La sentencia conocida esta semana que da un golpe quién sabe si definitivo a las aspiraciones separatistas en San Pedro Alcántara es tan contundente que no resulta sencillo aventurar a qué argumento recurrirán los segregacionistas para continuar su empeño con un recurso ante el Tribunal Supremo.
En una resolución que da la razón a la Junta de Andalucía, que en 2011 decretó el archivo del expediente de segregación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desarmado no sólo la arquitectura de argumentos jurídicos en los que se basaba la demanda presentada por la comisión promotora de la separación, sino también sus fundamentos políticos y económicos. Antes de la sentencia se sabía que la independencia de San Pedro era para una parte de la población de ese núcleo histórico una aspiración de difícil concreción. El paso atrás que supone esta sentencia convierte lo que ya era difícil en una quimera.
En primer lugar, el TSJA ha desestimado el argumento de que el expediente de segregación debía tramitarse atendiendo a la ley de 1985, en vigor en 1992 cuando se inició el proceso, y no a la ley actual, vigente desde agosto de 2003. La propia norma actual establece en una de sus disposiciones que debe regir también para los expedientes antiguos. El Tribunal no deja dudas en su resolución sobre este apartado, sobre el que el Supremo, al que los segregacionistas han adelantado su intención de acudir, también se ha pronunciado en el mismo sentido cuando tuvo que decidir sobre otros procesos de segregación de municipios.
Y ya en relación con las circunstancias concretas, la Sala ha concluido que en el caso de San Pedro no concurre ninguna de las que fija la ley para justificar una segregación de municipios: ni existe una franja de terreno clasificado como no urbanizable de una anchura mínima de 7,5 kilómetros entre los núcleos principales; ni el nuevo municipio dispondría de los recursos económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de las competencias municipales, ni la segregación supondría una mejora en la calidad de los servicios públicos.
Uno de los argumentos planteados por los partidarios de la independencia era que en el momento en el que se planteó el expediente sí existía esa franja de 7.500 metros de suelo no urbanizable entre una población y otra. La sentencia admite en este sentido que si bien los requisitos deben ser examinados en referencia a las circunstancias existentes en el momento en que se presentó la solicitud de segregación, «es evidente también, teniendo en cuenta la trascendencia de la petición que no pueden ser obviadas las perspectivas de futuro que existían en aquella fecha, puesto que las mismas habían de ser tenidas en cuenta, toda vez que una segregación no es cosa de un día, sino que tiene una proyección en el tiempo importante». Los 7.500 metros de franja no urbanizable no existen, según cuatro informes diferentes que para el tribunal gozan de presunción de acierto.
El segundo punto analizado en la sentencia es el que se refiere a la viabilidad económica de los municipios que resulten de la separación, y en opinión del Tribunal los promotores de la segregación no han aportado documentación suficiente que permita garantizarla. La sentencia no se refiere sólo a la viabilidad de un eventual municipio independiente de San Pedro, sino también a la de una Marbella a la que se le hubiese desgajado una parte fundamental de su término municipal. Y no se trata, explica, solamente de contar con medios económicos que permitieran seguir prestando los servicios básicos, sino también de las condiciones físicas y estructurales para su instauración.
En el tercer punto, la sentencia se refiere al interés público autonómico, que la ley vigente también obliga a que se tenga en cuenta. En este caso, tampoco se cumple el requisito.
Con una sentencia tan contundente, resta por saber qué consecuencias políticas puede tener este traspiés que seguramente creará frustración entre los vecinos de San Pedro de impulso independentista que en gran parte alimentan el respaldo electoral de uno de los partidos que forman el equipo de gobierno, Opción Sampedreña (OSP).
Aunque esta formación no se declara segregacionista, sus principales dirigentes sí lo son. El propio Rafael Piña, teniente de alcalde de San Pedro, consideró injusta la decisión del TSJA y aunque sostiene que su partido no nació para luchar por la segregación, él es partidario de la constitución de un municipio independiente.
En lo que posiblemente sea la primera consecuencia política de la sentencia, la Asociación Pro Independencia de San Pedro (ISP), impulsora del expediente derrotado en los tribunales, anunció la semana pasada que vuelve al ruedo político con un comunicado que contenía una crítica a OSP por no haber hecho nada en favor de la segregación.
Posiblemente sea una acusación injusta. Es verdad que abiertamente OSP jamás se ha pronunciado públicamente sobre el expediente, pero otra cosa son las negociaciones bilaterales que esa formación mantuvo con el PSOE durante los días en los que Marbella permanecía en vilo sobre hacia dónde se decantaría el voto de los dos ediles sampedreños, en cuyas manos estaba hacer alcalde a José Bernal o mantener a Ángeles Muñoz. Para entonces aún no se conocía la sentencia, y existía la expectativa de que fuera favorable a la independencia. En ese terreno hipotético, la Junta de Andalucía podía recurrirla ante el Supremo o allanarse y dejar vía libre a la creación de un nuevo municipio. Algunas fuentes aseguraron a este periódico que en aquellas conversaciones se contrajo el compromiso del allanamiento. Que tras conocer la sentencia los independentistas hayan arremetido contra OSP demuestra que en los últimos meses se habían levantado expectativas que se han visto frustradas.
OSP se ha concentrado en sus primeros tres meses en el gobierno municipal en conseguir y gestionar la máxima autonomía para San Pedro, y habrá que ver si los resultados de su gestión convencen a ese sector de la población que durante más de dos décadas imaginó un municipio independiente al final del trayecto y al que ahora la sentencia del alto tribunal andaluz ha devuelto a la realidad.
Y habrá que ver también qué actitud toma la Junta cuando, como se ha anunciado, los promotores del expediente acudan al Supremo para intentar revertir una situación en la que, según se ha visto, tienen todas las de perder. Podrá comprobarse entonces si el partido que gobierna Andalucía asumió algún compromiso más allá del de llenar San Pedro de inversiones.