atribuye a Churchill sostiene que un político pasa a ser un estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. En boca de alguien que perdió los primeros comicios a los que acudió después de haber encabezado la resistencia de su país frente a los nazis y de haber ganado la mayor guerra de la historia, la frase adquiere toda su dimensión. Aquel trance debió haber sido duro para el político conservador, aunque hoy una estatua lo recuerde frente al Parlamento británico y casi nadie sea capaz de decir, sin consultar la Wikipedia, el nombre del rival que lo venció en las urnas una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.
En un país en el que hace décadas que no aparece un estadista está fuera cualquier aspiración lógica reclamar semejante altura a políticos municipales, pero ello no debería desanimar a los ciudadanos a la hora de aspirar a encontrarse con comportamientos razonables y un mínimo de sentido institucional en los políticos locales cuando están en el gobierno y también cuando pasan a la oposición.
Esta semana, en la presentación del congreso que traerá a Marbella a partir del próximo viernes a 300 directivos y propietarios de hoteles de lujo de toda Europa, hubo una comparecencia conjunta de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Lo que debería ser visto como un síntoma de normalidad alentado por un acontecimiento relevante para la industria turística de la ciudad no puede dejar de ser interpretado, desafortunadamente, como un soplo de aire fresco nada habitual en ninguna época y menos aún en período de nerviosismo pre-electoral como en el que estamos entrando.
Hay situaciones que forman parte de la cotidianeidad política y que explican nítidamente esa falta de grandeza y de sentido institucional que no deberían dejar de ser exigidos a los representantes políticos. Una es la costumbre que tienen ministros, consejeros y delegados varios de hacerse acompañar por concejales de sus respectivos partidos, y no por los representantes institucionales, cada vez que tienen que hacer un anuncio o presentar una inversión. Lo hemos visto esta semana con la visita del delegado del Gobierno andaluz al centro de salud de San Pedro para inaugurar un nuevo aparato de radiología, pero se vieron casos análogos cuando era el PSOE el que estaba en la Alcaldía y el PP en la oposición. Los partidos se comportan todo el tiempo como si el dinero público fuera de ellos, y no de las administraciones que dirigen o de los ciudadanos que pagan sus impuestos. No es inhabitual escuchar que tal o cual inversión la ha hecho «el gobierno del PP» o que se se le debe «a los socialistas».
Otra de las situaciones que suelen producirse y que delatan esta concepción preminentemente partidista de la actividad política es el reclamo permanente que se realiza por parte de quien ha estado al frente de una institución de que se recuerde que determinados hechos positivos que se acaban consumando se iniciaron con otro alcalde o alcaldesa al frente del Ayuntamiento.
Cuando el gobierno tripartito anunciaba la concesión de licencias urbanísticas para proyectos de envergadura en Marbella, desde el PP se le afeaba que no reconocieran que se trataba de expedientes que se habían iniciado antes del relevo político en el Ayun tamiento. Ahora es el PSOE el que reclama, por ejemplo cuando se aprueba la licencia de obras en el Hotel Don Miguel, que se mencione que fueron ellos quienes estaban al frente del Ayuntamiento cuando llegaron los inversores. Si los políticos no se dieran más importancia de la que realmente tienen, porque hay situaciones que se producen no por ellos sino mientras están ellos, no habría necesidad de escuchar estos reclamos absurdos que no parecen otra cosa que pataletas infantiles. Quizás sea mucho pedir que entendieran que el valor de una fotografía a la hora de decidir el voto es ciertamente relativa
No habría que resignarse, sin embargo, a que esto nunca va a cambiar. Debería mantenerse la esperanza de que algún día algún gobierno presentara un proyecto en el que el primer cálculo fuese el beneficio social o incluso el beneficio a las próximas generaciones, y no si dará tiempo a cortar la cinta antes de la próxima cita electoral. En ese momento podríamos pensar que estamos ante algo parecido a un estadista.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella