La semana pasada se presentó en Marbella el proyecto inmobiliario al que un fondo de inversión con sede en Londres y más de dos décadas de trayectoria destinará 25 millones de euros. No se trata de un emprendimiento con decenas de viviendas, sino de una iniciativa en el culmen del lujo y la exclusividad: cinco villas que se comercializarán por un precio medio de siete millones de euros. A los promotores, aseguran, no se les pasó por la cabeza hacerlas en otro lugar que no fuera Marbella.
Se trata del segundo proyecto significativo presentado en la ciudad en unas pocas semanas, ya que recientemente también se dio a conocer el de la construcción de un hotel, también enfocado en el sector del máximo lujo, que se levantará en la zona de Real de Zaragoza, que supondrá una inversión de 300 millones de euros y que dará lugar al aterrizaje en Marbella de una cadena hotelera de la gama más alta cuyo nombre se desvelará en tres semanas en Londres durante la celebración de la World Travel Market.
Desde que se hizo con el Ayuntamiento, en junio del año pasado, el tripartito adoptó por costumbre informar tras cada junta de gobierno de la cuantía de las obras cuyas licencias iba aprobando semana tras semana, como mejor fórmula para demostrar que la ciudad seguía su buena marcha pese a los agoreros que vaticinaban que un gobierno situado a la izquierda del anterior, formado por tres partidos y apoyado desde fuera por dos ediles de Podemos iba a ahuyentar a los inversores.
Durante meses la fórmula funcionó como ejemplo de que no había parálisis y de que la defensa de los intereses de una ciudad atractiva para la inversión inmobiliaria no podía ser patrimonializada en exclusiva por el partido que había ocupado durante ocho años el gobierno municipal.
Pero en noviembre del año pasado el paisaje cambió por completo y a peor. El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se había aprobado en 2010 y la ciudad, y también su gobierno municipal, se vio abocada a un nuevo escenario, el del regreso obligado a un marco urbanístico con tres décadas de antigüedad, pensado para una ciudad y unas necesidades de una época y que en nada se parece a la de estos días y muchos menos a la del futuro.
Desde entonces aquel ritmo constante de aprobación de licencias que demostraba que el tripartito no asustaba a los inversores se ralentizó gravemente.
La pregunta es si los dos proyectos millonarios que se acaban de presentar son ejemplos de la situación que vive la ciudad o constituyen una excepción.
Para acercarnos a una respuesta hay que remitirse al análisis que se hizo desde la delegación de Urbanismo cuando el complejísimo PGOU de 2010 fue arrojado a la papelera por el Tribunal Supremo. El argumento en aquella ocasión era que si bien la anulación del Plan de 2010 frustraba proyectos en marcha también desbloqueaba otros suelos que ese mismo PGOU limitaba con su sistema de compensaciones, un corsé en el que propietarios e inversores se vieron atrapados y que constituyó un fracaso a la hora de conseguir que la ciudad recuperara lo que perdió durante los años del latrocinio.
Transcurrido casi un año desde aquella debacle, cuya responsabilidad debe imputarse en diferentes medidas al autor de ese documento, a los dos grupos políticos que lo votaron en el polémico pleno municipal de julio de 2009 y al gobierno autonómico que lo avaló, la conclusión a la que se llega es que los vaticinios de que el urbanismo en la ciudad no iba a paralizarse pecaron de un optimismo muy poco realista.
Los dos proyectos presentados recientemente, tanto el del hotel en Real de Zaragoza como el de las villas de lujo, denominado Fontana y que se levantará en la parte alta de Cascadas de Camoján, se ajustan al PGOU de 1986 pero también eran compatibles con el de 2010. De hecho, las operaciones de compra de suelo para ambos se hicieron antes de que se conocieran las sentencias del Supremo y sus promotores vivieron semanas de zozobra hasta que comprobaron que efectivamente los proyectos podían seguir adelante ya que la calificación de los suelos en ambos casos no variaba. Es decir que su puesta en marcha no puede explicarse en un desbloqueo producto de la anulación del Plan, sino en el hecho casi milagroso de que el regreso al Plan de 1986 no los echara por tierra.
Son, en suma, una afortunada excepción y no dos ejemplos de que la ciudad no está paralizada. No aparecen, de momento, ejemplos de lo contrario, de proyectos que se hayan desbloqueado por la anulación del PGOU.
Es evidente que al gobierno municipal le toca el papel de asegurar que el desarrollo económico de la ciudad marcha viento en popa, porque posiblemente reconocer lo contrario constituiría un acto de irresponsabilidad que agravaría aún más la situación. Pero no puede ignorarse que todos los días se escuchan quejas de empresarios y de los abogados que los representan por la situación de parálisis a la que ha llevado la anulación por el Supremo de un PGOU que, ahora sabemos, fue irresponsablemente aprobado y más irresponsablemente aún redactado por un equipo, el de Territorio y Ciudad, del arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras, al que la Junta de Andalucía acaba de premiar hace pocos días con la adjudicación de la redacción del nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental. La Junta fundamentó esa decisión en la experiencia que acredita ese despacho, y la explicación suena como si en unas oposiciones a cirujano se valoraran sobre las de otros aspirantes las credenciales de Jack el Destripador.
Sin posibilidad de hacer nuevas contrataciones para sacar adelante el trabajo y con la doble tarea de administrar el día a día y abrir camino para que la ciudad cuente cuanto antes con una planificación urbanística acorde a las necesidades, la delegación de Urbanismo se encuentra con muchos menos recursos de los que la situación demanda, aunque su trabajo discreto ha conseguido sacar adelante un proyecto de gran complejidad como el de Real de Zaragoza.
Como se ve, lo que puede no espantar, sino aburrir a los inversores, no es un gobierno multicolor, sino una decisión irresponsable adoptada en 2010 que tiene, eso sí, responsabilidades y culpas repartidas.
No se sabe si la Junta de Andalucía, que cuando se conoció la catástrofe de la anulación del Plan adelantó su colaboración absoluta para salir del atolladero, está efectivamente cumpliendo con el compromiso que anunció en aquel momento tan difícil. Pero el premio concedido al autor del desaguisado no parece ser un buen mensaje.