Diario Sur

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Héctor Barbotta | 30-05-2016 | 10:20

 

El equipo de gobierno municipal ha comunicado esta semana que Transparencia Internacional otorga al Ayuntamiento de Marbella una puntuación del 95 por ciento. Es posible que la respuesta que se remitió hace dos semanas a la Fiscalía sobre la presunta alteración de los planos del PGOU de 2010 haya caído en el 5 por ciento que aún falta. Ya es mala suerte.
Los grupos políticos municipales, que no la ciudad, llevan dos semanas metidos en la discusión de la supuesta alteración / sustitución / falsificación de los planos y hasta el observador menos avisado sabe que este debate se decantaría en un sentido o en otro con la simple exhibición del informe que se ha remitido a la Fiscalía después de que ésta requiriera esa información. Pero después de dos semanas ha quedado claro que el equipo de gobierno, que primero informó que se había remitido la información sin explicar qué información se había remitido; después comunicó que el informe estaba a disposición de los concejales de la oposición y que por último ha terminado por pedir autorización al fiscal para evitar hacerlo público, está cómodo en la incertidumbre. Pero la sospecha es demasiado grave como para dejarse vencer por la tentación de estirar el misterio más allá de lo necesario.
No son pocos los temas que el Ayuntamiento debería afrontar antes del inicio del verano. Comenzando por la organización de la Feria, que a una semana de su inauguración no tiene todavía adjudicadas las casetas, y siguiendo por la puesta a punto de la infraestructura para una temporada turística que se prevé de afluencia masiva. Sin embargo, el pleno del pasado viernes, el último que se celebrará antes de las elecciones generales del 26 de junio, se ajustó más a la lógica electoral que a una lógica de ciudad.
No sólo por la aprobación de mociones declamativas sin alcance alguno para el interés ciudadano, sino también por las formas que si ya eran malas en el periodo anterior ahora han alcanzado el nivel de la política chabacana en la que algunos portavoces parecen sentirse a gusto. Que un concejal del PP acuse al gobierno de «prácticas bolivarianas» –ya estaban tardando los políticos vernáculos en sumarse a la absurda moda de mentar a Venezuela y exhibir su ignorancia sobre lo que allí sucede– o que el alcalde se dirija a una edil de la oposición recomendándole que baje la voz porque «parece una loca» dan cuenta del nivel por el que se arrastra el debate.
Después de haber sufrido el gilismo –una enfermedad política en la que la chabacanería y la mala educación eran los síntomas más superficiales– alguien podría pensar que como prueba de que se han desarrollado los anticuerpos el pleno del Ayuntamiento de Marbella habría asumido unas formas exquisitas que no dieran lugar a equívocos. Pero las malas formas y los insultos constituyen toda una metáfora.
Ha sido ésta, en realidad, una semana rica en metáforas. Todas ellas relacionadas con ese aniversario de infausto recuerdo. La más significativa fue la manera en que la ciudad ha elegido ignorar un seminario de tres días promovido por el Consejo Social de la Universidad de Málaga sobre lo que supuso el gilismo. Ponentes de primer nivel se vieron abocados a hablar entre ellos ante la ausencia de público y un boicoteo tan evidente como escandaloso por parte del Ayuntamiento.
La iniciativa estaba prevista inicialmente para celebrarse en el Hospitalillo, pero la desidia municipal la arrinconó en un salón de la planta superior del Palacio de Ferias. El evento, además, fue ignorado por los servicios de protocolo del Ayuntamiento y también por su gabinete de prensa, que ni siquiera lo incluyeron en la relación de actos que se remiten diariamente y que suelen abarcar desde convocatorias de trascendencia hasta otras absurdas por lo irrelevantes. Si se quería dejar claro que el recuerdo del gilismo aún escuece, molesta e incomoda, no puede decirse que la actitud municipal no haya sido cristalina.
Posiblemente la metáfora más significativa de la semana haya tenido lugar el último día de las jornadas, cuando quien fuera presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, explicó desde una de las escasas butacas reservadas al público ocupadas durante el seminario cómo se saboteó su intención de depurar una plantilla municipal que había sido inflada durante el mandato de Gil como una de sus principales estrategias para perpetuarse el poder.
En jornadas anteriores se había explicado también el sistema de empresas municipales montado durante aquellos años para eludir todos los controles democráticos. A la misma hora en que los escasos asistentes a las jornadas debatían sobre aquel mecanismo perverso, el pleno del Ayuntamiento aprobaba la plena integración de los trabajadores de los oales –herederos de aquellas sociedades públicas convertidas en un coladero de afines– en la plantilla municipal. Por unanimidad.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella