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Héctor Barbotta

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Presupuestos agridulces

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En una ciudad con tantas necesidades perentorias causa cierto desasosiego que la mayor parte de las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y que afectan directamente a Marbella sean más posibilidades de futuro que realidades concretas de corto plazo. En general, la propuesta, que aún no tiene garantizado salir adelante y a la que le queda un largo periodo de negociación, es rácana con el conjunto de Andalucía. En relación con Marbella contiene un par de concreciones y guiños que el futuro dirá si se materializan.
La partida más importante que afecta directamente a la ciudad es la de seis millones de euros destinada a poner en marcha el proyecto del tren litoral. Se trata ciertamente de una cifra importante si se tiene en cuenta la etapa inicial en la que se encuentra el proyecto, que ni siquiera ha comenzado a redactarse. Esa cantidad, si se ejecuta, garantiza, efectivamente, que el Gobierno ha asumido con seriedad su compromiso de concluir la etapa de estudios previos y redacción del proyecto, pero aún no asegura ni remotamente que la infraestructura que Marbella, la Costa del Sol y la provincia en su totalidad anhelan desde hace décadas vaya a materializarse.
No será hasta que se decida el trazado, se redacte el proyecto y se entre en la fase de ejecución de obras cuando se verá si existe realmente voluntad política de llevarlo adelante, ya que ejecutarlo supondrá una inversión de tal calibre que obligará a fijarlo como prioridad en desmedro de actuaciones en otros territorios. Sólo en ese momento se verá si esto va en serio. Se trata, además, de un objetivo que solamente se alcanzará si no sólo en Marbella y en la provincia de Málaga, sino también en el conjunto de Andalucía, existe un consenso social y político impermeable a las mezquindades partidistas y a los cálculos electorales. Y también si la sociedad civil y los colectivos sociales son capaces de sostener una tensión que obligue a los representantes institucionales a mantener este asunto en la agenda pública. La partida incluida para este ejercicio no garantiza nada, pero es un sólido punto de partida. Sería absurdo, y un engaño en toda regla, presupuestar más dinero cuando ni siquiera se ha decidido aún cuál es el trazado idóneo. El problema es que después de tantas idas y venidas con la conexión ferroviaria, cualquier punto de partida siempre va a parecer escaso.
Otra de las partidas importantes que afectan a la ciudad es la de las mejoras en la A-7 a la altura de Las Chapas anunciadas el pasado enero en Marbella por el ministro De la Serna. Se trata de 3,89 millones de euros que se van a invertir en tres tramos de esa arteria, que alcanza en verano un tráfico medio de 100.000 vehículos diarios. Es una obra necesaria que ayudará a reducir la peligrosidad y servirá para aliviar el tráfico, pero que está muy alejada de la ambiciosa actuación valorada en cerca de 70 millones de euros de la que se comenzó a hablar cuando Magdalena Álvarez estaba al frente del Ministerio de Fomento y que se guardó en un cajón tan pronto como la crisis económica comenzó a dar sus primeros zarpazos.
Una de las omisiones que más ruido hace es la del recrecimiento de la presa de La Concepción, para la que no se contempla partida alguna y que no figura en la agenda del Gobierno, ni siquiera a medio plazo. El varapalo de cualquier referencia a esta obra imprescindible no es porque se esperara algún anuncio de calado, sino porque los últimos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la necesidad de actuar en ese sentido. La amenaza de sequía y de medidas restrictivas que sobrevoló durante meses sobre la Costa del Sol sólo amainó con las lluvias caídas durante todo el mes de marzo. Con estas precipitaciones, el pantano, que estaba a menos de la mitad, completó su capacidad y hubo que echar agua al mar. Eso puso en evidencia no la intensidad de las lluvias, sino las reducidas dimensiones de una presa que es necesario aumentar para poder dar respuesta a las necesidades de la Costa del Sol, prepararse para un horizonte que en el medio plazo sigue siendo de escasez de agua y evitar el despropósito de tener que echar al mar lo que más temprano que tarde se acabará echando de menos.
El dinero que se destina a mejoras en la desaladora, un millón de euros, tiene todo el sabor de un premio de consuelo que no alcanza a disimular la necesidad de acometer unas obras de calado que partan de asumir un diagnóstico crudo y realista sobre el nuevo paisaje climático hacia el que nos encaminamos y sobre el que un mes inusualmente lluvioso no debería tener el efecto de un absurdo autoengaño.
Los espigones para garantizar la estabilidad de las playas, una de las actuaciones de competencia estatal que más demanda la ciudad y que formó parte del acuerdo por el que se impulsó la moción de censura, no figuran con partida propia en el proyecto de Presupuestos. Desde el PP aseguran que desde la partida genérica de playas se irán destinando los fondos necesarios para acometer estas obras, una afirmación que el tiempo confirmará o desmentirá.
El proyecto de presupuestos incluye también una partida minúscula de 10.000 euros para el proyecto de ampliación del Museo del Grabado, si bien es cierto que el documento incluye una proyección a cuatro años en la que se prevé completar la inversión de 1.100.000 euros, con 100.000 euros en 2019, 660.000 en 2020 y 330.000 en 2021. Los trámites y trabajos previos que todavía hay que ejecutar antes de iniciarse las obras de ampliación, incluyendo las catas arqueológicas, sitúan en ese horizonte la ejecución del proyecto.
Donde sí hay una omisión clamorosa es en el ámbito de la seguridad. Las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no sólo son indignas de una ciudad europea del siglo XXI e inapropiadas para un destino que, como Marbella, presenta unas necesidades peculiares en ese apartado. Es que también son insuficientes para albergar una plantilla ya de por sí escasa. Las condiciones de trabajo de los policías que prestan servicio en Marbella no son dignas. Que el Gobierno no prevea ni siquiera una mínima partida para la construcción de una nueva comisaría en la ciudad debería levantar todas las alarmas. El Ayuntamiento, independientemente de su color político, está obligado a encabezar esa reivindicación. Que el Gobierno no tenga en cartera dar respuesta a esa necesidad no encuentra justificación alguna y obliga a poner en duda cualquier declaración sobre la importancia que Interior atribuye a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que participó el pasado jueves en Málaga en la presentación que los parlamentarios del Partido Popular hicieron del proyecto de Presupuestos se guardó para presentar en Marbella la disposición final 24 del documento, que supone una modificación a la disposición 70 de 2012, con rango de ley, por la que se refinanció la deuda con Hacienda y la Seguridad Social y se dispuso que el patrimonio que la ciudad fuese recuperando en procesos judiciales se destinaran a la reducción de principal de esa deuda. En 2015 se aprobó que las multas que el Estado cobrara por esos procesos se destinaran también a la reducción de la deuda y ahora, si se aprueban los Presupuestos, se da un tercer paso: la ciudad podrá quedarse con algunos de los bienes que recupere y no tendrá que cederlos al Estado en virtud del acuerdo de 2012.
De momento, esa disposición tiene dos objetivos concretos. El primero es el edificio junto al Hospital Costa del Sol que el equipo de gobierno quiere ceder a la Junta de Andalucía para unificar todas las sedes judiciales en una operación que cuenta con el aval de todas las partes implicadas, incluida la Consejería de Justicia e Interior. El segundo es la finca La Caridad, emblema del patrimonio de Roca en la ciudad, a la que el equipo de gobierno, y en concreto la alcaldesa, quiere darle destino de equipamiento deportivo. Ante la falta de suelo disponible, Muñoz ha visto en esa operación la posibilidad de dar respuesta a la demanda de los clubes deportivos de la ciudad ante la sangrante falta de instalaciones, que se está convirtiendo en un verdadero clamor ciudadano.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella

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