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El secreto que todos sabían
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Héctor Barbotta | 31-05-2017 | 11:41

 

El redactor del Plan General de 2010, Manuel González Fustegueras, ha pasado por los juzgados para declarar, en calidad de testigo, en la causa que investiga la supuesta falsedad de las actas del pleno donde se aprobó aquel documento. Era la primera vez, que se sepa, que el arquitecto volvía a Marbella después de que el Supremo anulara su Plan, en noviembre de 2015, y de que una denuncia del fiscal a raíz de la iniciativa de una plataforma ciudadana convirtiera la tramitación final del documento en un asunto judicial.
Fustegueras recordó ante el juez una cuestión que aunque fue quedando en el olvido en todo este tiempo suponía un secreto a voces durante el largo proceso de elaboración del Plan: que él recibía órdenes de la Junta y que trabajaba para la Administración autonómica, que era la que lo había contratado pese a que, una vez recuperadas las competencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento, era esta institución la que se hacía cargo de sus honorarios, formalmente con autonomía. En aquel momento las dos administraciones –la autonómica y la municipal– tenían serias discrepancias en relación al Plan, pero no en cuanto al tema de las lindes (un aspecto ciertamente secundario en medio de lo que suponía crear un instrumento para superar la pesada loza del gilismo), sino en qué hacer con las miles de viviendas ilegales que aquel gobierno delincuencial había dejado en herencia. Simplificando, las posiciones en aquel debate podría resumirse en que la Junta estaba más cerca de la mano dura y el Ayuntamiento, de la manga ancha. Se impuso finalmente el criterio del Gobierno andaluz y su sistema de compensaciones, con los resultados conocidos.
Durante todo aquel proceso, el Ayuntamiento se sabía con las manos atadas, porque la aprobación definitiva del Plan dependía de la Administración autonómica y Ángeles Muñoz opinaba que era mejor tener un PGOU malo que no tener ninguno. Aquella postura la expuso a duras críticas de lo que podría considerarse su público natural, especialmente los promotores, que clamaba por una amnistía general.
Por eso sorprende que haya sorprendido que González Fustegueras, que al día de hoy sigue haciendo trabajos para el Gobierno andaluz –ha asumido la actualización del POTA de la Costa del Sol– haya reconocido que en el asunto de las lindes hizo lo mismo que con todo lo demás: seguir las instrucciones de la Junta, aunque su testimonio puede leerse ahora como la confirmación de lo que ha declarado desde el principio Ángeles Muñoz. El arquitecto aseguró que él había aplicado el criterio de tomar en cuenta las lindes históricas, que sitúan en Marbella los terrenos en litigio en los que se encuentra la vivienda de la entonces alcaldesa, pero que dos semanas antes del pleno la Junta de Andalucía le comunicó que debía atenerse a un dictamen del Consejo Consultivo. Este organismo indicaba que hasta que se resolviera el expediente de alteración de lindes, el nuevo Plan debía reflejar los mismos límites territoriales del anterior, de 1986, que fijan en Benahavís el suelo en disputa.
Este testimonio –y el que brindó al día siguiente el responsable jurídico del estudio, que declaró haber entregado en el Ayuntamiento la relación de 22 documentos modificados, entre ellos el plano de las lindes– desmonta la fábula de que el PGOU fue modificado por el equipo de gobierno municipal, con nocturnidad y para dar un pelotazo urbanístico. El pelotazo, de haber existido, se habría dado al aprobarse el PGOUde 1986, no la noche anterior de votarse el de 2010.
Así, el asunto parece reducirse ahora a determinar si los concejales que votaron el PGOU conocían estos cambios. El martes, en presencia del vicesecretario municipal (uno de los investigados en la causa) se visionó el vídeo del pleno y según aseguró su abogado a la salida, quedó claro que los concejales conocían los cambios.
Esta semana se ha sabido también que algunas defensas han aportado recortes periodísticos que demostrarían que los ediles de la oposición conocían dónde fijaba las lindes el PGOU que se iba a votar. De hecho, el día antes de la sesión, la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Susana Radío, y el ya secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, comparecieron para adelantar que aunque los ediles socialistas votarían a favor, el PGOU no les gustaba. Entre los motivos de discrepancia citaban «la cuestión de las lindes con los municipios limítrofes», según recoge la edición de SUR del 29 de julio de 2009, día en el que se aprobó el Plan.
La discusión de aquel momento, sin embargo, no se centraba en este asunto, sino, lógicamente, en qué hacer con los 18.000 inmuebles fuera de ordenación. La fórmula adoptada sería años después rechazada por el Supremo, causando la anulación del Plan. El problema principal, de entonces y de ahora, persiste. Por eso sorprende que el foco de interés haya mutado tanto.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella