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Las lindes como metáfora
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Héctor Barbotta | 30-10-2017 | 09:29

En 1990, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PSOE, aprobó el texto del PGOU de 1986 en el que se incorporaba la aceptación de una alegación presentada por una comunidad de propietarios de Benahavís para poner bajo jurisdicción de ese municipio una zona donde ya se había producido un desarrollo urbanístico. Entonces era difícil sospechar que más de un cuarto de siglo después, ese cambio marcaría la agenda política del Ayuntamiento. El futuro siempre es insondable, aún cuando sigue carriles lógicos. Mucho más si discurre por la vía del esperpento.
Esta semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 3, donde se tramitó la causa conocida como ‘caso PGOU’, ha rechazado un recurso del PSOE, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, para que se levantara el archivo provisional de ese asunto decretado a mediados de septiembre. Se ha conocido también que la Audiencia Provincial ha rechazado otro recurso para que la instrucción de la causa se prolongue con la citación de nuevos testigos. No parece, en suma, que la cuestión vaya a tener mayor recorrido.
El auto del instructor señala que las nuevas pruebas propuestas por el PSOE serían superfluas y poco aportarían al objeto de la investigación y reprocha a esa acusación que durante todo el proceso, y también en su último recurso, «ha intentado ampliar la investigación a otros delitos ya denunciados en su día y sobreseídos, no sólo por este juzgado sino por la Audiencia Provincial». Pocas veces un magistrado lanza un reproche de este calado a una de las partes, especialmente si la postura de ésta está respaldada por el fiscal.
El juez, en resumen, da por zanjado el asunto. Considera que no hubo modificación oculta del Plan General, ni alteración espúrea de las lindes, ni falsificación de las actas del pleno, ni ocultación de información a la oposición. Debería ser suficiente para pasar página. Sin embargo, esta semana, al ser preguntado por la decisión judicial, el portavoz del PSOE, José Bernal, aseguró que el caso todavía está abierto porque falta que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie por el recurso presentado contra el archivo. Después de conocerse que la misma sala que aún no ha resuelto ese recurso ya se ha negado a que se sigan llamando testigos, resulta difícil de entender por qué los ediles socialistas se empeñan en seguir dando por abierto un proceso que ya parece haber llegado a su destino final y en el que próximos pronunciamientos judiciales sólo pueden reportarles nuevos disgustos.
Desde el principio, el asunto de las lindes ha sido un auténtico despropósito en el que se han mezclado, no se sabe si por incomprensión lectora o por mala fe manifiesta, pero seguro por interés político, dos cuestiones diferentes. Una es el de las lindes que se modificaron en el PGOU de 1986 al aceptarse en 1990 el recurso que se cita al principio de este artículo; otra, el del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010, que incluyó la mismas lindes que ya aparecían en el documento anterior.
Las dudas sobre a qué municipio pertenece el suelo en disputa, que los planos oficiales del Instituto Cartográfico Nacional aprobados en 1873 sitúan en el término municipal de Marbella, se remontan al año 1985, cuando la comunidad de propietarios de la zona, avalada por un documento del secretario del Ayuntamiento de Benahavís, presentó una alegación al PGOU de Marbella, en ese momento en trámite de aprobación, reclamando que el suelo pertenecía al municipio vecino.
La reclamación pedía que se considerase que los terrenos habían sido desarrollados por Benahavís, donde posteriormente se ejecutaría un plan parcial y donde la familia de la actual alcaldesa de Marbella era propietaria de suelo. La nueva linde no fue incluida inicialmente en el PGOU de 1986, que se aprobó con los límites históricos, pero sí en el texto refundido de ese documento, de 1990, que rigió en Marbella hasta 2010 y que volvió a entrar en vigor en noviembre de 2015.
La alcaldesa fue denunciada en 2009 por el proceso de alteración de límites entre ambos municipios iniciado con el Ayuntamiento de Benahavís para adaptar la cartografía a lo que ya decía el PGOU. La causa fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga. Ahí se podría haber terminado el asunto. Pero no.
Durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, el equipo redactor intentó reflejar las lindes de 1873, pero la Junta le ordenó ceñirse a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le recomendó repetir las que ya venían en el Plan anterior. Ahí también podría haberse acabado la polémica. Pero tampoco. El proceso entró en un terreno que visto a la distancia parece un tratado de excentricidad política.
La plataforma creada para reivindicar los límites históricos presentó ante la Fiscalía una relación de hechos en la que citaba los supuestos intereses económicos de Ángeles Muñoz en la zona, una supuesta alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio y una grabación del pleno de la que se decía que se comprobaba que los concejales que votaron el PGOU no habían sido informados de los cambios realizados en el documento.  El guión señalaba, delito arriba, delito abajo, que el Plan General había sido modificado subrepticiamente, sin informar a nadie, de manera oculta, para dar un pelotazo urbanístico que favorecería los intereses de la alcaldesa. De la conspiración formaban parte los redactores del Plan, funcionarios municipales y el vicesecretario del Ayuntamiento. Quienes no lo denunciaban podían ser señalados como cómplices por omisión. Sobre este guión, las fuerzas que componían el gobierno tripartito decidieron construir gran parte de su discurso político.
De toda aquella denuncia, el fiscal dedujo que podía haber una falsedad en el acta del pleno, no en el Plan General, y dio traslado al Juzgado de Instrucción, que abrió un procedimiento. Durante todo este tiempo, mientras la investigación judicial iba por un lado -determinar si los concejales habían sido informados de los cambios antes de votar- la propaganda política iba por otro: había habido una falsificación del PGOU con nocturnidad para favorecer oscuros intereses económicos. El juez pidió durante toda la fase de instrucción información a las instituciones implicadas y por algunas de las respuestas recibidas, que parecían más enfocadas en estirar el asunto que en resolverlo lo antes posible, resulta difícil entender cómo no llegó a perder la paciencia.
Igual de difícil resulta imaginar un ejemplo más apropiado que explicara un caso en el que la realidad hay sido forzada tan burdamente para justificar un discurso político. Mientras se hablaba de que había un caso judicial sobre la falsificación del PGOU, nada menos, lo que se investigaba es si había una falsedad en el acta en la que ese documento se había aprobado. Mientras se aseguraba que desde el Ayuntamiento se habían movido las lindes en el año 2009 lo que había era un cambio que, acertado o no, justificado o no, se había aprobado 19 años antes por un ayuntamiento gobernado por el mismo partido de quienes ahora levantaban su dedo acusador.
Ahora el juez da la oportunidad de acabar con este asunto, cuyo recorrido ya parece agotado. Por eso resulta difícil de entender ese empeño en prolongar un discurso que ha quedado desacreditado y en seguir estirando su agonía. Especialmente en estos días, en los que posiblemente nos hayamos saturado de discursos e iniciativas políticas inspiradas en fábulas.

Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella