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Paletos modernos
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Héctor Barbotta | 14-08-2017 | 15:33| 0

Quizás porque Venezuela no genera suficientes noticias para llenar la escaleta o porque los juzgados descansan en verano, el telediario lleva varios días dedicándole largos minutos a un colectivo hasta ahora ignoto que se dedica a hostigar a los turistas. No parece que el asunto tenga entidad suficiente para activar alarmas y es posible que el fenómeno resulte tan efímero como una tormenta de verano, pero de momento mantiene entretenido al personal. No hay mejor manera que llamar la atención sobre la presencia de un enemigo para mantener prietas las filas, aunque sea al precio de dar notoriedad a un grupo cuyo único objetivo es el de conseguir fama y celebridad a costa de gamberradas. Hay villanos que resultan tan necesarios que si no existieran alguien se dedicaría a inventarlos.
Estos grupos han actuado de momento en Baleares y Cataluña y todo parece indicar que el verdadero centro de sus preocupaciones no discurre por el rumbo que está tomando la actividad turística en destinos donde parece imposible contener la masificación, sino por otras cuestiones que ocupan en estos tiempos la agenda política.
Por otro lado, han aparecido oportunistas funcionales que se desmarcan tibiamente de estas acciones para a continuación aplaudir su supuesta contribución a la apertura del debate, como si hiciera falta que se molestara a turistas que almuerzan en un chiringuito o que se lanzaran piedras contra fachadas de hoteles para que nos pusiéramos a discutir acerca del rumbo que debe tomar nuestro principal sector económico.
Es evidente que la actividad turística debe replantearse permanentemente y no dejarla inerme ante los caprichosos vientos del mercado. La desregulación no es una buena política en un sector acechado por un lado por las externalizaciones salvajes y, por el otro, por una avalancha de demanda que hay que saber encauzar selectivamente para evitar morir de éxito. Pero se trata de un debate que ya estaba abierto desde antes y al que los gamberros sólo han aportado una legitimación, por rechazo, de las posiciones más inmovilistas.
Hay quien sostiene que aquí en el sur no puede haber turismofobia porque no tenemos una actividad alternativa. Es una verdad sólo parcial, porque la causa de fondo es bien distinta. Desde los fenicios hasta ahora llevamos algunos miles de años recibiendo visitantes. Nunca hemos rechazado al que venía a aportar algo. Nuestra sonrisa ante el viajero es ancestral. Es lo que nos diferencia de los paletos disfrazados de modernos.

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Giro inesperado
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Héctor Barbotta | 13-08-2017 | 12:25| 0

Como si se tratara de la obra de un guionista empeñado en que la vida política no entrara en el letargo estival, las dos últimas semanas han sido tan intensas en acontecimientos que la memoria parece situar varios meses atrás aquella madrugada en la que el consejo consultivo de OSP decidió por una ajustada mayoría seguir adelante con el pacto de gobierno firmado hace dos años. Sin embargo, apenas han transcurrido una docena de días desde entonces y todo lo que ha sucedido mientras un aluvión de turistas volvía a dejar en evidencia la fragilidad de las infraestructuras de la ciudad parece salido de una serie cuidadosamente planificada.
Primero, la decisión de Opción Sampedreña, tomada por un margen ajustado de 16 votos a 12, de refrendar la continuidad del tripartito, que aunque parecía que marcaba el epílogo del curso político no era otra cosa que el capítulo inicial de una serie que sería corta en el tiempo pero intensa en emociones. A continuación, el estallido del conflicto entre el Ayuntamiento y Starlite que conmocionó a la ciudad en mitad del verano al hacer pública la dirección del festival su decisión de buscar otros posibles emplazamientos y conocerse la precariedad normativa en la que todo el evento se había sustentado desde entonces. A continuación, la renovación del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa que gestiona la zona azul, que provocó un fuerte enfrentamiento entre el grupo municipal de Podemos y el tripartito –y particularmente con Izquierda Unida– y volvió a recordar la fragilidad de la mayoría en la que se sustenta el gobierno municipal. Finalmente, la sorpresiva decisión de Opción Sampedreña de revisar la decisión tomada diez días antes y someter su posición para los próximos dos años a una nueva votación en la que el 16-12 de la madrugada del 1 de agosto se convertiría, en la noche del 11 de ese mismo mes, en un 20-6 a favor de la ruptura y la presentación de una moción de censura.
Cuando en la tarde del viernes OSP envió la convocatoria a una rueda de prensa para ese mismo día a las once de la noche –una hora intempestiva para las costumbres del periodismo, en pleno mes de agosto y en vísperas del puente más vacacional del año– saltaron todas las alarmas en medio de la máxima incertidumbre. A esas horas muy pocas personas sabían el motivo de la convocatoria. Entre ellas no se encontraba el alcalde y socio de OSP, José Bernal, que no obstante convocó a su equipo ante la certeza de que se preparaba una sorpresa de dimensiones. Quien sí sabía de qué se trataba era Ángeles Muñoz, a quien el día anterior el presidente de OSP y principal valedor en esa formación de presentar una moción de censura, Manuel Osorio, había informado el jueves de que esa opción volvía a ponerse sobre la mesa. Su intención era conocer si la presidenta del PP seguía en disposición de encabezarla.
Muñoz actuó con la máxima discreción y ni siquiera informó a sus colaboradores más directos. Sabía que la más mínima filtración podía echar por tierra toda la operación. De hecho, algunos de sus concejales se mostraban el viernes tan sorprendidos como el que más.
La iniciativa fue toda de OSP, y según aseguran sus dirigentes, no tuvo otra inspiración que la de haber comprobado, una vez más, que la fórmula del gobierno tripartito requería de una negociación con Podemos que no estaban en disposición de seguir asumiendo, sobre todo porque a medida que se acercaran las elecciones la voluntad del partido morado de diferenciarse del equipo de gobierno iba a ser mayor.
La postura mantenida en relación a la renovación de la zona azul tocó a OSP en primera persona. Pese a que quien dio las explicaciones fue el concejal de Movilidad, Miguel Díaz (IU), gran parte de la gestión del asunto se tramitó en el área de Patrimonio, bajo la competencia de Manuel Osorio.
Como la historia reciente de la ciudad es la que es, con seguridad en los próximos días se dispararán especulaciones de lo más diversas, pero a simple vista la explicación parece simple. Tanto el PP como el tripartito habían prometido a los sampedreños que la Tenencia de Alcaldía gestionaría el 30 por ciento del presupuesto de manera autónoma. Y en OSP llegaron a la conclusión de que, ante la belicosidad de Podemos sólo el PP le garantiza la aprobación de los presupuestos. Con las elecciones ya en el horizonte, los sampedreños necesitan exhibir gestión.
Ahora OSP cuenta con esa garantía. Tendrán presupuesto y conservarán la Tenencia de Alcaldía. Sólo resta por saber si durante los próximos dos años el Partido Popular –formación más votada en San Pedro– le dejará todo el terreno libre tal y como los socialistas hicieron durante los dos anteriores.

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Razones de una decisión
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Héctor Barbotta | 07-08-2017 | 15:24| 0

 

Toda la atención política de la ciudad, en especial de los dos partidos mayoritarios, estuvo concentrada durante algunas semanas en cómo dar satisfacción a los reclamos de Opción Sampedreña. Más allá de la justicia o injusticia de estos, resulta fácil suponer que en el imaginario colectivo del 70 por ciento de los vecinos de Marbella, todos los que no residen en San Pedro, ha quedado la sensación de que sus intereses pasaron a un segundo plano. No se trata, sin embargo, de un reproche que pueda ser esgrimido en el futuro como munición de los dardos que PP y PSOE se seguirán lanzando con la frecuencia habitual; ambos participaron con similar ahínco en esta carrera por seducir a la fuerza que tenía en sus manos la posibilidad de inclinar la balanza y decidir quién gobernaría Marbella hasta 2019.
Durante algunas semanas, los concejales de OSP volvieron a vivir la experiencia de 2015, cuando fueron cortejados a izquierda y derecha y dejaron que la puja fuera subiendo mientras ellos decidían a quién daban su apoyo y con él, el bastón de mando municipal. En aquellos días hubo quienes incluso creyeron ver una teatralización excesiva con la que permitieron que la subasta continuara aún cuando la decisión ya se había tomado.
Es posible que llevados por la inédita sensación de estar en la cresta de la ola, en OSP albergaran la expectativa de ocupar durante los cuatro años siguientes el centro de la escena política, alimentados por el hecho de ser el único partido al que su indefinición ideológica permite mirar a izquierda y a derecha con posibilidad de llegar a acuerdos sin sentimiento de culpa ni temor a reproche electoral.
Pero esa esperanza de interpretar durante cuatro años el papel protagónico, si es que existió, sólo pudo ser consecuencia de una lectura deficiente del mapa político que arrojaron las elecciones de 2015 y de la naturaleza de las fuerzas que lo componen, porque la lógica geométrica de izquierda, centro y derecha no es la única que impera en política.
Es posible que en OSP vivieran como una sorpresa desagradable el limitado compromiso de Podemos con la estabilidad del equipo de gobierno que habían contribuido a investir y su independencia de criterio a la hora de apoyar cuestiones fundamentales como los presupuestos municipales o la hoja de ruta para superar el bloqueo urbanístico. Esa independencia –o falta de compromiso con la gobernabilidad, como se lo quiera llamar– puso durante gran parte de lo que llevamos de mandato municipal a la formación morada, y no a los sampedreños, en el centro del poder de decisión en el Ayuntamiento.
Es precisamente en la pugna entre Podemos y OSP por ocupar ese espacio decisivo donde deben buscarse gran parte de los motivos que llevaron al partido sampedreño a dudar acerca de si seguir en el gobierno municipal y a lo ajustado de la votación por la que se decidió continuar. La diferencia entre el 24-3 por el que su Consejo Consultivo optó por investir a José Bernal como alcalde en 2015 y el 16-12 por que el descartó echarlo con una moción de censura en 2017 se explica en gran medida por esa situación de incomodidad frente al protagonismo de Podemos.
Hay una segunda cuestión, que reside en el desencanto o en el baño de realidad –también en esta cuestión el lector puede elegir el término que más le encaje– en relación con las actuaciones pendientes de la Junta de Andalucía en San Pedro que supusieron un factor decisivo a la hora de decantarse hacia la izquierda tras las elecciones de 2015.
Cumplido el ecuador del mandato, los responsables de OSP vieron cómo ninguna de las tres actuaciones comprometidas hace dos años había siquiera comenzado a materializarse. Ni la pasarela peatonal en Las Medranas, ni el centro de salud, ni mucho menos el instituto. Los ediles del partido sampedreño creyeron, seguramente con una importante carga de ingenuidad o inexperiencia, que su apoyo decisivo para que el PSOE recuperara una Alcaldía relevante en la provincia de Málaga después de años de ostracismo político iba a ser suficiente para revertir la histórica falta de compromiso del Gobierno andaluz con Marbella. Pero hay inercias que parecen inapelables y los concejales de OSP pudieron comprobarlo en sus propias carnes cuando tuvieron que dar cuentas a su parroquia de por qué el Gobierno andaluz no cumplía con lo que el PSOE había firmado.
Por eso no fue casualidad que la semana en que, en su enésimo regate, la Junta rechazara firmar el acuerdo para que el Ayuntamiento adelantara la financiación del centro de salud, OSP estallara, reclamara un gobierno de concentración y tomaran estado público las reuniones que venían manteniendo con el Partido Popular para explorar las posibilidades de un cambio de gobierno. El resultado fue, tras arduas gestiones del secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, que la Junta asumiera la ejecución del proyecto y que la flamante consejera de Salud, Marina Álvarez, se estrenara en el cargo con una visita a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, donde firmó un convenio en el que su departamento asumía ese compromiso y cuya eficacia habrá que comprobar en los próximos meses.
Estas dos cuestiones –la incomodidad ante el obligado protagonismo de Podemos, un partido del que algunos miembros de OSP separa un abismo ideológico, y el desencanto con el Gobierno andaluz– fueron los que determinaron que los sampedreños tuviesen un debate de verdad, y no un mero paripé, antes de decidir si seguían formando parte del tripartito.
A un nivel al menos parejo con los dos anteriores estaba el asunto que se puso sobre la mesa, la falta de medios para ejercer la autonomía. La franqueza con la que se planteó este asunto revela la inexperiencia y también, en buena medida, la ingenuidad con la que los ediles de OSP plantearon hace dos años la recuperación plena de la autonomía de San Pedro y la falta de conocimiento sobre los laberintos y las trampas que esconde la gestión pública para quienes nunca antes han tenido experiencia de gobierno.
En OSP no ocultan su convencimiento de que el mapa político de Marbella no sufrirá cambios sustanciales en el futuro y que su papel de partido bisagra no es cuestión de solo un mandato. Por eso había responsables que opinaban que era necesario que se los empezaran a tomar en serio y que para eso había llegado el momento de dar un puñetazo sobre la mesa.
Pero hay imágenes que perduran más allá de cualquier argumento. La del concejal de OSP sacado arrastrado del salón de plenos por agentes de la Policía Local que cumplían órdenes de la entonces alcaldesa Ángeles Muñoz es posible que no se haya borrado aún de la retina de algunos de los miembros de ese partido. La de una dirigente con media cabeza puesta en Marbella y la otra media, en Madrid, es posible también que aún perdure. Que Muñoz se haya encontrado a 600 kilómetros cuando en Marbella sus posibles aliados debatían si la volvían a sentar en el puesto de mando no contribuyó a erradicar esa idea y debilitó la posición de quienes, en el seno de OSP, defendían la oportunidad de una moción de censura.

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Paisaje de pactos
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Héctor Barbotta | 07-08-2017 | 15:21| 0

Marbella ha resuelto su culebrón veraniego en la misma noche en la que comenzaba agosto y no pocos políticos con las maletas ya preparadas han agradecido que el asunto no se haya dilatado más de la cuenta. Desde hace dos años se sabía que OSP, el grupo independiente de San Pedro al que se suele confundir con una fuerza independentista pese que a la segregación no figura entre sus objetivos declarados, iba a hacer balance y a tomar decisiones una vez que se alcanzara el ecuador del mandato municipal. Decidirían, transcurridos dos años desde que pactaron con el PSOE e Izquierda Unida un gobierno en minoría en el Ayuntamiento de Marbella, si mantenían viva esa alianza hasta el final o la rompían para irse con el PP, la fuerza mayoritaria que se quedó a un concejal de gobernar por un tercer periodo consecutivo.
Se esperaba un debate de trámite, porque su experiencia como fuerza de oposición durante el segundo gobierno de Ángeles Muñoz dinamitó puentes de entendimiento, pero las tensiones internas y la incomodidad de gobernar a tres dependiendo además de una cuarta fuerza para sacar adelante los asuntos sustanciales causaron un desgaste que hizo albergar expectativas de un posible vuelco político.
No habrá moción de censura porque por un ajustado margen el partido sampedreño decidió seguir donde estaba, pero lo ajustado de la votación en la que se optó por continuar en el gobierno tripatito y las negociaciones más o menos discretas de las últimas semanas demuestran que la crisis política llamó a las puertas de Marbella y que su gobierno a punto estuvo de tambalearse.
En política nunca hay situaciones definitivas, pero es posible que pase algún tiempo hasta que se vuelvan a ver gobiernos municipales, y no municipales, con mayorías absolutas. La aparición de nuevos partidos y la pérdida de confianza en los tradicionalmente mayoritarios han dibujado un paisaje que nos acompañará durante algún tiempo.
Las negociaciones que han tenido lugar en Marbella en estos días formarán parte, con toda seguridad, de ese paisaje y por eso estaría bien que se asumieran con normalidad. Cuando un partido, o algunos de sus miembros, en aras de una pretendida discreción, intentan ocultar el contenido de las conversaciones, niegan la existencia de reuniones que se han producido o se están por producir o, como en el caso de los sampedreños, encubren la identidad de las personas que tienen que tomar una decisión como si de una organización clandestina se tratara, no hace más que levantar sospechas sobre una situación que a partir de ahora habrá que tomarse como habitual. En democracia las formas no son menos importantes que los contenidos.

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Asuntos sustanciales
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Héctor Barbotta | 28-07-2017 | 14:40| 0

Opción Sampedreña, el partido independiente de San Pedro Alcántara al que el resultado electoral de 2015 ha dado el mango de la sartén de Marbella, deshoja la margarita. Tiene por delante la posibilidad de decidir si la ciudad sigue gobernada por el tripartito encabezado por el PSOE o si vuelve a tener como alcaldesa a la popular Ángeles Muñoz. No se trata de una sorpresa. Cuando en 2015 pactaron para darle la Alcaldía al socialista José Bernal avisaron que aquel era un pacto para dos años, no para cuatro, y que llegado el ecuador del mandato harían su balance y decidirían si continuar o no. Sus socios aceptaron esa condición, y todas las otras que impusieron, y el momento ha llegado.
Así como hace dos años el partido de San Pedro puso como condición para pactar con los socialistas e Izquierda Unida que la Junta se comprometiera a realizar obras pendientes en ese distrito, ahora exigen que se dote a la Tenencia de Alcaldía de más medios humanos y materiales. Se podría argumentar que una ciudad con el urbanismo paralizado y el modelo turístico en cuestión posiblemente tenga otros asuntos que podrían reclamar atención, pero el partido de San Pedro reclama por lo suyo. No se puede decir que no vayan de cara.
En los años recientes, cuando el Partido Popular se vio frente a un escenario de pérdida de las mayorías absolutas en las grandes ciudades, el Gobierno lanzó un globo sonda sobre un cambio normativo para que en los ayuntamientos gobernara la lista más votada. Rajoy intentó explicarlo según su estilo, con aquella frase acerca los vecinos y el alcalde que ya ocupa un lugar destacado en su antología personal. Logró hacerse entender aunque no consiguió erradicar las sospechas de que se trataba de una maniobra chapucera, un pucherazo de última hora para cambiar las reglas de juego en mitad del partido. Quedó lejos de construir un consenso que permitiera modificar una norma esencial de la cultura democrática labrada durante 40 años que señala que no gobierna quien obtiene más votos, sino el que consigue formar mayorías.
No hay consenso para cambiar normas escritas, y algunas de las no escritas se están evaporando ante la mirada azorada del personal. Una de ellas era que en las cuestiones esenciales los dos grandes partidos, que por eso lo eran, se ponían de acuerdo.
Cualquier resolución de la crisis política en la que ha entrado Marbella será legítima. Pero estaría bien que más temprano que tarde, aquellos a quienes los electores siguen considerando partidos principales llegaran a acuerdos para desbloquear los asuntos sustanciales. Que no son el número de barrenderos que necesita un distrito.

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El PP inicia el asalto
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Héctor Barbotta | 27-07-2017 | 19:44| 0

 

Más que un congreso, fue un pistoletazo de salida. El Partido Popular de Marbella celebró la semana pasada su cónclave para reelegir a Ángeles Muñoz para presidirlo durante cuatro años más y el espectador menos avisado podría haber concluido que no había asistido a un congreso, sino a un mitin. Ahí no hubo debate y todo se aprobó por aclamación.
El congreso, con unos 500 asistentes, tuvo un aforo inferior al anterior, celebrado hace cuatro años ante unas 2.000 personas. Hubo quien, desde el Partido Socialista, lo leyó como una muestra del declive del PP. Está claro que la capacidad de convocatoria no es la misma cuando se está en el poder que cuando se ocupan los escaños de la oposición. Pero medio millar de asistentes, un sábado a la noche en pleno verano tiene un mérito indudable que adquiere mayor dimensión si se lo compara con cualquier asamblea, congreso, mitin o reunión que pueda organizar cualquier otra formación política en Marbella.
El congreso careció de discusión, de exposición o de confrontación de ideas. Posiblemente hubiese estado fuera de lugar esperar mucho más de un congreso, como decimos, celebrado un sábado a las ocho de la tarde, en pleno mes de julio y al que no precedió ningún tipo de debate. Resultó algo chocante que en el primer congreso celebrado por el PP de Marbella después de haber perdido la Alcaldía tras dos holgadas mayorías absolutas no se haya siquiera intentado esbozar una explicación sobre las razones de ese retroceso político y de la pérdida del poder municipal. No hubo referencia alguna a las razones por las que se perdió respaldo electoral hasta quedarse por debajo de la mayoría absoluta y tampoco a los motivos por los que, una vez perdida esa mayoría, tampoco se encontraron aliados con los que formar gobierno.
Por el contrario, la opción elegida fue la de ahorrarse hasta la más tímida autocrítica y esgrimir la tesis del robo, gruesa palabra a la que recurrieron en sus intervenciones Javier Arenas y la presidenta de Nuevas Generaciones, Melania Leiva. Resulta sintomático que el más veterano y la más joven optaran por ignorar la condición esencial de los sistemas parlamentarios de todo el mundo, donde no gobierna el que obtiene más votos sino el que consigue formar mayorías. Siempre es más cómodo recurrir al victimismo que a la autocrítica, aunque ello implique lanzar mensajes peligrosos y poco pedagógicos sobre cómo funcionan las instituciones democráticas en este país, cuya Constitución consagra la monarquía parlamentaria como sistema político y en el que ninguna institución se rige por un sistema presidencialista.
Pero si no hubo debate alguno sobre los motivos que llevaron al PP a la oposición, mucho menos lo hubo sobre quién debía ejercer la presidencia del partido. No sólo porque solamente se presentaba la candidatura de Ángeles Muñoz sino también porque todos los intervinientes –además del resucitado Arenas, su mentor histórico, de Leiva y de ella misma hicieron uso de la palabra el secretario general, Manuel Cardeña, el presidente regional, Juanma Moreno, y el provincial, Elías Bendodo– glosaron la figura de la presidenta. Escuchando las intervenciones nadie se hubiese atrevido a imaginar que hasta no hace mucho –en concreto, hasta que la vieja guardia salió reforzada del congreso nacional del PP el pasado febrero– una de las mayores preocupaciones del PP andaluz y del PP de Málaga consistía en buscar para Marbella una cabeza de cartel alternativa para las elecciones municipales de 2019.
Después de escuchar los discursos quedan algunas conclusiones: que no ha habido ni habrá autocrítica, que uno de los principales objetivos políticos del PP más allá de los límites del término municipal es recuperar el Ayuntamiento de Marbella y que no habrá debate sobre la candidata. Ángeles Muñoz se presentará por quinta vez.
Tras atender a lo que se dijo en el congreso sólo cabe concluir que sólo hay una posibilidad de que el Partido Popular no comience a la vuelta del verano una intensa campaña electoral que se prolongará durante un año y medio. Consiste en que las conversaciones que se mantienen con OSP para recuperar la Alcaldía prosperen. En el Partido Popular consideran que la puerta para adelantar el regreso al poder municipal todavía está abierta. Si no fuese así, razonan, el partido sampedreño ya habría confirmado que sigue en el tripartito y aún no lo ha hecho pese a que el ecuador del mandato ya se ha sobrepasado en más de un mes.
En el PP van a seguir explorando esa vía, que si no prospera abrirá un nuevo tiempo de intensa campaña para cumplir con el mandato congresual de recuperar para Ángeles Muñoz el bastón de mando municipal.
Después de estas conclusiones se podría inferir que en el congreso del PP de Marbella no hubo novedades en clave interna y que el acto no fue más que el primer mitin de una precampaña que se adivina larga. Sin embargo, del cónclave pueden deducirse trascendentes conclusiones internas, más allá de la confirmación de Ángeles Muñoz como líder indiscutida, con capacidad inapelable para decidir entradas y salidas y candidata a las próximas elecciones.
La primera es que la presidenta vuelve a rodearse de su círculo de confianza, pero que ese círculo se ha estrechado y ha quedado reducido a dos personas: el portavoz, Félix Romero, y el secretario general, Manuel Cardeña.
Al resto, léase el grupo municipal al completo, le ha enviado un mensaje nítido: nadie tiene asegurado un lugar en la próxima lista y quien quiera estar tendrá que ganárselo. Y para que la advertencia sea clara no ha puesto a ningún concejal, salvo los dos citados, en la nueva ejecutiva. En su lugar ha entrado gente nueva, que tendrá un año y medio para ganarse un lugar. Y ya se sabe, para que entre uno, otro tiene que salir. Muñoz no quiere relajación porque considera que fue precisamente la relajación lo que la privó de su tercera mayoría absoluta hace dos años.
Desde que en los meses previos a las elecciones municipales de 2007 el PP de Marbella experimentó una explosión de crecimiento, dos tendencias convivieron bajo el liderazgo omnímodo de Ángeles Muñoz: la de quienes la habían acompañado en los duros años de oposición a Jesús Gil –principalmente los dos citados y Kika Caracuel (ahora dedicada principalmente a la Diputación)– y la de quienes llegaron en el aluvión posterior al desmoronamiento del gilismo. Muñoz siempre mantuvo un tenso equilibrio entre ambas partes pero ahora tras el congreso puede concluirse que la balanza se ha inclinado y que sigue confiando en los suyos de toda la vida. El resto deberá seguir haciendo méritos.

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Zapatos
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Héctor Barbotta | 27-07-2017 | 07:15| 0

Tú mírale los zapatos; si los lleva viejos o incluso sucios, no es un chorizo». El consejo se escuchó atentamente hace años, mucho antes de que invadiera la sensación de que la política se había convertido en terreno abonado donde oportunistas, caraduras y sinvergüenzas de toda calaña encontraban su hábitat ideal. Cuando Jesús Gil parecía solamente un paracaidista que había caído en territorio ajeno y no un maestro que acabaría creando escuela.

Hasta entonces no había sido siempre así. Basta con mirar, ahora que se acaba de cumplir el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas, el currículum de muchos de los políticos de entonces. Había muchos burócratas del antiguo régimen que mutaron oportunamente sus convicciones y hasta limpiaron antecedentes, pero también, frente a ellos, además de un buen puñado de resistentes a la dictadura, profesionales y catedráticos que aparcaban sus carreras porque entendían que el país necesitaba de su esfuerzo en un momento de esperanzas pero también de incertidumbres.

Resulta muy difícil pensar que en aquellos años alguien podía tomar la decisión de meterse en un partido con la expectativa de medrar. La política no parecía ser, por entonces, un buen lugar para llenarse los bolsillos. El derrotero que tomaría con los años era insospechado.

Cuando el exalcalde de Casares Juan Sánchez entró en política afiliándose al Partido Comunista tenía 18 años. Al dictador todavía le faltaban dos años para morirse en la cama y el PC era una organización clandestina. Sus aspiraciones, con toda seguridad, eran otras de las que acabarían siendo.

Cuando en el futuro se estudie la degradación moral que acompañó en la Costa del Sol a la burbuja inmobiliaria posiblemente haya que recurrir a las sentencias judiciales. Un saga cuya obra más célebre es ‘Malaya’ pero que engorda a medida que los tribunales van describiendo, con retraso pero también con detalle el paisaje completo de una época. La última es la del ‘caso Magestic’, cuya investigación permitió conocer a una organización criminal del Este de Europa que se había instalado en estos lares en los comienzos de la década pasada y cuya resolución explica con pelos y señales la complicidad política que uno de sus representantes encontró en el Ayuntamiento de Casares, donde gobernaba un alcalde con casi 30 años de currículum y a quien avalaba una trayectoria nacida en la resistencia a la dictadura.

La sentencia explica, sin decirlo, que el dinero fácil de la burbuja llevó su tentación hasta territorios insospechados. Y permite concluir también que la fórmula de observar los zapatos no funciona.

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Tarea difícil y urgente
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Héctor Barbotta | 21-07-2017 | 21:33| 0

En estos días los ediles del gobierno y la oposición han hecho balance en el ecuador de la gestión del gobierno tripartito de Marbella y al escuchar a unos y a otros pareciera que unos y otros han estado viviendo durante los dos últimos años en ciudades distintas, diferentes a su vez del lugar en el que viven los vecinos. Ni una ni otra, en la que todo se ha hecho bien y en la que todo se ha hecho rematadamente mal, son las ciudades reales.
Exagerar lo malo y lo bueno, según la relación que cada uno ocupa con el poder institucional, está en el adn de los políticos, muy alejado de esa actitud que seguramente valorarían los ciudadanos de reconocer algún mérito al adversario o de, mucho más difícil aún, abrir una ventana donde se dejara entrar al menos una brisa de autocrítica.
También en estos días la llegada de los días más álgidos de la temporada turística está invitando a hacer lecturas igualmente opuestas de la situación de la ciudad. De un lado aparece el destino que vuelve a atraer un año más a los turistas más deseados, las celebridades que a su vez funcionan como imán para otros turistas; el que vuelve a presentar las tasas más altas de rentabilidad hotelera; el que cobra precios astronómicos por los alquileres de locales en algunas de sus zonas comerciales; el que acoge el programa más ambicioso de conciertos; el que justifica que las principales cadenas hoteleras del mundo hagan planes para instalarse porque saben que la inversión tendrá retorno con creces.
Del otro, también aparece el destino cuyas playas presentan un estado impresenable, con más piedras que arena; el que implanta fórmulas para erradicar la venta ambulante ilegal que sólo funcionan esporádicamente; el del turismo incívico y de borrachera que se empeña en convivir con el de alta gama, como si ambos fuesen compatibles.
No se trata, a diferencia de los balances de gestión que realizan los grupos políticos, de dos visiones distintas e irreales de la misma ciudad, sino de dos realidades que conviven, y frente a las que hay que trabajar para consolidar la primera y erradicar la segunda.
Es posible que las imágenes del turismo incívico que alarmaron durante semanas y que tuvo su episodio más preocupante en el atropello múltiple del último domingo de mayo, queden sepultadas por la mucho más edificante de la gran mayoría de turistas que, con más o menos presupuesto, llegan a Marbella cada verano para pasárselo sanamente bien y que alimentan con su gasto la economía de la ciudad.
Sin embargo, ello no debe servir como excusa para asumir que quedan tareas por hacer, porque es probable que ambas imágenes no puedan seguir conviviendo durante mucho tiempo más. Marbella tiene la ventaja de que está muy lejos de Magaluf, y las imágenes que llegan desde ahí pueden valer al mismo tiempo como alarma, como advertencia y como espejo de un destino al que no se quiere llegar.
El atropello múltiple sirvió como espoleta para advertir de que había que actuar. Es posible que se haya reaccionado tarde, pero no se puede decir que el Ayuntamiento haya permanecido en una situación pasiva desde entonces.
Varios clubes y establecimientos han sido citados en las oficinas municipales y se les ha advertido de que en el modelo turístico que se quiere impulsar hay un cierto tipo de actividades y también de actitudes que no tienen cabida. Es evidente que el Ayuntamiento no tiene competencias para imponerles a los responsables de un establecimiento a cuánto deben vender las copas o las cervezas o para obligarles a que no dejen salir a la calle a personas que van con el torso descubierto o en un estado que invita a quedarse dormido en el primer banco que encuentren. Pero sí lo tiene para controlar los decibelios, para conceder permisos especiales sobre horarios de cierre o de música en vivo. También para controlar con mayor o menor rigor si todos los papeles están en regla.
Hay establecimientos que han comprendido el mensaje y han comenzado a colaborar, pero el problema excede largamente las competencias municipales. Una gran parte de los turistas de borrachera que llegaron a Marbella en los últimos meses lo hicieron de la mano de operadores que pagan por adelantado a establecimientos de la ciudad y reservan paquetes que incluyen alojamiento y barra libre durante periodos que no exceden los tres días. Una vez que han aceptado dinero a cuenta hpor lo general la oferta llega en épocas de poca actividad y necesidades de caja–los establecimientos están obligados a respetar lo que han firmado.
La mayoría de estos paquetes se anuncian en páginas web británicas que utilizan publicidad engañosa (por ejemplo, con fotografías de clubes de playa que no forman parte de la oferta) sobre las que no existe control alguno por parte de las autoridades de Consumo españolas. No es inusual ver ofertas por tres días de alojamiento, desayuno y barra libre por 160 libras. Ya imaginará el lector qué tipo de cliente se puede sentir atraído por ese tipo de paquetes.
La labor para acabar con estas prácticas, como se ve, va más allá de lo que puede hacer el Ayuntamiento en solitario y requiere de la coordinación entre las instituciones y también de la colaboración empresarial. El problema es aún incipiente, pero las soluciones deberían comenzar a arbitrarse cuanto antes.

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No hay mano invisible
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Héctor Barbotta | 15-07-2017 | 15:44| 0

Se ven juergas nocturnas a costa del descanso de los vecinos en Barcelona y actos sexuales a plena luz del día en la vía pública y uno adivina que no falta mucho para que el turismo sea declarado industria insalubre o para que se organicen patrullas ciudadanas a la caza del visitante incívico. Se ve cómo las peleas entre borrachos en algunos destinos de las islas Baleares han degenerado en terribles episodios de violencia y empieza a caber la pregunta de si habrá que comenzar a calificar a los destinos por el riesgo de reyertas y a establecer un baremo de un policía por cada cierto número de visitantes.
Las noticias que está generando el turismo en los últimos tiempos en algunos destinos se presentan como una tentación que invita a vanagloriarse de lo que tenemos aquí y de cuán lejos estamos de esas situaciones. Sin embargo, es recomendable no ceder y estar alerta. Hay síntomas que están comenzando a aparecer también por esta geografía sobre un cierto tipo de turismo al que hay que ser capaz de cerrarle la puerta, aunque ello pueda suponer en algún momento perder puestos en esa absurda competencia que nos invita año tras año a señalar como una gran victoria que se haya superado el número de visitantes del año anterior.
La falta de armas con las que enfrentarse a este auge de lo que algunos llaman turismo ‘low cost’ pero que en realidad debería denominarse turismo incívico porque no tiene tanto que ver con los precios como con las expectativas del viaje y los comportamientos que ellas generan, se deriva de dos falacias. La primera es la que asegura que con la organización individual de los viajes que permite internet han perdido peso quienes negocian con la carta marcada de controlar grandes grupos de clientes. La segunda es que los balances que sólo toman en cuenta el parámetro cuantitativo son exclusivos de políticos oportunistas que desconocen el sector.
Ni una cosa ni la otra. Hay empresas turísticas en destino que, incapaces de ofrecer calidad, apuestan descaradamante por la cantidad. Y hay también páginas web que han ocupado el lugar de los grandes touroperadores de antaño que montan paquetes –alojamiento, transfer desde el aeropuerto y pulserita para borrachera– a las que las da igual degradar el destino porque mientras controlen un gran número de clientes siempre tendrán dónde enviarlos.
Frente a esta situación, que deja en evidencia el mito de la sabia mano invisible del libre mercado, sólo cabe una reacción. Las instituciones, pero también las empresas cuyo negocio depende de que Marbella siga siendo referente de calidad, tienen que actuar con coordinación y compromiso. En esta ciudad no debe haber lugar para todos.

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¿Último año de Starlite?
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Héctor Barbotta | 28-06-2017 | 11:17| 0

El silencioso estruendoso con que hasta ahora se han desarrollado las negociaciones no ha conseguido ocultar la grieta que separa al equipo de gobierno municipal de los organizadores de Starlite. Ambas partes llevan semanas negociando la prórroga del convenio sobre la cesión del auditorio natural de la cantera de Nagüeles y las posiciones no están ni mucho menos cercanas.
La organización del festival y el Ayuntamiento tienen que renovar este año el convenio que permite la utilización de la cantera para esta actividad y a menos de un mes del primer concierto todavía no se ha producido la firma. Técnicamente, ni tan siquiera la edición de este año se podría celebrar si comenzara este fin de semana, aunque nadie con un mínimo de información duda de que los papeles estarán en regla a tiempo y que Marbella podrá seguir siendo un año más la referencia esencial en los conciertos veraniegos. Otra cosa es lo que pase de ahora en más.
Lo que cabe preguntarse es por qué se ha llegado a estas alturas, con el verano ya iniciado y la temporada alta llamando a las puertas, con los deberes sin hacer. La respuesta sólo puede encontrarse en las diferencias que separan a ambas partes.
La negociación sobre el nuevo convenio para el uso del auditorio natural de Nagüeles lleva ya tiempo cocinándose y tanto los promotores de Starlite como el gobierno municipal han evitado con mutuo silencio que la situación pasara a formar parte de la agenda y del debate público. De hecho, nadie habla hoy públicamente del asunto, sobre el que no hay declaraciones oficiales por ninguna de las partes. Sin embargo, hay diferencias larvadas que salen a la luz a poco que se rasque más allá de la superficie..
El problema reside en la renovación del permiso concedido por el Ayuntamiento para la celebración de conciertos en la cantera, que dimana a su vez de un acuerdo de cesión de ese espacio de la Junta al Ayuntamiento, firmado el 6 de julio de 1992 por un periodo de 25 años y que vencía, por lo tanto, en menos de dos semanas. El final de esa cesión y la necesidad de renovarla ha dado lugar a un replanteamiento del canon que se cobra por su utilización y en esa cuestión de dinero reside el origen de las diferencias entre ambas partes.
El revulsivo que Starlite ha supuesto para Marbella desde su aterrizaje en 2012 debería estar fuera de toda discusión. Sus promotores, los empresarios Sandra García Sanjuán e Ignacio Malaquer, llegaron a una ciudad que aún atravesaba lo peor de la crisis con un proyecto tan ambicioso que al comienzo despertó, sobre todo, escepticismo y desconfianza. Históricamente Marbella ha supuesto un imán para toda clase de charlatanes y escenario de proyectos megalómanos que después se quedaban en nada y hubo quienes no dudaron en poner en esa categoría al festival y a sus impulsores. Sólo cuando en la antesala del verano de aquel año el Palacio de Congresos se llenó de aspirantes a un empleo de verano que salían con un contrato bajo el brazo, los primeros acordes comenzaron a sonar en el auditorio de la cantera y Marbella volvió a ocupar espacios en todos los medios nacionales como epicentro de los veranos musicales, la ciudad pudo comenzar a entender que estaba ante algo muy distinto.
Como todos los acontecimientos trascendentes, Starlite tuvo detractores pero su contribución decisiva al auge que alcanzó Marbella en los últimos años es difícilmente discutible.
Cuando el tripartito llegó al gobierno municipal, poco antes del verano de 2015, y surgieron vaticinios que auguraban una huida de inversiones de la ciudad, los nuevos responsables municipales se esforzaron en dar una imagen de normalidad. Para ello era necesario acallar los rumores de que Starlite abandonaría Marbella. No sucedió nada de ello, sobre todo porque había un convenio en vigor que garantizaba el uso del auditorio al que todavía le quedaban dos años. El tripartito dio entonces un apoyo monolítico a la continuidad del festival.
El pasado verano, cuando la denuncia del abogado Marco Arafat, uno de los fundadores de Podemos en Marbella, puso el foco en la hora de cierre, no hubo sanciones. Es más; la diferencia de criterios en torno a este asunto entre el edil de Seguridad y de Vía Pública, Javier Porcuna, y el entonces jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, fue uno de los detonantes de la ruptura entre ambos que acabó costándole el puesto a Montoya.
Sin embargo, la situación se complicaría con el tiempo. Ahora ya puede asegurar que hay fisuras, y que aunque en el gobierno municipal tripartito la postura oficial siempre ha sido la de tratar al festival con mimo, el evento es mirado con matices diferentes según el partido político del que se trate e incluso de la delegación que ostenta cada concejal.
Uno de los primeros roces entre el gobierno municipal y Starlite y que evidenciaron diferentes visiones sobre el festival se produjeron por la cuestión urbanística. Aunque el diferendo se mantuvo fuera de los focos, el Ayuntamiento abrió un expediente por la construcción de estructuras fijas en un paraje, considerado de especial protección, donde solamente caben soportes móviles. Ese expediente fue el segundo tras el abierto por el Ayuntamiento en 2014, aún bajo el gobierno de Ángeles Muñoz, por el cavado sin permiso de unas zanjas para la instalación de conducciones eléctricas.
Este segundo expediente ya está a punto de cerrarse después de que esta semana el servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento enviara una inspección para comprobar que, efectivamente, la promotora de Starlite había demolido las estructuras realizadas irregularmente. En el Ayuntamiento hay quienes aseguran que la empresa remoloneó a la hora de responder a la apertura del expediente, y que sólo se puso las pilas después de que un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil diera lugar a una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave.
Sin embargo, el punto grave de diferencia está en el dinero. Concretamente, en el canon que la promotora abona todos los años para poder utilizar la cantera, un espacio público protegido bajo la competencia de la Junta de Andalucía cedido por esta administración al Ayuntamiento de Marbella.
Cuando Starlite aterrizó en Marbella, atendiendo a un criterio de utilidad social del proyecto, el Ayuntamiento decidió ceder la cantera a cambio de una cantidad prácticamente simbólica cuyo importe salía del cálculo de lo que costaba cada mes el canon que la administración municipal pagaba anualmente a la Junta. Así fue como se estableció que Starlite hiciera uso de la cantera por unos 7.000 euros al año. El gobierno municipal de entonces entendió que esa era la manera que podía respaldar a un evento que sería muy beneficioso para la ciudad y al que tanto la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como Turismo Costa del Sol habían ayudado con importantes cantidades.
Ahora, cuando toca revisar el convenio, el criterio municipal ha cambiado, según se asegura desde la Plaza de los Naranjos, por decisión de la Junta, propietaria última de los terrenos y que de momento sólo ha concedido una prórroga provisional de un año. No queda claro si el gobierno municipal actúa de motu propio o si se limita a transmitir las decisiones adoptadas por la Administración andaluza, propietaria última de los terrenos.
Starlite ya no es un festival que requiera de la ayuda pública para arrancar, sino un evento consolidado. La administración –difícil establecer cuál, si la municipal o la autonómica– considera que no está justificado seguir cobrando un canon simbólico y los servicios técnicos del Ayuntamiento ya preparan un informe sobre cuál debe ser la cuantía que debería figurar en el próximo convenio. Según fuentes consultadas por este periódico, el informe, aún no terminado, establecerá una cantidad cercana a los 100.000 euros anuales.
La empresa promotora ya destina cada año unos 140.000 euros a las arcas municipales entre licencias de montaje y desmontaje y avales. No hay que ser un lince para saber que un nuevo canon con una cifra cercana a esa cantidad –incluso la mitad de esa cantidad, que es la que al parecer ya se ha planteado– caería como una bomba sobre la mesa de negociaciones. No tanto para este año, ya que la celebración del festival que comienza el 15 de julio no está ni mucho menos en duda, sino para ediciones futuras.
La Junta sólo ha renovado la concesión en favor del Ayuntamiento por un año, y las condiciones que se negocien este año pueden constituir un antecedente para los años venideros. La continuidad del festival está en el aire.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella