Desde el área de Urbanismo se ha invitado a los propietarios de los pisos de Banana Beach, uno de los edificios ilegales más emblemáticos de la era GIL, a presentar una denuncia contra el promotor José Ávila Rojas, responsable de esa obra, imputado en la ‘operación Malaya’ y considerado por el juez Torres socio de Juan Antonio Roca. Es la única forma de que el empresario responda por la estafa que han sufrido los compradores, a quienes se les han vendido unos pisos levantados en zona verde, amenazados ahora por la piqueta y que en el mejor de los casos quedarán en un limbo jurídico de consecuencias inciertas. Los vecinos se han negado. Quieren que sea la administración la que resuelva la situación.
Esta circunstancia no dejaría de ser una anécdota si no fuese un síntoma más que habitual. Los vecinos son conscientes que ha sucedido algo grave y saben que son las primeras víctimas, pero no hay, salvo excepciones, atisbos de responsabilidad o autocrítica. ¿Cómo pudo pasar esto? es una pregunta muy habitual en otros sitios, pero que casi no se escucha en Marbella, un ciudad empeñada en mirar al futuro y que se resiste a hacer balance. Hoy día resulta casi imposible encontrar a un vecino que se reconozca como votante del grupo que saqueó la ciudad, y mucho más escuchar alguna opinión autocrítica de esos electores. El ‘no importa que robe mientras haga cosas’ que presidió los mandatos gilistas ha dado lugar una atribución de responsabilidades hacia los partidos mayoritarios, los alcaldes anteriores a Gil, las instituciones, en especial la Junta de Andalucía, y los jueces. A la hora del balance, a Marbella le cuesta mirarse a sí misma