En política existe la regla no escrita de conceder a los nuevos cargos cien días de cortesía para darles tiempo suficiente para aterrizar y tomar contacto con la realidad, muchas veces alejada de las idealizaciones previas, antes de someterlos a crítica. Esta tradición –que cada vez se respeta menos, todo hay que decirlo– permite intuir intenciones, adivinar estrategias, descifrar talantes e ir preparando el cuerpo para lo que se viene encima.
En el mundo de la empresa no existe nada parecido a esta tradición, porque los nuevos suelen enseñar sus cartas nada más comenzar.

Eso es lo que ha pasado en el hotel Los Monteros, uno de los grandes emblemas del turismo de lujo en Marbella, donde la sociedad rusa que se ha hecho con la propiedad ha entrado como elefante en una cacharrería, echando gasolina donde había un incendio. 72 despidos, pésimas formas y peor fondo. Quien aparece como propietario ya ha sido citado para dar explicaciones el miércoles en el juzgado por una agresión física al presidente del Comité de Empresa. Y se enfrenta ahora a una más que justificada convocatoria de huelga justo en unos días en los que el hotel podía hacer caja, que tanta falta le hace.
Posiblemente se trate de una de las caras más temidas de la crisis. Las deudas y la falta de inversores lleva a buscar capitales incluso en los lugares menos deseados, porque la desesperación por salir del pozo reduce y muchas veces elimina el margen para poder elegir. Desde la salida de la cadena Le Meridien, y posiblemente aun desde antes, Los Monteros llevaba una trayectoria descendente, sin poder encontrar el rumbo, aumentando las deudas y sin poder recuperar el esplendor que no hace mucho contribuyó a hacer grande a Marbella.

En ese contexto, con la escasa actividad que permite un mercado deprimido y deudas millonarias con el personal y los proveedores, aterrizó la sociedad rusa North West Oil, una de las compañías energéticas que han alumbrado el nacimiento de la nueva oligarquía rusa al amparo de la privatización del subsuelo. El tiempo dirá si se trató de una mala elección la que permitió a esta empresa hacerse con uno de los emblemas de Marbella, pero los acontecimientos vividos esta semana en Los Monteros no son sino un aval a la pésima reputación de los nuevos ricos surgidos en Rusia con el capitalismo salvaje que siguió a la caída del comunismo.
No se trata de obstaculizar, y mucho menos discriminar, a quien llega a una Meca del cosmopolitismo, como es Marbella, con la intención de invertir. Pero no se puede permitir que todas las leyes laborales que convirtieron a ésta en una sociedad avanzada se borren de un plumazo sólo porque quien lo hace tiene dinero y la economía pasa por un ciclo de recesión. Si las administraciones no son capaces de controlar quiénes se hacen con las empresas españolas, al menos deberían dejar en claro cuáles son las reglas del juego.
Hasta ahora, lo que se ha visto en Los Monteros es un intento de imponer las normas del capitalismo salvaje que impera más allá de los Urales. Pero incompleto. Porque el salvajismo se ha visto, pero el capital prometido para pagar salarios atrasados y las deudas contraídas con los proveedores, todavía no.

Quienes sí parecen haber aceptado las reglas, aunque sea a regañadientes, han sido las promotoras Prosavi y Naviro –aunque sea difícil creerlo en el caso de esta última, propiedad de José Ávila Rojas, uno de los mayores beneficiados por el vale todo de los últimos años–, que han presentado sendos proyectos para cumplir con la orden de demolición contra dos edificios ilegales dictada por la alcaldesa hace más de dos meses. Lo han hecho tarde, porque el plazo para la ejecución del derribo venció hace una semana y las dos estructuras siguen en pie. Pero lo han hecho y el Ayuntamiento ha desistido de multar el retraso.
En el propio equipo de gobierno no están convencidos de que echar abajo una estructura construida al margen de la ley sea buena idea, ni tan siquiera en casos como estos, donde los inmuebles no pueden regularizarse de acuerdo a lo que marca el nuevo Plan y donde no existen terceros perjudicados. Por eso no ha habido demasiado énfasis en el cumplimiento de los plazos, aunque el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para poder adelantar la concesión de licencias con arreglo al Plan futuro implica algunos derribos más simbólicos que ejemplarizantes.
No es que en el Ayuntamiento teman sólo a lo que llaman pérdida de patrimonio, que también, sino sobre todo a la imagen de una piqueta que, en su opinión, ahuyenta a potenciales inversores.
Pero quizás debería considerarse que ahuyentar a quienes no están dispuestos a cumplir con la ley, aunque traigan dinero fresco, es una buena idea. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de Los Monteros.