Ahora que tenemos motivos para quejarnos de que el poder financiero ha invadido ámbitos de decisión que deberían corresponder a la política es buen momento para recordar que hace tiempo que la política sufrió la invasión consentida del marketing, una disciplina que debería ser auxiliar pero que ante la falta de ideas, de convicciones y de valores se ha acabado convirtiendo en el núcleo de la preocupación y ocupación de la mayoría de quienes se dedican a la cuestión pública.
Comenzaron preguntándose cómo vender un mensaje y acabaron creyendo que todo el problema se reduce a la imagen, y no a las ideas o los valores que subyacen detrás de esa imagen. Basta con repasar muchas de las reacciones a las que hemos asistido tras los hechos de Casares: la alcaldesa, preocupada por la imagen que los periodistas estaban transmitiendo de su pueblo, sobredimensionando, según parece, el hecho banal de que el Ayuntamiento estaba siendo sometido a un registro policial; los concejales de la oposición, manifestando su preocupación por la imagen que iba a proyectar su pueblo a causa de esta operación, no porque la imagen fuese el reflejo de una situación por la que había que preocuparse; la agrupación local de Izquierda Unida, atribuyendo todo el asunto a una campaña mediática contra el exalcalde Juan Sánchez, como si su encarcelamiento fuese fruto de la afiebrada imaginación de un cronista.
Posturas todas salidas de una concepción marketinera de la política, una actividad que parece definitivamente instalada más allá de la epidermis ante la falta de ideas, valores y hasta de sueños.
La actitud que la alcaldesa de Casares y muchos de sus compañeros de IU hacia quienes informaban del caso ha sido tan agresiva, tan absurda en su estrategia de negar la evidencia de los hechos, tan nítida a la hora de exhibir la debilidad de sus convicciones democráticas y tan burda en su mal disimulada estrategia de defender atacando que casi podría haberse leído como una confesión colectiva. El derecho de Juan Sánchez a la presunción de inocencia –avalado, debe decirse, por una trayectoria de 30 años – no merecía defensores tan torpes.
Si el caso de Casares hubiese estallado algunos años atrás en los programas de televisión se las hubiesen ingeniado para que el nombre de Marbella apareciera por algún lado. Casares está dentro del ámbito de influencia de Marbella; el exalcalde detenido fue hasta hace bien poco presidente de la Mancomunidad, con despacho en Marbella; el propio argumento –intervención policial en el Ayuntamiento, exalcalde detenido en su casa, favores urbanísticos, trama de blanqueo, billetes de lotería sospechosos–parecía el de un ‘remake’ de una película que ya hemos visto. Sin embargo, Marbella no ha sido nombrada en ningún lado y posiblemente sea apresurado atribuirlo solamente a que la reputación de la ciudad ha mejorado en los últimos años. La pendiente ha ido más en el sentido contrario: todo el país ha descendido hasta el lugar donde Marbella se situó en 2006. Hablar hoy de marbellización cuando tenemos expresidentes autonómicos, alcaldes de todos los pelajes y hasta miembros de la Familia Real dando explicaciones en los juzgados sería un acto de hipocresía difícil de digerir.
Aún así, no es el momento de consolarnos por el mal generalizado, sino de empezar a ver si nos tomamos en serio este asunto. Desde que la ‘operación Malaya’ levantó la veda de impunidad en las instituciones públicas, la estadística de la provincia es demoledora. En seis años han sido detenidos alcaldes o exalcaldes de Marbella, Estepona, Manilva, Casares, Alcaucín, Almogía, Alhaurín el Grande…, sin contar los acusados, imputados, juzgados o condenados que se han salvado de los grilletes. Alguien podría decir desde Marbella «¿Habéis visto? No éramos nosotros, eran todos». Pero la lista es demasiado larga y el argumento demasiado pobre como para que nadie pueda hallar ahí algo de consuelo.
La prueba de que el problema está tan extendido es el perfil cultivado por el exalcalde Juan Sánchez, que hacía esperar cualquier cosa menos esto. Motivo por el que no pocos deseen plantarse delante y preguntarle: ¿Tú también, Juan?
Si los investigadores del ‘caso Majestic’ van bien encaminados, las personas que se pueden sentir no solo sorprendidas por la detención del exalcalde de Casares Juan Sánchez, sino también engañadas durante años ante su calidez, franqueza y sencillez podrán contarse por cientos o por miles. Y quizás sea oportuno confesar que esa frase bien podría estar redactada en primera persona.
No se trata de abolir la presunción de inocencia, todo lo contrario, y mucho menos antes de escuchar al propio afectado, pero desde que saltaron las alarmas del ‘caso Malaya’ han pasado tantos alcaldes, exalcaldes o concejales bajo los flashes de las cámaras, camino primero del juzgado y después de la cárcel, que sorprende que en los ayuntamientos no exista un protocolo de cómo actuar ante situaciones como ésta.
El escenario no es nuevo y se ha repetido ya demasiadas veces en los seis últimos años. La policía o la Guardia Civil irrumpen en un ayuntamiento, lo cierran a cal y canto y comienzan el registro; simultáneamente se presentan en la casa de un político relevante y se lo llevan detenido; al cabo de un día entero empaquetan papeles y ordenadores con información urbanística; el detenido declara ante el juez y duerme en una celda. Comenzado en Marbella hace seis años y sumando de memoria sale una cifra que debería, al menos, inquietarnos: Cerca del diez por ciento de los municipios de la provincia de Málaga ha tenido un alcalde entre rejas. En estos días que se habla tanto de países que hacen cuentas para ver si pueden seguir en Europa deberíamos preguntarnos si uno de cada diez alcaldes presos es una cifra que nos permite situarnos no ya en niveles europeos, sino siquiera en un ranking de civilización democrática.
Con tanta experiencia acumulada llama la atención la torpeza con que la alcaldesa de Casares manejó toda esta situación: primero negó la detención de Juan Sánchez y se permitió reconvenir a los medios exigiéndoles ‘objetividad’, después calificó de barbaridad lo que se estaba publicando acerca de la operación, al día siguiente, con un pleno ya programado, se negó a abordar el asunto en la sesión pública y convocó a una reunión a puertas cerradas para explicarl la situación solo a los ediles. Comportándose, igual que muchos de sus colegas de todos los colores, como si el Ayuntamiento fuera suyo. Concepto equivocado y extendido donde reside el origen de todo el problema.
En la época, tan reciente y sin embargo tan lejana, en la que confundimos la burbuja inmobiliaria con una prosperidad genuina, hubo algunas voces que advirtieron como quien predica en el desierto sobre el enorme daño social que causaban las operaciones de blanqueo de dinero que se producían en toda la costa mediterránea y, singularmente, en Marbella.
El blanqueo es un delito cuyos damnificados no resultan fáciles de identificar si no se aborda el problema desde el punto de vista adecuado. Está claro que los primeros damnificados son las víctimas del delito original con el que se obtuvo ilícitamente el dinero que se introduce en el circuito legal. Pero, ¿existen víctimas del acto mismo del blanqueo? ¿Quiénes son?
La respuesta es simple y destroza el argumento tramposo, tan utilizado en época de crisis, de que da igual de dónde venga el dinero siempre y cuando llegue para crear riqueza. Los grandes volúmenes de dinero negro que entraron en el circuito legal mediante inversiones inmobiliarias –y en Marbella seguramente hay urbanizaciones enteras levantadas al albur de esta práctica– contribuyeron seguramente más que ningún otro factor a inflar artificialmente los precios de la vivienda y a endeudar de por vida a miles de familias que ahora no saben cómo salir de la trampa en las que quedaron atrapadas. Ellas son las víctimas del blanqueo.
Hoy, que el mercado inmobiliario parece más una ilusión que algo real y que hasta los propios bancos que participaron el desastre despiertan demasiado tarde de sus sueños sustentados en ingeniería contable llega el momento de reconocer que la prosperidad no era tal y también de tasar con ajuste a la dolorosa realidad el valor de las propiedades
Mientras no se haga, la compra-venta de inmuebles seguirá parada, y eso es algo que están sufriendo en carne propia algunas instituciones, lo que no constituye ningún consuelo. Esta semana hemos sabido que la Junta de Andalucía ha vuelto a sacar a la venta la antigua sede de Urbanismo –precisamente el lugar físico en el que se pergeñaron algunas de las operaciones a las que nos referíamos algunas líneas más arriba– después de que la subasta en la que intentó venderla quedara desierta. Ahora ha cambiado el procedimiento y se hará mediante una enajenación directa.
Acuerdo
La Junta consiguió la propiedad de este inmueble tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, que se lo cedió como pago de los primeros plazos de la devolución del préstamo de 100 millones de euros que la Administración autonómica concedió a la local en abril de 2006.
En la cesión, el inmueble, situado en la avenida Ricardo Soriano y compuesto de tres locales y cinco garajes, fue valorado en 4,92 millones de euros, y es posible que el Ayuntamiento haya hecho un buen negocio con la tasación, que le permitió rebajar esa cantidad de la deuda acumulada.
Pero es que el propio Ayuntamiento, que también está intentando convertir algunos de sus edificios en dinero contante y sonante para aliviar su desesperada situación económica, tampoco consigue compradores. Esta semana ha tenido que rebajar el 10 por ciento del precio de 681.000 euros en los que había valorado la antigua sede de la delegación de Servicios Sociales, que también sacó al mercado sin que aparecieran interesados. El Ayuntamiento también tiene pendiente de vender el edificio Marbella Forum, situado en plena Milla de Oro y donde funciona la televisión y la radio municipales , que ha sacado a subasta por 4,8 millones de euros.
Hay quien opina que deshacerse de propiedades inmobiliarias para pagar gasto corriente es pan para hoy y hambre para mañana, pero la situación es tan grave que posiblemente no deja margen para pensar en mañana.
Hasta Juan Antonio Roca, que quiere pagar los 24 millones de indemnización al Ayuntamiento previstos en la sentencia del ‘caso Saqueo’ para poder acceder a beneficios penitenciarios, ante la falta de liquidez ha tenido que recurrir a inmuebles. Ha ofrecido cuatro propiedades y está a la espera de que el Ayuntamiento las valore y acepte. Si se alcanza un acuerdo, la propiedad pasará directamente al Estado para rebajar la cuantía de la deuda municipal con Hacienda y la Seguridad Social.
También las cosas han cambiado para Roca. Tantos años manejando maletines para acabar depositando todas las esperanzas de un permiso carcelario de fin de semana en una operación de trueque. Eso sí que es un síntoma, una metáfora y hasta un consuelo.
No es la primera vez que un alto cargo dela Magistratura de este país disfruta de fines de semana a todo tren en Marbella pagados con cargo al erario público. Por aquí todavía se recuerdan, no sin bochorno, las célebres jornadas judiciales con las que en sus primeros años como alcalde Jesús Gil agasajaba a los más poderosos representantes del estamento judicial a golpe de marisco y hospedaje de lujo todo incluido para engrasar las relaciones de alto nivel que después remataba en el palco del Calderón y que le permitieron saquear impunemente esta ciudad durante más de una década.
El caso de Carlos Dívar, denunciado por haberse pagado con dinero público escapadas de lujo a Marbella, la misma ciudad a la que los jueces abandonaron a su suerte durante ese tiempo, podría ser el gran escándalo del año, pero desafortunadamente solo apunta a ser el gran escándalo de la semana, hasta que salte otro que tape al anterior. Y así.
Nuestra atención hacia cómo se utiliza nuestro dinero en las instituciones públicas es tan despreocupada que dejamos casi sin irritarnos que cualquiera que acceda a una administración disponga de él como si fuera suyo. No ya los políticos, que nos tienen acostumbrados a hacerlo sin dar explicaciones o, lo que es peor, dando explicaciones que sería mejor que no dieran; no ya los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes, como estamos viendo. La apropiación del dinero de todos parece ser una tentación para cualquiera que lo tenga a su alcance.
Y así seguirá siendo mientras los dueños del dinero, los ciudadanos, no pongamos coto a los abusos. En Estepona, mientras se investiga a una empleada municipal como sospechosa de haber distraído 200.000 euros de las cuentas municipales sin que nadie se diera por enterado durantetres años, acaba de saltar el caso de otro trabajador que hace dos años se quedó con el dinero de una multa. Que el empleado en cuestión sea delegado sindical no debería ser considerado un agravante, sino una demostración de que el virus ha contaminado ya al organismo completo.
Por eso no debe extrañar que ahora se esté planteando con absoluta normalidad utilizar dinero público para rescatar el experimento de Bankia. Eso sí, la cosmética ha obligado a decirle a Rato que cobre lo suyo y se vaya. Es el precio que debe pagar por haber vivido por encima de nuestras posibilidades.
La ciudad se ha encontrado esta semana con que el mes puede acabar con dificultad para el pago de las nóminas del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha congelado la llegada de dos millones de euros a las cuentas municipales provenientes de los fondos PIE (Participación en los Ingresos del Estado) y la alcaldesa se ha apresurado a advertir de que sin esa transferencia las cuentas municipales que permiten un normal funcionamiento de la Administración local no cuadran. Ha hecho especial hincapié en las nóminas, cuyo montante mensual es de unos diez millones de euros.
Si hubiese que atribuir la decisión de bloquear la transferencia al flamante gobierno de la Junta de Andalucía, la señal no podría ser más pesimista. Sería un pésimo comienzo para el equipo que se hará cargo a partir de mañana de la Administración autonómica.
Pero como el desánimo es lo último que en una situación como ésta podemos permitirnos, optemos por creer que el acto de hostilidad ha sido el último del gobierno andaluz en funciones que ya ha pasado a la historia y pensemos que a partir de ahora, con un ejecutivo que tiene cuatro años por delante, la confrontación en ambas direcciones dará paso a una política de mutua colaboración, aunque la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, responsable última de la decisión en el anterior gobierno sigue al frente ahora de esa responsabilidad. Mantiene mando en plaza, seguramente sin cambiar de criterio.
La decisión de congelar la transferencia está fundamentada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de un compromiso financiero: el pago del plazo correspondiente al primer trimestre de este año previsto en un acuerdo firmado en 2010 para la devolución en diez años del préstamo de 100 millones que la Junta hizo a la ciudad cuando en 2006 se disolvió el Ayuntamiento. La institución municipal tenía que abonar 1.850.000 euros el pasado 20 de marzo, y como no lo hizo, la Junta ha bloqueado la transferencia que, aunque viene del Estado, pasa por sus cuentas antes de llegar a los ayuntamientos.
¿Tiene fundamento legal la Junta para obrar de esa manera? La respuesta la darán los tribunales si, como es previsible, el Ayuntamiento de Marbella lleva el asunto a los juzgados.
¿Tiene explicación desde el punto de vista financiero? Sin duda. Si la situación de las cuentas municipales es comprometida, las de la Junta de Andalucía no están en un estado mucho mejor. Ahí puede comenzar a encontrarse una explicación de la decisión asumida, con todo lo triste, preocupante y poco edificante que resulta para los ciudadanos ver a dos administraciones públicas peleándose por su dinero (el de los ciudadanos, no el de ellos), en lugar de esforzarse en llegar a un acuerdo.
Si las negociaciones sobre este asunto se desarrollaron tal y como las relató Ángeles Muñoz en su comparecencia del pasado viernes –y no hay por qué creer que no fue así a la luz de la negativa de los responsables de la Junta a dar su explicación sobre el tema más allá de admitir que, efectivamente, los fondos han sido bloqueados–, lo que subyace tras la decisión es poca voluntad de entendimiento y una prisa desesperada de ir a por el dinero.
Resulta muy ilustrativo que la Junta de Andalucía encuentre vericuetos legales para aplazar el abono de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento por el impago de impuestos municipales –vaya ejemplo que se da a los ciudadanos– y se muestre inflexible a la hora de quedarse con los fondos de un ayuntamiento en dificultades.
La desesperación –o seguramente sea más justo decir la dificultad para pensar en el medio plazo ante la necesidad de resolver lo inmediato– que han mostrado los responsables de la Junta para quedarse con los dos millones de euros cuya falta pondrá en aprietos al Ayuntamiento de Marbella no debe ser muy diferente a la que llevó a Ángeles Muñoz a firmar en 2010 un acuerdo con la consejera de Economía que contemplaba la devolución total del préstamo en 2020. El acuerdo preveía que Marbella pagara 550.000 euros al trimestre durante 2010, 650.000 al trimestre en 2011, 1.850.000 euros al trimestre durante este año, 3.050.000 euros al trimestre el año próximo… y así en progresión hasta alcanzar los siete millones y medio de euros al trimestre en 2020, año en el que la deuda quedaría saldada.
La alcaldesa sabía entonces, como sabe ahora, que el Ayuntamiento no podría hacer frente a ese compromiso cuando la cuota trimestral pasara de los seis a los siete dígitos. Pero en sus planes no figuraba el incumplimiento del compromiso rubricado, sino tener a estas alturas a un compañero de partido con mando en la Junta con quien sentarse para renegociar la deuda como ya lo hizo con Cristóbal Montoro para refinanciar lo que Marbella debe al Estado. El resultado de las elecciones autonómicas destrozó esos planes y el Ayuntamiento, más allá de las dificultades que afrontará este mes, se encuentra ante la necesidad de tomar decisiones.
Se puede mantener el equilibrio presupuestario a base de malabarismos durante un tiempo si se divisa una perspectiva de cambio en un horizonte a medio plazo. Pero ya no estamos en esa situación, y por lo tanto los malabarismos deberían dar lugar a la toma de decisiones. Aplazar la resolución de los problemas lo único que hace es agravarlos.
Bastó conocerse que Izquierda Unida controlaría la Consejería de Turismo para que afloraran temores atávicos. Muchos de quienes recordaron prejuicios de algunos dirigentes de IU frente a la clase de turismo en la que Marbella destaca mostraron prejuicios de factura propia, olvidando la lógica de que si el comunismo está agotado el macartismo debe estarlo también.
Más allá de las reservas ideológicas que legítimamente cualquiera tiene derecho a mantener en relación con la adscripción del nuevo consejero, no debería olvidarse que la fuerza a la que pertenece ha estado siempre en primera línea frente al vaciamiento y el cierre de los hoteles de cinco estrellas de Marbella y en defensa de sus puestos de trabajo. No es mal punto de partida.
Por eso, alguien debería explicar por qué alguien de IU al frente de Turismo va a ser peor para la Costa del Sol que alguien del PSOE.
El nuevo consejero merece una oportunidad al margen de prejuicios. Y lo inteligente es dársela.
Uno puede estar más o menos de acuerdo con la utilización demagógica que los grupos radicales del conservadurismo norteamericano hagan del asunto, pero no por ello deja de causar admiración que las cuentas del viaje de Michelle Obama a Marbella hayan salido a la luz con inhabitual precisión: 213.124 dólares en horas de vuelo, alojamiento y manutención del personal del avión y 254.461 dólares en gastos de seguridad. Y cada uno de estos apartados con las cantidades desagregadas hasta el último detalle.
Que un grupo de radical oposición al gobierno norteamericano, como es el caso de ‘Judicial Watch’, haya conseguido –tras una demanda presentada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y apelando a una ley federal ante el Servicio Secreto– tener acceso a las cuentas oficiales del viaje no solo pone en evidencia lo lejos que todavía estamos a este lado del Atlántico en materia de transparencia sobre lo que suponen para las arcas públicas los viajes oficiales y no oficiales de nuestros representantes políticos, empezando por el jefe del Estado y terminando por los concejales de Turismo. También constituye un ejemplo de la consideración que el dinero de los contribuyentes tiene para la sociedad de Estados Unidos. En eso también estamos lejos.
El contraste resulta doloroso. Y no solo por la opacidad en el manejo de las cuentas públicas que volvió a salir a la luz en el accidentado último viaje del Rey, lo que no deja de ser una anécdota, sino, sobre todo, por la alegría con la que vemos que continuamente, aún en momentos económicamente dramáticos, se utiliza el dinero de todos.
La diferencia consiste en considerar que el dinero público es precisamente de todos, y que por lo tanto la sociedad tiene derecho a saber en qué se gasta –y cómo y quién controla su destino– o actuar como si ejercer un cargo público diera derecho a patrimonializar esos recursos, a utilizarlos discrecionalmente sin dar cuentas o, lo que es peor, a no asumir responsabilidad sobre su destino.
En las últimas semanas hemos tenido noticia de que en Estepona han desaparecido 200.000 euros de la caja del Ayuntamiento. La investigación apunta a una empleada municipal y a un modus operandi sencillo. Se cobraban tasas en efectivo por diferentes servicios y el dinero nunca entraba en las cuentas municipales. La investigación apunta a que el asunto comenzó en 2009 con cantidades pequeñas y fue aumentando a medida que la sospechosa comprobaba que los controles brillaban por su ausencia. Así hasta sumar los 200.000 euros.
Con más de un millar de trabajadores en nómina, lo alarmante no es que haya aparecido una presunta sinvergüenza. Eso puede suceder incluso en las mejores familias y no criminaliza a nadie más que a la persona directamente responsable.
Pero lo que sí es preocupante y funciona como descripción no ya de una época sino de una criterio acerca de qué es el dinero público, es que hayan tenido que transcurrir tres años y un cambio en el gobierno municipal antes de que un sencillo control pusiera en evidencia el desfalco.
El hecho de que no exista una extendida conciencia social acerca de qué es y de dónde sale el dinero público solo es una parte del problema. La otra parte, derivada del anterior, es que hay demasiados cargos electos que ejercen su responsabilidad sin tener en cuenta que custodiar el buen uso de ese dinero es su principal obligación.
Durante demasiados años llegar a una administración pública ha significado para los cargos políticos la oportunidad de ejercer la generosidad y la filantropía. Pero no la generosidad con el dinero propio, sino con el ajeno.
Hubo una minoría de delincuentes que fueron generosos consigo mismos. Pero hubo otros, la mayoría, que la ejercieron en su entorno como una manera de perpetuarse en el poder y así poder seguir siendo generosos y alimentando una rueda que ha llevado a las administraciones a su actual situación de ruina.
Algunas de estas situaciones se dirimen hoy en los juzgados. Otras se intentan corregir en los despachos renegociando situaciones de privilegio que las arcas públicas ya no pueden seguir sosteniendo y que resultan ofensivas para quienes sufren recortes en sus trabajos y en sus empresas o que se han quedado ya sin empresas o sin trabajo.
Hubiera sido mejor que nos hubiésemos percatado de que el dinero público es de todos por una simple cuestión de conciencia cívica. Lamentablemente ha sido la crisis la que ha venido a enseñarnos la lección. Está en nosotros aprenderla.
Cuando en Apocalypse Now, el capitán Willard, interpretado por Martin Sheen, llega finalmente hasta el inmortal coronel Kurtz creado por Marlon Brando, ambos militares mantienen una de las conversaciones más memorables en la historia del cine. El escenario es un paisaje dantesco en la frontera camboyana con Vietnam, y Kurtz se justifica: «Una acusación de asesinato en este lugar es como una multa por exceso de velocidad en el circuito de Indianápolis».
No hay comparación posible con la locura asesina del siniestro personaje de aquella película, pero resulta inquietante cuando se sanciona a alguien por hacer lo que se espera de él y las explicaciones, lejos de ser contundentes, solo aportan confusión. Multar a un piloto de carreras por ir muy rápido, castigar a un juez por reparar una injusticia, expedientar a un policía por realizar una investigación son represalias que para el observador menos avisado parecen contrasentidos. Aún cuando, como en este caso, la investigación haya llegado hasta donde alguien no quería.
Marbella se ha vuelto a quedar sin comisario, el quinto que se va en solo seis años, pero esta vez los ciudadanos en general y los vecinos de la ciudad en particular tienen derecho a que se les explique algo más. Nunca antes como ahora las causas del relevo en un puesto clave para el buen funcionamiento de la ciudad han sido más opacas ni han estado envueltas en episodios más confusos.
Interior anunció esta semana mediante un comunicado que la Dirección General de la Policía mantiene abierta una investigación interna «para averiguar y exigir responsabilidades» a quien ordenó la investigación al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, de quien se ha sabido su vinculación con un ático de lujo en Guadalmina que difícilmente ha podido pagar con sus ingresos conocidos.
Como resultado de esta investigación, hay un expediente abierto al hasta hace unos días comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios Herrero, quien fue relevado de su cargo. Más allá de que tanto el expediente como el traslado fueron solicitados por el propio afectado, resulta preocupante que una investigación que ha llegado hasta un alto cargo político sea el motivo esgrimido para relevar de un puesto clave –no sabemos si clave para el ministro del Interior, pero desde luego sí clave para los vecinos de Marbella– a un funcionario que apenas ha tenido un año para realizar su trabajo.
Sobre todo porque en los últimos meses ha habido rumores insistentes sobre la destitución de Hermes de Dios. Una destitución mil veces filtrada y nunca confirmada hasta que al final las filtraciones han coincidido con la realidad. Los relojes que no funcionan dan dos veces al día la hora exacta.
El rumor anterior explicaba la inminente destitución del comisario en el supuesto trato de favor hacia un allegado al jeque Al-Thani en la obtención del Número de Identificación de Extranjeros, un trámite sencillo para el que solo es necesario guardar cola en la comisaría.
La insistencia de estas filtraciones, mucho antes del incidente de la investigación del piso de Guadalmina, no hizo más que poner al descubierto que el comisario de Marbella carecía de amigos en la Comisaría Provincial de Málaga, o que al menos había sucedido algo que le había hecho ganar enemigos.
Más tarde surgió la investigación del piso que resultó ser del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y por lo tanto, aforado. El expediente deberá resolver si la investigación la hizo el comisario por su cuenta, extremo que él mismo niega, y si el objeto era el ático o su aparente propietario oculto tras una trama de sociedades. No es lo mismo investigar a un aforado que tiene un inmueble, que investigar un inmueble que resulta ser de un aforado. Si es así poca responsabilidad se le puede achacar al investigador, quien tampoco debe ser responsable de que las pesquisas hayan revelado que la trama tiene ramificaciones en Colombia.
Meses atrás, efectivos policiales que estaban suspendidos de empleo y sueldo debido a su imputación en una causa judicial fueron sorprendidos en Marbella realizando labores de seguridad privada, actividad que les está expresamente vedada. El comisario tramitó esa denuncia por los cauces reglamentarios pese a haber recibido, según aseguran algunas fuentes, sugerencias para que no lo hiciera.
Es difícil encontrar dónde está el origen del relevo, destitución o cese que ha vuelto a dejar a Marbella sin comisario, pero son demasiados los episodios que deberían ser explicados.
En todo caso, alguna información que llegó hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, debe de haberlo molestado muchísimo. No es habitual que el ministro responsable de las fuerzas de seguridad acuda a una boda en Marbella, como sucedió días atrás, y no reserve unos minutos para ver al comisario de la ciudad. Incluso que se suspenda una visita a la comisaría que ya había sido programada.
Posiblemente el mando relevado deba dar explicaciones en su institución. Pero con cinco comisarios en seis años, el Ministerio del Interior le debe una explicación a Marbella y a sus ciudadanos.
El gusto del Rey por Mallorca como único lugar de vacaciones, al menos de sus vacaciones de verano o, quizás sea más correcto decir, de sus vacaciones públicas, nunca cayó bien en Marbella, donde vecinos y empresarios se preguntan una y otra vez qué hay que hacer para que el monarca se deje ver por la ciudad.
No ha hay caso: no viene ni cuando le toca –le tocaba con la visita de Michelle Obama, pero la hizo viajar hasta Palma solo para comer– o viene y no se deja ver, como cuando se reunió con el rey Fahd en la última visita de éste, una entrevista de la que solo se guarda recuerdo por una foto filtrada por la Casa Real saudí.
Don Juan Carlos no es el único representante institucional que considera equivocadamente que una visita a Marbella atentaría contra su imagen. Solo es el más importante. En la ciudad no es raro ver a Felipe González, a José María Aznar o a Rodríguez Zapatero. Pero ahora que ya están retirados, porque cuando eran presidentes venir no se les pasaba por la cabeza. Como al Rey se le ha visto esta semana más cerca que nunca de la abdicación, hubo quien especuló con que si daba el paso de abandonar sus obligaciones institucionales sí sería posible verlo en Marbella. Pero no. El país no está para una abdicación, que es como se llama a la dimisión real, y Don Juan Carlos ha preferido pedir disculpas y prometer que no volverá a ocurrir.
Si los reyes aceptaran preguntas quizás alguien le hubiese rogado una aclaración: ¿Qué es exactamente lo que no volverá a hacer? ¿Irse sin avisar a cazar? ¿Irse sin avisar a cazar un especie en peligro? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario extranjero? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario extranjero mientras el Gobierno pide e impone sacrificios a los ciudadanos? ¿O todo lo anterior y además sufrir un desafortunado accidente que lo deje en evidencia?
No sabemos exactamente por qué se ha disculpado, ni qué es lo que no volverá a ocurrir, pero al menos sí sabemos que se ha disculpado, y el gesto de las disculpas (tan inusual en nuestra vida institucional), delata que de momento no habrá abdicación. Don Juan Carlos seguirá en activo, y por lo tanto sin venir a Marbella.
Cinco años después de llegar al gobierno municipal, Ángeles Muñoz puede presumir de haber encontrado la solución para el mayor problema heredado de los gobiernos de la era GIL. Más que el desastre urbanístico, más que un ayuntamiento con una plantilla desproporcionada y engordada a golpe de enchufe, más que el desprestigio causado después de que gran parte de la conciencia colectiva de este país asociara, no sin motivos, el nombre de la ciudad a todo lo que tuviera que ver con lo hortera y lo corrupto, más que todo eso, el peor problema legado por los saqueadores a la ciudad era la inviabilidad económica del Ayuntamiento.
Quizás sea oportuno recordarlo. Cuando se disolvió la corporación municipal, hace seis años, no había dinero para que la institución siguiera funcionando, y durante los 14 meses de la gestora lo hizo gracias a un crédito de la Junta de Andalucía de 100 millones de euros. Ello permitió que se pagaran las nóminas y que los camiones de basura salieran puntualmente todas las noches, pero agravó a largo plazo una situación financiera terminal.
Cuando ahora se ve lo que está pasando en ayuntamientos como el de Jerez, donde casi la mitad de los funcionarios tendrán que irse a la calle, o el de La Línea, con sus empleados sin cobrar una nómina durante ocho meses, cabe preguntarse si en estos años, pagando intereses de una deuda con el Estado de 267 millones de euros y sin retrasos en los sueldos, lo que ha habido es una meritoria gestión de las cuentas municipales o un milagro financiero.
El Gobierno presentó esta semana en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que, de acuerdo a la situación económica que vive el país, anuncian tiempos difíciles. Los recortes serán generalizados, tocan a todas las carteras y a todos los sectores. Por citar solo lo que más afecta a esta ciudad, no habrá dinero para saneamiento, ni para playas, ni para promoción turística, aunque la lista de recortes es tan amplia que excede el ámbito de esta columna.
En medio de estos presupuestos dramáticos –que solo parecen perseguir el objetivo del déficit aún a costa de cualquier otro objetivo y que no les gusta ni siquiera a quienes los hicieron pero mucho menos a quienes los sufrirán– Marbella aparece como la gran triunfadora. Donde la mayoría ve una perspectiva de zozobra, la ciudad se ha encontrado con un salvavidas.
No por la partida para prolongar el Cercanías –la experiencia aconseja ser cauto, ya son muchos años de brindis al sol con este asunto–, ni tampoco por los 17,5 millones para concluir el soterramiento –nadie en su sano juicio hubiese apostado porque una obra ejecutada a más del 90 por ciento no se rematase o quedara sin pagar–, sino por el acuerdo incluido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que permite aplazar 40 años la deuda millonaria con Hacienda y la Seguridad Social.
Doble victoria
La gestión que la alcaldesa ha venido realizando con los miembros del Gobierno, aun antes de que fueran Gobierno, ha conseguido una doble victoria. Primero, la propia ampliación del plazo a cuatro décadas, lo que da al Ayuntamiento un margen financiero que ni los más optimistas podían prever. La deuda se irá saldando mediante descuento de las transferencias de la participación de la ciudad en los ingresos del Estado con un interés del uno por ciento, cinco veces menos de lo que se venía pagando hasta ahora.
La segunda parte del acuerdo es la más importante y seguramente hará innecesario el apartado anterior. Que el Estado acepte en pago los derechos a indemnizaciones que Marbella vaya obteniendo a en sentencias firmes dictadas por los tribunales es lo que realmente da a la ciudad una perspectiva cierta de respiro financiero. Porque frente a esa deuda de 267 millones de euros, la ciudad ya ha conseguido que se le reconozca en los tribunales, en 18 sentencias ya firmes, el derecho a cobrar 47 millones de euros. Y hay otros 217 millones correspondientes a una treintena de condenas sobre las que aún cabe recurso, pero que si todo transcurre como cabe esperar serán firmes en un tiempo, por lo que podrán sumarse a la cantidad anterior. Entre estas últimas se encuentran la del ‘caso Minutas’ y otras dos del Tribunal de Cuentas contra Julián Muñoz y contra los herederos de Jesús Gil, respectivamente.
Y aquí es donde se llega a un aspecto no reflejado explícitamente en la Ley de Acompañamiento, seguramente alejado de las preocupaciones, al menos prioritarias, de la negociación entre el gobierno municipal y Hacienda, pero que puede suponer una reparación suplementaria para la ciudad.
Marbella sufrió una doble estafa. Primero cuando fue saqueada, después cuando muchos de los saqueadores se declararon insolventes una vez condenados. De hecho, la ciudad solo ha podido recuperar poco más de un millón de euros, de los que 800.000 fueron gracias a un acuerdo judicial con Juan Antonio Roca.
Ahora, al traspasarse los derechos de cobro de las indemnizaciones de la ciudad al Estado, el acreedor de los condenados deja de ser el Ayuntamiento y pasa a ser Hacienda. Y a nadie se le escapa que no es lo mismo tener una deuda con Hacienda, con un ejército de inspectores y con todos los medios a su disposición, que tenerla con el Ayuntamiento de Marbella. Es posible, y deseable, que muchos de los insolventes dejen de serlo si Hacienda pone empeño en ello. No hay, en este caso, amnistía fiscal en el horizonte.
Argumento histórico
Habrá quien pueda argumentar que con esta solución para la deuda municipal ha habido un trato de favor hacia Marbella del que no han disfrutado otros municipios en situación similar. A no dudarlo: al Gobierno comenzarán a caerle en cascada los reclamos para acogerse a soluciones similares por parte de otros ayuntamientos que esgrimirán el argumento del agravio comparativo.
Pero es que en favor de Marbella existe un argumento histórico exclusivo de peso: se trata de la única ciudad cuyo ayuntamiento fue disuelto. El Estado adoptó en su día, con media corporación tras las rejas, una solución política excepcional para dar respuesta a una situación insostenible. Ahora, también desde la política y por parte de un gobierno de signo diferente, ha adoptado una solución económica también excepcional ante una situación igual de insostenible. Y sino, a ver qué ciudad puede aportar sentencias judiciales en su favor con indemnizaciones por más de 217 millones de euros.
Argumento, que por cierto, también desmonta, aunque demasiado tarde, la justificación política, que no moral, que encontraban en su día no pocos votantes del GIL. ‘Todos roban, pero estos roban y hacen’. Hoy ya sabemos que aquello era una gran mentira. Nadie robó tanto como ellos. Ahora está más cerca la hora de que tengan que devolverlo. Será Hacienda quien se los reclame.
Sabrá disculpar el lector este exceso de optimismo.
