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Héctor Barbotta

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Premio a la constancia

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El Ayuntamiento de Marbella recibió días atrás un talón de 12 millones de euros procedente de la venta de bienes incautados a Roca y ha habido quien ha preguntado, desde la incredulidad informada, que dónde está la trampa. Que una institución pública recupere dinero años después de haber sido saqueado por prácticas corruptas es tan inusual que hasta parece una anomalía. Demasiado bueno para ser verdad.
En los últimos años se ha visto a decenas de políticos corruptos detenidos, sentados en el banquillo y hasta entrando en prisión. Lo que no se había visto hasta ahora es a las víctimas recuperando el dinero, aunque fuera una mínima parte de lo robado.
Por ello, aunque se suele utilizar con alegría y superficialidad el término ‘histórico’, no es en absoluto exagerado aplicarlo al acto simbólico del pasado viernes 22 de junio, cuando el presidente del tribunal que juzgó ‘Malaya’, José Godino, se desplazó en persona hasta Marbella para entregar el talón. El magistrado adelantó que se trata de la primera de una serie de entregas que se irán haciendo sucesivamente.
La recuperación de estos fondos tiene mucho de victoria personal de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que desde el comienzo de su primer mandato y cuando la ciudad tenía en relación a su historia reciente varios frentes abiertos, puso todo el acento en que la prioridad era la recuperación del dinero. Incluso lo hizo cuando ese asunto parecía secundario en relación a otros debates que estaban en el primer plano en aquella época, como la postura municipal en torno a las prisiones preventivas de los imputados –el Ayuntamiento ejerció como acusación en todo el proceso– o la decisión acerca de si se debía impulsar el derribo de construcciones ilegales, postura siempre rechazada desde el equipo de gobierno municipal.
El truco ha estado en el tesón. Desde el principio el Ayuntamiento, y en particular Muñoz, pusieron en el centro la recuperación de lo robado, aún cuando aquello parecía un objetivo inalcanzable. Es justo considerar los resultados que se están obteniendo ahora como un premio a la constancia.
Si se analiza lo actuado por Muñoz desde que llegó a la Alcaldía se puede concluir que hubo una estrategia de utilizar el patrimonio perdido durante los años del GIL como un activo que en algún momento se iba a poder recuperar. Como aquel que negocia con los bancos en función de deudas que tiene por cobrar, por más reticentes que sean los morosos. Primero lo hizo para conseguir, en 2012, la refinanciación de la astronómica deuda con el Estado y, posteriormente, cuando esa carga ya había sido refinanciada a 40 años, para que se modificara ese acuerdo y el dinero que fuera entrando pudiese ser destinado a financiar inversiones.
Llegar hasta ahí no fue un camino fácil. La principal dificultad radicaba en un hecho que muchas veces no se suele tener en cuenta: los bienes que le fueron localizados a Juan Antonio Roca fueron intervenidos durante el desarrollo de la ‘operación Malaya’, y la sentencia de esa causa fija unas indemnizaciones mínimas en favor del Ayuntamiento. Por el contrario, en los casos ‘Saqueo 1’ y ‘Saqueo 2’ y en las causas de alcance contable, donde se establecen las indemnizaciones más importantes para la institución municipal, no existen bienes incautados a los condenados.
Es por este motivo que a los tres principales deudores por causas judiciales del Ayuntamiento de Marbella –el exalcalde Julián Muñoz (108 millones de euros), el exapoderado de empresas municipales Modesto Perodia (86 millones de euros) y los herederos de Jesús Gil (81 millones de euros)– no se les ha podido cobrar prácticamente nada. Los dos primeros son insolventes y a los hijos de Gil sólo se les puede reclamar el patrimonio que proceda directamente de la herencia de su padre.
Sin embargo, en el caso de Roca coincidieron dos circunstancias: es deudor del Ayuntamiento por ambos casos Saqueo, causas que fueron juzgadas en la Audiencia Nacional, y además se le incautaron bienes por el ‘caso Malaya’.
El problema consistía entonces en unir ambas situaciones. Durante los años en los que el abogado Enrique Sánchez estuvo al frente de los servicios jurídicos municipales, el Ayuntamiento batalló para que los bienes incautados en ‘Malaya’ pudieran ser destinados a pagar responsabilidades civiles fijadas en procedimientos anteriores. Al comienzo la petición no fue atendida. El otro gran acreedor de Roca es el Estado, al que el exgerente de Urbanismo debe también cantidades astronómicas por las multas que fue condenado a pagar por los delitos de blanqueo de capitales.
Frente a ese rival, el Ayuntamiento encontró al mejor aliado posible. El presidente del tribunal de ‘Malaya’, José Godino, se mostró desde el principio sensible a las reivindicaciones del Ayuntamiento, hasta tal punto que en la sentencia incluyó una coletilla en la que resaltaba que sería justo que los bienes decomisados repercutieran en la ciudad y, concretamente, que el importe de las multas satisfechas fueran utilizadas para abonar la deuda de la institución municipal con otras administraciones públicas.
Esta coletilla fue anulada por el Tribunal Supremo. El propio Godino admitió recientemente ante un grupo de periodistas que aquello no había sido más que un brindis al sol. Sin embargo, la buena voluntad del magistrado hacia la ciudad no se quedó ahí. A partir de sus buenas relaciones con la Audiencia Nacional y dando la razón a lo planteado por el Ayuntamiento admitió que el dinero obtenido por la venta de los bienes decomisados en ‘Malaya’ se destinaran a pagar las indemnizaciones de ambos casos ‘Saqueo’. Hasta que se entregaron los 12 millones de la semana pasada, el Ayuntamiento ya había cobrado nueve millones, que en función del acuerdo original con Hacienda tuvieron que destinarse al pago de la deuda.
Ahora, la última modificación del acuerdo incluida en los Presupuestos permite que el Ayuntamiento disponga del dinero para realizar inversiones. Que el talón haya llegado ahora, con ese nuevo acuerdo ya en vigor, debe entenderse como parte de esa sensibilidad que el juez Godino, la persona que más conoce el ‘caso Malaya’, tiene con esta ciudad. Lo está demostrando con hechos.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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