La polémica creada en torno al concurso convocado por el Ayuntamiento para la adjudicación del servicio de retirada de los animales abandonados va camino de convertirse en uno de esos asuntos que periódicamente se instalan en la agenda política del Ayuntamiento, van creciendo sin que nadie pueda asegurar a ciencia cierta cómo es que llegaron hasta ahí y dejan sedimentados mensajes que aunque en casi nada se corresponden con la realidad pueden tener consecuencias políticas de calado.
El asunto surgió hace dos semanas cuando desde la oposición se acusó al equipo de gobierno de haber sumado la retirada de los animales abandonados a la larga lista de servicios públicos que se han externalizado desde que el bipartito PP-OSP se hizo con el control del gobierno municipal. En realidad no se trataba de una nueva privatización, sino de la agrupación en un solo concurso de varios servicios que anteriormente se conveniaban mediante contratos menores también con empresas privadas.
Cuando el equipo de gobierno reveló que lo que había hecho era aglutinar en un concurso diferentes contratos menores, obligado por la nueva ley de contratación del sector público, el asunto no se desactivó, sino que la polémica saltó a otro aspecto que sonaba particularmente tenebroso y que prometía interesantes réditos políticos: la supuesta intención del equipo de gobierno municipal de solucionar vía sacrificio el problema de los animales abandonados.
Este nuevo enfoque de la polémica tocó una fibra sensible en una ciudad que ciertamente se caracteriza por una especial atención a los animales; en parte por la afortunada permeabilidad cultural de una sociedad cosmopolita acostumbrada a asimilar lo mejor de las culturas llegadas de otras geografías y en parte también, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, por la labor que desde hace décadas viene desarrollando la Triple A, uno de los colectivos de mayor implantación, arraigo y prestigio en Marbella que si no existiera obligaría a los poderes públicos a dedicar ingentes cantidades de recursos humanos y materiales a la recogida de animales abandonados.
La polémica, tuvo algo de oportunidad política y mucho de artificial. El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento señalaba en su punto 3.3.2 que una vez recogido un animal abandonado, la empresa adjudicataria deberá tenerlo durante un plazo de diez días en sus instalaciones, «y una vez transcurrido ese plazo, el animal podrá ser cedido en adopción o sacrificado».
La alusión explícita a la posibilidad de que los animales abandonados pudieran ser sacrificados levantó las alarmas, no sólo en los círculos animalistas. Aunque del texto no se podía inferir que el sacrificio fuese el destino obligado de todos los animales recogidos de la vía pública y no reclamados por sus dueños, era la primera vez que un documento oficial mentaba una palabra que levanta ampollas entre los amantes de los animales. El pliego, evidentemente, no fue redactado por un asesor atento a las posibles repercusiones de opinión pública y mucho menos a la corrección política de nuevo cuño, sino por un técnico al que se encomendó una tarea administrativa que permitiera la adjudicación del servicio sin problemas legales posteriores. El técnico se limitó a trasladar al pliego lo que prevé la ley.
De hecho, la comparación con lo que había anteriormente no ofrece en realidad grandes diferencias de fondo. En el expediente de los contratos menores firmados en 2016 por la entonces concejala Ana Isabel González y en 2017 por la también edil socialista Ana Leschiera se incluye la propuesta de Paraíso, la empresa adjudicataria, que en relación a ese apartado señala, en el último párrafo, que «se aplicará la legislación vigente, una vez pasados los días pertinentes, se comunicará al Ayuntamiento de Marbella la finalización de los mismos y se actuará según directrices de éste». La legislación vigente no es otra que la Ley autonómica 11/2003 de Protección de los Animales, que establece en su capítulo VI apartado 3 que «corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados».
Cuando el equipo de gobierno municipal comprendió que se había cometido una torpeza política al sacar el pliego con la palabra ‘sacrificio’ y se apresuró a aclarar que no había cambios de fondo ni tampoco la adopción de una política de exterminio de animales, la polémica ya estaba instalada y preparada para dar un nuevo salto.
El pasado martes el concejal de Sanidad, Carlos Alcalá, convocó una rueda prensa para aclarar estos aspectos, pero no se puede decir que el movimiento le saliera bien. Un antiguo directivo de la Triple A se presentó en la sala y desde una de las sillas reservadas a los periodistas se ensarzó en una viva discusión que el edil, torpemente, no quiso o no supo cortar. La discusión fue oportunamente grabada y subida a las redes sociales y reflejó que la discrepancia había cambiado de eje. Ya no era que se privatizaba un servicio que desde hace años venía siendo prestado por una empresa, ni que el equipo de gobierno tuviera un plan secreto que supondría el holocausto canino en Marbella, sino que se marginaba a la Triple A de su histórica labor de retirada y acogida de animales domésticos abandonados.
Ese mismo día, los socialistas reclamaron la retirada del pliego y puede asegurarse que la polémica no menguó hasta que Ángeles Muñoz tomó cartas en el asunto, convocó a una reunión a la Triple A, le dio garantías de que su relación con el Ayuntamiento –entiéndase subvenciones para seguir realizando su labor– no se alteraría y anunció la retirada del pliego. El próximo seguramente servirá para lo mismo y tendrá efectos idénticos, pero no incluirá la palabra maldita.
Como balance queda la agilidad y el olfato de la oposición para instalar una cuestión que podría haber pasado inadvertida y que acabó suponiendo un duro desgaste para el equipo de gobierno, la lentitud de reflejos de éste para reaccionar a esa jugada y la orfandad de dirección política que experimenta el ayuntamiento cada vez que un asunto de cierta trascendencia no pasa por las manos de la alcaldesa. Toda una advertencia para el año que resta hasta las elecciones.