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Desidia
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Héctor Barbotta | 22-09-2017 | 14:10

CARLITOS FERNÁNDEZ bis.cdr

 

La detención en Argentina del exedil de Marbella Carlos Fernández, prófugo desde hace más de once años, ha disparado las teorías conspirativas. Es lo que suele suceder cuando no se encuentran explicaciones convincentes a un hecho inusual, pero también cuando las explicaciones son tan simples que resultan inverosímiles.
En este caso, que ha mantenido abierto durante más de una década un paréntesis más de incógnita que de preocupación, las teorías apuntan a que Carlos Fernández pudo escapar porque era un confidente de la policía que aportó datos claves que permitieron sacar a la luz la telaraña de corrupción que tenía atrapado al Ayuntamiento de Marbella. No es la primera vez que se expanden estos rumores, pero a poco que se conoce cómo se desarrolló la investigación del ‘caso Malaya’ se llega a la conclusión de que no tienen más sustento que la mera sospecha.
La teoría de la colaboración no ayuda a explicar cómo se llegó a desenmarañar la trama y la lectura de la sentencia, un fallo que dejó escapar indemnes o con castigo mínimo a muchos de los protagonistas, permite concluir que los investigadores hicieron todo lo que pudieron, pero que no llegaron tan lejos como les hubiese permitido la colaboración de un arrepentido, figura que por otra parte no existe en la legislación española. Cualquier policía descubierto ofreciendo impunidad al exconcejal a cambio de colaboración hubiese acabado haciendo compañía tras los barrotes a los condenados.
La teoría que viste a Carlos Fernández con el traje de un topo se basa en lo inexplicable que resulta que un sospechoso de un caso con tanta atención mediática haya podido eludir la persecusión durante tanto tiempo.
Y ante este interrogante es posible que la respuesta más verosímil sea la más sencilla. ‘Malaya’ fue un caso que despertó más interés entre los medios de comunicación y el público que entre quienes tenían la obligación y los medios para buscar y poner al exedil a disposición de la justicia. La trama de corrupción en Marbella dejó de ser un foco prioritario de interés para el Estado en el momento en que Gil se vio obligado a expandir su poder a Ceuta y Melilla y la propia ‘operación Malaya’ fue más producto del interés y el tesón de un juez de 34 años y de dos policías también jóvenes que de quienes se situaban en las más altas cimas de la administración del Estado.
Fernández pudo gozar de su década de impunidad y podrá acceder a la más que probable prescripción de los presuntos delitos por los que se lo perseguía simplemente porque, al igual que sucedió con otros prófugos de la corrupción en Marbella, no se lo buscó.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella