El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido un recurso del PSOE contra el reglamento de directores generales impulsado por el gobierno municipal y ha dictado una medida cautelar que, aunque de momento su cumplimiento se ha aplazado, es muy probable que obligue a dar marcha atrás en el nombramiento de los mandos del Ayuntamiento. La decisión judicial supondrá un trastorno a la hora de organizar la estructura del gobierno municipal, y por lo tanto de la gestión de los asuntos públicos, pero además deja en evidencia y al desnudo cuál es la manera en que se desarrolla la vida política en Marbella.
Tanto el recurso presentado por el PSOE como la decisión judicial que se derivó de él han puesto al equipo de gobierno y a la oposición frente a un espejo. Los socialistas no han hecho nada distinto a lo que los populares hicieron cuando estaban en la oposición. Estos también recurrieron el reglamento de directores generales y en aquella ocasión el resultado fue el mismo: la imposición de medidas cautelares que impidieron la ejecución de los nombramientos y supusieron un serio obstáculo para la organización de la estructura de mandos del Ayuntamiento y con ello, de la gestión de los asuntos que afectaban a los ciudadanos. Solamente desde la más infantil ingenuidad se podía esperar que el PSOE no actuara ahora de la misma manera. Aunque desde el PP se sostiene que los reglamentos no son idénticos, la decisión judicial los ha igualado. La única diferencia de la situación actual en relación con la anterior es que los directores ya están nombrados. En el gobierno municipal entienden que ello les da cierto margen de maniobra aunque más temprano que tarde, si el TSJA no modifica su postura, deberá volver a la situación anterior.
Cuando se habla de directores generales se suele poner el acento en la forma de elección o en la remuneración que se les asigna, pero suele pasarse por alto que los nombrados forman parte del gobierno municipal. Tienen mando en plaza y atribuciones para firmar documentos y por lo tanto un papel central en la gestión de los asuntos municipales. Sin ellos, la gestión queda en manos de los funcionarios y la gestión política del Ayuntamiento se convierte en una quimera. Si el actual gobierno, como el anterior, se ve obligado a devolverlos a la categoría de asesores, su capacidad de gestión, y por lo tanto de resolver problemas, que es para lo que está un gobierno municipal, se resentirá.
Después de lo que sucedió en la primera parte del actual periodo municipal, cuando gobernaba el tripartito, no cabía esperar que quienes fueron desplazados a la oposición por una moción de censura actuaran de otra manera, pero a estas alturas es lógico que los ciudadanos comiencen a preguntarse si la labor de la oposición, de ésta y de la anterior, debe consistir en plantear alternativas de gobierno o en poner todos los obstáculos posibles para que ese gobierno no pueda ejercerse.
Desde el punto de vista político estamos ante una situación que responde a la más elemental lógica. El PSOE le hace al PP lo que antes el PP le hizo al PSOE. Se trata, evidentemente, de lógica política, no de lógica a secas. La lógica a secas hubiese invitado al PSOE a no recurrir un reglamento parecido al que ellos mismos antes intentaron aplicar, y al PP, a no aprobar algo similar a lo que ellos mismos recurrieron. Pero aquí, de lo que se trata no es de aplicar la lógica ni lo que los ciudadanos suelen identificar como sentido común.
Los argumentarios señalan que los reglamentos no son idénticos, pero ello no es más que una coartada por la que se intenta ocultar una convicción mutua que vuelve a situar a ambos contendientes ante el espejo, porque en ambas aceras están íntimamente convencidos de que el adversario está desligitimado para ejercer el poder en el Ayuntamiento. Cuando el PP fue el partido más votado pero un pacto a cuatro lo apartó del poder, el discurso oficial transmitió el convencimiento de que aquello no iba a funcionar no sólo por lo complejo de gestionar un acuerdo con tantos actores sino por la supuesta incapacidad atávica de quienes no provienen de su propio ámbito ideológico. Cuando fue la izquierda la desplazada por la moción de censura, el discurso se dirigió a sembrar dudas sobre las verdaderas causas de esa operación política y a sugerir, sin indicio alguno, que detrás había intereses económicos. Unos se atribuyen el monopolio de la capacidad; los otros, el monopolio de la honradez y la transparencia. Ambos, sinceramente convencidos (y ese es el problema de fondo) de que el adversario no tiene derecho a constituir mayorías. Ni la ciudadanía, derecho a la alternancia.