Diario Sur

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Fuera de ranking
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Héctor Barbotta | 17-05-2012 | 18:37

Si los investigadores del ‘caso Majestic’ van bien encaminados, las personas que se pueden sentir no solo sorprendidas por la detención del exalcalde de Casares Juan Sánchez, sino también engañadas durante años ante su calidez, franqueza y sencillez podrán contarse por cientos o por miles. Y quizás sea oportuno confesar que esa frase bien podría estar redactada en primera persona.
No se trata de abolir la presunción de inocencia, todo lo contrario, y mucho menos antes de escuchar al propio afectado, pero desde que saltaron las alarmas del ‘caso Malaya’ han pasado tantos alcaldes, exalcaldes o concejales bajo los flashes de las cámaras, camino primero del juzgado y después de  la cárcel, que sorprende que en los ayuntamientos no exista un protocolo de cómo actuar ante situaciones como ésta.
El escenario no es nuevo y se ha repetido ya demasiadas veces en los seis últimos años. La policía o la Guardia Civil irrumpen en un ayuntamiento, lo cierran a cal y canto y comienzan el registro; simultáneamente se presentan en la casa de un político relevante y se lo llevan detenido; al cabo de un día entero empaquetan papeles y ordenadores con información urbanística; el detenido declara ante el juez y duerme en una celda. Comenzado en Marbella hace seis años y sumando de memoria sale una cifra que debería, al menos, inquietarnos: Cerca del diez por ciento de los municipios de la provincia de Málaga ha tenido un alcalde entre rejas. En estos días que se habla tanto de países que hacen cuentas para ver si pueden seguir en Europa deberíamos preguntarnos si uno de cada diez alcaldes presos es una cifra que nos permite situarnos no ya en niveles europeos, sino siquiera en un ranking de civilización democrática.
Con tanta experiencia acumulada llama la atención la torpeza con  que la alcaldesa de Casares manejó toda esta situación: primero negó la detención de Juan Sánchez y se permitió reconvenir a los medios exigiéndoles ‘objetividad’, después calificó de barbaridad lo que se estaba publicando acerca de la operación, al día siguiente, con un pleno ya programado, se negó a abordar el asunto en la sesión pública y convocó a una reunión a puertas cerradas para explicarl la situación solo a los ediles. Comportándose, igual que muchos de sus colegas de todos los colores,  como si el Ayuntamiento fuera suyo. Concepto equivocado y extendido donde reside el origen de todo el  problema.