Es posible que cuando haya comenzado el año próximo sólo los muy aficionados al fútbol conserven algún interés en el personaje. Los demás hace tiempo que lo perdimos, pero antes de fin de año habrá seguramente un motivo más para dejar de prestarle atención.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ya está pendiente de que un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía dé vía libre a la resolución del contrato para la ampliación del puerto de La Bajadilla, que el jeque Al-Thani incumplió sistemáticamente desde que en 2011 ganó el concurso para ejecutar esa obra.
El sistema jurídico español no sólo es garantista para los delincuentes de guante blanco. Sólo así se explica que Al-Thani y la sociedad que encabeza sean todavía los titulares de la concesión después de no haber movido un dedo para cumplir con las obligaciones que asumió sin que nadie lo obligara y pese a haberse comportado como el perro del hortelano cada vez que el Ayuntamiento de Marbella intentó acercar posturas con inversores que al parecer mostraron y siguen mostrando interés en el proyecto .
Desde que la administración le lanzó las primeras advertencias de que debía pagar el canon, presentar el proyecto de construcción y comenzar con las obras, el jeque no hizo otra cosa que presentar recursos sin más fundamento que meras artimañas técnicas, sin intención de cumplir con los nuevos compromisos que adquiría y sin otro objetivo que ganar tiempo. Cualquiera que haya seguido este asunto con un mínimo interés y sentido de la lógica posiblemente haya renunciado ya a intentar comprender para qué necesitaba de ese tiempo si no tenía intención de hacer nada y tampoco de vender la concesión.
Es posible que en otras geografías donde también impera el estado de derecho al jeque no se le hubiese aguantado tanto. Pero aquí este asunto puede valer como paradigma para explicar qué indefensa está a veces la administración, y en consecuencia los intereses públicos, ante los desaprensivos con recursos suficientes para utilizar todos los resortes legales a su alcance. Sólo con comparar la indefensión de los ciudadanos de a pie frente a los abusos de esa misma administración basta para comprender que eso de la igualdad ante la ley no es más que una ficción o, en el mejor de los casos, una utopía a la que todos deberíamos aspirar aún sabiendo que es inalcanzable.
Todavía quedan flecos por resolver pero cuando todo esto pase es posible que se deban repasar todos los hechos para sacar alguna conclusión y darle sentido a esta experiencia que va camino de dejar a Marbella y a toda la Costa del Sol no sólo sin un instrumento de desarrollo sino también con un genuino sentimiento de frustración.