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Ruido y nueces
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Héctor Barbotta | 11-12-2017 | 09:51| 0

 

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El equipo de gobierno municipal cumplió el pasado jueves sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento y la efemérides apenas supera la categoría de anécdota. En otras circunstancias los 100 días constituyen el plazo de gracia que la oposición concede a quienes acceden al gobierno de una institución antes de comenzar a criticar su gestión, como los boxeadores que dedican el primer asalto a estudiar los puntos débiles de su rival como paso previo antes de comenzar a lanzar ataques. Los 100 días son también el plazo que quienes llegan a un gobierno se suelen dar a sí mismos para aterrizar, conocer los pasillos e interioridades y hacerse con los resortes de mando.
La manera en que se produjo el relevo en el Ayuntamiento y los antecedentes de los dos socios del nuevo equipo de gobierno -unos habían estado ocho años al frente de la institución municipal, los otros continuaban tras cambiar de aliados- ya permitía prever que no iba a haber ni 100 días ni 100 horas de margen. Los nuevos responsables no las necesitaban y los grupos que pasaron a la oposición inesperadamente posiblemente tampoco estarían dispuestos a concederlas. El silencio que hubo antes de que comenzaran a llover críticas, algunas de ellas aparentemente inspiradas en cuestiones de los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz, como si no hubiese pasado nada en medio y los partidos ahora en la oposición no consideraran necesaria una nueva estrategia, pareció deberse más a la necesidad de acomodarse a la nueva e inesperada situación que a la decisión de conceder el periodo de gracia y cortesía.
Cuando Ángeles Muñoz volvió a sentarse en el sillón de alcaldesa dijo que tenía por delante 18 meses de mandato. En realidad eran 21, pero la regidora consideró que son menos porque sabía que una vez que se convocan las elecciones municipales el equipo de gobierno está impedido de cortar cintas y hacer anuncios. Esta advertencia tenía una doble intención, basada en la convicción de que no le sobraría el tiempo para justificar desde la gestión el paso dado. En primer lugar, porque pretende evitar que el electorado la juzgue, llegado el momento, por un mandato completo cuando sólo habrá tenido menos de dos años. Y en clave interna, para incentivar a su equipo a pisar el acelerador en una situación más incómoda que en los mandatos anteriores, donde no tenían que entenderse con aliados, no estaban obligados a repartirse los recursos, especialmente los humanos, con estos y contaban con más margen para planificar la estrategia. En el PP sabían porque si un mandato municipal se pasa rápido, medio mandato no da margen para mucho.
Algunos miembros del equipo de Ángeles Muñoz aseguraban antes de presentarse la moción de censura algunas voces que era previsible una debacle en un gobierno tripartito que no contaba con mayoría en el pleno y donde la inexperencia en la gestión de algunos de sus miembros producía algunas disfunciones. «Si les presentamos una moción de censura les hacemos un favor», decían apenas semanas antes de que el relevo en el Ayuntamiento se consumara.
¿Ha cambiado el criterio de quienes en el PP pensaban de esa manera? Hay quienes aseguran que parte del paisaje encontrado confirma esa línea de pensamiento. Sin embargo, son más quienes sostienen que no ha habido tiempo de ponerse a pensar en eso, porque Muñoz ha impuesto un ritmo vertiginoso que parece tener un objetivo excluyente: que la calle advierta un cambio radical en la gestión municipal.
En estos 100 primeros días de gobierno se pueden distinguir dos etapas. La primera duró unos días y podría denominarse como la de los golpes de efecto: el plan de choque de limpieza, el cierre del hotel Sisu, largamente demandado por los vecinos, o el anuncio de la apertura de la zona deportiva del Francisco Norte, concretada recientemente. La segunda tuvo menos impacto visual y los ediles la justifican en que han tenido que sumergirse en sus delegaciones para tapar vías de agua y mantener el barco a flote. En esa línea se explican alguna de las explicaciones que se han dado en estas semanas, como los 1.500 reparos del interventor -ante cuya marcha al Ayuntamiento de Málaga algunos ediles no han podido contener la sonrisa-, las facturas sin pagar, el bloqueo urbanístico y la inejecución de gran parte de presupuesto de este año. En esta segunda etapa pueden inscribirse algunas de las acciones posteriores entre las que destacan la aprobación de los presupuestos para que entren en vigor a comienzos del próximo ejercicio, la aprobación del texto refundido del PGOU o la regularización en los pagos a proveedores, que habían acumulado retrasos en los últimos tiempos.
El éxito conseguido al convertir a Marbella en sede de la próxima eliminatoria de la Copa Davis es otro hito del que seguramente el discurso oficial sabrá sacar rédito en lo que queda de mandato si el evento se desarrolla con éxito. En el gobierno municipal no dudan de la importancia que la cita tendrá para la imagen de su gestión. «Nos jugamos mucho», reconocen.
El discurso del gobierno ha incorporado el concepto de ‘velocidad de crucero’, al que recurre cada lunes el portavoz municipal, Félix Romero, para referirse a la acción ordinaria de gobierno y con el que se transmite el mensaje de que el Ayuntamiento ha recuperado una normalidad que antes no existía. Pese a que al principio intentó evitar las referencias explícitas a sus antecesores, el equipo de gobierno ha acabado cediendo a la tentación y es rara la comparecencia que no se mencione un bloqueo, supuesto o real, que los nuevos gestores se han visto obligados a desatascar.
El problema es que algunas de estas referencias acaban implicando al área de Hacienda, donde no ha habido recambio porque está a cargo del mismo miembro de Opción Sampedreña que la ocupaba antes de la moción de censura. Una inercia en el discurso oficial seguramente dificl de evitar.

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El puerto en su laberinto
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Héctor Barbotta | 15-11-2017 | 15:36| 0
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.
Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.
Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar –es decir, fuera del proyecto del puerto– sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?
Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.
La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.
La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.
Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.
La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.
Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.
No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.
Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación –la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador–, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.
Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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Buen tiempo, mal clima
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Héctor Barbotta | 09-11-2017 | 12:05| 0

No ha pasado tanto tiempo desde cuando lamentábamos si una lluvia recibía al fin de semana. Sin embargo, sólo esas personas que eligen vivir sin enterarse de lo que sucede a su alrededor pueden haber lamentado la tormenta que se desencadenó el viernes por la noche y que tuvo su repetición ayer por la mañana.
Está bien que llueva, aunque el agua que caiga sea insuficiente, al menos para recordarnos cuál era el paisaje habitual del otoño o para enseñarle a nuestros hijos fenómenos como el del arco iris, que en un años, si esto no cambia, sólo verán en fotografías. Las primeras lluvias del otoño acaban de caer ya entrado un mes de noviembre en el que nos seguimos moviendo con mangas cortas. Eso solo ya debería bastar para asumir el desastre que estamos viviendo.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticó el pasado lunes una semana entera de lluvias en Marbella. En concreto, la previsión reflejaba un Tostón pasado por agua, con 100 por cien de probabilidades el martes, el miércoles y el jueves y un 80 por ciento el viernes y el sábado. Se preveía que recién para hoy, domingo, el cielo comenzaría a abrir.
Sobra decir que las previsiones fallaron de lleno, ya que no hubo en toda la semana ni asomo de lluvias, que recién llegaron el viernes por la noche.
No es habitual que las previsiones de la AEMET yerren el tiro de esa manera, pero no está claro que haya que señalar a la agencia por este error de previsión. No porque el pronóstico de lluvias pueda haberse confundido en algún momento con un anhelo, como si hubiera habido una confusión entre la realidad y el deseo, sino porque en un escenario climático sin precedentes como el que estamos viviendo seguramente elaborar las previsiones debe haberse convertido en una actividad donde la probabilidad de error se ha disparado.
Tradicionalmente ha habido una confusión lingüística entre clima y meteorología. Aunque el clima está determinado por las condiciones más o menos estables de una región y es la meteorología lo que refiere al tiempo que hará en un momento concreto, no pocas personas solían preguntar cómo estaba el clima cuando querían saber si iba a hacer frío o calor en los próximos días o si se podía planificar un día al aire libre o era mejor ir sacando el paraguas y el impermeable.
Sin embargo, con el dramático cambio que se está experimentando en el planeta en estos años, y por los que las generaciones futuras harán bien en juzgarnos con severidad, no está mal que preguntemos por el clima. Porque lo que se está alterando por esta ruptura de los equilibrios medioambientales que llamamos cambio climático no es el tiempo que hará el próximo fin de semana, sino las condiciones generales en todo el planeta. Y en el sorteo nos ha tocado la papeleta del desierto.
El calor que obliga a conducir con el aire acondicionado cuando ya hemos entrado en noviembre y la falta de lluvias que seca los pantanos no son ya una anomalía meteorológica, sino expresiones de una catástrofe.
Posiblemente sea la propia naturaleza humana la que hace que la máxima preocupación por este tipo de problemas surja primero en los países donde se sufre directamente. Hace ya ocho años que Maldivas, una isla Estado que desaparecerá inexorablemente en poco tiempo como consecuencia de la subida del nivel de los océanos, celebró un Consejo de Ministros bajo el mar y con sus dirigentes políticos enfundados en trajes de submarinismo. Pretendían denunciar la situación a la que se enfrentarían en poco tiempo si el mundo desarrollado no cambiaba de actitud. Aquel gesto que algunas voces calificaron de alarmista pero que no era otra cosa que un desesperado grito de socorro en mitad del Océano Índico no tuvo más repercusión efectiva que conseguir colarse en el espacio final de los telediarios, el que se suele dedicar a las noticias extravagantes. Greenpeace publica periódicamente recreaciones de cuál es el futuro que le espera a las ciudades costeras, con el mismo resultado.
Hoy ya sabemos que aquí, en la Costa del Sol, no estaría de más comenzar a preguntarnos cuál será nuestro destino económico cuando el termómetro empiece a subir en los países de nuestros mercados emisores y el impulso que invita a los turistas a refugiarse en las playas del Mediterráneo para escaparse del frío comience a menguar. Sobre todo cuando nuevas señales confirmen que marchamos aceleradamente hacia un destino desértico en el que el agua comenzará a ser un bien preciado y escaso.

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Las lindes como metáfora
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Héctor Barbotta | 30-10-2017 | 09:29| 0

En 1990, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PSOE, aprobó el texto del PGOU de 1986 en el que se incorporaba la aceptación de una alegación presentada por una comunidad de propietarios de Benahavís para poner bajo jurisdicción de ese municipio una zona donde ya se había producido un desarrollo urbanístico. Entonces era difícil sospechar que más de un cuarto de siglo después, ese cambio marcaría la agenda política del Ayuntamiento. El futuro siempre es insondable, aún cuando sigue carriles lógicos. Mucho más si discurre por la vía del esperpento.
Esta semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 3, donde se tramitó la causa conocida como ‘caso PGOU’, ha rechazado un recurso del PSOE, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, para que se levantara el archivo provisional de ese asunto decretado a mediados de septiembre. Se ha conocido también que la Audiencia Provincial ha rechazado otro recurso para que la instrucción de la causa se prolongue con la citación de nuevos testigos. No parece, en suma, que la cuestión vaya a tener mayor recorrido.
El auto del instructor señala que las nuevas pruebas propuestas por el PSOE serían superfluas y poco aportarían al objeto de la investigación y reprocha a esa acusación que durante todo el proceso, y también en su último recurso, «ha intentado ampliar la investigación a otros delitos ya denunciados en su día y sobreseídos, no sólo por este juzgado sino por la Audiencia Provincial». Pocas veces un magistrado lanza un reproche de este calado a una de las partes, especialmente si la postura de ésta está respaldada por el fiscal.
El juez, en resumen, da por zanjado el asunto. Considera que no hubo modificación oculta del Plan General, ni alteración espúrea de las lindes, ni falsificación de las actas del pleno, ni ocultación de información a la oposición. Debería ser suficiente para pasar página. Sin embargo, esta semana, al ser preguntado por la decisión judicial, el portavoz del PSOE, José Bernal, aseguró que el caso todavía está abierto porque falta que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie por el recurso presentado contra el archivo. Después de conocerse que la misma sala que aún no ha resuelto ese recurso ya se ha negado a que se sigan llamando testigos, resulta difícil de entender por qué los ediles socialistas se empeñan en seguir dando por abierto un proceso que ya parece haber llegado a su destino final y en el que próximos pronunciamientos judiciales sólo pueden reportarles nuevos disgustos.
Desde el principio, el asunto de las lindes ha sido un auténtico despropósito en el que se han mezclado, no se sabe si por incomprensión lectora o por mala fe manifiesta, pero seguro por interés político, dos cuestiones diferentes. Una es el de las lindes que se modificaron en el PGOU de 1986 al aceptarse en 1990 el recurso que se cita al principio de este artículo; otra, el del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010, que incluyó la mismas lindes que ya aparecían en el documento anterior.
Las dudas sobre a qué municipio pertenece el suelo en disputa, que los planos oficiales del Instituto Cartográfico Nacional aprobados en 1873 sitúan en el término municipal de Marbella, se remontan al año 1985, cuando la comunidad de propietarios de la zona, avalada por un documento del secretario del Ayuntamiento de Benahavís, presentó una alegación al PGOU de Marbella, en ese momento en trámite de aprobación, reclamando que el suelo pertenecía al municipio vecino.
La reclamación pedía que se considerase que los terrenos habían sido desarrollados por Benahavís, donde posteriormente se ejecutaría un plan parcial y donde la familia de la actual alcaldesa de Marbella era propietaria de suelo. La nueva linde no fue incluida inicialmente en el PGOU de 1986, que se aprobó con los límites históricos, pero sí en el texto refundido de ese documento, de 1990, que rigió en Marbella hasta 2010 y que volvió a entrar en vigor en noviembre de 2015.
La alcaldesa fue denunciada en 2009 por el proceso de alteración de límites entre ambos municipios iniciado con el Ayuntamiento de Benahavís para adaptar la cartografía a lo que ya decía el PGOU. La causa fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga. Ahí se podría haber terminado el asunto. Pero no.
Durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, el equipo redactor intentó reflejar las lindes de 1873, pero la Junta le ordenó ceñirse a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le recomendó repetir las que ya venían en el Plan anterior. Ahí también podría haberse acabado la polémica. Pero tampoco. El proceso entró en un terreno que visto a la distancia parece un tratado de excentricidad política.
La plataforma creada para reivindicar los límites históricos presentó ante la Fiscalía una relación de hechos en la que citaba los supuestos intereses económicos de Ángeles Muñoz en la zona, una supuesta alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio y una grabación del pleno de la que se decía que se comprobaba que los concejales que votaron el PGOU no habían sido informados de los cambios realizados en el documento.  El guión señalaba, delito arriba, delito abajo, que el Plan General había sido modificado subrepticiamente, sin informar a nadie, de manera oculta, para dar un pelotazo urbanístico que favorecería los intereses de la alcaldesa. De la conspiración formaban parte los redactores del Plan, funcionarios municipales y el vicesecretario del Ayuntamiento. Quienes no lo denunciaban podían ser señalados como cómplices por omisión. Sobre este guión, las fuerzas que componían el gobierno tripartito decidieron construir gran parte de su discurso político.
De toda aquella denuncia, el fiscal dedujo que podía haber una falsedad en el acta del pleno, no en el Plan General, y dio traslado al Juzgado de Instrucción, que abrió un procedimiento. Durante todo este tiempo, mientras la investigación judicial iba por un lado -determinar si los concejales habían sido informados de los cambios antes de votar- la propaganda política iba por otro: había habido una falsificación del PGOU con nocturnidad para favorecer oscuros intereses económicos. El juez pidió durante toda la fase de instrucción información a las instituciones implicadas y por algunas de las respuestas recibidas, que parecían más enfocadas en estirar el asunto que en resolverlo lo antes posible, resulta difícil entender cómo no llegó a perder la paciencia.
Igual de difícil resulta imaginar un ejemplo más apropiado que explicara un caso en el que la realidad hay sido forzada tan burdamente para justificar un discurso político. Mientras se hablaba de que había un caso judicial sobre la falsificación del PGOU, nada menos, lo que se investigaba es si había una falsedad en el acta en la que ese documento se había aprobado. Mientras se aseguraba que desde el Ayuntamiento se habían movido las lindes en el año 2009 lo que había era un cambio que, acertado o no, justificado o no, se había aprobado 19 años antes por un ayuntamiento gobernado por el mismo partido de quienes ahora levantaban su dedo acusador.
Ahora el juez da la oportunidad de acabar con este asunto, cuyo recorrido ya parece agotado. Por eso resulta difícil de entender ese empeño en prolongar un discurso que ha quedado desacreditado y en seguir estirando su agonía. Especialmente en estos días, en los que posiblemente nos hayamos saturado de discursos e iniciativas políticas inspiradas en fábulas.

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El ineludible destino de los prófugos
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Héctor Barbotta | 25-10-2017 | 11:41| 0
SUR 78 TRI.cdr

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Pan para hoy, hambre para mañana e incertidumbre mientras tanto. No es fácil ponerse en la piel de quienes cercados por una investigación judicial y conscientes de lo que habían hecho mientras se creían impunes decidieron poner tierra de por medio para no dar cuenta por su participación en la corrupción que saqueó a Marbella durante los años del gilismo. Más allá de las consideraciones morales, la experiencia ha terminado por demostrar que quienes decidieron escapar no han corrido, en general, mejor suerte que la de aquellos que se quedaron. Mientras que los condenados empiezan a salir de la cárcel o a disfrutar de permisos, quienes se fueron están comenzando ahora con su particular calvario judicial. Y con sus antecedentes como prófugos es muy improbable que en un corto plazo puedan disfrutar de permisos y beneficios penitenciarios.
Posiblemente las huidas hayan sido producto de un impulso primario, pero a estas alturas ya podemos concluir que convertirse en prófugo no ha sido la decisión más acertada para la mayoría de quienes eligieron la opción de largarse. El exconcejal Javier Lendínez huyó, se refugió en Bali y permaneció prófugo durante cerca de cinco años, el tiempo que posiblemente le haya durado el dinero. Al cabo de ese periodo tuvo que regresar para enfrentarse a su nutrida agenda judicial. Todavía sigue en la cárcel, sin posibilidad de permisos y con algunos juicios en agenda. Carlos Fernández, el prófugo paradigmático, consiguió permanecer escondido en Argentina durante 11 años, pero finalmente ha terminado saliendo a la luz. Aunque su defensa confía en que todos sus casos hayan prescrito, lo cierto es que un juzgado de Marbella en dos ocasiones y la Audiencia Nacional en otra han solicitado al Gobierno que pida su extradición al país sudamericano, trámite que todavía no se ha cumplimentado. Aunque llama la atención que el Gobierno todavía no haya aprobado el expediente, estando la Audiencia Nacional por medio lo lógico es esperar que se acabe pidiendo la extradición a las autoridades argentinas y que el exconcejal se siente en el banquillo.
Con más celeridad se resolvió en su día la extradición del empresario Andrés Liétor, condenado en el ‘caso Malaya’, que había puesto tierra de por medio tras conocerse la sentencia que lo condenaba a a cuatro años de cárcel y a pagar cuatro millones de euros. Líétor huyó a Venezuela, donde fue localizado gracias a la información facilitada por uno de sus antiguos cómplices. Ya cumple condena en una prisión de Madrid.
Esta semana se ha conocido otro caso, el del exconcejal del GIL entre 1995 y 1999 Esteban Guzmán Lanzat, que se encuentra ingresado en la prisión de Algeciras desde el pasado verano, cuando fue detenido apenas pisó suelo español tras regresar de Cuba. Guzmán Lanzat había permanecido prófugo en la isla caribeña, donde vive su hija, durante cinco años. El exedil se enfrenta a una condena firme de cuatro años y ocho meses por el ‘caso Minutas’, a varias condenas de alcance contable y a una acusación por el ‘caso Saqueo 2’, en la que el fiscal le pide 12 años y medio de prisión.
Guzmán podría constituir un caso emblemático entre quienes ocuparon posiciones de soldado raso en la estructura delictiva del GIL. Su firma aparece al pie de numerosas operaciones por las que tendrá que dar cuenta, pese a que, según afirman quienes le conocieron, apenas leía y escribía con dificultad cuando sus superiores lo colocaron al frente de las empresas municipales pantalla desde la que se organizó el saqueo de la ciudad. Ahora tendrá que dar cuenta por operaciones cuya comprensión seguramente escapaban a sus capacidades intelectuales pero a las que en su día avaló con su firma.
Este exconcejal es seguramente el caso opuesto al de otros dos prófugos de los procesos contra la corrupción en Marbella: Carlos Llorca y Juan Hoffmann. El primero, considerado el cerebro de una de las mayores estafas de la historia delictiva española, la de Fórum Filatélico, huyó cuando se lo perseguía por ‘Malaya’ y todavía no ha aparecido. El segundo no se presentó para cumplir la pena a la que fue condenado por ese caso y se refugió en Alemania, país del que es nacional y que se ha negado a devolverlo a España.
¿Por qué algunos pueden permitirse vivir toda la vida como prófugos y otros más tarde o más temprano acaban por volver? Posiblemente la diferencia radique en las posibilidades económicas y también en los pertrechos culturales que permiten adaptarse a una situación tan traumática como vivir escondido en otro país. La experiencia de estos personajes permite concluir que lo difícil no es escaparse, sino construir una vida desde la clandestinidad, algo para lo que son necesarios montañas de dinero o un talento especial que no todo el mundo tiene.
En Marbella se robó mucho y durante mucho tiempo, pero es difícil aventurar que todos quienes participaron en el saqueo de la ciudad hayan conseguido enriquecerse. La estructura del GIL, como todas las organizaciones mafiosas, era rigurosamente piramidal, con jefes y soldados. Los de arriba construyeron imperios, a los de abajo sólo les dio para vivir, mientras duró la fiesta, por encima de las posibilidades que su formación y sus talentos les hubieran permitido. Esa diferencia también se ha visto entre quienes llegado el momento decidieron huir. Unos y otros fueron necesarios para el saqueo. Está bien que la justicia ahora no haga distingos.

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Pesadilla
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Héctor Barbotta | 20-10-2017 | 08:38| 0

Llevamos tanto tiempo ocupados en lo urgente que no se lo estamos dedicando a lo importante. Aunque no está lejos el momento en que nos veamos obligados a cambiar de prioridades, cuando eso suceda ya no quedará mucho por hacer.
Las señales que la Tierra está dando acerca de cuáles son las consecuencias de lo que hemos hecho con ella son cada día más acuciantes. Pero son tan numerosas que ya no somos capaces de distinguir. Hay sequía, hay incendios, hay huracanes que provocan destrucción en el Caribe y fenómenos meteorológicos extraños en Europa y todo lo atribuimos al cambio climático. No se nos debería culpar por ello. La situación ha ido tan lejos que no tenemos herramientas para discernir por qué pasan unas cosas y por qué pasan otras. Es escandaloso que todos los gobiernos del planeta tengan prioridades diferentes a la necesidad urgente de cambiar de rumbo.
No hace mucho tiempo que nos vanagloríábamos de nuestro hecho diferencial climático. Teníamos días de playa a finales de septiembre o 320 días de sol al año y lo enseñábamos orgullosos al mundo como el mejor reclamo promocional. Marbella se vanagloriaba de sus dos grados menos que Málaga en verano y sus dos más en invierno, pero es posible que hasta eso esté cambiando. Hoy nadie puede estar satisfecho con haber perdido el otoño y con ver a turistas bañándose promediando octubre. Eso no es un privilegio climático, es una expresión de la catástrofe.
Los 320 días ahora son algunos más, el desierto avanza y los ríos pasan de ser cauces secos donde se acumula la basura a caudales incontrolables que se desbordan hasta que un nuevo periodo de sequía nos vuelve a hacer perder la memoria.
Aunque afortunadamente en esta parte del mundo el presidente ya se habrá arrepentido de aquella referencia a su primo el meteorólogo que pasó a los anales del cuñadismo político, en la mayor potencia del mundo sigue imperando el negacionismo. Los intereses económicos son tan potentes que ni los huracanes más devastadores son capaces de torcer las voluntades obtusas.
Parece el guión de una serie de terror futurista y nosotros, los protagonistas que ya a mitad de la temporada se han adaptado a un mundo apocalíptico. Un estudio presentado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos vaticina que en 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Ni esa cruda realidad nos compele a cambiar de hábitos ni a exigir cambios de políticas.
Somos animales de costumbres, y la única salida al nuevo paisaje parece ser la de resignarnos. La de acostumbrarnos a la pesadilla.

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Privatizados
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Héctor Barbotta | 18-10-2017 | 10:49| 0

La Junta de Andalucía encontró hace tiempo la fórmula para impedir que se le pidan cuentas por la eternización de las actuaciones pendientes y por su falta de compromiso inversor. Consistió en eliminar la presentación provincializada de sus presupuestos, que se reemplazó por una exposición general en la que las actuaciones previstas aparecen mencionadas, pero sin la cantidad correspondiente al costado. Es una fórmula difícilmente superable: presupuestos sin partidas presupuestarias.
Se trata de un sistema que ofrece varias ventajas: permite estirar hasta el infinito las partidas generalistas, evita tener que dar cuentas por partidas que no cumplen con las expectativas y da lugar a que en cada provincia se pueda anunciar el inicio o la continuidad de obras pendientes sin comprometerse en realidad a nada que vaya más allá de ejecutar una pequeña parte.
Si por ejemplo existe compromiso para construir institutos o centros de salud en varias provincias diferentes, basta con mencionar todos los proyectos en cada presentación y remitir a una partida general, de manera que el compromiso que se adquiere es igual a cero. Bastará que en ese ejercicio se haya ejecutado una mínima parte del proyecto para asegurar, sin faltar a la verdad, que se ha cumplido con el compromiso adquirido, aunque en realidad tal compromiso no exista. Así, las actuaciones pueden verse condenadas a una ejecución perpetua.
En Marbella, una de las ciudades de la provincia con menor dotación de infraestructuras públicas –hay un centro de salud por cada 50.000 habitantes y el distrito Costa del Sol es el peor dotado de Andalucía en cuanto a pediatras y médicos de familia por habitante– los presupuestos de la Junta son especialmente rácanos. Incluyen, finalmente, la construcción de un nuevo centro de salud (aunque en realidad se trata de la ampliación del ya existente en San Pedro), el proyecto de un nuevo instituto y un plan de promoción turística. Ninguna de estas tres actuaciones aparece con un compromiso inversor concreto. Es decir que si al acabar 2018 se hubiera invertido un euro en cada uno de esos proyectos, nadie podría reclamar incumplimientos.
La ciudad tiene también dos grandes actuaciones pendientes: las ampliaciones del Hospital y del Puerto Deportivo. Hace tiempo que la Junta decidió no acometer de forma directa ninguna de ellas, sino encomendarlas a inversores privados. Los dos han salido ranas y ambos proyectos están paralizados. En los presupuestos para 2018 no aparecen. Desde que la Junta decidiera privatizar esa parte de su gestión es como si el asunto no fuera con ella.

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Pensamiento único
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Héctor Barbotta | 16-10-2017 | 12:16| 0
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El cambio de gobierno tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella ha permitido confirmar algo que ya se sospechaba: hay discursos que se mantiene inalterables. No es que se mantengan inalterables porque los partidos políticos son entidades de fuertes principios que sostienen la misma posición independientemente de que en ocasiones les toque estar en el gobierno y en otras, en la oposición. No. Si fuera así habría poco que reprochar. Los discursos que se mantienen inalterables son los que hace el gobierno, cualquiera sea el partido que lo conforma, y los que hace la oposición, cualquiera sea su composición. Se comprenderá que así las cosas, el personal se mantenga en un permanente estado de confusión, de incertidumbre y, en consecuencia, de lógico desinterés por la vida política municipal.
Uno de los argumentos que más se repite cuando se produce un cambio en el gobierno del Ayuntamiento es el que remite a los cargos de confianza, los que nombra un gobierno nada más llegar para gestionar algunas cuestiones clave de la vida municipal que raramente se asignan a un funcionario o a un empleado del Ayuntamiento. Las direcciones generales en determinadas áreas (los números 2 de los concejales, para entendernos), la dirección de la comunicación municipal o la coordinación de la Alcaldía son los lugares que se suelen ocupar por personas de confianza de los gobernantes que llegan y que, cuando estos se van, abandonan, o deberían hacerlo, el Ayuntamiento.
El mal llamado juego de la política, que es en realidad una inercia en la disputa partidaria que viéndola en perspectiva no es otra cosa que una tomadura de pelo reiterativa hacia los electores, marca que todo gobernante que llega nombra cargos de confianza y todo partido que está en la oposición critica el nombramiento de esos cargos con el argumento de que se trata de casos de enchufismo. Si se recuperaran los argumentos que en su día se esgrimieron desde el PP contra el tripartito sobre el nombramiento de cargos de confianza y se utilizaran las mismas palabras, sólo cambiando el nombre de los partidos a los que se alude, por las críticas del PSOE al actual bipartito nos saldría algo asombrosamente parecido.
Es más: hace poco más de dos años el Partido Popular recurrió contra un reglamento aprobado por el Ayuntamiento en el que se sostenía el nombramiento de directores generales del tripartito. Ahora, ya en el gobierno, el PP ha anunciado que retira ese recurso para poder hacer uso de ese mismo decreto, al que se le maquillarán un par de artículos para salir del paso más o menos dignamente.
Suele haber otros argumentos en el que los partidos se prestan mutuamente los argumentarios según ocupen los escaños del gobierno o los de la oposición, pero el del enchufismo suele ser el más recurrente.
Por eso debería llamar la atención, o posiblemente en realidad no, que en el caso de enchufismo más resonante que ha tenido en sus historia el Ayuntamiento de Marbella, por volumen y cantidad, los partidos mantengan una asombrosa unanimidad. No para denunciarlo, sino para consagrarlo.
Durante los años del GIL, cuando esa organización a la que no se puede llamar partido construyó una mayoría social que le permitió controlar el Ayuntamiento de Marbella para poder saquearlo con impunidad durante 15 larguísimos años, una de las estrategias fundamentales utilizadas se basó en la contratación discrecional de trabajadores municipales. Como la legislación garantista que impera en España impide el nombramiento de funcionarios sin que los aspirantes superen un proceso selectivo en igualdad de condiciones con otros eventuales aspirantes, los cerebros grises del gilismo, encabezados por el abogado José Luis Sierra, idearon la creación de empresas municipales que bajo la coartada de la agilidad en la gestión lo que hacían era articular una estructura municipal paralela que permitiera evitar cualquier tipo de control en la gestión del dinero público. Quien quiera profundizar en cómo, de qué manera, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias se montó esa red puede recurrir al sumario y a la sentencia del conocido como ‘caso Saqueo 2’, donde viene perfectamente explicado.
Esa estructura permitió contratar servicios inexistentes, vaciar las arcas municipales sin control alguno y también disponer de los recursos públicos para la contratación discrecional de personal. Así fue como en 15 años Marbella pasó de tener poco más de 700 funcionarios a más de 3.000. Quien crea que aquello no tuvo relación alguna con las cuatro mayorías absolutas consecutivas obtenidas por el GIL durante aquellos años debería impartir un máster de ingenuidad política.
La herencia de aquellos trabajadores que entraron a la función pública por la ventana es una de las más pesadas que dejaron aquellos años nefastos.
En 2006, cuando se disolvió la corporación municipal y una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento, el entonces presidente de ese órgano, Diego Martín Reyes, intentó poner orden en el área de personal municipal pero se encontró con una férrea oposición. La entonces candidata a la Alcaldía por el PP, Ángeles Muñoz, se apresuró a anunciar que garantizaba la estabilidad a los trabajadores municipales, eufemismo con el que adelantaba que todas las contrataciones del gilismo se darían por buenas. Rápidamente el resto de los partidos se preocuparon en no desmarcarse de esa doctrina, que se convirtió en expresión del pensamiento único.
Es más, desde entonces se inició una batalla no por intentar corregir aquella injusticia histórica, que cierra las puertas por muchos años a quienes quieran acceder a la función pública municipal en justa competencia con otros aspirantes, sino a consumarla igualando el estatus de quienes fueron contratados a dedo con el de la minoría que entró a trabajar en el Ayuntamiento superando unas oposiciones.
En esto, todos los partidos que integran la corporación municipal, desde el Partido Popular hasta Podemos, fueron la más clara expresión de lo que se ha dado en llamar el ‘pensamiento único’. El argumento es que quienes hacen una misma función deben estar en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas prerrogativas. Da igual que entraran por la puerta o por la ventana.
Durante años, Gil contrató con criterios electorales y no de gestión. Mucho menos de idoneidad. Aquella estructura de personal se ha heredado y eso explica que hoy Marbella tenga un empleado municipal cada 46 vecinos y sin embargo la explicación para la falta de limpieza en las calles o para el retraso en la concesión de licencias de obra sea siempre la misma: «Falta personal».
El gilismo acabó hace 11 años y desde entonces ningún partido se ha atrevido no ya a ejecutar, sino ni tan siquiera a plantear la verdadera naturaleza de este problema.
El pasado viernes, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento, se acordó con acuerdo de todos los partidos, acelerar la equiparación salarial y la integración en la plantilla del Ayuntamiento de los trabajadores de los oales, los Organismos Autónomos Locales, herederos de aquellas empresas públicas. Es que son muchos y, al igual que en la época del GIL, siguen votando.

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¿Estamos haciendo los deberes?
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Héctor Barbotta | 10-10-2017 | 10:26| 0
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La interpretación más extendida es que en esta ocasión el termómetro al que más se suele recurrir dio señales equívocas y alimentó expectativas que no se cubrieron. Se suele afirmar que para saber cómo marchará la temporada turística no existe mejor encuesta ni estudio más acertado que analizar los resultados de la Semana Santa. Si la ocupación y el gasto en esos días han ido bien, entonces el verano se comportará igual de bien; si la Semana Santa ha ido floja, lo mejor es rebajar las expectativas ante la temporada alta.
Este año, Marbella en particular y la Costa del Sol en general arrojaron unos resultados excepcionalmente buenos entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, por lo que se preveía un verano extraordinariamente bueno. En los meses de primavera, el turismo también tuvo un comportamiento al alza, pero cuando se esperaba que agosto confirmara todo lo que se venía insinuando, los resultados reales se quedaron cortos.
No es que haya sido un mal verano, pero en los hoteles reconocen que las expectativas tan altas no se han cubierto. Muchos establecimientos, para cumplir con sus previsiones de ocupación, se vieron obligados a bajar precios porque las habitaciones no se llenaban y toda la infraestructura ya se había puesto en marcha con esa expectativa tan alta. El que falló, aseguran, fue el cliente nacional, el reaseguro de cada temporada que este año no respondió a lo que se esperaba.
¿Qué es lo que sucedió? Es posible que solamente estemos ante una situación de expectativas no totalmente satisfechas, pero algunas señales pueden estar indicando una crisis más grave que evidentemente no afecta solamente a Marbella, sino al conjunto de la industria turística.
La señal de alarma más estridente llega desde las compañías aéreas. La quiebra primero de Air Berlin y después de Monarch y las miles de cancelaciones de Ryanair, que han convertido los tickets de esa aerolínea en algo tan vinculado al azar como un billete de lotería. En los primeros años de este siglo, el turismo pareció encontrar su arca de la alianza en las compañías de bajo coste. De un día para otro y gracias a la comercialización simplificada que permitía Internet comenzaron a florecer aerolíneas que reducían el precio de los billetes mediante la fórmula de eliminar servicios para los pasajeros. Viajar se convirtió en algo más barato y también más incómodo. En poco tiempo, las nuevas compañías jubilaron a las clásicas, que sólo fueron capaces de mantenerse en las rutas de larga distancia y se vieron en la tesitura de copiar a sus rivales para poder sobrevivir en los vuelos domésticos y de media distancia. No todas lo consiguieron.
La situación que se está produciendo ahora, consecuencia de una competencia salvaje en un sector que seguramente debería estar más o mejor regulado, abre no pocas incertidumbres y el interrogante sobre si no habremos estado asistiendo durante los últimos años al crecimiento de una burbuja en el sector, alimentada artificialmente por subvenciones destinadas a dopar a algunos destinos, bajas tasas en aeropuertos remotos y reducción bestial de costes.
Por otro lado, lo que se ha venido en llamarse eufemísticamente economía colaborativa ha permitido la irrupción de otro fenómeno que no es nuevo, pero al que las nuevas modalidades de comercialización que permiten poner en contacto a quienes ofrecen y a quienes demandan servicios han disparado hasta convertirlo en un actor principal de la industria: los apartamentos turísticos.
Hasta hace no mucho tiempo podía creerse que se trataba de un fenómeno que no afectaría de manera importante a Marbella, o al menos al segmento de más alta calidad que constituye el santo y seña del turismo en la ciudad. A veces las valoraciones son apresuradas y tienden a subestimar la potencia de los nuevos productos. Este año ya se ha empezado a sentir la incidencia del alquiler vacacional también en el tramo más alto del poder adquisitivo, un enemigo inesperado que ha cogido a algunos hoteles por sorpresa. No han sido pocos los que han tenido que bajar precios para alcanzar la ocupación prevista.
Y todo ello en un momento en el que la coyuntura internacional, con muchos de los destinos competidores convertidos en un polvorín, sigue siendo favorable.
Posiblemente sea el momento de preguntarnos si más allá de aprovechar una situación internacional que nos favorece estamos haciendo los deberes para estar preparados para cuando el panorama cambie.

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Tarjeta de visita
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Héctor Barbotta | 02-10-2017 | 09:49| 0
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Puede ser porque en la ciudad ya existe una cierta gimnasia, o quizás porque la capacidad de sorpresa hace tiempo que se ha agotado en Marbella, o posiblemente porque el mundo de fútbol ya ha alcanzado una degradación moral tan avanzada que hasta cabría decir que la Guardia Civil estaba tardando. Pero lo cierto es que la operación desarrollada este martes contra una red de blanqueo de las principales organizaciones criminales rusas no ha causado el impacto que cabría esperar por la gravedad de los delitos que, según el instituto armado, se han estado desarrollando bajo la cobertura del club de fútbol de Marbella.
A estas alturas, con el presidente de la federación española tras las rejas y la mayor parte de los clubes colonizados por sinvergüenzas, oportunistas e imputados de diferente pelaje resulta paradójico que la tarjeta de visita del presidente de un club de fútbol siga sirviendo para abrir puertas en los círculos de poder cuando en rigor debería ser como un chip que automáticamente activara sirenas y levantara alertas. Sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo ante nuestras narices, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado emitido tras la operación con la que se desarticuló una red de blanqueo de las principales organizaciones criminales rusas. El presidente del club, Alexander Grinberg, asegura el instituto armado, utilizaba su cargo como tarjeta de presentación para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaban sus actividades.
Los prejuicios nunca son buenos consejeros y siempre acaban manchando a personas inocentes y por ello es saludable que nadie pusiera en duda las buenas intenciones de Grinberg cuando en 2013 cogió en sus manos un Marbella Fútbol Club que estaba en ruinas para rescatarlo y ponerlo en la senda del saneamiento económico y los triunfos deportivos.
Cuando llegó, hubo quien creyó que aplicaría una política de alocadas inversiones similar a la del jeque Al-Thani en sus primeros años en el Málaga, pero lejos de eso optó por la austeridad, la gestión ordenada y el cuidado estricto de cada euro que se gastaba. Como quien está administrando dinero que no es suyo y además no quiere llamar la atención. Quienes lo conocen de cerca aseguran que esa política de ahorro espartano en el club convivía con el derroche habitual en su vida privada.
La investigación apunta a una estrategia muy bien cuidada por parte de las organizaciones criminales que, según la Guardia Civil, tenían al presidente del Marbella como punta de lanza de su desembarco en la Costa del Sol. La estrategia consistía en comprar sociedades en ruina para reflotarlas con el doble objetivo de blanquear capitales procedentes del crimen organizado a gran escala y de ganar un prestigio social que les permitiera acceder a los círculos de poder político. Otra vez, en Marbella, el fútbol como parapeto de la criminalidad organizada.
El Marbella ni está en la elite del fútbol español ni puede albergar esperanzas fundadas de alcanzarla en un plazo más o menos corto, pero el nombre de la ciudad asociado al deporte de más implantación en el mundo es un caramelo muy goloso que seguramente la trama que ahora se ha desarticulado vio como una oportunidad cuando se decidió a desembarcar en la ciudad.
El proyecto central de la organización no era el de llevar al Marbella a competir de igual a igual con los grandes, sino el de utilizar el nombre del Marbella Fútbol Club para poner en marcha una infraestructura que apareciera como la ciudad deportiva de la entidad, pero que tenía la aspiración de convertirse en un centro de entrenamiento invernal de los clubes europeos y, según la Guardia Civil, en un instrumento de blanqueo.
Para ello la red se hizo con el club de golf La Dama de Noche, construido en 1987 sobre terrenos de dominio público hidráulico gracias a una concesión por 50 años que la sociedad MFC Sport Arena, propiedad de Roman Prokopenkov y German Pastushenko, adquirió en 2014, meses después del aterrizaje de Grinberg en el Marbella. Que la sociedad y el Marbella Fútbol Club compartieran iniciales, lejos de suponer una casualidad muestra la importancia que la trama daba al nombre que habían comprado a precio de saldo. El capital intangible de esta ciudad es un activo muchas veces despreciado en la corta distancia, pero del que se puede apreciar todo su valor a poco que se toma distancia.
El objetivo de construir una ciudad deportiva con alojamiento de alta gama fue uno de los tantos proyectos que tuvieron que quedar aparcados después de que el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010 e impusiera un impasse en todo el urbanismo de la ciudad.
Sin embargo, la construcción de los campos de fútbol sobre terrenos anteriormente dedicados al golf sí se ejecutó, en una actuación que no estuvo exenta de polémica y que señaló de qué manera, efectivamente, el fútbol abre puertas institucionales. En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Marbella tuvo noticia de que se estaban produciendo movimiento de tierras sin licencia tras una denuncia presentada por vecinos de la zona un mes antes. Las autoridades municipales no tomaron la decisión de ordenar la paralización de los trabajos hasta enero del año siguiente, cuando los campos de fútbol ya estaban construidos. En esa misma resolución se instó a MFC Sport Arena para que en el plazo de dos meses legalizara las actuaciones ejecutadas. La sociedad fue notificada de esta resolución el 18 de enero, el mismo día de la inauguración del complejo, que ha seguido en funcionamiento hasta ahora. El asunto se zanjó con una multa. Las instalaciones de la ciudad deportiva fue uno de los puntos donde la Guardia Civil realizó registros el pasado martes.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella