El comité de empresa del Ayuntamiento ha aclarado esta semana cuál es su posición sobre el conflicto abierto en relación con el convenio de los trabajadores municipales. Ya era hora.
Ha habido rueda prensa del comité de empresa, y ello no es nada habitual, porque los miembros del comité de empresa son singularmente reacios a los micrófonos. Desde hace años prefieren negociar en silencio y explicar poco. Hasta ahora, con esa estrategia no les ha ido mal.
Con la negociación sobre el convenio colectivo bloqueada desde hace semanas, cualquiera diría que las posturas del equipo de gobierno y la del comité de empresa están separadas por un abismo infranqueable, por un cúmulo de diferencias, pero basta acercarse para escuchar ambas posiciones para entender que la única discrepancia radica en una cuestión que algún observador distraído podría confundir con una cuestión semántica. Mirando un poco más en profundidad emerge un choque que más bien podría interpretarse como una cuestión de principios, aunque ya se sabe que sería la primera vez que los principios interfieren en una negociación de este tipo.
Hace ya semanas que el alcalde, José Bernal, explicó cuál es la posición del equipo de gobierno municipal. Está dispuesto a que se recuperen todos los derechos perdidos durante los años en los que se impusieron los recortes. Todos menos el seguro médico privado regalado por Gil en la época en que la estrategia de confusión de valores para saquear la ciudad necesitaba de empleados adocenados y de la ilusión de que Marbella navegaba en un mar de oro. Según el alcalde, suprimir ese seguro no es solamente una cuestión económica, que también, sino de principios. Una institución pública no puede pagar un seguro médico privado.
El comité de empresa ha aclarado ahora su posición. Sus miembros aseguran que el seguro médico privado nunca fue una reivindicación sindical, sino un regalo de Jesús Gil que los trabajadores aceptaron de buen grado, pero que hace siete años que no lo disfrutan porque está suspendido. ¿Cuál es entonces el motivo de discrepancia que impide que se firme el convenio colectivo? Pues otra posición que también parece cimentarse en sólidos principios. Según la presidenta del comité de empresa, Elvira León, los trabajadores no pueden aceptar la supresión de un derecho que se encuentra respaldado por una sentencia judicial. El Supremo sentenció en enero de 2008 que el seguro médico era un derecho adquirido, y por lo tanto, en opinión del comité de empresa, renunciar unilateralmente supondría crear un grave precedente. Se puede aceptar que siga suspendido, pero no suprimirlo para siempre.
Así las cosas, la discrepancia se reduce a esa cuestión semántica –suprimir o suspender– que en realidad esconde lo que parece ser ese choque de principios. De un lado, no se puede destinar dinero público a pagar seguros médicos privados. Del otro, los trabajadores no pueden renunciar a un derecho que tienen reconocido por sentencia judicial.
Para completar el cuadro, sólo resta aclarar que la no firma del convenio afecta a todos los trabajadores municipales, aunque el derecho al seguro privado sólo está reconocido para los laborales –trabajadores contratados en su mayor parte en los años en los que la ciudad simulaba nadar en oro– y no para los funcionarios, paradójicamente los únicos que accedieron a sus puestos por oposiciones y que por ley no pueden disfrutar de un privilegio semejante. Aquellos empleados, 1.515, decidirán en asamblea este martes si aceptan la propuesta del alcalde o reclaman seguir con unas negociaciones que parecen encalladas en un punto muerto. Al menos hasta que las posiciones se sinceren.