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Héctor Barbotta

Marbella blog

Acuerdo aprobado por silencio administrativo

Hay quienes lo ven como una injusticia flagrante, y otros que señalan que el problema no está en el acuerdo, sino en las leyes que lo hacen posible. El pacto alcanzado en la Fiscalía de Medio Ambiente para acortar los procesos contra los ex ediles del GIL no ha convencido a nadie, salvo a algunos de sus beneficiarios, aunque se sustenta en un argumento de peso: si se celebraran todos los juicios el resultado final sería el mismo. Ningún ex edil cumpliría más de tres años de cárcel aunque sumara medio centenar de condenas. De esta forma, argumenta la Fiscalía, se ahorra tiempo, y también el dinero que costarían los juicios. Para el observador neófito, el acuerdo tiene todo el aspecto de una injusticia legal. Pero ni aún así los abogados tienen una opinión unánime: algunos dan saltos de alegría en nombre de sus clientes. Otros se muestran reacios a aceptarlo porque piensan que sus defendidos no merecen ni quince minutos de cárcel, y confían en que podrían salir aún mejor de lo que el acuerdo propone.

En el fondo, lo que demuestra esta situación es que cuando montaron el saqueo contra Marbella, cuando se decidieron a exprimir a la ciudad hasta dejarla en casi nada, cuando decidieron que cualquier terreno era bueno para hacer negocio aunque ocupara zona verde, franja litoral o equipamiento escolar, Jesús Gil y sus secuaces tenían bien trabajado el tema. No fue una improvisación. Las leyes pueden ser muy severas contra quienes cometen algunos delitos, pero forrarse a costa de 200.000 vecinos puede salir barato. Más que un desafío al Estado, Gil y los suyos armaron una operación de recochineo. Una tomadura de pelo en la cara de jueces, políticos y contribuyentes. 

A los concejales que aprobaron decenas de licencias de obras al margen del ordenamiento urbanístico no les alcanzaría toda la vida para reparar el daño que han causado. Pero las leyes permiten que puedan saldar su deuda, en el peor de los casos, con algunos meses de cárcel. El tiempo ha jugado a su favor. Las instituciones fueron incapaces de frenar el robo mientras éste se producía. En sus propias narices. Y ahora que ha llegado el momento de impartir justicia -no de reparar el daño, porque eso es imposible- tampoco tienen instrumentos para hacerlo. 

Aún así, ha llamado la atención que en esta semana haya habido dos instituciones que prefirieran no comentar el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Como si ya hubiesen tirado la toalla. Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Marbella han dicho esta boca es mía. Es curioso: los responsables de la Junta llevan meses reivindicando su papel de denunciantes en la mayoría de las causas por delito urbanístico abiertas en Marbella. Sin embargo, no tienen nada que comentar ante una decisión que puede dejar en casi nada unos litigios que llevan años abiertos, y cuya resolución puede dar alas a cualquier otra banda de sinvergüenzas que en el futuro quiera montar un GIL en cualquier otro punto del litoral español.

Lo del Ayuntamiento también es curioso. La devolución a la ciudad de los bienes robados es uno de sus más repetidos caballos de batalla. Que se sepa, el acuerdo de la Fiscalía no prevé compensación alguna para la ciudad, pero a los responsables municipales o les ha tomado de sorpresa o no ha parecido molestarles. El acuerdo goza de aprobación por silencio administrativo. Doble.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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