Diario Sur
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Espejismo
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Héctor Barbotta | 11-05-2017 | 11:35

 

Si la fotografía de la semana pasada fue la del desencuentro en el pleno en el que se aprobó la hoja de ruta para salir del atolladero urbanístico, la de ésta dibuja un panorama en apariencia diametralmente opuesto. El escenario es la fachada del Ministerio de Medio Ambiente y allí aparecen los cinco portavoces municipales. Es el momento previó a la reunión en la que se les anunció que el Gobierno licitará este año los proyectos para construir los espigones que deben devolver la estabilidad a la arena de las playas. Se trata de un momento de aparente unidad inédito en un periodo municipal, el posterior a las elecciones municipales de 2015, marcado por el enfrentamiento y la intolerancia mutuos.
El cálculo político ha llevado a estos dos momentos que a simple vista podrían parecer expresiones de dos estrategias diametralmente opuestas -la del entendimiento y la de la confrontación-, pero es posible que ello sea consecuencia de los caminos también diferentes que les quedan por delante a la salida del laberinto urbanístico y a la solución para el endémico problema de la estabilidad en las playas. El gobierno municipal, por su propia posición, está comprometido en ambas situaciones, pero es posible que el PP, desde su confortable lugar de partido de oposición, haya decidido apostar por lo seguro y por capitalizar su parte del mérito en el caso de las playas y apartarse de las dificultades que con toda seguridad seguirán apareciendo en el área urbanística.
En la cuestión de los espigones y de la estabilización de las playas, la situación parece más sencilla. En este caso, además, el grupo municipal del PP cuenta con la ventaja de ir de la mano del Gobierno central.
Es muy probable que al menos Ángeles Muñoz supiera desde el principio que en el Ministerio de Medio Ambiente, tras encontrarse con la oferta municipal de hacerse cargo de la financiación de la construcción de los espigones pese a no tratarse de una competencia municipal, iban a responder de la única manera que podían hacerlo, no sólo poniendo en marcha el proceso para licitar los proyectos sino también haciéndose cargo del coste de las obras.
El Gobierno ha asumido su responsabilidad y pagará con sus propios recursos los cientos de miles de euros que supondrá la redacción de los proyectos constructivos. Ya se verá en el futuro, cuando el inicio de las obras obligue a desembolsar no cientos de miles, sino millones. Pero de momento la generosidad del Ayuntamiento, que bien podría leerse como un órdago, ha sido cortésmente rechazada con el recurso que suele utilizarse en estos casos: se estudiará. Resulta difícil imaginar al Gobierno aceptando que un ayuntamiento gobernado por sus adversarios le pise el terreno.
Hay quien podría pensar que la fotografía de los cinco portavoces municipales a las puertas del Ministerio abre una nueva etapa de colaboración en la vida política del Ayuntamiento, pero aunque sea una pena no es fácil compartir esa visión optimista. Esa imagen se acerca más a un espejismo que a un dato de la realidad.
Para tener una lectura completa hay que remontarse a algunas semanas atrás, cuando en pleno azote del temporal sobre las playas Ángeles Muñoz anunció que había pactado una reunión con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para buscar una solución. El alcalde, José Bernal, le respondió, desde la estrategia del ninguneo, que podría haberse ahorrado el trabajo, que él ya tenía secretaria para concertarle reuniones y que puestos a elegir el alcalde de Marbella prefería reunirse con cargos de más rango.
Pero tras pensárselo mejor y comprender que rechazar una reunión no encaja con el perfil de administración dialogante que se empeña en construir y además podía poner en bandeja a su rival la posibilidad de apuntarse lo que el Ministerio fuera a hacer, el equipo de gobierno cambió de postura, aceptó la reunión y para quitarle protagonismo a quien la había promovido la convirtió en un encuentro con todos los portavoces municipales y la significativa ausencia del alcalde. Además, tomó la iniciativa con la propuesta de financiación municipal de momento apartada por el Ministerio.
En este cambio de actitud, contra el criterio inicial del alcalde, primaron la opinión del portavoz socialista, Javier Porcuna, y sobre todo la de su par de Izquierda Unida, Miguel Díaz, que en su condición de edil de Sostenibilidad y en medio de una situación que bien podría denominarse ‘crisis de las playas’, está obligado a entenderse diariamente con los responsables provinciales de Costas. El día a día de su responsabilidad en el área de playas obliga habitualmente al concejal de IU a recurrir a sus dotes diplomáticas para recomponer relaciones cada vez que el alcalde saca a la luz sus diferencias con el Gobierno central a cuenta del mantenimiento del litoral. Pero la mejor prueba de que este asunto seguirá siendo escenario de confrontación y no de entendimiento se tuvo al día siguiente del anuncio del Ministerio, cuando el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, se desplazó a Marbella para ofrecer una rueda de prensa a pie de playa y junto Bernal cuyo contenido parecía haber sido elaborado antes de que el Gobierno se comprometiera a comenzar a actuar.
Sin embargo, el anuncio realizado por Costas en esta carrera por tomar la iniciativa ofrece una cierta garantía de que el proyecto de los espigones cogerá impulso y es posible que antes del verano del año próximo se empiecen a ver máquinas trabajando frente a las playas. No hay mejor indicador de que algo va bien que ver a los partidos pugnando con mayor o menor disimulo por atribuirse el mérito.
Todo lo contrario sucede con el urbanismo, donde el Partido Popular ha dejado clara su intención de dejar solo al gobierno municipal. En el PP no creen que el camino elegido vaya a suponer una solución y menos aún después de que la propuesta del tripartito saliera adelante con la enmienda de adición presentada por los ediles de Podemos.
Superado el trámite del pleno, ahora tanto la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 como el inicio del proceso para su adaptación a la LOUA se enfrentan a otras pruebas. Ambas tramitaciones están pendientes de sendos informes jurídicos y hay quien pone en duda que sea posible encontrarle encaje legal a las enmiendas que Podemos puso como condición para ofrecer su apoyo. El secretario municipal ha delegado en los servicios jurídicos de Urbanismo la elaboración del informe correspondiente. Las preguntas son qué pasará con las alegaciones que eventualmente se presenten y, sobre todo, si es posible, tal y como reclama Podemos, que la adaptación del PGOU a la LOUA incorpore la sentencia del TSJA en relación a la modificación de lindes con Benahavís. El camino, lejos de allanarse, puede haber entrado en un trazado aún más enrevesado. No debe descartarse que en un futuro próximo se redoblen las presiones para que los dos principales partidos alcancen un acuerdo.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella