Silencio incomprensible sobre el urbanismo en Marbella | Marbella blog - Blog diariosur.es

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Héctor Barbotta

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Silencio incomprensible sobre el urbanismo en Marbella

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El urbanismo no es un asunto menor en ninguna urbe, pero en algunas es un asunto esencial, el que marca a fuego su vida política y económica y determina la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Del urbanismo depende en gran medida que haya colegios y centros de salud, espacios donde practicar deporte, empresas turísticas que puedan desarrollar su actividad y caminos y carreteras para moverse de un sitio a otro. Del urbanismo puede depender que se construyan viviendas sociales, que las empresas dedicadas al comercio en diferentes zonas puedan competir en pie de igualdad e incluso que haya espacio para que algún día se construya una vía férrea que traiga el tren a Marbella.

A pesar de ello, o posiblemente por ello, la palabra urbanismo levanta ampollas y genera urticaria en Marbella. La historia de esta ciudad durante la última década de siglo anterior y el primer lustro de éste fue suficientemente traumática como para justificar esos síntomas. Durante esos largos 15 años, con absoluta impunidad, el Ayuntamiento fue utilizado con descaro en beneficio privado y en perjuicio de los vecinos de la ciudad, no solamente de los de aquella época, que irresponsablemente votaron mayoritariamente al GIL una y otra vez, sino también de las siguientes generaciones de marbellíes. Se suele decir que la gestión urbanística se hizo en función de esos intereses espurios, pero en realidad lo que hubo fue falta de gestión urbanística.

De aquellos años se heredó la desconfianza hacia la palabra urbanismo y todo lo que se pareciera a eso. La necesidad de olvidar aquella etapa hizo hasta que el Ayuntamiento se desprendiera del edificio donde funcionó esa área, como si una mudanza pudiera exorcizar la historia, pero la herencia traumática fue de tal magnitud que más de una década después de superados aquellos años y de recuperarse la normalidad institucional, los principales problemas de entonces siguen igual que el primer día. Hay 18.000 viviendas huérfanas de una normativa en la que ampararse, hay empresas de todo tipo -desde hoteles hasta gasolineras- que siguen pagando sus pecados de origen con la espada de Damocles de la irregularidad sobre sus cabezas, encontrar suelo para dotar a la ciudad de los equipamientos públicos que le fueron hurtando durante todo aquel tiempo, y que se le siguen mezquinando en la actualidad, es poco menos que una tarea imposible y la norma que la ciudad se ve obligada a aplicar es la aprobada en 1986, cuando Marbella tenía 75.000 habitantes.

Por si estas circunstancias no fueran suficientes, el urbanismo es, además, un instrumento sustancial para el buen funcionamiento del tejido productivo de una ciudad que, a falta de otros recursos, necesita de la construcción y de la construcción ligada al turismo para completar la creación de empleo y de riqueza que el turismo por sí mismo no es capaz de generar en solitario.

Todo esto debería alcanzar para comprender la importancia sustancial que el urbanismo tiene para Marbella y la relevancia estratégica que su gestión reviste para la ciudad y para la vida cotidiana de sus más de 150.000 vecinos. Por ello resulta incomprensible que los problemas urbanísticos que se heredaron y las posibles soluciones que se deberían arbitrar no constituyan el núcleo de un debate político y ciudadano y que, por el contrario, todo el asunto se intente soslayar con un silencio incomprensible. No se trata solamente de una carencia imputable al gobierno. Que durante el proceso para la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y su adaptación a la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía (LOUA) la oposición eligiera centrar el debate en el asunto de las lindes con Benahavís demuestra que no hay dimensión real del problema o que los problemas reales no pasan a formar parte de la agenda política si no se percibe que puedan servir para desgastar al adversario.

Si esa postura de la oposición fue, en su momento, incomprensible, mucho más lo es el desconcertante silencio que el equipo de gobierno guarda sobre el dictamen jurídico urbanístico elaborado por el grupo de expertos contratado por el Ayuntamiento para analizar la situación generada tras la declaración de nulidad del Plan General de 2010 que paralizó el urbanismo en la ciudad.

El encargo de ese trabajo formó parte de la hoja de ruta trazada por el anterior gobierno municipal para afrontar la crisis abierta por las sentencias del Tribunal Supremo que anularon el PGOU. Con buen criterio se concluyó que antes de encargar la redacción de un nuevo Plan había que contar con un diagnóstico de situación que pusiera a la ciudad a salvo de nuevos traspiés en los tribunales y trazara posibles salidas a la actual situación de bloqueo. Se convocó un concurso que fue ganado por un equipo de cuatro catedráticos de derecho administrativo, lo que en gran medida alcanza para comprender cuál es la naturaleza del problema, más jurídica que urbanística.

El relevo político en el Ayuntamiento con la moción de censura del verano del año pasado hizo que fuera el actual gobierno el que se encontrara con el dictamen de los expertos. El resultado del trabajo es descarnadamente realista: descarta que haya una fórmula única para regularizar todos los problemas heredados -no se podrá aplicar nada parecido a las compensaciones que planteaba el PGOU anulado- y señala la necesidad de estudiar cada caso según sus características jurídicas.

No es que el dictamen señale que no hay solución a la grave situación urbanística de la ciudad. Lo que dice es que no hay una solución única y sencilla, sino múltiples posibles soluciones de naturaleza compleja. El informe es, en resumen, una invitación a ponerse a trabajar y, posiblemente, a realizar una importante inversión en recursos humanos y materiales para empezar a hallar soluciones de manera paralela al proceso para la redacción de un nuevo Plan General.

Por ello, resulta incomprensible el hermético silencio que el equipo de gobierno guarda sobre este asunto. No se sabe si por desconcierto o por una mal entendida prudencia, no ha habido reacción oficial alguna ni anuncio sobre qué se va a hacer tras haberse conocido el dictamen. El pasado 16 de julio, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció la recepción del trabajo tras reunirse con el grupo de catedráticos que lo elaboró. En aquella ocasión fue suficientemente significativo que la regidora compareciera junto a la concejala de Urbanismo, Kika Caracuel, en una sala diferente a donde estaban los autores del trabajo, a quienes la prensa no tuvo acceso. No hubo comentario alguno sobre el contenido del informe.

El dictamen fue celosamente guardado hasta el pasado 21 de septiembre, cuando se colgó discretamente en la web del Ayuntamiento, sin que mediara anuncio público alguno y mucho menos una valoración oficial.

No cabe en ninguna cabeza que un dictamen cuya contratación ha supuesto una inversión de 170.000 euros de dinero público y que convocó a los más prestigiosos especialistas españoles vaya a ser metido en un cajón. Descartada esa opción sólo caben otras dos: que el gobierno municipal todavía no sabe qué va a hacer con las conclusiones o que si lo sabe pero prefiere no decirlo.

La primera es comprensible, aunque tranquilizaría saber que se está estudiando cómo actuar. La segunda sería inaceptable, pero encajaría en una política habitual en muchas administraciones de sólo hablar de lo que conviene y en concreto con la política habitual de opacidad informativa del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Eludir los temas de escasa rentabilidad electoral pero fundamentales para la vida de los ciudadanos puede encajar en las estrategias políticas, pero encuentra difícil acomodo en una cultura democrática que se precie de tal.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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