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Semana decisiva
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Héctor Barbotta | 12-06-2018 | 10:50| 0
fondeado

 

Por suerte para la economía de esta ciudad y por desgracia para aquellos a quienes les gusta disfrutarla sin agobios, el verano en Marbella comienza antes que en muchos otros lugares. Hace ya semanas que se ven turistas por las calles y en cafeterías y restaurantes, y cuando acabe el Ramadán, el jueves que viene, seguramente su presencia será más notable todavía. El prólogo a otro verano de lleno total. Para entonces la negociación del convenio de hostelería habrá entrado en su etapa decisiva.

Todavía no se ha llegado a esa situación en que la tozuda realidad obliga a abjurar de la obligación de ser optimista, pero la temporada alta no parece este año acercarse de la mejor manera. La amenaza de huelga en pleno verano empaña unas previsiones de ocupación acordes con el auge de los últimos años. Un poco mejores, incluso. Las previsiones, sin embargo, se pueden quedar en eso si la huelga pasa de la advertencia a los hechos.

Aunque las alarmas se han levantado con razón, no es ésta la primera vez que una amenaza de huelga cubre con nubarrones el inicio de la temporada estival. No debe desestimarse la posibilidad de que la medida de fuerza finalmente se concrete, pero tampoco hay por qué olvidar que todo esto forma parte de un órdago, de una herramienta legítimamente utilizada en mitad de una negociación. Sin embargo, aún situándose en la posición más optimista no se puede descartar que el propio anuncio, por sí mismo, haga efecto y tenga su repercusión en la planificación que los potenciales visitantes hagan de sus vacaciones y por lo tanto en la evolución de las reservas. Es posible que si esto no se soslaya con prontitud, la solución llegue cuando las consecuencias sean ya inevitables.

Por eso es oportuno preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí y por qué ha aparecido un conflicto en un sector que ha vuelto a vivir un momento de auge después de haber sabido sobrellevar la crisis con una gran dosis de esfuerzo, tanto por parte de la patronal como de los trabajadores.

La respuesta es, en apariencia, sencilla. Así como la crisis obliga por su propia dinámica a apretar los dientes y preocuparse sobre todo en no perder lo poco que se tiene, cuando llegan las vacas gordas no parece haber motivos que impidan que cada uno reclame el vaso de leche que le corresponde.

Después de que el escenario de crisis diera lugar a un retroceso del empleo en cantidad y en calidad -del que las ‘kellys’ pueden dar dramático testimonio- es la hora de recuperar terreno perdido. Si es verdad que con la crisis han perdido todos, es lógico que la recuperación se deje sentir en las cuentas de resultados, pero también en los salarios.

Los empresarios recuerdan que para mantener hoteles en funcionamiento y puestos de trabajo se vieron obligados a endeudarse y que aunque la situación ha mejorado las deudas contraídas siguen ahí y hay que pagarlas. También es cierto que el gobierno que se acaba de ir penalizó las retribuciones no salariales, a costa del bolsillo de las empresas, como nunca antes. Una verdad que los empresarios no han sabido o no han querido explicar. Esa es una parte de la verdad y debe ser tenida en cuenta. La otra es que es necesario alejar cualquier sospecha de que existe la tentación de mantener condiciones salariales y laborales propias de la recesión con la excusa de una situación que ya no existe.

Hace ya casi dos años que el presidente de AC Hotels by Marriot, Antonio Catalán, a quien difícilmente se lo podría acusar de ser un infiltrado de un sindicato anarquista en los círculos de poder empresarial, advirtió de la ilegitimidad de que algunas empresas hoteleras mejoren su cuenta de resultados a costa de bajos sueldos y de empeoramiento de las condiciones de trabajo, y recordó que el principal capital de las empresas turísticas son precisamente las personas. Su prédica, sin embargo, parece no haber calado lo suficiente. Por el contrario, algunos de sus colegas lo acusaron solapadamente de montar una campaña de marketing personal al margen de cualquier solidaridad corporativa. Pero la realidad era que en no pocos hoteles se externalizaban ilegítimamente servicios unas veces para subsistir y otras, por simple codicia.

Mucho más recientemente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, afeó a la patronal hotelera, Aehcos, su aparente poca disposición a alcanzar un acuerdo frente a la buena voluntad de los sindicatos y de Mahos, la patronal de bares y restaurantes.

El viernes, en una entrevista concedida a SUR, el presidente de Aehcos, Luis Callejón Suñé, se despachó con unas declaraciones en las que afirmó que la intención de la patronal hotelera no es maltratar al trabajador (menos mal), sino la de tener una industria más flexible. En honor a la verdad debería haber dicho «aún más flexible», ya que pocos sectores menos rígidos que, precisamente, el turismo. Ni siquiera flexibilidad es un término que se pueda estirar sin límite.

Ya se ha cometido el error de llegar a las puertas del verano sin los deberes hechos. Hasta los más inexpertos deberían saber que los convenios de hostelería se comienzan a negociar en octubre y se suscriben, como muy tarde, en marzo. A partir de ahí las soluciones empiezan a ser urgentes y, por lo tanto, más caras. Haber llegado hasta aquí sin un acuerdo ya supone un error suficientemente grave. La semana que comienza será decisiva para evitar que el disparate vaya a más.

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Nuevo escenario tras el tsunami
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Héctor Barbotta | 12-06-2018 | 10:47| 0
barco

Serán necesarias todavía varias semanas para que las consecuencias del vértigo político que se ha vivido en los últimos días se dejen ver y puedan apreciarse en toda su dimensión. Si los relevos en el poder tienen un efecto dominó que acaban afectando desde los primeros hasta los últimos escalones, los cambios de ciclo son como una ola gigante que arrasa con todo lo que hay y obliga a modificar estrategias, discursos y, lo que es más difícil, la percepción del lugar que ocupa cada actor. Quienes son capaces de advertirlo desde el comienzo cuentan con más posibilidades de acomodarse en la nueva realidad; quienes tienen dificultades para hacerlo acaban siendo percibidos como parte de la etapa que ha concluido y arrasados en consecuencia por la fuerza de ese tsunami que abre un nuevo ciclo.

No es fácil encontrar a políticos que sean capaces de salir por sí mismos de ese espacio al que los gurús de la posmodernidad llaman ‘zona de confort’ y se atreven a arriesgarse a explorar las nuevas condiciones ambientes que ha dejado, tras su paso, la tormenta. Su zona suele ser tan confortable que algún lugar del cerebro les envía el mensaje equívoco de que no ha pasado nada y que se puede seguir como antes de que descargara el temporal.

 

Tras el nombramiento del nuevo gobierno irán cayendo en cascada los relevos institucionales desde los primeros niveles de responsabilidad institucional hasta el último de los cargos subalternos. Será doloroso para muchos, pero también lo más fácil de advertir. Pero los otros cambios, los intangibles, los que obligarán a rediseñar estrategias políticas, necesitarán de una dosis de talento a la hora de la lectura del que no todo el mundo está dotado.

A estas alturas no resulta en absoluto irrelevante recordar cuál fue la estrategia política puesta en marcha por el Partido Popular desde que recuperó la Alcaldía gracias a la moción de censura del pasado verano con el apoyo de Opción Sampedreña. Ni siquiera lo es analizar cuáles fueron los motivos que impulsaron a OSP a dar ese paso. No es irrelevante, precisamente, porque todo eso ha saltado por los aires.

Cuando OSP decidió cambiar de socio en el gobierno municipal lo hizo principalmente porque sus concejales entendían que con el tripartito no estaba garantizada la aprobación de los presupuestos, pero al momento de negociar puso sobre la mesa el impulso a las obras de estabilización de las playas de San Pedro, una actuación millonaria que debía ejecutar el Gobierno central y que Isabel García Tejerina confirmó el pasado martes en Marbella en uno de sus últimos actos como ministra.

Para Ángeles Muñoz, la moción de censura no solamente supuso la posibilidad de volver a ocupar el sillón de la Alcaldía, sino que le dio la posibilidad de contar con una atalaya desde la que preparar con dos años de antelación las elecciones municipales. Para ello puso en marcha una estrategia sencilla que se basaba en dos pilares. Por un lado, mostrar mejor capacidad de gestión que sus antecesores, con la aprobación de los presupuestos sin sobresaltos y una planificación ambiciosa de inversiones. Por el otro, exhibir sus excelentes relaciones y capacidad de influencia en el Gobierno y los beneficios que ello podría reportar a la ciudad. Frente a la incomprensible actitud impasible de la Junta con el Ayuntamiento durante el mandato de José Bernal, con el Hospital Costa del Sol y el puerto de La Bajadilla como mudos testigos de un ninguneo atávico que va más allá de la identidad política del alcalde, Muñoz intentó contraponer su capacidad de influencia en el Gobierno central.

En esa lógica debe explicarse que durante los cinco primeros meses del año, cuatro ministros visitaran Marbella, la mayoría con anuncios bajo el brazo. El de Fomento, Iñigo de la Serna, que llegó con el estudio del proyecto del tren litoral y los anuncios de obras en dos tramos diferentes de la A-7; el de Interior, Juan Ignacio Zoido, que se comprometió a impulsar en poco tiempo la construcción de una nueva comisaría de policía; la de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que adelantó la salida a exposición pública del proyecto para la estabilización de las playas de San Pedro. El de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, fue el único que no hizo anuncios de relevancia. A eso se sumó, el pasado marzo, la celebración en Marbella de la convención municipal del PP andaluz con la presencia del todavía presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No había que ser un lince para adivinar la estrategia: relaciones estrechas con el Gobierno, y sus consecuentes beneficios para la ciudad.

Hasta la semana pasada podía ser materia de discusión si hacer desfilar por Marbella a los miembros de un gobierno cada vez más desgastado que se iba deslizando por una pendiente de falta de respaldo del que advertían una tras otra las encuestas era una estrategia acertada. Desde la izquierda se podía pensar que cuanto más se identificara Ángeles Muñoz con los miembros del Gobierno de Rajoy más se reducirían sus posibilidades de ser considerada por los vecinos de Marbella como alguien que todavía tenía algo que decir en el futuro de esta ciudad. Ese posible debate ha saltado por los aires. Ahora, esa discusión ya carece de sentido.

Acertada o no, la estrategia construida sobre la base de una alcaldesa que habla de tú a tú a los ministros ya es imposible y Ángeles Muñoz se ve obligada a diseñar otra. Debe hacerlo con las elecciones a la distancia temporal de un año y amparada por una marca electoral que atraviesa sus horas más bajas y a la que el calendario judicial le vaticina malas noticias en el año que resta hasta las elecciones. Para ello tendrá que reinventarse, refugiarse en lo municipal, mostrar resultados de gestión y tensionar a sus propias huestes, donde cada día se disimula menos la preocupación por ocupar sitios relevantes en las próximas listas electorales ante la certeza de que el desgaste de la marca no garantiza tantas actas como se han venido cosechando desde 2007.

No se puede decir que a un año de las elecciones las cartas ya estén echadas. Frente a esta necesidad de modificar planes, discursos y relatos a los que se enfrenta el PP, ante la oposición también se dibuja un escenario de incertidumbres. No se sabe cómo afectará al PSOE la llegada de uno de los suyos a la Moncloa, ni si en el tiempo que resta hasta las municipales la gestión de gobierno lo fortalecerá o le hará sufrir desgaste; se desconoce también si la confluencia que Podemos e Izquierda Unida impulsan con entusiasmo en Andalucía se traducirá en lista única en Marbella y que comportamiento electoral tendrá esa experiencia. Opción Sampedreña es la incógnita de siempre, indetectable en el radar de las encuestas, y además con la incertidumbre de qué repercusión electoral tendrán los cuatro años de gestión en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y el cambio de barco en mitad de la travesía.

La única certeza es que Ciudadanos va a irrumpir en el panorama municipal, aunque todavía se ignora quién será su candidato, cómo afectará el nuevo escenario político a la marca hasta ahora en alza y cuál será su política de alianzas. Hasta la semana pasada se daba por hecho que el partido naranja abría su abanico de pactos postelectorales tanto al PP como al PSOE, como ha demostrado en Andalucía, y que no habría negociaciones ayuntamiento por ayuntamiento, sino en un único escenario que llegaría también hasta la Diputación Provincial. Habrá que ver si lo que ha sucedido la semana pasada no aleja a Ciudadanos del PSOE y estrecha hacia la derecha el margen de su política de alianzas.

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Una enfermedad grave pero curabl
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Héctor Barbotta | 21-05-2018 | 08:30| 0
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Hay personas que no están sanas y que pese a padecer una enfermedad consiguen una aceptable calidad de vida. Existen enfermedades que permiten vivir con normalidad, aunque obligan a mantener una cierta atención cada vez que se manifiesta algún síntoma, y que sólo de vez en cuando dan un toque de atención para que el paciente no olvide que el problema sigue ahí.

Algo así le sucede a Marbella con las organizaciones criminales internacionales que se han instalado desde hace tiempo en la ciudad. Convive con ellas y pueden pasar meses, o incluso años, sin que su presencia tenga una manifestación violenta. La inercia y la falta de noticias lleva muchas veces a olvidarse del asunto, pero de vez en cuando algún suceso recuerda que no se puede bajar la guardia, porque siguen ahí y están entre nosotros.

Recientemente ha habido tres recordatorios sangrientos de que la enfermedad está todavía lejos de ser extirpada. El primero fue el lunes 7 de mayo, cuando una pareja que había sido secuestrada 24 horas antes fue abandonada en las cercanías del Hospital Costa del Sol. Ambos presentaban heridas después de haber sido, aparentemente, sometidos a torturas. Cuando llegó la policía, el hombre ya había muerto.

Cinco días después se produjo un crimen que conmocionó a San Pedro. Un vecino supuestamente relacionado con el narcotráfico fue tiroteado delante de su familia después de que su hijo acabara de celebrar su primera comunión. Falleció en el hospital tras haber recibido cinco tiros, tres de ellos en la cabeza. Ese mismo día apareció otra persona que también había sido secuestrada 24 horas antes y sometida a malos tratos.

Todos estos episodios, y otros que se produjeron en la misma secuencia de días en otros puntos de la provincia de Málaga, son desde luego alarmantes y deben invitar a mantener la guardia alta, pero difícilmente se puede decir que configuren un panorama nuevo, inédito o desconocido.

Las mafias, especialmente las del narcotráfico, llevan años, incluso décadas, instaladas por estos lares. Primero vieron en Marbella y en su entorno un buen lugar para esconderse. Éste es un lugar donde un ciudadano, extranjero o nacional, recién llegado y con alto nivel de vida, incluso con alardes y ostentación, no llama en absoluto la atención. La fauna del lugar es prolífica en ese tipo de ejemplares y no siempre la riqueza que hay detrás de estos estilos de vida tiene un origen ilegal.

Pasó poco tiempo hasta que esas organizaciones vieron que además de para esconderse, éste era también un buen lugar donde se podían blanquear activos. La época de la burbuja inmobiliaria, en la que confluyeron el afloramiento de activos monetarios que tenían que salir a la luz antes de la entrada en vigor del euro, la nueva ley del suelo y la consolidación de gobiernos municipales de escasa consistencia moral fue propicia a esos menesteres. No pocos casos judiciales que se instruyeron en Marbella en la primera década de este siglo pusieron en evidencia la implantación de estas organizaciones y su participación activa en el sarampión de corrupción urbanística que se extendió por toda la Costa. Las investigaciones judiciales y la detención periódica de delincuentes buscados en todo el mundo permitieron saber que organizaciones criminales italianas, irlandesas, de la Europa del este y del norte de África habían sentado sus reales en el entorno de Marbella. Algunos casos judiciales permitieron saber también que más de un despacho de abogados de esta zona se dejó tentar por el interesante nicho de mercado que abría la posibilidad de dotar de instrumentos societarios a quien llegara con la intención de blanquear activos. La contribución de todo ese dinero de procedencia ilícita a la escalada de los precios inmobiliarios y con ello al hinchado de la burbuja y a la imposibilidad de las personas que viven honestamente de su trabajo para acceder a una vivienda debería ser objeto de estudio.

Aunque no es la primera vez que se producen ajustes de cuentas en la ciudad, los acontecimientos de los últimos días podrían invitar a pensar que estamos en una tercera fase de este proceso, cuando las mafias se instalan en el terreno y dirimen las diferencias a su manera. Sin embargo, no se puede afirmar que lo que ha sucedido en estos días dibuje un panorama nuevo. Por el contrario, son nuevos síntomas de algo que ya existía, de una enfermedad que posiblemente sea crónica y que de vez en cuando exhibe algún síntoma.

Durante mucho tiempo se extendió una forma de pensar que sostenía que la simple elección de Marbella como refugio de capos que no venían aquí a delinquir sino a disfrutar de sus ganancias no podía tener consecuencias negativas para la ciudad. Sin embargo, la muerte de un niño de siete años en la peluquería de un hotel de Puerto Banús el 4 de diciembre de 2004 al quedar atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo borró totalmente aquel espejismo. Aquel ajuste de cuentas, como algunos otros que vinieron después, nunca fue esclarecido.

Los dos últimos, hasta los sucesos de la semana pasada, se habían producido en 2014. El 10 de febrero de ese año, un argelino con pasaporte francés fue asesinado de un balazo en el cuello cuando llevaba al colegio a sus tres hijos, que no sufrieron daños. En septiembre de ese mismo año, un hombre irlandés fue tiroteado en un pub de Las Chapas. En ambos casos los asesinos actuaron encapuchados. En ambos casos las víctimas estaban relacionadas con el narcotráfico. Ninguna de las dos muertes han sido esclarecidas, lo que permite valorar la dificultad que supone para la policía investigar este tipo de operaciones, llevadas a cabo por sicarios que actúan con una gran profesionalidad y que posiblemente abandonan el país inmediatamente después de cometer los atentados.

Ahora se han producido otros episodios similares -la única diferencia cualitativa es que una de las víctimas era española y con un fuerte arraigo en San Pedro- y es probable que su investigación discurra por los mismos caminos.

Como suele pasar, la salida a la luz de estos casos levanta las alarmas y obliga a manejar la información y la valoración de su gravedad con extrema prudencia, sabiendo que el alarmismo pueden suponer un disparo en la línea de flotación de la imagen de la ciudad y de su principal actividad económica.

¿Supone ello que debemos acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad crónica? Desde luego que no. Pero seguramente la solución no va a llegar si, como dijo esta semana en Marbella el ministro del Interior, se persiste en considerar a estas situaciones como casos aislados. Cuando se padece una enfermedad los síntomas no son aislados, aunque sólo se manifiesten de vez en cuando.

Asumir que existe un problema específico que requiere de medios y recursos humanos y materiales para abordarlo de manera extraordinaria supone un primer paso esencial para resolverlo.

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Ruegos
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Héctor Barbotta | 15-05-2018 | 10:55| 0

Los empresarios turísticos deberían repensarse si tiene sentido mantener esa reivindicación que vienen manteniendo desde hace casi 40 años sin que les hagan el más mínimo caso: que exista en España un ministerio exclusivo de turismo. Algún mal pensado podría sugerir que nadie en su sano juicio arriesgaría el daño de imagen que podría ocasionarle convertirse en sucesor del último ministro de Turismo que ejerció con plenas competencias aunque sin credenciales democráticas, pero las causas son menos rebuscadas. Un ministro de turismo no tiene esencialmente nada que hacer.
Es verdad que de un tiempo a esta parte, concretamente desde que Rodríguez Zapatero lo incluyó en su primer gobierno en 2004, ha habido miembros del Gobierno que han tenido bajo su competencia esa cartera. Pero a no ser que queramos hacernos trampas al solitario deberíamos reconocer que eso no es más que un título nominal, una responsabilidad secundaria. ¿Hay acaso algo en materia turística que pueda recordarse de las gestiones de Pablo Sebastián (ministro de Industria, Comercio… y Turismo), de José Manuel Soria (Industria, Energía… y Turismo), o del actual, Álvaro Nadal (Energía, Agenda Digital… y Turismo)?
En el foro organizado por SUR el pasado lunes en Marbella, el propio Nadal tuvo un ataque de sinceridad inusual en el mundo de la política, donde abundan quienes prefieren acariciar los oídos a los auditorios. El ministro reconoció que el Gobierno carece de competencias en la materia y que cualquier norma que se impulse desde Madrid puede acabar en el Tribunal Constitucional si uno de los 17 gobiernos autonómicos considera que se han invadido sus competencias.
Amparándose en esta situación, el ministro advirtió que no corresponde al Gobierno legislar sobre los apartamentos turísticos, posiblemente el problema de mayor entidad que el sector tiene por resolver y que al parecer tendrá, llegado el caso, 17 soluciones diferentes.
Por el contrario, Nadal reconoció que su actividad como ministro de Turismo consiste esencialmente en pedir ayuda a sus compañeros de gobierno. Al de Fomento, que invierta si es posible en trenes y aeropuertos; al de Interior, si no le incomoda, que no descuide la seguridad en las playas durante el verano; al de Cultura, si lo tiene a bien,que preserve el patrimonio, y así con todos. Sólo la ministra de Defensa se libra de los ruegos. Aunque recurriendo al léxico posmoderno deberíamos llamarlo transversalidad, seguramente un observador de otras latitudes se sorprendería al descubrir que el papel del ministro del área en la segunda potencia turística del mundo se limita a rogar que no le fastidien el invento.

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El no hospital, la no asociación contra los malos tratos, el no periodismo
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Héctor Barbotta | 15-05-2018 | 10:51| 0

Hay equivocaciones que permiten darse de cara con la realidad. La Junta de Andalucía envió el pasado jueves una convocatoria de prensa sobre la visita, al día siguiente, de la consejera de Salud, Marina Álvarez, a la provincia de Málaga. La convocatoria anunciaba que Álvarez abordaría en su visita el proyecto del nuevo hospital y por un momento una lectura superficial y apresurada encendió una luz que apenas tardó una fracción de segundo en apagarse. La visita de la consejera tendría dos paradas en la provincia de Málaga. La primera, en Málaga capital, era para abordar con el alcalde el proyecto del futuro hospital. La segunda etapa de la visita, en Marbella, no era para abordar ningún proyecto ni para dar noticias acerca de la ampliación del centro sanitario, sino para presidir el acto de entrega de la placa que acredita el Premio Nacional Best in Class (BIC) a la Agencia Sanitaria Costa del Sol en la categoría de Mejor Hospital 2017.
Es decir, que la consejera no venía a Marbella a encender ninguna luz de esperanza sobre la ampliación del hospital de Marbella, sino a certificar la calidad y profesionalidad de los sanitarios que allí trabajan, algo que por otra parte ya sabíamos.
Después de varios intentos de llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria y que todos se frustraran a la hora de hacer cuentas y determinar cuánto dinero tenía que soltar, la Junta de Andalucía ha tirado la toalla en el asunto del hospital.
Ellos tienen un relato y Marbella tiene una obra parada que va camino de cumplir una década.

Gran parte del debate político de esta semana ha estado centrado en la asociación ‘Despertar sin violencia’, una entidad supuestamente dedicada a defender y proteger a víctimas de maltrato que se situó en el centro de la polémica tras compartir en su página de Facebook un artículo que defendía a los miembros de ‘la manada’ y atacaba a la víctima de la agresión sexual protagonizada por estos. La asociación Marbella Feminista reclamó que se le retire la subvención que el Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, le concedió este año, petición a la que se sumaron primero Izquierda Unida y Podemos y posteriormente el PSOE.
Después de que el asunto saltara a los medios nacionales, con la falta de rigor a que muchos de ellos nos tienen acostumbrados cuando abordan cuestiones relativas a Marbella, el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, anunció el pasado jueves que pediría un informe sobre la posibilidad de que la ayuda le sea retirada –una iniciativa difícil de concretar por las dificultades legales que acarrearía– y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, compartió un mensaje en la que aseguraba que el asunto está desde el primer momento en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, ya que una asociación que dice defender a las víctimas de violencia de género y comparte estas afirmaciones «no merece ninguna ayuda pública».
Lo cierto es que aunque es ahora cuando la asociación ha saltado a la luz pública, ni las subvenciones que recibe del Ayuntamiento ni sus posturas al menos discutibles y polémicas sobre el grave problema de la violencia de género son nuevas. ‘Despertar sin violencia’ viene recibiendo ayudas públicas municipales desde 2011. Primero, entre 2.000 y 2.500 euros anuales, cantidad que creció hasta los 4.000 euros anuales en 2014 y a 6.350 euros en 2016, año en el que también se le cedió un local municipal en San Pedro. Al año siguiente, al cambiarse el sistema de concesión de este tipo de ayudas –que pasó de ser nominativa a por concurrencia– la asociación no optó a las mismas, y este año, cuando el sistema volvió a ser nominativo, se le concedieron 9.000 euros, atendiendo a que el año anterior no había recibido nada.
La asociación emitió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba que retiraba de su página de Facebook el artículo que había levantado polémica y explicaba que su criterio es colgar todo lo que puede resultar de interés, sin entrar a valorar su contenido. Aunque es cierto que de la visita a esa página no se puede deducir un criterio sobre cuál es la postura de la asociación sobre la violencia machista, la propia falta de criterio resulta bastante aleccionadora sobre la naturaleza de esta entidad.
De hecho, se trata de una asociación que no utiliza la expresión violencia machista, ni violencia de género, sino violencia doméstica, y que en algunas de las entradas de su página web lamenta que en España la ley «solamente contempla la violencia contra la mujer». En varias comparecencias públicas, su portavoz ha defendido que también existe violencia de las mujeres contra los hombres, lo que la ha llevado a polemizar con colectivos feministas, que ponen sobre la mesa las abrumadoras cifras que demuestran un grave problema de violencia machista, y no a la inversa, en España.
Por eso, quizás la pregunta no debería ser si se le debe retirar la subvención, sino cómo es posible que haya recibido ayudas públicas durante tanto tiempo. Más allá de los inevitables episodios de oportunismo político, y teniendo en cuenta que esta dudosa asociación ha recibido fondos públicos con gobiernos de diferente signo, este episodio debería invitar a actuar con mayor rigor a la hora de decidir el destino del dinero de todos.
El debate se centra ahora en cómo retirarle la última ayuda que ha recibido, de 9.000 euros y si hay margen legal para hacerlo. Posiblemente baste con advertirles que después de cómo se han comportado tendrán muy difícil justificar el año próximo los gastos realizados, por lo que podrían verse obligados a devolver lo que, con una confianza que ha sido defraudada, se les ha entregado.

El pasado jueves a mediodía el centro de Marbella permaneció paralizado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa pero que obligó a desplegar el protocolo previsto para estos casos, con un corte del tráfico en Ricardo Soriano que colapsó la ciudad durante dos horas.
Ante la falta de certezas, y también por las normas deontológicas que aconsejan no difundir este tipo de amenazas anónimas debido al efecto multiplicador que esas conductas generan, algunos medios optamos por la prudencia, lo que no evitó que la red se llenara de bulos y noticias falsas que iban, a cual más disparatada y alarmante, desde un atraco con rehenes a una amenaza del terrorismo yihadista.
Durante dos horas, a través de páginas de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp estas falsas noticias y especulaciones alarmaron a personas que no sabían qué estaba pasando. Fue una oportunidad, una más, para reflexionar acerca de mal llamado periodismo ciudadano, de la obligación de los periodistas, cualquiera sea el soporte sobre el que trabajan, de publicar certezas y no especulaciones, de la obligación de imponer el rigor a la inmediatez y de la necesidad de dejar algo tan sensible y necesario para el conjunto de la sociedad, como es la información, en manos de profesionales.

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Una despedregadora para San Pedro
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 11:48| 0
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Hay problemas que se puede decir que han estado siempre, pero el de las playas no. El problema de las playas nos lo hemos ido fabricando poco a poco. Construyendo más de la cuenta, privatizando espacios que debían actuar como anillos de protección del espacio natural, situando paseos marítimos donde debía haber arena, comportándonos como si la naturaleza, por sí misma, iba a encontrar soluciones frente a nuestros desmanes en lugar de comprender que nuestra condición depredadora no es ineludible.
Basta con ver cualquier fotografía aérea de la época en la que solamente había fotografías en blanco y negro y compararla con la realidad actual para entender que hoy en día las playas son un problema, pero que no son un problema que no nos hayamos buscado.
De hecho, deberíamos reconocer que al día de hoy seguimos viviendo de la inercia creada cuando el turismo estaba naciendo y Marbella era todavía un paraíso natural. Hoy, que en gran medida ha dejado de serlo, los turistas han dejado de venir por las playas. Vienen a pesar de las playas y no se puede decir que la ciudad no tenga un gran mérito en ello. Pero igual sería mejor no seguir tentando a la suerte.
Hoy en día las playas son un problema. En realidad son el talón de Aquiles de nuestra oferta turística y hay que reconocer que a la hora de intentar disimularlo se le está echando imaginación al asunto. Cada temporal que azota la costa –hay dos o tres cada año, por lo que no se puede decir que sean fenómenos meteorológicos extraordinarios–, las hace desaparecer; las llamadas ‘natas’ –esto sí que es un fenómeno extraordinario, ya que es difícil verlo en cualquier otra playa de España–, aparecen recurrentemente, y algunas situadas en emplazamiento claves, como San Pedro o Guadalmina, están cubiertas de rocas y pedruscos.
Lo que llama la atención de este asunto es que todo el mundo está de acuerdo en que esta situación es impresentable y que no se puede seguir así, pero así seguimos año, tras año.
La llegada del verano suele dar lugar a soluciones a las que podríamos denominar imaginativas aunque un observador neutral podría considerarlas en el mejor de los casos parches y, en el peor, operaciones de marketing para ocultar vergüenzas y salvar la cara.
Es el caso de los llamados ‘barcos quitanatas’, una solución de emergencia que generalmente no soluciona nada y que además pone en evidencia una situación a la que nos hemos acostumbrado, nos sigue avergonzando y nos recuerda desde hace décadas que el saneamiento integral, una actuación básica en cualquier país desarrollado, sigue siendo un problema que compite por méritos propios y en igualdad de condiciones con el tren litoral en el apartado de grandes asignaturas pendientes de la provincia de Málaga.
Esta semana conocimos que la arena que se está retirando del puerto de Cabopino se está destinando a regenerar las playas de Las Chapas, y también que Costas destinará 600.000 euros para devolver arena a las playas de la Costa del Sol Occidental en los tramos Marbella-Mijas y San Pedro-Estepona. Este año, se asegura, hay más dinero que nunca para ese empeño y hay que concluir que la meteorología ha obligado a ello. Si se sumara euro a euro todo lo que se ha invertido en regeneración en, digamos, la última década saldrían unos espigones más que apañados. Pero ya se sabe que lo urgente no deja tiempo ni recursos para lo importante. Mientras se espera a que la promesa de las obras pendientes se traduzca en partidas presupuestarias -no es el caso todavía, aunque se promete que lo veremos pronto-, toca conformarse con los camiones de arena de cada año.
Para la playa de San Pedro, que a la vista de rocas y pedruscos no se puede concluir con certeza que sea una playa digna de ese nombre, el Ayuntamiento está estudiando si contrata dos despedregadoras. La despedregadora sampedreña va camino de convertirse en el trabalenguas del verano, y habrá que ver si en objeto de curiosidad por parte de los visitantes. Básicamente se trata de una máquina arrastrada por un tractor que separa la arena de las piedras. Las pobres máquinas tienen por delante una tarea ímproba y no es seguro que se vaya a coronar con el éxito. No saben dónde las han metido. Queda la esperanza de que las piedras se puedan utilizar en un futuro próximo para la construcción de los espigones, que se asegura que llegará más temprano que tarde. Mientras tanto, a esperar que sigamos teniendo suerte en la ruleta rusa y que los turistas sigan viniendo. A pesar de las playas.

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Aquí al lado
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 11:42| 0

Seguramente habrá quien piense que a estas alturas no deberíamos asustarnos porque alguien diga que en el entorno de la Costa del Sol se está instalando una mafia vinculada al narcotráfico. Hace ya mucho tiempo que esta zona convive con organizaciones criminales que ven aquí un buen lugar para refugiarse, pasar desapercibidas entre tanta población extranjera con altísimo nivel de vida y blanquear mediante inversiones inmobiliarias. Incluso habrá quien recuerde cuando desde los mismos países que nos enviaban a sus criminales se bautizó a la Costa del Sol como la Costa del Crimen, una situación que se tapó porque no venía bien a la promoción turística hasta que los ajustes de cuentas, en algunos casos con balas perdidas que se cobraban víctimas colaterales, obligaron a abordar el asunto.
Habrá quien piense que no deberíamos asustarnos, pero solamente un irresponsable no se tomaría en serio lo que está sucediendo en el Campo de Gibraltar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles alertó la semana pasada de que en esa zona, a tiro de piedra de la Costa del Sol, se está conformando el primer cártel de la droga de España y eso es mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. El ministro del Interior, con la fatuidad y la insolvencia acostumbradas, se ha apresurado a decir que no es así. Ha exhibido como sustento de su afirmación el récord de aprehensiones de droga que se está batiendo últimamente, pero hasta el último en llegar a las crónicas de sucesos y cualquiera que haya hablado alguna vez con expertos policiales sabe que cuando se incauta más droga es porque está entrando más.
El ministro no puede mostrar un dato, ni uno solo, de que se estén destinando más fondos para afrontar la situación que se empieza a experimentar en el campo de Gibraltar, una zona sensible y vulnerable como todas las zonas de frontera, azotada además por el flagelo del paro y la falta de oportunidades que convierten al mundo de la droga en una opción tentadora para miles de jóvenes sin futuro.
Hace ya tiempo que quienes trabajan sobre el terreno vienen alertando de la necesidad de asumir el problema, de dotar de más medios a las fuerzas policiales y de invertir en serio para ofrecer una opción de vida a quienes no encuentran otra alternativa que convertirse en peones de ese juego siniestro. Después de los sucesos que pusieron en duda la ecuación básica democrática de que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, se supuso que habría un desembarco de recursos para combatir a los narcos. Los refuerzos apenas estuvieron el tiempo necesario para que el ministro se hiciera la foto.
Esto va en serio y está aquí al lado. Si creemos que no nos va a afectar erramos de lleno.

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Una plaza con incertidumbres
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 11:41| 0

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ratificó esta semana en Marbella el compromiso adquirido por el Gobierno para dotar de nuevos instrumentos jurídicos que permitan que la ciudad recupere el patrimonio que le fue saqueado durante los años del gilismo. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno y que afronta ahora su tramitación parlamentaria incluye un artículo que permite que las multas que cobre el Estado a raíz de sentencias dictadas sobre casos de corrupción en Marbella repercutan en la ciudad. Según establece este artículo, ese dinero podrá regresar de dos maneras posibles. Una, aplicándose a la reducción de la deuda que el Ayuntamiento todavía mantiene con Hacienda y con la Seguridad Social por los 15 años de impagos durante la época del GIL. Dos, mediante la financiación, por parte de Hacienda, de proyectos de utilidad pública en Marbella. Esta opción quedará reflejada en un convenio que se firmará tan pronto como se aprueben los presupuestos, según explicó Fernández de Moya.

No es la primera vez que el Ayuntamiento, y en concreto Ángeles Muñoz, consigue que el reconocimiento de que la ciudad fue saqueada desde la propia institución municipal adquiera rango de ley. Sin embargo, más allá de la reparación moral que ello supone, lo que resulta interesante de analizar es si esta reparación alcanzará también al ámbito de lo material.

Los derechos adquiridos en sentencias firmes por parte del Ayuntamiento permitieron hace ya seis años que la institución municipal pudiera refinanciar la deuda con el Estado que ahogaba a las arcas municipales y ponía en peligro el funcionamiento de los servicios más básicos. Esa refinanciación, a 40 años, permitió a su vez poner orden en las cuentas municipales, que hoy, gracias también a otros factores, presentan un estado razonable y un superávit de 90 millones de euros, absurdo para una ciudad con tantas necesidades. La deuda, en estos años, se ha ido reduciendo y ha pasado de los 270 millones de euros que recibió la gestora en 2006 a los 83 millones confirmados el pasado lunes por el secretario de Estado de Hacienda.

Sin embargo, más allá de los anuncios, de la reparación moral que supone que una resolución con rango de ley reconozca el derecho de la ciudad a que el dinero vuelva e incluso de la buena voluntad que puedan mostrar los responsables del Gobierno hacia la ciudad, es necesario poner los pies en la tierra. Marbella tiene reconocido en sentencias firmes el derecho a ser indemnizada por 300 millones de euros y de esa cantidad solamente se han conseguido cobrar 15 millones. El Estado, tomando en cuenta solamente la sentencia del ‘caso Malaya’, es acreedor de los condenados por corrupción en perjuicio de Marbella por más de 455 millones. No hay datos acerca de cuánto ha podido cobrar de esa cantidad, pero tomando en cuenta que los acreedores son en su mayoría los mismos que no le han pagado casi nada al Ayuntamiento es muy probable que las multas sean más un asiento contable que una realidad reflejada en las cuentas bancarias del Estado. Por eso, más allá de que es necesaria una actitud proactiva a la hora de cobrar, porque el dinero no vendrá solo, lo más recomendable es aferrarse a lo que hay. Y lo que hay son las propiedades que se han conseguido incautar y que el Ayuntamiento hace bien en buscar los cauces para que pasen a formar parte del patrimonio municipal y del equipamiento público. A la larga no nos quedará mucho más que eso.

La visita del secretario de Estado de Hacienda pone en evidencia otra realidad que empieza a dejar de pasar desapercibida. El Gobierno está moviendo a sus cargos por la geografía nacional porque sabe que la batalla que se librará en las próximas elecciones municipales será decisiva.

Que en lo que va de año el PP haya organizado en Marbella su convención municipal andaluza, con la presencia de Mariano Rajoy; que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, haya venido a presentar un proyecto de tren que todavía no está terminado; que ahora el secretario de Estado de Hacienda haya hecho lo mismo con un acuerdo para los Presupuestos que Ángeles Muñoz ya había adelantado y las visitas que seguramente vendrán en el futuro no demuestran otra cosa que la importancia que el PP le atribuye a mantener la Alcaldía de esta ciudad.

Ya se sabe que los comportamientos electorales en Marbella son muy difíciles de prever y por eso la incertidumbre a un año de las elecciones municipales es máxima. Hace tres años, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta y que el PSOE se quedara con la Alcaldía tras firmar un pacto a cuatro, se dio por hecho que no volvería a producirse una mayoría absoluta en Marbella, sobre todo por la irrupción de nuevos actores políticos con peso electoral. Tras recuperar el mando con la moción de censura, el horizonte de una nueva mayoría absoluta volvió a aparecer como un objetivo posible si los resultados de la gestión acompañaban al PP, pero el grave desgaste que ha sufrido, y que sigue sufriendo, esa marca a nivel nacional a cuenta de los inacabables casos de corrupción y la incapacidad para hacer limpieza hacen que de nuevo el objetivo vuelva a aparecer improbable para los populares.

A nivel local, la incertidumbre es mayúscula. No se sabe si habrá confluencia electoral a la izquierda del PSOE (de hecho, ni siquiera se sabe si una eventual alianza beneficiaría o perjudicaría electoralmente a Podemos e Izquierda Unida, que actualmente suman por separado cuatro concejales); no se sabe qué repercusión tendrá electoralmente para OSP su cambio de aliados a mitad del mandato municipal (sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de su electorado natural suele votar socialista en las convocatorias no municipales); no se sabe si habrá otra candidatura identitaria sampedreña; no se sabe quién será el candidato de Ciudadanos ni tampoco cuándo se resolverá esa incógnita. Tampoco se sabe si el ‘caso PGOU’, que ha resucitado tras su archivo, llegará vivo a las próximas elecciones con el desgaste que eso supondría para Ángeles Muñoz.

Con este panorama resulta imposible aventurar cómo se podrían configurar posibles alianzas que conformen una mayoría en el pleno municipal. Sobre todo, porque existe la certeza de que los acuerdos a los que se puedan llegar no serán municipio a municipio, sino parte de un arreglo general en el que estará incluida la pieza que todos los partidos persiguen: la Diputación Provincial y su presupuesto millonario.

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Hambre para mañana
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Héctor Barbotta | 27-04-2018 | 09:27| 0

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha sido el primero en dar un paso adelante en la prohibición de alquilar pisos a turistas. Así leída la noticia suena drástica y seguramente sólo podrá ser valorada desde la situación concreta que vive esa ciudad en relación con el turismo y de las reacciones de alergia a los visitantes que ha generado, con escenas lamentables como las que vimos el verano pasado.

No debe olvidarse que fue en Baleares donde hace ya casi dos décadas comenzó a implantarse una tasa turística a la que los agoreros se apresuraron a atribuir consecuencias nefastas para la economía de las islas y que hoy posiblemente sólo algún especialista podría confirmar de memoria si se sigue o no cobrando.

La realidad de Baleares, afortunadamente, en casi nada se parece a la del turismo en la Costa del Sol y por eso sería prematuro comenzar a plantear en estas geografías la posible aplicación de una medida similar. Sin embargo, es necesario dar un toque de atención porque el turismo masivo está cambiando de tal manera los cascos antiguos de las ciudades que en algunos sitios comienza a instalarse una preocupante anomalía: quienes viajan motivados por el turismo cultural, que no consiste solamente en visitar museos sino en conocer cómo viven las personas en otras geografías, regresan a sus lugares de origen sin enterarse realmente de dónde han estado.

Hay síntomas que no deberíamos pasar por alto. En Málaga es imposible caminar un fin de semana por el centro sin tropezar con legiones de turistas que seguramente no ven otra cosa… que turistas. En el casco antiguo de Marbella las tiendas han ido dejando paso a locales de restauración que amenazan con saturar el espacio mientras que la población autóctona se está yendo ante la tentación de destinar sus inmuebles al dinero rápido del alquiler turístico y por la dificultad para conciliar el descanso en verano.

Hace ya tiempo que la globalización lleva camino de convertir al turismo urbano en una actividad aburrida porque casi todas las grandes ciudades del mundo son lugares donde se puede comer lo mismo, comprar lo mismo y donde la gente va vestida igual. Se toma en todos lados el mismo café y hasta el olor que sale de los locales de comida rápida apesta igual en Barcelona que en Nueva York.

El principal atractivo de los destinos turísticos es su singularidad. Y parte de ella es conocer a su gente. Las ciudades no deberían convertirse en parques temáticos uniformados. Si la Costa del Sol, que no es otra cosa que una gran aglomeración urbana, cediera a esta tendencia empobrecería su oferta. Quedaría igualada a destinos competidores con mucho menos que ofrecer. Sería una tragedia cultural y, a la larga, también económica.

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Dinero en el banco o en la calle
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Héctor Barbotta | 24-04-2018 | 11:53| 0
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Starlite ha anunciado que la semana próxima realizará el proceso de selección de personal para la próxima edición del festival y la avalancha de aspirantes no se ha hecho esperar. El anuncio permite confirmar, pese a que todavía no hay nada firmado y la palabra Marbella sigue ausente de la imagen de marca del festival, que el evento se celebrará aquí. La avalancha de solicitantes de empleo confirma otra cosa: que el paro, y especialmente el paro juvenil, sigue siendo un drama en Marbella.
Se ha dicho muchas veces, pero es bueno no olvidarlo. Ésta es una sociedad dual en la que conviven realidades diferentes, aunque la imagen pública de la ciudad, la que mejor le viene a la industria turística y peor a las administraciones a la hora de decidir que alguna inversión de calado caiga en este lado del mapa, sea la de un paraíso con servicios de primer nivel y gran calidad de vida donde sobra mucho y no falta nada.
Posiblemente Starlite pueda ser considerado como un paradigma de esa doble realidad que vive esta ciudad, aunque las visiones externas y muchas veces también las internas sólo parecen querer prestar atención a la cara más amable.
La realidad que la avalancha de aspirantes a un empleo en Starlite y las cifras del paro, que se dispararon con la crisis y que ahora van regresando lentamente a las de hace más de una década aunque los nuevos trabajos no se parecen en nada -ni en condiciones, ni en estabilidad, ni en salarios- a los que había entonces posiblemente serían diferentes si el Ayuntamiento no se hubiese visto obligado a partir de 2012 a aplicar la política de austeridad impuesta por el Gobierno central bajo el argumento de que era necesario poner coto al descontrol de años anteriores y ordenar las cuentas de todas las administraciones públicas. A partir de ese año los ayuntamientos conocieron un concepto hasta entonces inédito, el ‘techo de gasto’, que no era otra cosa que el límite, posiblemente arbitrario ya que se impuso como norma general sin tener en cuenta la realidad concreta de cada administración, que se fijaba a la hora de darle destino al dinero público.
En estos seis años el Ayuntamiento de Marbella, que partía de una situación más grave que otras instituciones municipales vecinas que no habían vivido los 15 años del saqueo gilista, pasó de una situación de bancarrota a acumular un superávit de 92 millones de euros. Tanto los actuales gestores como los anteriores se atribuyen la mayor parte del mérito de esos fondos acumulados. En realidad, si hay que hablar de mérito la mayor parte correspondería a una política que ha sido decidida en otro nivel de la administración. Sin embargo, lo que debería cuestionarse, en una ciudad con más de 11.000 parados, es que el Ayuntamiento tenga esa cantidad de dinero sin invertir y que cada año acumule entre ingresos y gastos una diferencia positiva de 20 millones de euros. Más que un mérito eso es un despropósito.
No se trata, evidentemente, de un reproche que se le pueda hacer a las autoridades municipales, sino a la política de restricción de gastos con la que el Gobierno decidió afrontar la crisis sin tomar en cuenta las enseñanzas keynesianas ni las recomendaciones más sensatas que apuntan a que los presupuestos deben ser contracíclicos.
Evidentemente, el gasto incontrolado y absurdo que campaba a sus anchas por muchas administraciones públicas (no sólo las municipales) no podía continuar, pero aquí se ha pasado de andar con dos pelucas a una calvicie impuesta que desprotegió a los más vulnerables en una época en la que la inversión pública era más necesaria que nunca.
Ahora, ya en periodo preelectoral, se ha decidido aflojar el cinturón que ahogaba a los ayuntamientos y el de Marbella podrá gastarse en dos años 20 millones en diferentes obras tan insuficientes como necesarias después de tantos años de austeridad impuesta. Resta por saber si esta generosidad del Gobierno central a la hora de permitir a los ayuntamientos que se gasten una parte de su propio dinero tendrá más recorrido o se acabará tan pronto como el año que viene se vuelvan a guardar las urnas tras las elecciones municipales.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella