El conflicto del taxi ha resucitado sin ahorrar crudeza, y más allá de que se busquen soluciones aceptables para todos, hay un elemento que resulta decisivo y que debería resolverse antes de sentarse en una mesa para ponerse a discutir. Porque mientras los taxistas de Málaga sigan teniendo a su alcance la posibilidad de secuestrar el aeropuerto mediante acciones violentas y con ello la actividad económica de toda la provincia sin que desde los poderes públicos se les marquen los límites, la posibilidad de que el conflicto del sector encuentre una solución que satisfaga razonablemente a todos los implicados va a seguir estando lejos.
Lo que se vive estos días es una buena muestra de lo que suele pasar cuando un problema se cierra en falso. El año pasado, en mitad de un conflicto en el que los taxistas de Málaga demostraron toda la presión que son capaces de ejercer en un espacio público como el aeropuerto y ante la vista azorada y aterrorizada de turistas que seguramente se habrán planteado si volver a poner un pie en la Costa del Sol, la Junta pretendió aplacarlos con el ofrecimiento de reciprocidad. Como contrapartida a la posibilidad de que los taxistas de la Costa del Sol puedan recoger pasajeros en el aeropuerto en viajes previamente contratados en origen –es decir, cuando los hoteles ofrecen a sus clientes el servicio de transporte– los taxistas de Málaga exigen el derecho a acudir a otros municipios a buscar viajeros para llevarlos al aeropuerto.
Los taxistas de Málaga reclaman ahora a la Junta que cumpla con su compromiso del año pasado, adoptado de forma unilateral, sin consultar al resto de los afectados y en medio de una presión que los poderes públicos no supieron contener y que fue mucho más allá del legítimo derecho de huelga o de protesta.
Los taxistas de la capital vuelven a protestar violentamente para reclamar que se cumpla ese compromiso, pero la reciprocidad que se prometió y ahora se reclama, debe decirse, es imposible y lógicamente inaceptable para los taxistas de la Costa del Sol, a no ser que se opte por la desregulación absoluta y que todos los taxistas puedan trabajar sin límite alguno en cualquier punto de la provincia. Habría que ver quién ganaría y quien perdería con una solución de este tipo.
El problema central es que lo que se reclama, y el origen mismo del conflicto, parte de una premisa radicalmente equivocada, que es la de considerar a una infraestructura turística esencial, como es el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, construida por el gobierno nacional, con impuestos de todos los españoles, para dar servicio a un espacio que excede no solo el término municipal de Málaga sino también los límites provinciales, como si fuera un patrimonio exclusivo de la ciudad donde se encuentra. Un coto cerrado marcado por los estrechos límites del término municipal ¿Si Churriana, donde está el aeropuerto, fuese un municipio independiente solo los taxistas de ese término tendrían derecho a trabajar allí? ¿O si no fuera así ello daría a los taxistas de Churriana argumento suficiente para reclamar derecho a recoger viajeros en Estepona?
El reclamo de los taxistas de Málaga es absurdo a todas luces. Si se lo atiende es simplemente porque su capacidad para generar violencia guarda una relación inversamente proporcional a sus argumentos, y también porque los poderes públicos que muestran con indefensos inmigrantes que intentan llegar a nado a nuestras costas una gran determinación se revelan timoratos a la hora de preservar la seguridad en el aeropuerto.
¿Es que un hotel de Marbella tiene que pedirle permiso a los taxistas de Málaga para dar un servicio a sus clientes simplemente porque el taxista de Málaga tiene la posibilidad de montar incidentes en el aeropuerto, aterrorizar a los turistas y destruir una imagen que cuesta mucho esfuerzo construir sin que nadie le ponga coto?
Causa desasosiego y al mismo tiempo resulta revelador que medio siglo después de haber nacido como destino turístico la Costa del Sol todavía no haya conseguido resolver el problema del transporte. Una mancha más en la larga lista de asuntos esenciales pendientes.
Pero resulta más triste todavía comprobar que aún existen colectivos que aspiran a mantener privilegios o a sacar provecho practicando una política de tierra quemada, amparada en la cobardía y la inhibición de los poderes públicos, donde lo que se incinera es la actividad económica de la que depende el pan, las aspiraciones y el futuro de toda una provincia.