Los comerciantes solicitaron la videovigilancia para Puerto Banús, el Ayuntamiento asumió con energía ese reclamo y la Subdelegación se mostró reticente. Tres veces rechazó el proyecto hasta que los responsables municipales cedieron en algunos aspectos. El que más inquietaba al subdelegado era el espinoso asunto de la custodia de las cintas grabadas. Muchas veces la falta de medios y de presupuesto empuja a Interior a dejar disimuladamente que los ayuntamientos asuman parte de sus competencias por la vía de los hechos –un buen ejemplo lo tenemos en Marbella, donde hay el doble de policías locales que nacionales–, pero en este tema no ha habido cesión.

Ya bastante polémica será la instalación de cámaras en lugares donde muchos turistas acuden a realizar actos en los que seguramente no quieren ser vistos –cualquiera que haya estado una madrugada en la ‘calle del infierno’ puede adivinar a qué nos estamos refiriendo– como para dejar que ese sensible material grabado se les escape de las manos. El proyecto de videovigilancia para Puerto Banús es el segundo al que Interior le da el visto bueno en la provincia tras el que ya funciona en el centro de Málaga. Ello da la medida de la importancia de imagen, turística, comercial y en suma económica que tiene Banús.
Por eso mismo sería necesario tomar conciencia de que lo que realmente importa no es grabar los desmanes y el descontrol que en muchas madrugadas reina en su calle posterior, sino acabar con el inexplicable contraste que se puede encontrar entre dos arterias –Muelle de Ribera y avenida de la Ribera– separadas por apenas veinte metros. En suma, no limitarse a grabar lo que pasa en la calle del Infierno, sino convertir la calle del Infierno en algo más presentable.

Todavía falta para que la videovigilancia de Banús se ponga en marcha –la optimista Kika Caracuel mostró su esperanza de que esté en funcionamiento el próximo verano– pero falta más aún para que Marbella cuente con su Palacio de Justicia. La consejera de ese departamento, Evangelina Naranjo, visitó la ciudad esta semana e hizo pública la petición que ha realizado al Ayuntamiento para ejecutar ese proyecto: un solar de 12.000 metros cuadrados y bien comunicado. A ver de dónde sale, porque algún lumbreras dibujó en el nuevo Plan General la futura sede de los juzgados en plena Milla de Oro. Con buen criterio, el equipo de gobierno municipal ya ha hecho saber que ahí ni hablar. Cualquier equipamiento en esa zona que no sea turístico y de primera categoría sería un disparate.
Naranjo también anunció que el del ‘caso Malaya’ será el segundo macroproceso tras el del 11-M que se celebrará totalmente informatizado y en la Ciudad de la Justicia. No habrá papeles, por lo que se ahorrarán 300.000 euros en fotocopias y los bosques salvarán el equivalente en árboles de 15 millones de folios, y todo el sumario se entregará a abogados, jueces y fiscales en un diminuto USB. El sumario de Malaya acumula 150.000 folios, casi el doble que el otro megaproceso relacionado con Marbella del que esta semana ha habido novedades: Ballena Blanca. Este juicio, cuando llegue, también será testigo de la informatización de la justicia –la modernización es algo distinto y requiere algo más que cambiar una fotocopiadora por un escáner–, con su pen-drive en lugar de interminables carpetas llenas de folios..

Quizás por este cambio no podrá hablarse de papel mojado, pero en eso parecen haber quedado buena parte de las acusaciones formuladas en su día contra el despacho de Fernando Del Valle. Los informes policiales hablaron de la mayor red de blanqueo de Europa, con más de 250 millones de euros pasados por el tamiz de las sociedades instrumentales, pero la acusación del fiscal reduce la cantidad supuestamente blanqueada a 12 millones. Es mucho dinero y la acusación no deja de ser grave, pero la lectura comparada de las cifras invita a pensar que el caso se desinfla. Y ello por no hablar de las 32 personas que en su día fueron detenidas y que ahora no están ni siquiera acusadas. No estaría de más que al terminar todo esto alguien diera alguna explicación convincente.

Estaría bien que esa explicación fuese más convincente de la que ha dado el abogado de Juan Antonio Roca para renunciar a la defensa en el ‘caso Saqueo’ menos de un mes antes de la celebración del juicio. El letrado ha argumentado que Roca no le paga las minutas, pero sólo renuncia a representarlo en uno de los casos, casualmente el que ya tiene el juicio señalado para el próximo día 25. En Malaya sigue. Si no es una maniobra –legítima, faltaría más– para retrasar el proceso se le parece mucho.

Y ya que estamos con explicaciones convincentes, o no tanto, falta que alguien explique por qué se ha tardado 40 días en paralizar una obra que se estaba realizando sin licencia en plena avenida Ricardo Soriano desde que la Policía Urbanística levantó el acta de infracción. Alguien puede explicar que la burocracia a veces va despacio, pero es que ya no estamos para muchas bromas.
También habría que preguntarle al constructor si realmente creyó que podría levantar un edificio sin licencia en, repetimos, la avenida Ricardo Soriano, sin que nadie se diera cuenta. O sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Y parece que sí. Que efectivamente lo creyó.