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Héctor Barbotta

Marbella blog

Una cuenta inexorable

Hay cuestiones que pesan más cuando se trata de responder a las preguntas de los encuestadores que a la hora de depositar el voto. La corrupción parece encontrarse entre las primeras; el temor a los cambios de rumbo con destino incierto, entre las segundas.
En los últimos años, el concepto de que el dinero público no procede de una bolsa de fondo infinito sino del sufrido bolsillo de los ciudadanos parecía haber crecido en la conciencia social, pero seguramente aún queda un duro trecho por andar. Es verdad que la corrupción no tiene buena prensa, pero todavía indigna más que la tibieza a la hora de combatirla. Decimos que sabemos que el dinero público es de todos, pero a veces seguimos actuando como si no fuera de nadie.
Quizás el problema resida en que las consecuencias del robo de dinero público no se sufre en el momento en el que se conoce la noticia, y a que la cleptocracia suele campar a sus anchas en épocas de vacas gordas que dejan buen recuerdo en la memoria de las víctimas. La corrupción parece formar parte de los ciclos económicos. Sucede cuando la economía va bien o medio bien; nos enteramos cuando va mal o peor.
Pero que la noticia la tengamos con retraso y que los robos se perpetren en momentos que recordamos como de gran prosperidad no quiere decir que las consecuencias no se acaben sufriendo. En diferido y con retraso pero las facturas inapelablemente llegan. Y suelen hacerlo cuando más duele.
Marbella es, con poco espacio para la duda, el mejor ejemplo de ello. La ciudad inauguró prematuramente el mapa español de la corrupción, cuando el resto del panorama parecía inmaculado, y acaparó hace ya una década titulares, focos y la exclusividad de la atención.
Pasó el impacto original de las detenciones y la avalancha informativa que las sucedieron, la celebración de los juicios y hasta la ejecución de las condenas. Después los focos y la atención viajaron a otros lares y en esta década hubo tiempo suficiente para que el problema decantara. Consumida la atención inicial, depositada la atención en otros puntos de la geografía y en otras expresiones de la desvergüenza, el latrocinio todavía sigue pasando factura una década después de acabado. Y lo que queda.
Esta semana se inició en Madrid la subasta de los bienes incautados hace diez años a Juan Antonio Roca y un simple repaso a la composición del primer lote, en el que no aparece el Miró que supuestamente completaba la decoración del baño con jacuzzi, da una buena idea del volumen del saqueo. Es muy poco probable que un solo euro de lo que se recaude en la casa de subastas regrese algún día a los bolsillos que se vaciaron para que Roca acumulara ese patrimonio que seguramente no es lo que más echa de menos desde la celda que ocupa desde 2006. Aún así, estaría bien que desde el Ayuntamiento se mantuviese la tensión sobre este asunto. Es necesario que exista un control sobre lo que el Estado va cobrando y que la reivindicación de que el dinero regrese a Marbella siga viva. Hay cientos de casos con sentencia en los que la ciudad aparece como perjudicada y la presión para que esas cantidades se cobren antes que la sentencia de ‘Malaya’, donde el acreedor es el Estado, debería seguir. Los actuales responsables municipales enarbolaron cuando estaban en la oposición la bandera del regreso del dinero a Marbella, e hicieron bien. Ahora, desde el poder municipal, la tensión institucional sobre este asunto no debe decaer.
El saqueo sufrido por la ciudad no deja de mostrar nuevas caras. Esta semana los vecinos de Marbella se enteraron de que tendrán que seguir aplazando la satisfacción de algunas de sus necesidades más básicas porque el Ayuntamiento tendrá que destinar 308.000 euros a pagar las minutas de los abogados y procuradores que representaron a funcionarios acusados en su día y después absueltos. Estas personas fueron involucradas en casos de corrupción municipal de los que finalmente quedaron al margen. Y aunque uno de ellos está incurso en otros procesos, el Ayuntamiento se ve obligado a pagar una factura que tiene su respaldo legal pero que ética y hasta estéticamente resulta inasumible. Es un ejemplo, otro más, de que la cuenta de la corrupción tarda en llegar pero es inexorable y, con sus múltiples caras, se acaba pagando.

No es difícil, sino imposible, saber cuál sería la situación si el primer alcalde socialista en 24 años hubiese llegado en un momento en el que las arcas de las instituciones no estuviesen vacías. Pero la realidad es la que es y a José Bernal le toca lidiar con una Junta de Andalucía cuya situación financiera le impide realizar la más mínima inversión.
Esta semana, mientras el consejero Emilio de Llera admitía con una claridad digna de elogio que no habrá Ciudad de la Justicia porque no hay con qué pagarla, el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, tuvo que comparecer ante una asamblea de Opción Sampedreña para explicar que un año después de firmado el pacto de investidura de José Bernal las obras comprometidas en San Pedro siguen siendo proyectos que en el mejor de los casos están en el papel. En el mejor de los casos. Ni siquiera el instituto, que la presidenta de la Junta aseguró en su visita a Marbella el pasado abril que estaba «para ya», ha visto licitado su proyecto. Ni hablar del centro de salud o de las otras obras comprometidas.
Hay miseria y se nota. Sólo así se explica que la Junta enviara una nota esta semana para anunciar que en la primera quincena de julio se celebraría una reunión para intentar desbloquear las obras del Hospital Costa del Sol. A más de uno se le habrá acelerado el corazón al ver en el correo una nota de la Junta anunciando noticias sobre el hospital. Pero el comunicado no anunciaba una solución, sino que se celebraría una reunión para la que ni tan siquiera hay fecha. La nota recordó a esos equipos que, incapaces de marcar un gol, acaban celebrando cuando consiguen un córner.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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