El silencioso estruendoso con que hasta ahora se han desarrollado las negociaciones no ha conseguido ocultar la grieta que separa al equipo de gobierno municipal de los organizadores de Starlite. Ambas partes llevan semanas negociando la prórroga del convenio sobre la cesión del auditorio natural de la cantera de Nagüeles y las posiciones no están ni mucho menos cercanas.
La organización del festival y el Ayuntamiento tienen que renovar este año el convenio que permite la utilización de la cantera para esta actividad y a menos de un mes del primer concierto todavía no se ha producido la firma. Técnicamente, ni tan siquiera la edición de este año se podría celebrar si comenzara este fin de semana, aunque nadie con un mínimo de información duda de que los papeles estarán en regla a tiempo y que Marbella podrá seguir siendo un año más la referencia esencial en los conciertos veraniegos. Otra cosa es lo que pase de ahora en más.
Lo que cabe preguntarse es por qué se ha llegado a estas alturas, con el verano ya iniciado y la temporada alta llamando a las puertas, con los deberes sin hacer. La respuesta sólo puede encontrarse en las diferencias que separan a ambas partes.
La negociación sobre el nuevo convenio para el uso del auditorio natural de Nagüeles lleva ya tiempo cocinándose y tanto los promotores de Starlite como el gobierno municipal han evitado con mutuo silencio que la situación pasara a formar parte de la agenda y del debate público. De hecho, nadie habla hoy públicamente del asunto, sobre el que no hay declaraciones oficiales por ninguna de las partes. Sin embargo, hay diferencias larvadas que salen a la luz a poco que se rasque más allá de la superficie..
El problema reside en la renovación del permiso concedido por el Ayuntamiento para la celebración de conciertos en la cantera, que dimana a su vez de un acuerdo de cesión de ese espacio de la Junta al Ayuntamiento, firmado el 6 de julio de 1992 por un periodo de 25 años y que vencía, por lo tanto, en menos de dos semanas. El final de esa cesión y la necesidad de renovarla ha dado lugar a un replanteamiento del canon que se cobra por su utilización y en esa cuestión de dinero reside el origen de las diferencias entre ambas partes.
El revulsivo que Starlite ha supuesto para Marbella desde su aterrizaje en 2012 debería estar fuera de toda discusión. Sus promotores, los empresarios Sandra García Sanjuán e Ignacio Malaquer, llegaron a una ciudad que aún atravesaba lo peor de la crisis con un proyecto tan ambicioso que al comienzo despertó, sobre todo, escepticismo y desconfianza. Históricamente Marbella ha supuesto un imán para toda clase de charlatanes y escenario de proyectos megalómanos que después se quedaban en nada y hubo quienes no dudaron en poner en esa categoría al festival y a sus impulsores. Sólo cuando en la antesala del verano de aquel año el Palacio de Congresos se llenó de aspirantes a un empleo de verano que salían con un contrato bajo el brazo, los primeros acordes comenzaron a sonar en el auditorio de la cantera y Marbella volvió a ocupar espacios en todos los medios nacionales como epicentro de los veranos musicales, la ciudad pudo comenzar a entender que estaba ante algo muy distinto.
Como todos los acontecimientos trascendentes, Starlite tuvo detractores pero su contribución decisiva al auge que alcanzó Marbella en los últimos años es difícilmente discutible.
Cuando el tripartito llegó al gobierno municipal, poco antes del verano de 2015, y surgieron vaticinios que auguraban una huida de inversiones de la ciudad, los nuevos responsables municipales se esforzaron en dar una imagen de normalidad. Para ello era necesario acallar los rumores de que Starlite abandonaría Marbella. No sucedió nada de ello, sobre todo porque había un convenio en vigor que garantizaba el uso del auditorio al que todavía le quedaban dos años. El tripartito dio entonces un apoyo monolítico a la continuidad del festival.
El pasado verano, cuando la denuncia del abogado Marco Arafat, uno de los fundadores de Podemos en Marbella, puso el foco en la hora de cierre, no hubo sanciones. Es más; la diferencia de criterios en torno a este asunto entre el edil de Seguridad y de Vía Pública, Javier Porcuna, y el entonces jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, fue uno de los detonantes de la ruptura entre ambos que acabó costándole el puesto a Montoya.
Sin embargo, la situación se complicaría con el tiempo. Ahora ya puede asegurar que hay fisuras, y que aunque en el gobierno municipal tripartito la postura oficial siempre ha sido la de tratar al festival con mimo, el evento es mirado con matices diferentes según el partido político del que se trate e incluso de la delegación que ostenta cada concejal.
Uno de los primeros roces entre el gobierno municipal y Starlite y que evidenciaron diferentes visiones sobre el festival se produjeron por la cuestión urbanística. Aunque el diferendo se mantuvo fuera de los focos, el Ayuntamiento abrió un expediente por la construcción de estructuras fijas en un paraje, considerado de especial protección, donde solamente caben soportes móviles. Ese expediente fue el segundo tras el abierto por el Ayuntamiento en 2014, aún bajo el gobierno de Ángeles Muñoz, por el cavado sin permiso de unas zanjas para la instalación de conducciones eléctricas.
Este segundo expediente ya está a punto de cerrarse después de que esta semana el servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento enviara una inspección para comprobar que, efectivamente, la promotora de Starlite había demolido las estructuras realizadas irregularmente. En el Ayuntamiento hay quienes aseguran que la empresa remoloneó a la hora de responder a la apertura del expediente, y que sólo se puso las pilas después de que un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil diera lugar a una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave.
Sin embargo, el punto grave de diferencia está en el dinero. Concretamente, en el canon que la promotora abona todos los años para poder utilizar la cantera, un espacio público protegido bajo la competencia de la Junta de Andalucía cedido por esta administración al Ayuntamiento de Marbella.
Cuando Starlite aterrizó en Marbella, atendiendo a un criterio de utilidad social del proyecto, el Ayuntamiento decidió ceder la cantera a cambio de una cantidad prácticamente simbólica cuyo importe salía del cálculo de lo que costaba cada mes el canon que la administración municipal pagaba anualmente a la Junta. Así fue como se estableció que Starlite hiciera uso de la cantera por unos 7.000 euros al año. El gobierno municipal de entonces entendió que esa era la manera que podía respaldar a un evento que sería muy beneficioso para la ciudad y al que tanto la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como Turismo Costa del Sol habían ayudado con importantes cantidades.
Ahora, cuando toca revisar el convenio, el criterio municipal ha cambiado, según se asegura desde la Plaza de los Naranjos, por decisión de la Junta, propietaria última de los terrenos y que de momento sólo ha concedido una prórroga provisional de un año. No queda claro si el gobierno municipal actúa de motu propio o si se limita a transmitir las decisiones adoptadas por la Administración andaluza, propietaria última de los terrenos.
Starlite ya no es un festival que requiera de la ayuda pública para arrancar, sino un evento consolidado. La administración –difícil establecer cuál, si la municipal o la autonómica– considera que no está justificado seguir cobrando un canon simbólico y los servicios técnicos del Ayuntamiento ya preparan un informe sobre cuál debe ser la cuantía que debería figurar en el próximo convenio. Según fuentes consultadas por este periódico, el informe, aún no terminado, establecerá una cantidad cercana a los 100.000 euros anuales.
La empresa promotora ya destina cada año unos 140.000 euros a las arcas municipales entre licencias de montaje y desmontaje y avales. No hay que ser un lince para saber que un nuevo canon con una cifra cercana a esa cantidad –incluso la mitad de esa cantidad, que es la que al parecer ya se ha planteado– caería como una bomba sobre la mesa de negociaciones. No tanto para este año, ya que la celebración del festival que comienza el 15 de julio no está ni mucho menos en duda, sino para ediciones futuras.
La Junta sólo ha renovado la concesión en favor del Ayuntamiento por un año, y las condiciones que se negocien este año pueden constituir un antecedente para los años venideros. La continuidad del festival está en el aire.