Blogs

Héctor Barbotta

Marbella blog

Un fantasma del pasado

SUR 97.cdr

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir el conocido como ‘caso PGOU’, en el que se investiga una posible falsedad en las actas del pleno celebrado el 29 de julio de 2009, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que entró en vigor al año siguiente y que fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015.
En el auto, que se dictó el pasado 15 de marzo pero que no se conoció hasta esta semana, la Sala considera que pudiera haber habido falsedad en su modalidad de imprudencia grave. Por ese motivo ha ordenado que se practiquen las diligencias solicitadas por el fiscal y por le Grupo Municipal Socialista, que ejerce la acusación particular, que consisten en la citación como testigos de las funcionarias que transcribieron el vídeo del acta de la sesión y de los exediles Susana Radío (portavoz del PSOE en aquel momento) y Diego Eizaguirre, por entonces miembro el grupo popular y posteriormente enfrentado a Ángeles Muñoz.
El calendario judicial ha vuelto a tener en esta ocasión, cierta coordinación casual con político. Si el pasado agosto el auto por el que el juez instructor archivaba la denuncia se conoció el mismo día en el que se firmaba la moción de censura que devolvía la Alcaldía a Ángeles Muñoz, lo que provocó cierto disgusto en las filas del PP porque la noticia que habían estado esperando durante meses quedaba relegada a un segundo plano ante la trascendencia del acto que confirmaba el relevo al frente del Ayuntamiento, en esta ocasión ha tenido cierto grado de oportunidad en sentido contrario, ya que la decisión, que ya estaba tomada casi dos semanas antes, se ha conocido con posterioridad a la presencia de Mariano Rajoy en Marbella en un acto en el que se consagró la candidatura de Muñoz a la reelección. La noticia en los días previos a la visita del presidente del Gobierno hubiera generado un escenario embarazoso en las filas populares y hubiese sobrevolado sobre un acto en el que el PP situó su candidatura municipal en Marbella al mismo nivel que el de las ocho capitales andaluzas.
El caso, al igual que muchas de las polémicas que se han ido dando en los últimos tiempos en Marbella, ha ido mudando de naturaleza con el paso del tiempo, y aunque su reactivación genera un paisaje de incomodidad a la alcaldesa, resulta evidente que la gravedad de las acusaciones ha menguado desde que el asunto saltó a la palestra.
No debe olvidarse que todo comenzó por el escrito presentado por el colectivo contrario al cambio de lindes con Benahavís que presentaba unos hechos gravísimos y sugería que el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) había sido alterado con nocturnidad para modificar los límites territoriales entre ambos municipios y favorecer los intereses económicos de la familia de Ángeles Muñoz.
Bastó que la causa echara a rodar para que se dejara de hablar de ‘falsificación del PGOU’, aunque algunos miembros de ese colectivo –inasequibles al desaliento– continuaron durante algún tiempo, para que la investigación se centrara en una probable falsedad en las actas del pleno. Es decir, en la posibilidad de que éstas no reflejen exactamente lo que realmente sucedió durante la sesión. La acusación, a la que tras la denuncia del fiscal se sumó el Grupo Municipal Socialista, sostenía una triple hipótesis: que se había realizado cambios en los planos del PGOU y que uno de esos cambios favorecían a los intereses económicos de Ángeles Muñoz; que esos cambios se había ocultado a los concejales, que votaron en esa sesión plenaria sin tener conocimiento de las modificaciones, y que el vicesecretario municipal y la alcaldesa habían actuado de manera coordinada para hacerlo y reflejar en el acta algo que en realidad no había sucedido en el pleno.
La instrucción del caso, especialmente la comparecencia de los testigos, permitió aclarar estos extremos y dio lugar a que el juez decidiera el archivo. La comparecencia del arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras –un urbanista de confianza de la Junta de Andalucía, nada sospechoso de simpatizar con Muñoz ni de tener la más mínima afinidad ideológica con el Partido Popular– permitió confirmar que los cambios del última hora, en concreto el cambio de criterio en relación con las lindes entre Marbella y Benahavís, se realizaron por el equipo redactor y por indicación de la Junta de Andalucía, administración que debía dar su aprobación definitiva al documento. La Consejería de Ordenación del Territorio, según explicó Fustegueras ante el juez, el fiscal y los abogados de todas las partes, comunicó que el PGOU debía ceñirse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Este órgano estableció que hasta tanto se culminara un proceso de alteración de lindes, el nuevo PGOU debía repetir los límites fijados en el documento hasta entonces vigente, el de 1986, que fija los terrenos objeto de la polémica en el término municipal de Benahavís. En su extensa declaración en el juzgado, González Fustegueras fue repetidamente interrogado sobre este asunto y su testimonio resultó contundente y decisivo para que la tesis de una modificación realizada con nocturnidad desde el ámbito municipal quedara descartada.
Durante esa fase de instrucción también llamó la atención que las propias acusaciones no incidieran sobre un aspecto que era esencial para sostener su tesis: la supuesta connivencia entre Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas, para falsear el acta del pleno. Evidentemente, la acusación del Grupo Municipal Socialista pretendía cobrarse la pieza mayor de la alcaldesa y en el camino cayó la imputación de De las Cuevas. Sin embargo, sorprendentemente, cuando el funcionario compareció para declarar, ni el fiscal ni el abogado del PSOE le preguntaron acerca de si había recibido algún tipo de indicación o de sugerencia por parte de Muñoz a la hora de redactar el acta. Si quien acusa no pregunta, la acusación resulta difícil de sostener a la hora de que el instructor tome una decisión. Mucho menos permite a los investigados defenderse de las acusaciones y menos aún de las insinuaciones.
De las Cuevas, el único investigado en esta causa ya que la acusación contra la exconcejala de Urbanismo, Alba Echevarría, se archivó y Ángeles Muñoz es aforada y sólo puede ser investigada por el Tribunal Supremo, falleció el pasado 19 de febrero tras padecer una larga enfermedad.
El auto por el que la Audiencia Provincial ordena ahora que se reabra la causa y se citen a los nuevos testigos propuestos por las acusaciones, señala que descartado queda por determinar si pudo haberse cometido, en la redacción del acta del pleno, un delito de falsedad por imprudencia, ya que la misma no refleja exactamente lo que puede apreciarse en la grabación de la sesión. La Sala sostiene que indiciariamente el acta no se corresponde con la realidad de lo acontecido y aunque se estime, como lo hace el instructor, que no haya habido una conducta dolosa, sí podría haberse cometido una imprudencia. Ordena por eso que se cite como testigos, entre otros, a las funcionarias responsables de transcribir la grabación.
Resulta difícil determinar cuál podría ser la responsabilidad que se cargue sobre Ángeles Muñoz a estas alturas si todo se reduce a un acta mal redactada, pero no por ello la situación deja de ser incómoda para la alcaldesa. Sobre todo si el asunto, que ya se consideraba amortizado, se dilata y llega sin resolverse, y por lo tanto convertido en pólvora electoral, a la próxima campaña, que está a la vuelta de la esquina.

Temas

Toda la actualidad de Marbella

Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella

abril 2018
MTWTFSS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30