Hay dos áreas en las que el Ayuntamiento de Marbella seguramente necesitará más de dos generaciones para superar el destrozo que perpetró el GIL. Y eso siempre y cuando las cosas se hagan bien, que no está siendo el caso. Una es el urbanismo, donde diez años después se sigue sin dar con la tecla para comenzar a hacer de Marbella una ciudad al menos medio normal. La otra es la Policía Local, cuyo jefe durante los años del gilismo fue condenado en la ‘operación Malaya’ y ahora, cumplida la condena, está a punto de regresar. Esta semana, la Policía Local ha vuelto a ocupar el centro de las preocupaciones municipales.

Si hay un sector de la vida pública de la ciudad que debería permanecer al margen de los vaivenes políticos es precisamente el cuerpo de seguridad municipal. No solamente por el hecho altamente sensible de que sus funcionarios van armados, tienen capacidad coercitiva, pueden poner multas y hasta, llegado el caso, engrillar a otros vecinos –circunstancia que por sí misma debería ser suficiente para que no cayera sobre sus miembros y especialmente sobre sus mandos la más mínima sospecha– sino también porque la politización y las medidas adoptadas sobre la base del cálculo político y sobre la tentación de mandar sobre el cuerpo –en el peor sentido de la palabra mandar– atentan contra la eficacia de una institución de cuyo bien hacer depende gran parte de la buena marcha de la ciudad y del bienestar y de la seguridad de sus vecinos.
Esta semana, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Javier Porcuna, anunció en rueda de prensa que el tripartito se está pensando si renueva su confianza en el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya. No se puede decir que haya sido un anuncio elegante, ni prudente, ni tampoco considerado o respetuoso hacia quien todavía es el máximo responsable del cuerpo policial. Montoya llegó a Marbella hace un año, requerido por el propio equipo de gobierno, desde su destino en la Policía Local de Vélez-Málaga. Su comisión de servicio vence a fin de mes y el mero anuncio de que el gobierno municipal se está pensando si sigue o no sigue es una desautorización suficiente que el jefe policial hizo bien en entender como una invitación a marcharse. Las palabras de Porcuna el pasado martes fueron suficientemente elocuentes y el silencio que el alcalde, José Bernal, mantuvo desde entonces, lo ha sido aún más.
Resulta lógico preguntarse qué ha pasado para que una persona que no estaba en Marbella, sino que se ha ido a buscarla, cayera en desgracia. El equipo de gobierno municipal confiaba en él para ponerse al frente de una institución que no ha dejado de ser foco de conflictos desde que Gil la convirtiera en su guardia pretoriana y en fuerza de choque para limpiar la ciudad con métodos inaceptables.
Lo lógico sería esperar que el alcalde y su edil de Seguridad explicaran por qué han perdido la confianza en Montoya, situación que antes de la rueda de prensa del martes ya se había evidenciado con actitudes algo, no mucho, más sutiles, como la apertura de un expediente a un subinspector de su entera confianza sin siquiera comunicárselo.
Desde su llegada al poder municipal, el PSOE –los otros dos partidos del gobierno se han mantenido al margen de este asunto– no ocultó que su hombre de confianza en la Policía Local es el subinspector Santiago Montero, antiguo dirigente sindical, funcionario que ejerce autoridad por delegación desde el cambio de gobierno y de quien sin embargo sus compañeros ignoran qué función concreta desarrolla, según han dejado ver en un escrito dirigido al alcalde. Aunque al principio hubo convivencia, la resistencia de Montoya a aceptar poderes paralelos y al margen de la cadena de mando ha provocado el cortocicuito, situación que se agravó desde que el alcalde delegó en Porcuna la competencia de Seguridad que en un principio llevó personalmente.
Pretender que un profesional al que se ha ido a buscar actúe como mero hombre de paja es demasiado pretender.
Aunque aún no ha formalizado su salida, los últimos desplantes hacen prácticamente imposible la continuidad de Montoya. Sólo la recuperación por parte de Bernal de la delegación de Seguridad y algún gesto público de desagravio podrían torcer una situación que ya parece consumada. La incógnita, si acaso, reside en qué vendrá después.