Dos características hacen de las playas de la Costa del Sol espacios singulares y diferentes. La primera son los chiringuitos que no sólo permiten darse homenajes gastronómicos sin quitarse el bañador, sino que también ayudan con éxito a disimular la carencia de equipamientos que todo destino del Primer Mundo debería ofrecer de oficio a sus visitantes. La segunda es que se trata de playas cuyo tamaño mengua año a año, y donde en lugar de adoptarse una solución cada primavera se acaba echando arena, en el mejor de los casos.
La Dirección General de Costas ha decidido acabar con uno de estos dos elementos originales, pero en lugar de elegir la opción necesaria ha apuntado a la más barata. No ha asumido su obligación de solucionar el recurrente y a este paso perpetuo problema de la falta de arena, sino que ha preferido arrasar con los chiringuitos. Hay cargos públicos –y el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Martín Fragueiro, parece ser uno de ellos– que en lugar de cobrar por solucionar problemas parece que lo hicieran para crearlos.

No hay mayor talibanismo que el de los conversos. La misma administración que durante años no ha hecho nada para garantizar que haya arena de la playa, por no hablar de la eterna deuda del saneamiento integral, exige ahora una solución imposible: que los chiringuitos se trasladen fuera de la arena. Además de ser inviable, esta propuesta sólo permite sugerir dos inquietantes hipótesis: la primera es que en Costas no existe la más mínima intención de solucionar con algo de base real el problema que ellos mismos han creado. La segunda es todavía peor: los responsables de esta administración no sólo desconocen el hecho real de que sin los chiringuitos las playas de la Costa del Sol no podrían siquiera soñar con competir con otros destinos; tampoco tienen la menor idea de cómo es la costa mediterránea.
Posiblemente para tomar contacto con esta realidad, el nuevo jefe provincial de Costas, Francisco Javier Hermoso, visitó discretamente Marbella esta semana a salvo de cámaras y curiosos. Un simple paseo por los pedruscos que hacen las veces de playa en San Pedro, hay que suponer, le habrá bastado para saber que el problema no es el exceso de chiringuitos, sino la falta de arena.

Otra visita se espera para esta semana. La de los evaluadores de la Federación Española de Tenis, que tendrán que decidir el sábado en qué ciudad se jugará la próxima eliminatoria de la Copa Davis. La propuesta presentada por la localidad mallorquí de Capdepera –patrocinada por iniciativa y con dinero de sus empresarios hoteleros y no por una administración pública, síntoma inequívoco de que el sector turístico balear está en muchos aspectos muy por delante del de la Costa del Sol – ha quedado fuera de carrera, lo que pone a Marbella en una posición inmejorable. Los partidos se jugarán en el segundo fin de semana de julio. Comenzar el verano con decenas de millones de telespectadores pendientes de Marbella y miles de visitantes atraídos por un evento deportivo de primer orden está prácticamente al alcance de la mano. Estaría bien que toda la ciudad se involucrara en el proyecto, primero para conseguirlo, y después para que salga lo mejor posible. Tres años después, la ciudad tendría pendiente de sí a tantas cámaras como las que hubo con la ‘operación Malaya’, y sería una oportunidad para que Marbella demostrara, a los demás y a sí misma, que las cosas han cambiado.

Acerca de cómo se inició ese cambio pronunció una conferencia el jueves pasado el ex presidente de la gestora, Diego Martín Reyes. Invitado a participar en unas jornadas de legalidad territorial y ambiental celebradas en Arrecife (Lanzarote) transmitió su experiencia de reconstruir todo el aparato administrativo del Ayuntamiento tras la disolución de la corporación, con el secretario imputado tras ser detenido, el abandono del tesorero, y el interventor imputado en quince causas y por lo tanto no merecedor de confianza
Insistió en que no se puede mandar el mensaje de que la infracción es rentable, como hasta ahora, lanzó algún mensaje a los suyos («los partidos tienen que comprender que a veces hay que perder elecciones para ganar el futuro») y criticó lo que considera una política contemplativa de la Junta ante la desvirtuación del PGOU redactado bajo la dirección del Gobierno autonómico.
En resumen, que Martín Reyes, en su línea, ha dicho lo que piensa sin calcular en qué despachos sus palabras caerían mal y en cuáles, bien. Entre otras cosas, aseguró que la corrupción ha penetrado en todos los tejidos sociales, que se propaga porque se reparten migajas y que la población tiene que dejar de ser cómplice. Alguno se ha dado por aludido. Acertadamente.