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Sustos de muerte
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Héctor Barbotta | 26-05-2017 | 17:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace una década se supo de una situación propia de un relato enmarcado en el realismo mágico o en la tradición más vernácula del esperpento pero que formaba parte de la actualidad más rabiosa. El Ayuntamiento recibió la notificación de un embargo que la Liga de Fútbol Profesional había trabado sobre el cementerio Virgen del Carmen por una deuda generada por Jesús Gil en su época de alcalde. Un acuerdo con la entidad que aglutina a los equipo de fútbol permitió seis años después destrabar esta situación, que quedó como uno de los ejemplos más grotescos de la herencia de aquellos años oscuros.

Aquel episodio sorprendió menos de lo normal porque el depósito de la capacidad de sorpresa de la herencia del GIL estaba agotando sus últimas gotas de reserva, pero esta semana se ha conocido otra situación que vuelve a alterar la paz de los muertos y parece instalar a la ciudad en un sobresalto permanente que posiblemente contribuya a animar el siempre revuelto debate entre las fuerzas políticas pero que genera en la ciudadanía una diversidad de sentimientos todos ellos alejados del de la tranquilidad.

El Ayuntamiento ha recibido la notificación de que un juzgado de Málaga ha anulado la licencia de obras que amparó la construcción del tanatorio de San Pedro, que podría verse obligado a cerrar cuando la decisión adquiera carácter firme. El equipo de gobierno ha adelantado que aún no ha decidido si presentará recurso, y en las explicaciones municipales, que atribuyen toda la responsabilidad al anterior equipo de gobierno, se ha echado de menos cierta continuidad institucional. El equipo de gobierno da por hecho que el Ayuntamiento no tiene razón en ese contencioso que lo enfrenta con un vecino simplemente porque la decisión de construir el tanatorio en su actual emplazamiento fue adoptada por el equipo de gobierno anterior ante el rechazo de las fuerzas que entonces estaban en la oposición y ahora gobiernan.

Es más, en su comparecencia los miembros del equipo de gobierno criticaron sin disimulo la defensa jurídica que el Ayuntamiento hizo en ese proceso, arremetiendo también con ese argumento contra sus antecesores. Lo hicieron sin tomar en cuenta que de la lectura de la sentencia se deduce que aunque fue durante el gobierno de Ángeles Muñoz cuando se decidió la ubicación del tanatorio que dio lugar a la demanda de un vecino, la defensa de los intereses municipales se hizo cuando ya se había producido el relevo en la Alcaldía y el director de los servicios jurídicos nombrado por Muñoz, Enrique Sánchez, a quien el portavoz municipal mencionó de manera explícita en su comparecencia del pasado martes, ya no estaba en el Ayuntamiento. Sánchez dimitió de su cargo el 13 de junio del año pasado y en la sentencia se cita como fecha de entrada de la demanda cuatro días después, el 17 de junio. Los servicios jurídicos municipales formularon su contestación a la demanda el 10 de septiembre. Por aquellos días el nuevo equipo de gobierno había confiado toda la dirección de este tipo de cuestiones al secretario municipal, que meses después y ante una carga de trabajo inasumible acabaría por dejarla.

Este episodio no dejaría de ser una anécdota si no pusiera de manifiesto dos cuestiones que dos años después de la llegada del tripartito aún chirrían. Una es que el tiempo y el esfuerzo que algunos ediles del equipo de gobierno destinan a criticar a la gestión anterior parece a estas alturas ciertamente excesivo. La tesis de la herencia recibida puede valer al comienzo, durante el aterrizaje, pero no debería convertirse en una dedicación obsesiva. Centrar casi toda la energía en hacer oposición a la oposición, además de ser inconducente, puede llevar a errores de bulto, como calificar de chapucera una defensa legal que en realidad se ha realizado bajo la propia responsabilidad.

La segunda, y derivada de ésta, es la sensación que se percibe de falta de continuidad institucional en algunos asuntos. Es claro que no se puede esperar, y tampoco es en absoluto deseable, que dos opciones ideológicas diferentes piloten el Ayuntamiento de la misma manera y mucho menos con objetivos idénticos. Pero otra muy distinta es que no se asuma que los intereses públicos deben estar por encima de las diferencias y de las disputas. El equipo de gobierno está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para evitar el cierre del tanatorio de San Pedro, aunque ello lo obligue a ahorrarse alguna crítica a sus antecesores.

La asociación DOM3, que aglutina a empresas y profesionales ligados al sector de las viviendas de alta gama, celebró el viernes la segunda edición de su foro, al que consiguió convocar a dos centenares de asistentes. La reunión estuvo plagada de referencias y críticas más o menos veladas a la complicada situación urbanística de Marbella.

Aunque seguramente está lejos de la intención de su junta directiva, hubo quien leyó el encuentro como el contrapunto al apoyo que la Asociación de Empresarios CIT Marbella ha dado a la hoja de ruta trazada por el equipo de gobierno municipal. La asistencia masiva de cargos del Partido Popular -encabezados por el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo-, el patrocinio del evento por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y la ausencia significativa del alcalde de Marbella, que sobresalió no sólo en la foto inaugural sino también en la mesa redonda de alcaldes que se limitó un debate a dos entre los mandatarios de Estepona y Benahavís, no hicieron más que acentuar esta imagen.

Los colectivos ciudadanos, y en especial las asociaciones empresariales, suelen ser reacias a decantarse en las trifulcas políticas porque saben que eso conspira contra sus intereses. Pero a veces, cuando los partidos comienzan a cavar trincheras, tienen muy difícil evitar que se los perciba a uno u otro lado de la línea de fuego.

A estas alturas quedan ya pocas dudas acerca del veto que Opción Sampedreña le impuso a Ángeles Muñoz en sus negociaciones hace dos años que terminaron con el apoyo de ese partido a la investidura de José Bernal. Desde aquellos días ya se tuvo una convicción de que así habían sido las cosas, pero Elías Bendodo ha laminado las dudas que aún podían quedar. El presidente provincial del PP, que en aquella ocasión y en otras posteriores se ha reunido con el portavoz de OSP, Rafael Piña, lo reveló recientemente en un acto celebrado en Marbella con dirigentes comarcales de su partido.

Bendodo aseguró por primera vez de manera explícita, lo que en aquel momento era un secreto a voces: los sampedreños no descartaban un pacto con el PP siempre que fuera con un candidato diferente a Ángeles Muñoz. Y aseguró que fue el PP el que decidió no entregar en bandeja de plata la cabeza de la entonces alcaldesa aunque ésta se ofreció a dar un paso al costado. Bendodo no lo dijo, pero el veto de OSP alcanzaba también a otros ediles del PP, entre ellos Manuel Cardeña y María José Figueira. Queda por saber qué ha cambiado, si es que algo ha cambiado, en estos dos años.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella