El debate sobre las compensaciones que deben afrontarse para regularizar las viviendas ilegales ha contaminado cualquier otra consideración que pudiera hacerse sobre el nuevo PGOU de Marbella.
El documento marca las pautas para la ciudad de, al menos, los próximos diez años, propone la ampliación de sus puertos, la forma en que llegará el AVE, el sitio donde deberá construirse, algún día, su Universidad, la protección de sus edificios históricos, la ubicación de sus futuros parques y un largo etcétera. Pero no hay más debate que las compensaciones de los edificios ilegales.
A la hora de buscar explicaciones a esta situación, la principal responsabilidad apunta los redactores del Plan, y posiblemente a su torpeza. No establecieron distinciones entre quienes se beneficiaron de las obras ilegales –los promotores– y quienes –de forma mayoritaria aunque seguramente habrá excepciones– son sus perjudicados, los compradores.
Si lo que pretendían era debilitar la posición de los promotores empujando a los propietarios a denunciarlos, lo que han conseguido es exactamente lo contario: confundieron los intereses de unos con los de los otros, –cuando en realidad se trata de intereses antagónicos– y así la única posición que salió debilitada, al menos en la ciudad, ha sido la de la Junta, administración bajo cuya dirección se redactó el Plan.
Ahora, frente a posiciones interesadas que piden la anulación de las compensaciones (una amnistía encubierta y la consumación final de la política de hechos consumados que sería un desastre para la credibilidad de la ciudad) existe otra posible solución. Hay vecinos que exigen que no se les reclame a ellos lo que debe exigirse a los promotores y que el propio Plan establezca explícitamente que la responsabilidad es de los promotores.
Posiblemente sea una salida al laberinto en la que la ciudad parece otra vez perdida.