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Héctor Barbotta

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Puerto Banús y el Valle de los Caídos

Ha querido el destino que estos días en los que el Gobierno se dispone a retirar del Valle de los Caídos los restos de Franco y se discute sobre el futuro de ese gigantesco monumento funerario, el Parlamento Andaluz debata una modificación en la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía que afectará de lleno al futuro del más señero de los recintos portuarios andaluces, Puerto Banús.

Es difícil imaginar dos obras de ingeniería más diferentes en sus emplazamientos, en su estética, en su arquitectura y en sus fines. Sin embargo, ambas están estrechamente emparentadas. La carrera empresarial de José Banús dio sus primeros pasos con una sociedad constructora que fundó con su hermano Juan y que fue una de las principales contratistas que llevaron adelante la construcción del Valle de los Caídos a través de la utilización de la mano de obra que proveían los prisioneros de guerra a cambio de redimir tiempo de condena.

La utilización de este tipo de mano de obra, a la que podía acceder gracias a su estrecha vinculación con el régimen, no fue una anomalía en la trayectoria empresarial de Banús. Según se reseña en la breve biografía del empresario que puede leerse en la web de la Real Academia de la Historia, la siguió utilizando hasta 1970. Hasta ese año, el último destacamento penal dependiente del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo realizó tareas en la urbanización de lujo que Banús construía en la localidad madrileña de Mirasierra.

Para entonces el constructor ya se había desplazado a Marbella, donde el turismo apenas comenzaba a despuntar, tras haber hecho fortuna en la construcción de viviendas en un Madrid necesitado de alojamientos por el éxodo del campo a la ciudad que siguió a la Guerra Civil.

Aquí construyó prácticamente un pueblo entero, el distrito que se conoce actualmente como Nueva Andalucía y cuyo colegio público de primaria lleva su nombre, y el puerto tras obtener del régimen, en 1968, una concesión por 99 años.

Sobre esa misma concesión, propiedad actualmente de sus herederos, sobrevolaba ahora una situación de incertidumbre, porque una ley de 2014 fijaba para las concesiones firmadas antes de 1988 una duración máxima de 30 años a partir de ese año.

El Parlamento Andaluz se dispone a aprobar una ley que anula ese punto y respeta los términos originales de la concesiones. Los legados económicos, como se ve, son mas sólidos que los simbólicos.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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