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Privatizados
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Héctor Barbotta | hace 13 horas| 0

La Junta de Andalucía encontró hace tiempo la fórmula para impedir que se le pidan cuentas por la eternización de las actuaciones pendientes y por su falta de compromiso inversor. Consistió en eliminar la presentación provincializada de sus presupuestos, que se reemplazó por una exposición general en la que las actuaciones previstas aparecen mencionadas, pero sin la cantidad correspondiente al costado. Es una fórmula difícilmente superable: presupuestos sin partidas presupuestarias.
Se trata de un sistema que ofrece varias ventajas: permite estirar hasta el infinito las partidas generalistas, evita tener que dar cuentas por partidas que no cumplen con las expectativas y da lugar a que en cada provincia se pueda anunciar el inicio o la continuidad de obras pendientes sin comprometerse en realidad a nada que vaya más allá de ejecutar una pequeña parte.
Si por ejemplo existe compromiso para construir institutos o centros de salud en varias provincias diferentes, basta con mencionar todos los proyectos en cada presentación y remitir a una partida general, de manera que el compromiso que se adquiere es igual a cero. Bastará que en ese ejercicio se haya ejecutado una mínima parte del proyecto para asegurar, sin faltar a la verdad, que se ha cumplido con el compromiso adquirido, aunque en realidad tal compromiso no exista. Así, las actuaciones pueden verse condenadas a una ejecución perpetua.
En Marbella, una de las ciudades de la provincia con menor dotación de infraestructuras públicas –hay un centro de salud por cada 50.000 habitantes y el distrito Costa del Sol es el peor dotado de Andalucía en cuanto a pediatras y médicos de familia por habitante– los presupuestos de la Junta son especialmente rácanos. Incluyen, finalmente, la construcción de un nuevo centro de salud (aunque en realidad se trata de la ampliación del ya existente en San Pedro), el proyecto de un nuevo instituto y un plan de promoción turística. Ninguna de estas tres actuaciones aparece con un compromiso inversor concreto. Es decir que si al acabar 2018 se hubiera invertido un euro en cada uno de esos proyectos, nadie podría reclamar incumplimientos.
La ciudad tiene también dos grandes actuaciones pendientes: las ampliaciones del Hospital y del Puerto Deportivo. Hace tiempo que la Junta decidió no acometer de forma directa ninguna de ellas, sino encomendarlas a inversores privados. Los dos han salido ranas y ambos proyectos están paralizados. En los presupuestos para 2018 no aparecen. Desde que la Junta decidiera privatizar esa parte de su gestión es como si el asunto no fuera con ella.

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Pensamiento único
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Héctor Barbotta | 16-10-2017 | 12:16| 0
oales

El cambio de gobierno tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella ha permitido confirmar algo que ya se sospechaba: hay discursos que se mantiene inalterables. No es que se mantengan inalterables porque los partidos políticos son entidades de fuertes principios que sostienen la misma posición independientemente de que en ocasiones les toque estar en el gobierno y en otras, en la oposición. No. Si fuera así habría poco que reprochar. Los discursos que se mantienen inalterables son los que hace el gobierno, cualquiera sea el partido que lo conforma, y los que hace la oposición, cualquiera sea su composición. Se comprenderá que así las cosas, el personal se mantenga en un permanente estado de confusión, de incertidumbre y, en consecuencia, de lógico desinterés por la vida política municipal.
Uno de los argumentos que más se repite cuando se produce un cambio en el gobierno del Ayuntamiento es el que remite a los cargos de confianza, los que nombra un gobierno nada más llegar para gestionar algunas cuestiones clave de la vida municipal que raramente se asignan a un funcionario o a un empleado del Ayuntamiento. Las direcciones generales en determinadas áreas (los números 2 de los concejales, para entendernos), la dirección de la comunicación municipal o la coordinación de la Alcaldía son los lugares que se suelen ocupar por personas de confianza de los gobernantes que llegan y que, cuando estos se van, abandonan, o deberían hacerlo, el Ayuntamiento.
El mal llamado juego de la política, que es en realidad una inercia en la disputa partidaria que viéndola en perspectiva no es otra cosa que una tomadura de pelo reiterativa hacia los electores, marca que todo gobernante que llega nombra cargos de confianza y todo partido que está en la oposición critica el nombramiento de esos cargos con el argumento de que se trata de casos de enchufismo. Si se recuperaran los argumentos que en su día se esgrimieron desde el PP contra el tripartito sobre el nombramiento de cargos de confianza y se utilizaran las mismas palabras, sólo cambiando el nombre de los partidos a los que se alude, por las críticas del PSOE al actual bipartito nos saldría algo asombrosamente parecido.
Es más: hace poco más de dos años el Partido Popular recurrió contra un reglamento aprobado por el Ayuntamiento en el que se sostenía el nombramiento de directores generales del tripartito. Ahora, ya en el gobierno, el PP ha anunciado que retira ese recurso para poder hacer uso de ese mismo decreto, al que se le maquillarán un par de artículos para salir del paso más o menos dignamente.
Suele haber otros argumentos en el que los partidos se prestan mutuamente los argumentarios según ocupen los escaños del gobierno o los de la oposición, pero el del enchufismo suele ser el más recurrente.
Por eso debería llamar la atención, o posiblemente en realidad no, que en el caso de enchufismo más resonante que ha tenido en sus historia el Ayuntamiento de Marbella, por volumen y cantidad, los partidos mantengan una asombrosa unanimidad. No para denunciarlo, sino para consagrarlo.
Durante los años del GIL, cuando esa organización a la que no se puede llamar partido construyó una mayoría social que le permitió controlar el Ayuntamiento de Marbella para poder saquearlo con impunidad durante 15 larguísimos años, una de las estrategias fundamentales utilizadas se basó en la contratación discrecional de trabajadores municipales. Como la legislación garantista que impera en España impide el nombramiento de funcionarios sin que los aspirantes superen un proceso selectivo en igualdad de condiciones con otros eventuales aspirantes, los cerebros grises del gilismo, encabezados por el abogado José Luis Sierra, idearon la creación de empresas municipales que bajo la coartada de la agilidad en la gestión lo que hacían era articular una estructura municipal paralela que permitiera evitar cualquier tipo de control en la gestión del dinero público. Quien quiera profundizar en cómo, de qué manera, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias se montó esa red puede recurrir al sumario y a la sentencia del conocido como ‘caso Saqueo 2’, donde viene perfectamente explicado.
Esa estructura permitió contratar servicios inexistentes, vaciar las arcas municipales sin control alguno y también disponer de los recursos públicos para la contratación discrecional de personal. Así fue como en 15 años Marbella pasó de tener poco más de 700 funcionarios a más de 3.000. Quien crea que aquello no tuvo relación alguna con las cuatro mayorías absolutas consecutivas obtenidas por el GIL durante aquellos años debería impartir un máster de ingenuidad política.
La herencia de aquellos trabajadores que entraron a la función pública por la ventana es una de las más pesadas que dejaron aquellos años nefastos.
En 2006, cuando se disolvió la corporación municipal y una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento, el entonces presidente de ese órgano, Diego Martín Reyes, intentó poner orden en el área de personal municipal pero se encontró con una férrea oposición. La entonces candidata a la Alcaldía por el PP, Ángeles Muñoz, se apresuró a anunciar que garantizaba la estabilidad a los trabajadores municipales, eufemismo con el que adelantaba que todas las contrataciones del gilismo se darían por buenas. Rápidamente el resto de los partidos se preocuparon en no desmarcarse de esa doctrina, que se convirtió en expresión del pensamiento único.
Es más, desde entonces se inició una batalla no por intentar corregir aquella injusticia histórica, que cierra las puertas por muchos años a quienes quieran acceder a la función pública municipal en justa competencia con otros aspirantes, sino a consumarla igualando el estatus de quienes fueron contratados a dedo con el de la minoría que entró a trabajar en el Ayuntamiento superando unas oposiciones.
En esto, todos los partidos que integran la corporación municipal, desde el Partido Popular hasta Podemos, fueron la más clara expresión de lo que se ha dado en llamar el ‘pensamiento único’. El argumento es que quienes hacen una misma función deben estar en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas prerrogativas. Da igual que entraran por la puerta o por la ventana.
Durante años, Gil contrató con criterios electorales y no de gestión. Mucho menos de idoneidad. Aquella estructura de personal se ha heredado y eso explica que hoy Marbella tenga un empleado municipal cada 46 vecinos y sin embargo la explicación para la falta de limpieza en las calles o para el retraso en la concesión de licencias de obra sea siempre la misma: «Falta personal».
El gilismo acabó hace 11 años y desde entonces ningún partido se ha atrevido no ya a ejecutar, sino ni tan siquiera a plantear la verdadera naturaleza de este problema.
El pasado viernes, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento, se acordó con acuerdo de todos los partidos, acelerar la equiparación salarial y la integración en la plantilla del Ayuntamiento de los trabajadores de los oales, los Organismos Autónomos Locales, herederos de aquellas empresas públicas. Es que son muchos y, al igual que en la época del GIL, siguen votando.

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¿Estamos haciendo los deberes?
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Héctor Barbotta | 10-10-2017 | 10:26| 0
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La interpretación más extendida es que en esta ocasión el termómetro al que más se suele recurrir dio señales equívocas y alimentó expectativas que no se cubrieron. Se suele afirmar que para saber cómo marchará la temporada turística no existe mejor encuesta ni estudio más acertado que analizar los resultados de la Semana Santa. Si la ocupación y el gasto en esos días han ido bien, entonces el verano se comportará igual de bien; si la Semana Santa ha ido floja, lo mejor es rebajar las expectativas ante la temporada alta.
Este año, Marbella en particular y la Costa del Sol en general arrojaron unos resultados excepcionalmente buenos entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, por lo que se preveía un verano extraordinariamente bueno. En los meses de primavera, el turismo también tuvo un comportamiento al alza, pero cuando se esperaba que agosto confirmara todo lo que se venía insinuando, los resultados reales se quedaron cortos.
No es que haya sido un mal verano, pero en los hoteles reconocen que las expectativas tan altas no se han cubierto. Muchos establecimientos, para cumplir con sus previsiones de ocupación, se vieron obligados a bajar precios porque las habitaciones no se llenaban y toda la infraestructura ya se había puesto en marcha con esa expectativa tan alta. El que falló, aseguran, fue el cliente nacional, el reaseguro de cada temporada que este año no respondió a lo que se esperaba.
¿Qué es lo que sucedió? Es posible que solamente estemos ante una situación de expectativas no totalmente satisfechas, pero algunas señales pueden estar indicando una crisis más grave que evidentemente no afecta solamente a Marbella, sino al conjunto de la industria turística.
La señal de alarma más estridente llega desde las compañías aéreas. La quiebra primero de Air Berlin y después de Monarch y las miles de cancelaciones de Ryanair, que han convertido los tickets de esa aerolínea en algo tan vinculado al azar como un billete de lotería. En los primeros años de este siglo, el turismo pareció encontrar su arca de la alianza en las compañías de bajo coste. De un día para otro y gracias a la comercialización simplificada que permitía Internet comenzaron a florecer aerolíneas que reducían el precio de los billetes mediante la fórmula de eliminar servicios para los pasajeros. Viajar se convirtió en algo más barato y también más incómodo. En poco tiempo, las nuevas compañías jubilaron a las clásicas, que sólo fueron capaces de mantenerse en las rutas de larga distancia y se vieron en la tesitura de copiar a sus rivales para poder sobrevivir en los vuelos domésticos y de media distancia. No todas lo consiguieron.
La situación que se está produciendo ahora, consecuencia de una competencia salvaje en un sector que seguramente debería estar más o mejor regulado, abre no pocas incertidumbres y el interrogante sobre si no habremos estado asistiendo durante los últimos años al crecimiento de una burbuja en el sector, alimentada artificialmente por subvenciones destinadas a dopar a algunos destinos, bajas tasas en aeropuertos remotos y reducción bestial de costes.
Por otro lado, lo que se ha venido en llamarse eufemísticamente economía colaborativa ha permitido la irrupción de otro fenómeno que no es nuevo, pero al que las nuevas modalidades de comercialización que permiten poner en contacto a quienes ofrecen y a quienes demandan servicios han disparado hasta convertirlo en un actor principal de la industria: los apartamentos turísticos.
Hasta hace no mucho tiempo podía creerse que se trataba de un fenómeno que no afectaría de manera importante a Marbella, o al menos al segmento de más alta calidad que constituye el santo y seña del turismo en la ciudad. A veces las valoraciones son apresuradas y tienden a subestimar la potencia de los nuevos productos. Este año ya se ha empezado a sentir la incidencia del alquiler vacacional también en el tramo más alto del poder adquisitivo, un enemigo inesperado que ha cogido a algunos hoteles por sorpresa. No han sido pocos los que han tenido que bajar precios para alcanzar la ocupación prevista.
Y todo ello en un momento en el que la coyuntura internacional, con muchos de los destinos competidores convertidos en un polvorín, sigue siendo favorable.
Posiblemente sea el momento de preguntarnos si más allá de aprovechar una situación internacional que nos favorece estamos haciendo los deberes para estar preparados para cuando el panorama cambie.

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Tarjeta de visita
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Héctor Barbotta | 02-10-2017 | 09:49| 0
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Puede ser porque en la ciudad ya existe una cierta gimnasia, o quizás porque la capacidad de sorpresa hace tiempo que se ha agotado en Marbella, o posiblemente porque el mundo de fútbol ya ha alcanzado una degradación moral tan avanzada que hasta cabría decir que la Guardia Civil estaba tardando. Pero lo cierto es que la operación desarrollada este martes contra una red de blanqueo de las principales organizaciones criminales rusas no ha causado el impacto que cabría esperar por la gravedad de los delitos que, según el instituto armado, se han estado desarrollando bajo la cobertura del club de fútbol de Marbella.
A estas alturas, con el presidente de la federación española tras las rejas y la mayor parte de los clubes colonizados por sinvergüenzas, oportunistas e imputados de diferente pelaje resulta paradójico que la tarjeta de visita del presidente de un club de fútbol siga sirviendo para abrir puertas en los círculos de poder cuando en rigor debería ser como un chip que automáticamente activara sirenas y levantara alertas. Sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo ante nuestras narices, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado emitido tras la operación con la que se desarticuló una red de blanqueo de las principales organizaciones criminales rusas. El presidente del club, Alexander Grinberg, asegura el instituto armado, utilizaba su cargo como tarjeta de presentación para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaban sus actividades.
Los prejuicios nunca son buenos consejeros y siempre acaban manchando a personas inocentes y por ello es saludable que nadie pusiera en duda las buenas intenciones de Grinberg cuando en 2013 cogió en sus manos un Marbella Fútbol Club que estaba en ruinas para rescatarlo y ponerlo en la senda del saneamiento económico y los triunfos deportivos.
Cuando llegó, hubo quien creyó que aplicaría una política de alocadas inversiones similar a la del jeque Al-Thani en sus primeros años en el Málaga, pero lejos de eso optó por la austeridad, la gestión ordenada y el cuidado estricto de cada euro que se gastaba. Como quien está administrando dinero que no es suyo y además no quiere llamar la atención. Quienes lo conocen de cerca aseguran que esa política de ahorro espartano en el club convivía con el derroche habitual en su vida privada.
La investigación apunta a una estrategia muy bien cuidada por parte de las organizaciones criminales que, según la Guardia Civil, tenían al presidente del Marbella como punta de lanza de su desembarco en la Costa del Sol. La estrategia consistía en comprar sociedades en ruina para reflotarlas con el doble objetivo de blanquear capitales procedentes del crimen organizado a gran escala y de ganar un prestigio social que les permitiera acceder a los círculos de poder político. Otra vez, en Marbella, el fútbol como parapeto de la criminalidad organizada.
El Marbella ni está en la elite del fútbol español ni puede albergar esperanzas fundadas de alcanzarla en un plazo más o menos corto, pero el nombre de la ciudad asociado al deporte de más implantación en el mundo es un caramelo muy goloso que seguramente la trama que ahora se ha desarticulado vio como una oportunidad cuando se decidió a desembarcar en la ciudad.
El proyecto central de la organización no era el de llevar al Marbella a competir de igual a igual con los grandes, sino el de utilizar el nombre del Marbella Fútbol Club para poner en marcha una infraestructura que apareciera como la ciudad deportiva de la entidad, pero que tenía la aspiración de convertirse en un centro de entrenamiento invernal de los clubes europeos y, según la Guardia Civil, en un instrumento de blanqueo.
Para ello la red se hizo con el club de golf La Dama de Noche, construido en 1987 sobre terrenos de dominio público hidráulico gracias a una concesión por 50 años que la sociedad MFC Sport Arena, propiedad de Roman Prokopenkov y German Pastushenko, adquirió en 2014, meses después del aterrizaje de Grinberg en el Marbella. Que la sociedad y el Marbella Fútbol Club compartieran iniciales, lejos de suponer una casualidad muestra la importancia que la trama daba al nombre que habían comprado a precio de saldo. El capital intangible de esta ciudad es un activo muchas veces despreciado en la corta distancia, pero del que se puede apreciar todo su valor a poco que se toma distancia.
El objetivo de construir una ciudad deportiva con alojamiento de alta gama fue uno de los tantos proyectos que tuvieron que quedar aparcados después de que el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010 e impusiera un impasse en todo el urbanismo de la ciudad.
Sin embargo, la construcción de los campos de fútbol sobre terrenos anteriormente dedicados al golf sí se ejecutó, en una actuación que no estuvo exenta de polémica y que señaló de qué manera, efectivamente, el fútbol abre puertas institucionales. En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Marbella tuvo noticia de que se estaban produciendo movimiento de tierras sin licencia tras una denuncia presentada por vecinos de la zona un mes antes. Las autoridades municipales no tomaron la decisión de ordenar la paralización de los trabajos hasta enero del año siguiente, cuando los campos de fútbol ya estaban construidos. En esa misma resolución se instó a MFC Sport Arena para que en el plazo de dos meses legalizara las actuaciones ejecutadas. La sociedad fue notificada de esta resolución el 18 de enero, el mismo día de la inauguración del complejo, que ha seguido en funcionamiento hasta ahora. El asunto se zanjó con una multa. Las instalaciones de la ciudad deportiva fue uno de los puntos donde la Guardia Civil realizó registros el pasado martes.

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Carlos Fernández, ese mito
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Héctor Barbotta | 29-09-2017 | 20:32| 0

No es difícil saber qué hubiese pasado con Carlos Fernández si en algún momento de aquel martes 27 de junio de 2006 hubiese optado por presentarse ante la policía y no escapar hacia el aeropuerto de Lisboa para poner distancia entre él y los agentes que lo buscaban. Tanto sus compañeros de partido como el resto de los concejales en una situación similar a la suya comenzaron en aquella jornada una penosa trayectoria que incluyó prisión provisional, comparecencias periódicas en los juzgados, una pena de banquillo de dos años, condena e ingreso en prisión, además de la pena agregada del ostracismo social. Algunos recién comienzan ahora a disfrutar de permisos carcelarios, pero todas esas vidas tuvieron en aquel martes del recién estrenado verano de 2006 un momento bisagra que las modificó a peor y para siempre.

Incluso los que optaron por escapar pudieron comprobar que es más fácil subirse a un avión para huir que construir una nueva vida escondiendo la condición de prófugo y encontrar un sustento mientras se le pregunta a la almohada, noche tras noche, si el siguiente será el último amanecer en libertad.
Ahora, 4.098 días después, Carlos Fernández ha aparecido–por propia voluntad, según su entorno; gracias a la eficacia policial, según la versión oficial que llega desde la Argentina– y reclama que sus cuentas están saldadas y contempladas sin excepciones en la figura de la prescripción.
Por eso se plantea el debate de si es justo o injusto que el simple paso del tiempo alcance para ajustar las cuentas con la justicia, y también de si el reproche moral debe sobrevivir y en algún caso llegar a donde lo impiden las limitaciones que un sistema garantista como el español ofrece a quienes presuntamente han delinquido.
No es objeto de este artículo entrar en un asunto para el que seguramente los especialistas en filosofía del derecho podrían aportar reflexiones interesantes y solventes, pero sí analizar por qué la figura de Carlos Fernández adquirió tal relevancia mediática en la última década que dio lugar durante todo este tiempo a las teorías más disparatadas. Y por qué su aparición, hace poco más de una semana, se convirtió en una de las noticias del año.
La respuesta solamente puede apuntar en una dirección: porque se escapó. Fernández era una pieza importante de la ‘operación Malaya’, pero no esencial, y de hecho ni siquiera era concejal cuando se desencadenó el caso. Había tenido que dejar el escañó tras ser condenado por la causa de la Unión Deportiva San Pedro, la única sentencia firme que pesa en su contra.
Que Fernández haya sido capaz de permanecer prófugo durante tanto tiempo describe en buena medida su capacidad de adaptación a las circunstancias y pone en evidencia un talento que lo distingue de los compañeros de correrías que intentaron, con desigual fortuna, emular su capacidad de evasión. Una persona que llega a un país desconocido tras escaparse subrepticia y precipitadamente, que se instala en una ciudad que, como San Juan, es posiblemente el lugar menos parecido a Marbella que pueda existir sobre la Tierra, que se construye un nuevo perfil profesional a partir de cursos impartidos por Internet, y que pasa a formar parte de cierta elite de la ciudad de acogida, todo ello mientras pende sobre él una orden de busca y captura, tiene un mérito que más allá de las consideraciones morales debería ser tomado en cuenta a la hora de caracterizar al personaje.
Desde que apareció en la vida política de Marbella, a muy temprana edad y a la sombra de Jesús Gil, Fernández dio muestras de la sangre fría y el sentido de la estrategia de la que ha hecho gala para planificar su huida y, al parecer, también su reaparición.
En 1991, con sólo 23 años, comenzó como el concejal más joven del primer equipo de Jesús Gil. Estuvo bajo las órdenes del todopoderoso alcalde de Marbella, con quier rompió de manera abrupta siete años más tarde, cuando Gil lo acusó de robar sin permiso. «Quiero tu cabeza en bandeja de plata, o voy a decirle a todo el mundo que eres un ladrón», le dijo. Había estallado el caso de la UD San Pedro, que acabó con una condena firme contra Fernández cuando éste ya no estaba para cumplirla. Sin embargo, desde su exilio clandestino hizo frente a la responsabilidad civil, la mejor prueba de que los movimientos que se han concretado en estos días estaban previstos desde muchos años atrás.
Gil quiso echarlo de la política, pero se ganó un enemigo de fuste que conservó su acta de concejal y comenzó a competir con Isabel García Marcos en la oposición más radical contra el alcalde. Con sus mismos métodos: a una acusación, una acusación más grave; a un insulto, un insulto más grueso. En esa época se escucharon sus frases más célebres: «Gil amenaza con que viene el lobo, pero el único lobo que se debe ir es el que ha venido a robar», o «Gil es el Barrabás de la democracia española». Buscó amparo en la estructura del Partido Andalucista para poder hacer frente a los medios ilimitados con los que contaba el alcalde. Consiguió dos ediles en 1999 y tres en 2003 y escaló en el organigrama de la formación regionalista hasta que su carrera se cortó abruptamente tras la condena por el caso de los jugadores del San Pedro. Ahí acabó su carrera política, pero no su capacidad para adaptarse a situaciones adversas.
Sin embargo, ni todo ese talento ni la falta de escrúpulos explicarían por sí mismas que haya conseguido permanecer oculto durante tanto tiempo si no se contara con el hecho incontestable de que no se puso la energía suficiente para buscarlo.
Su hermano reveló esta semana en una entrevista concedida a SUR que el pasaporte de Fernández siguió en la mesita de noche de la habitación del exedil después de que la policía registrara su vivienda. Con esa documentación y con dinero en efectivo pudo escapar y comenzar su nueva vida.
Los 11 años en los que desapareció al control de las autoridades crearon casi un mito y dieron lugar a teorías incontrastables e incontrastadas. Desde que era el garganta profunda que había dado datos claves para desmantelar la mafia del Ayuntamiento hasta que era otra mafia la que lo protegía. Pero lo único comprobable es que el interés mediático por la figura del prófugo fue muy superior al interés policial y judicial. En los archivos de la policía argentina figura un requerimiento de Interpol desde el año 2012 y una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional desde 2014. Lejos de explicaciones fantásticas, la burocracia y la desidia institucional parecen haber sido sus principales aliadas en todo este tiempo. Y con toda probabilidad, si es que una sorpresa de última hora no rompe con los pronósticos, las que habrán impedido que se siente en el banquillo para rendir cuentas.

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Desidia
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Héctor Barbotta | 22-09-2017 | 14:10| 0
CARLITOS FERNÁNDEZ bis.cdr

 

La detención en Argentina del exedil de Marbella Carlos Fernández, prófugo desde hace más de once años, ha disparado las teorías conspirativas. Es lo que suele suceder cuando no se encuentran explicaciones convincentes a un hecho inusual, pero también cuando las explicaciones son tan simples que resultan inverosímiles.
En este caso, que ha mantenido abierto durante más de una década un paréntesis más de incógnita que de preocupación, las teorías apuntan a que Carlos Fernández pudo escapar porque era un confidente de la policía que aportó datos claves que permitieron sacar a la luz la telaraña de corrupción que tenía atrapado al Ayuntamiento de Marbella. No es la primera vez que se expanden estos rumores, pero a poco que se conoce cómo se desarrolló la investigación del ‘caso Malaya’ se llega a la conclusión de que no tienen más sustento que la mera sospecha.
La teoría de la colaboración no ayuda a explicar cómo se llegó a desenmarañar la trama y la lectura de la sentencia, un fallo que dejó escapar indemnes o con castigo mínimo a muchos de los protagonistas, permite concluir que los investigadores hicieron todo lo que pudieron, pero que no llegaron tan lejos como les hubiese permitido la colaboración de un arrepentido, figura que por otra parte no existe en la legislación española. Cualquier policía descubierto ofreciendo impunidad al exconcejal a cambio de colaboración hubiese acabado haciendo compañía tras los barrotes a los condenados.
La teoría que viste a Carlos Fernández con el traje de un topo se basa en lo inexplicable que resulta que un sospechoso de un caso con tanta atención mediática haya podido eludir la persecusión durante tanto tiempo.
Y ante este interrogante es posible que la respuesta más verosímil sea la más sencilla. ‘Malaya’ fue un caso que despertó más interés entre los medios de comunicación y el público que entre quienes tenían la obligación y los medios para buscar y poner al exedil a disposición de la justicia. La trama de corrupción en Marbella dejó de ser un foco prioritario de interés para el Estado en el momento en que Gil se vio obligado a expandir su poder a Ceuta y Melilla y la propia ‘operación Malaya’ fue más producto del interés y el tesón de un juez de 34 años y de dos policías también jóvenes que de quienes se situaban en las más altas cimas de la administración del Estado.
Fernández pudo gozar de su década de impunidad y podrá acceder a la más que probable prescripción de los presuntos delitos por los que se lo perseguía simplemente porque, al igual que sucedió con otros prófugos de la corrupción en Marbella, no se lo buscó.

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Un misterio
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Héctor Barbotta | 22-09-2017 | 14:02| 0

A dos semanas de la moción de censura que propició un cambio de timón en el Ayuntamiento de Marbella y tras un corto intervalo de transición, la ciudad ya parece instalada en su nuevo escenario. El nuevo gobierno municipal, volcado en un frenesí de anuncios que incluye planes de choque y anuncios para el futuro cercano que parecen transmitir el mensaje de una ciudad paralizada durante dos años y necesitada ahora de una gestión vertiginosa. La oposición ha regresado al primer plano tras una corta tregua más enfocada a reordenar las propias fuerzas que a conceder un periodo de gracia al nuevo equipo de gobierno. Lo ha hecho para denunciar que detrás de estas dos semanas no ha habido más que golpes de efecto vacíos de sustancia. Unos y otros parecen haber asumido ya su nueva situación, incluido el exalcalde, protagonista de una fotografía tan inusual como saludable: la de un político regresando a su trabajo anterior. A la hora de buscar explicaciones a los motivos por los que el tripartito se rompió para dar paso a una moción de censura, se han esparcido rumores y teorías de lo más exóticas y estrafalarias, y sin embargo llama la atención la falta de referencias a un misterio que tiene a media Marbella desconcertada. Cuando el PSOE consiguió en 2015 la Alcaldía de Marbella, contra pronóstico y de manera inesperada, muchos vaticinaron con razón que el Partido Socialista, sus principales dirigentes y las instituciones que gobiernan, especialmentela Junta de Andalucía, se volcarían de manera decidida. El de Marbella fue un ayuntamiento tradicionalmente gobernado por el PSOE y que los socialistas perdieron en 1991 con el aluvión de Gil. Cuando lo recuperaron hace dos años tras una travesía del desierto de casi cinco lustros, se convirtió en su mayor cuota de poder institucional en la provincia. Sin embargo, pasaron los años y el alcalde socialista de Marbella fue sistemá- ticamente ignorado por su partido. Solamente hubo dos visitas institucionales de la presidenta de la Junta de Andalucía –una de ellas obligada por las inundaciones de diciembre del año pasado–, los inexpertos concejales socialistas se vieron solos, sin respaldo técnico en la maraña administrativa del Ayuntamiento pese a la crisis provocada por la anulación del PGOU, y no hubo el más mínimo avance en la resolución de las cuentas del Gobierno andaluz pendientes con Marbella. Las obras del Hospital Costa del Sol, con siete años de paralización, o el proyecto de ampliación del puerto de la Bajadilla, olvidado en un cajón, son las dos pruebas más llamativas de esta actitud incomprensible, de esta oportunidad perdida. Un suicidio político que constituye un misterio imposible de resolver.

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Pasos decididos
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Héctor Barbotta | 12-09-2017 | 11:08| 0
GOBIERNO MUNICIPAL TRAS MOCIÓN.cdr

La tradición ordena en una de esas normas no escritas, que suelen ser las que más se respetan, que los nuevos gobiernos cuentan con cien días de gracia. Alguien podía suponer que la regla no rige en situaciones especiales y que después de haber sido desplazados por una moción de censura inesperada, los ahora grupos de la oposición se la iban a saltar para arremeter contra el nuevo equipo de gobierno a las primeras de cambio. Sin embargo, desde el relevo en el sillón de la Alcaldía los grupos de la oposición han mantenido un llamativo silencio. Es difícil todavía concluir cuáles son los motivos de esta desaparición del escenario público, que seguramente será momentánea y que no afecta a las redes sociales, donde los afines a los grupos desplazados no han parado de lanzar ataques a los nuevos gobernantes y acusaciones de esas que no resisten el paso del subsuelo de las redes a la superficie de los pronunciamientos formales. Se desconoce si el silencio mantenido desde el pleno de la moción de censura se debe a que aún hay poco que decir porque el nuevo gobierno no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero, si es porque efectivamente Ángeles Muñoz y su equipo disfrutarán de sus cien días de gracia o si obedece a que como el golpe ha sido tan duro e inesperado, los concejales desplazados del poder también necesitan tiempo para asimilar las nuevas circunstancias y organizar sus vidas personales y profesionales según la situación sobrevenida. De momento los concejales no abren la boca y le dejan la labor de oposición a los memes de Tuiter y Facebook.
Éste ya no es el país que hace poco más de un lustro convirtió la indignación con la crisis y con el funcionamiento de las élites políticas en un estado de cabreo general que alumbró en primer lugar una ruptura generacional conocida como 11-M y posteriormente la aparición de nuevas fuerzas que llegaban para plantear una enmienda a la totalidad del sistema. Sólo de esa manera se entiende que el aumento en las remuneraciones de los concejales –que supone en suma dedicar más recursos públicos a los ediles del gobierno y también de la oposición, con aumentos para los primeros de hasta 10.000 euros al año– no haya pasado a ocupar, a fuerza de protestas, un lugar destacado en la agenda pública. Es posible que ello se deba a que tanto unos como otros han salido bien parados del nuevo reparto, sino también a que la mayor parte de los vecinos hayan comprendido, primero, que a los políticos no hay que exigirles que cobren poco sino que se ganen lo que cobran. Y segundo, que impedir que la oposición cuente con ediles a tiempo completo no es más que una manera sutil pero sucia de evitar que la acción de gobierno pueda ser controlada. Que se hayan evitado los debates demagógicos sobre esta cuestión bien podría ser interpretada como un signo doblemente positivo: de que la situación general ya no es tan desesperada como algunos años atrás, por un lado, y de que la Marbella política ha alcanzado un cierto grado de madurez y está dispuesta a debatir no cuestiones insustanciales y secundarias, sino los asuntos de fondo.
Posiblemente con la conciencia de que la mayor parte de la demanda vecinal se dirige a una mejora rotunda de la gestión del día a día, y también de que 20 meses dan para lo que dan –en el equipo de gobierno hablan de solamente 18 meses porque desde el momento en el que se convocan las elecciones municipales la acción política desde la institución se reduce sustancialmente– no se han escuchado en estos días, ni posiblemente se escucharán en los próximos, ningún gran anuncio estratégico sobre el futuro de la ciudad.
Por el contrario, el equipo de gobierno –que se está terminando de configurar con la contratación de los últimos colaboradores y asesores– ha preferido comenzar con un par de decisiones que pueden entenderse como golpes de efecto.
El más esperado y por lo tanto menos sorpresivo ha sido la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza. Después de haber convertido la gestión de esa área en el núcleo de su argumentario desde las filas de la oposición, el llamado plan de choque no ha sorprendido a nadie. Lo que aún falta por comprobar es si más allá de los golpes de efecto habrá argumentos cuando hayan transcurrido algunos meses para asegurar que efectivamente la ciudad está más limpia como consecuencia de una mejor gestión de los recursos municipales.
La segunda actuación que ha causado más impacto no puede asegurarse que haya sido planificada como un golpe de efecto, pero no se puede dudar de que ha tenido ese resultado. A los dos días de llegar el equipo de gobierno ha ordenado el cese del permiso concedido al hotel Sisu para la emisión de música. Este establecimiento se había convertido, no solamente por el ruido y las molestias a los vecinos, en una referencia de todo lo indeseable que durante los meses de verano pareció inundar la ciudad. Además de emitir música a deshoras y de convertirse en punto de encuentro de descamisados, el hotel está siendo objeto de una investigación policial por un incendio provocado intencionalmente en una de sus zonas comunes durante el pasado abril. Ahora el Ayuntamiento ordena el cese de cualquier actividad en su interior que no sea la hotelera y el mensaje parece poder leerse como que este equipo ha resuelto en dos días un problema al que su antecesor asistió con impotencia durante dos años.
En una dinámica idéntica puede entenderse también el anuncio realizado sobre la apertura dentro de dos meses de la infraestructura deportiva en superficie del Francisco Norte, un problema heredado que se convirtió en una cicatriz inasumible en pleno centro de Marbella y que el gobierno del tripartito tampoco fue capaz de solucionar durante más de dos años.
La alcaldesa también se ha sumado a esta estrategia de golpear duro al principio y ha querido que se visualice su mano ante el gobierno central con una visita la Ministerio de Hacienda, donde su reclamo de que se permita incrementar el techo de gasto, una losa que pesó sobre la gestión del tripartito durante todo este tiempo, ha recibido ahora buena acogida. Es lo que podría llamarse política institucional-partidista.

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Burbuja
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Héctor Barbotta | 12-09-2017 | 07:58| 0

El fenómeno avanza imparable. Málaga y Marbella ya tienen más plazas de apartamentos turísticos que camas hoteleras. En una ciudad como Málaga, con sus dimensiones de gran urbe y su explosión turística tardía enfocada a un turismo urbano y cultural, las cifras pueden obedecer a cierta lógica. En Marbella, sin embargo, con su tradición hotelera de medio siglo y un modelo turístico que necesita cimentarse en un servicio de alto valor agregado, esas mismas cifras deberían llamar a la reflexión y posiblemente también activar algunas alarmas.
La profusión de apartamentos turísticos comercializados gracias a las herramientas que facilita Internet es un fenómeno relativamente nuevo, pero a poco que se rasca en el debate acerca de sus consecuencias es como si nos encontráramos en las discusiones de la década anterior, cuando la disyuntiva no era entre hoteles y apartamentos, sino entre turismo convencional y turismo residencial. En plena expansión de la burbuja inmobiliaria, aquel era un debate que solía acabar siempre con una pregunta: ¿Por qué lo llaman turismo cuando de lo que se trata es de vender casas?
Ahora, con los apartamentos turísticos, hay una realidad que en algún sentido recuerda a la anterior. Es verdad que en las sociedades avanzadas han aparecido nuevas formas de viajar y también nuevas formas de comercializar toda clase de productos, muchas veces bajo el amparo de la falta de regulación por la propia condición novedosa de esos productos. Pero también es verdad que muchos de los inmuebles que hoy encuentran salida comercial bajo el amplio paraguas del turismo son herencia de la burbuja inmobiliaria, que la presión turística está echando a los vecinos de algunas zonas urbanas –y por lo tanto modificando sustancialmente la configuración social de las ciudades– y que el modelo turístico que se sustenta en apartamentos alquilados por Internet difícilmente puede convivir con aquel que se basa en hoteles con alta calidad de servicios. No se puede aspirar simultáneamente a un objetivo y también al contrario.
Tampoco puede ignorarse que la actual demanda turística que parece no tener límite es producto de una situación conflictiva en el Mediterráneo que no durará toda la vida, y que un modelo basado más en la cantidad que en la calidad asegura el pan para hoy y augura el hambre de mañana.
Sólo los ilusos y los fanáticos impenitentes pueden confiar en que la mano invisible del mercado encontrará por sí sola la respuesta adecuada a una situación nueva y compleja que puede determinar el futuro de nuestro sector estratégico. No deberíamos olvidar que lo peor de las burbujas es que al final explotan, y que la onda expansiva nunca se sabe hasta dónde puede llegar.

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Nuevo paisaje
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Héctor Barbotta | 06-09-2017 | 18:06| 0
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MARBELLA comienza una nueva etapa y en el horizonte aparecen unas pocas certezas y algunas incertidumbres. Un cambio de timón a mitad de mandato puede tener un efecto perverso si quienes han dirigido hasta ahora los destinos de la ciudad y quienes lo hacen desde el pasado martes se ven tentados de recurrir a la coartada de haber estado un periodo incompleto para justificar lo que se ha dejado de hacer. Las urgencias de la ciudad no entienden de colores.
Después de haber presentado un programa de gobierno que en una primera lectura puede interpretarse como poco ambicioso y falto de concreción, la nueva alcaldesa dio un par de señales que podrían invitar a adelantar que no recurrirá al argumento de la falta de tiempo. En su primera entrevista desde que regresó al despacho de Plaza de los Naranjos reconoció que los vecinos, y seguramente en especial sus electores, le exigirán resultados y por eso es probable que en las próximas semanas nos esperen un ritmo frenético y un par de golpes de efecto. También admitió que a diferencia de en sus dos primeros mandatos hereda un ayuntamiento razonablemente saneado –aunque lanzó una advertencia sobre el retraso de los pagos a proveedores– y en un contexto económico radicalmente diferente al que tuvo que enfrentar cuando llegó por primera vez y el país estaba a punto de sumergirse en una crisis económica profunda y prolongada.
Está bien que asuma esa responsabilidad y reconozca que dos años pueden dar para presentar un balance digno, porque de otra manera la ciudad se hubiese enfrentado a la situación de cuatro años perdidos sin que nadie se hiciese cargo de nada. Unos, porque los quitaron antes de tiempo; los otros, porque llegaron demasiado tarde.
El reconocimiento de que financieramente el Ayuntamiento de Marbella está mejor ahora que hace dos años también es positivo. La renegociación de la deuda municipal con la Junta de Andalucía producto del anticipo de 100 millones de euros concedidos por la Administración andaluza a la gestora en la primavera de 2006 para evitar el colapso de la gestión municipal es la mejor herencia que deja el gobierno de José Bernal. No es poca cosa, porque sin esa refinanciación la viabilidad económica del Ayuntamiento estaba en duda. Es verdad que se esperaba más del compromiso de la Junta con la ciudad –ahí siguen sin novedad el Hospital y el puerto de La Bajadilla, por recurrir solamente a los ejemplos más groseros– y es algo por lo que en primer lugar los socialistas de Marbella quizás deberían pedir explicaciones a su partido y al Gobierno andaluz. Pero ello no quita que se reconozca la importancia fundamental que tuvo aquella refinanciación. No deja de ser significativo, y ciertamente triste, que la renegociación de las deudas que el Ayuntamiento tiene con el Estado y con la administración autonómica sólo se hayan podido producir cuando en el gobierno municipal y en cada una de las administraciones a las que se interpelaba coincidieron responsables políticos del mismo signo. Que muchos vecinos den por hecho, con razón, que ahora se ralentizarán las obras pendientes de la Junta y se acelerarán las del gobierno central es sin duda una muestra de pobreza institucional.
Con una moción de censura en mitad de la legislatura, promovida además por unos socios de gobierno, cabía esperar un pleno tenso y alguna salida de tono. Más allá de que cada uno reunió a sus fieles a las puertas del Ayuntamiento para que expresaran legítima y civilizadamente sus posiciones, no hubo más tensión que la propia de la dureza de algunas intervenciones.
Los personajes principales interpretaron sus papeles con altura, y sólo algún secundario, como la presidenta del pleno, que optó por protagonizar algunas salidas de tono, no hizo otra cosa que retratar su propio nivel. Puede decirse que la elegancia con la que José Bernal asumió su salida de la Alcaldía ha potenciado su imagen. El exalcalde es hoy una figura más solvente que cuando tomó el bastón de mando hace dos años.
Entre las incógnitas que se abren de ahora en más las políticas no son las menores. No existen aún elementos que permitan vaticinar con algo de fundamento cómo serán los comportamientos electorales a partir de esta nueva realidad, pero sí para describir cómo queda el escenario político.
Podemos pierde su posición de única fuerza de oposición de izquierdas y ahora deberá compartir espacio con el PSOE e Izquierda Unida. Será interesante observar cómo hacen estas fuerzas para preservar sus lugares de una manera diferenciada en un espacio que pasa a ser común.
Las estrategias políticas son consecuencia de las lecturas que cada fuerza hace de la realidad y por eso suelen ser más exitosas aquellas que parten de una apreciación más acertada de lo que sucede. Durante estos dos años, mientras algunas voces aisladas en el PP recurrían al argumento de que un pacto contra natura había hurtado el triunfo conseguido en las urnas, la estrategia fundamental del partido se centró en criticar al gobierno municipal por su gestión y no por su supuesta falta de legitimidad. Los resultados demuestran que esa estrategia fue un acierto.
Mientras tanto, los socialistas optaron por dedicar tiempo y energía a acusaciones de supuestas ilegalidades cometidas por Ángeles Muñoz. Un fallo judicial acaba de echar por tierra la principal de esas acusaciones, y con ella toda una estrategia política.
Ahora los socialistas pueden verse tentados de recurrir al victimismo, a considerarse despojados ilegítimamente del poder y a apostar todas sus cartas a dar por buenas especulaciones infundamentadas sobre cómo se coció la moción que los expulsó de la Alcaldía. Pero todo lo que no sea revisar sus propios errores y establecer una nueva estrategia partiendo de una serena autocrítica no les hará otra cosa que perder el tiempo.
Al otro lado, PP y OSP se enfrentan a un dilema. En su condición de partidos más votados en San Pedro, son al mismo tiempo aliados institucionales y rivales en el terreno electoral. Será interesante observar cómo resuelven esa contradicción.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella