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Héctor Barbotta

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Banús, un conflicto con trastienda

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No existe para Marbella un emblema tan relevante como Puerto Banús. La imagen del recinto y la atracción que ejerce sobre el turismo internacional constituyen uno los principales activos de la ciudad, si no el principal, desde que José Banús lo creara en 1967. Lo que allí suceda, por lo tanto, es más que relevante, decisivo, para la suerte del conjunto de la ciudad, de sus empresas y de sus vecinos.

Por esa razón, resulta sorprendente que durante años la naturaleza privada de la concesión haya hecho que el Ayuntamiento, independientemente de los diferentes colores políticos de sus gestores desde 1979 hasta ahora, se haya desentendido de su suerte y de los problemas que allí se generaban. Podría decirse sin temor a equivocarse que el momento en el que Puerto Banús despertó mayor interés en la Plaza de los Naranjos fue en 1991, cuando el recién llegado Jesús Gil intentó utilizar una deuda que otra empresa del grupo, Banús Andalucía la Nueva SA (Bansa), tenía con el Ayuntamiento para arrebatarle la concesión. Los pinchazos telefónicos realizados en el marco de una investigación anti-mafia de la policía italiana revelarían posteriormente que la intención real del alcalde era utilizar al Ayuntamiento como puente para entregar el puerto a dos empresarios italianos de reputación cuestionada.

Más allá de este intento frustrado de latrocinio, no se puede decir que el Ayuntamiento haya metido mucho sus narices en Puerto Banús, que no deja de ser la concesionaria de un servicio público. Muchas veces fue por comodidad; muchas otras, por esa idea malentendida de cuidar la imagen que a veces se confunde con esconder la mugre debajo de la alfombra.

Esta semana, a raíz de un conflicto abierto entre la concesionaria y los propietarios de varios locales comerciales, hemos sabido hasta dónde ha llegado la abstención municipal prolongada durante 40 años. Las consecuencias son imprevisibles.

Desde hace meses existe una controversia, que ya ha llegado a los tribunales, entre casi una treintena de propietarios de locales y la concesionaria del puerto. El motivo es el alquiler que Banús les reclama por la ocupación de un espacio de terrazas que con el paso del tiempo han dejado de ser tales para pasar a formar parte, arquitectónicamente de los inmuebles. A simple vista no se aprecia qué parte de los locales pertenece a los mismos y qué parte la concesionaria considera suya.

A partir de 2017 Puerto Banús impuso un aumento del 25 por ciento en las cantidades que reclama por el alquiler de esos espacios y a comienzos de 2019 aplica incrementos en algunos casos de entre el 500 y el 700 por ciento, según los afectados han denunciado ante el Ayuntamiento.

Además, en las condiciones que a partir de este año pretende imponer para la utilización de esas superficies, figuran la prerrogativa que se arroga Puerto Banús de resolver unilateralmente el arrendamiento, la de acceder sin autorización judicial a la zona afectada para recuperar su posesión, la obligación de los comerciantes de entregar llaves de sus locales a la concesionaria del puerto, la imposición de normas estéticas, la facultad de la concesionaria a paralizar o desmantelar obras, la prohibición a los propietarios de negocios de realizar cambios en su accionariado sin consentimiento de Puerto Banús o la obligación de entregar a la concesionaria sus datos de facturación cada seis meses.

Nadie en su sano juicio podría suponer que haya empresarios dispuestos a aceptar sin más semejantes condiciones. No parece que la concesionaria busque entenderse con sus clientes, sino más bien deshacerse de ellos. ¿Para qué?

El desacuerdo se ha enquistado con el tiempo y la concesionaria ha comenzado a ejercer presiones nada sutiles, como la inutilización de las tarjetas de acceso al puerto o la instalación de bloques de hormigón frente a algunos locales. Uno podía tender a pensar que en Banús los problemas se abordan con la clase que se le supone al recinto, pero por lo visto eso es mucho suponer. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los afectados encargaron un informe técnico jurídico del que se deriva que el suelo que parte de sus locales ocupan y por el que Puerto Banús les cobra no pertenece a la concesión. Son viales y zonas públicas. La manera en que llegaron a esta conclusión, ante la negativa de la concesionaria a exhibir su título de propiedad, fue bastante sencilla. Compararon fotografías aéreas de 1967, cuando el puerto entró en funcionamiento, con imágenes actuales. Hace 42 años las aceras y las plazas de Puerto Banús eran bastante más anchas y los locales, bastante más angostos.

¿Ha estado la concesionaria cobrando durante cuatro décadas una tasa por la ocupación ilegítima de viales públicos? ¿Se puede considerar que existe suelo concesional más allá de la franja de 13 metros desde la línea del cantil del muelle? ¿Quién tiene competencia sobre ese suelo, cuyo alquiler sale ahora a 480 euros por metro cuadrado? Puerto Banús mantiene silencio. El Ayuntamiento y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) de momento tampoco abren la boca.

El conflicto, como se ve, puede tener consecuencias impredecibles, pero una conclusión ya se puede sacar: no parece que por parte de la concesionaria exista una voluntad de entendimiento. ¿Por qué?

Para encontrar una respuesta debería analizarse el rumbo que tomó Puerto Banús tras el fallecimiento en febrero de 2016 del presidente de la empresa, Alberto Vidiella, sobrino y heredero de José Banús.

Hasta entonces, la gestión de la concesionaria había estado a cargo de personas vinculadas a la familia, con José Figueroa como consejero delegado, pero a partir de ese momento y una vez que la viuda de Vidiella, María Esther Hughet, quedó al frente como presidenta, el cambio fue drástico. En septiembre de 2017 asumió como consejero delegado Juan Núñez Insausti, en cuyo currículum destacaba su experiencia en la ‘transformación y adquisición de empresas de diversos sectores’, según la información suministrada en aquel momento por la propia concesionaria.

El objetivo de este movimiento era un secreto a voces. Hacía ya algún tiempo que la sociedad estaba intentado vender la concesión, aunque se había topado con un obstáculo: la incertidumbre acerca de la vigencia de la misma. José Banús obtuvo del régimen de Franco en 1968 una concesión por 99 años, por lo que caducaría en 2067. Sin embargo, en 2014 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy dictó un decreto denominado «de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia» que estableció en 50 años el periodo máximo de las concesiones. Introdujo además una modificación del régimen y los requisitos recogidos en la regulación de las prórrogas concesionales que abrió la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria en casos determinados que podría prolongar la concesión hasta los 75 años. Ese mismo año, la Junta de Andalucía, administración competente en la materia, aprobó una norma que establece en 30 años a partir de la 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, el plazo máximo para las concesiones de puertos. La posibilidad de aplicar esta norma con carácter retroactivo pasó a ser desde entonces un motivo de controversia que retraía a posibles inversores interesados en la adquisición de la concesión del puerto. Según la norma a aplicar, la concesión de Banús podía vencer en 2018, 2043 o 2067, lo que bloqueaba cualquier posibilidad de materializar una venta hasta que el tema se aclarara.

Núñez Insausti visitó el año pasado asiduamente Sevilla, y en julio los grupos parlamentarios en la Cámara Autonómica de PSOE, PP y Ciudadanos acordaron modificar la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía para dejar sin efecto la norma de los 30 años, lo que garantizaba a Banús mantener la concesión hasta 2067 y con ello materializar la venta. Sin embargo, al no haber unanimidad -ya que Podemos e Izquierda Unida no se sumaron-, la modificación no pudo ser abordada por el sistema de lectura única y fue derivada al trámite parlamentario ordinario. Previsiblemente iba a ser tratada para su aprobación antes de fin de año, pero al disolverse el Parlamento por el adelanto electoral, la propuesta quedó en nada y pendiente de ser nuevamente presentada en el periodo abierto tras las elecciones del pasado diciembre. Es decir, habrá que comenzar desde cero.

Ello supuso un importante traspié para los titulares de la concesión y un nuevo obstáculo en su objetivo de venderla.

El objetivo de la venta, pese a los contados desmentidos oficiales, es un secreto a voces. La maniobra que parece perseguir deshacerse de propietarios incómodos y aumentar el control sobre todo el recinto tiene todo el aspecto de no enmarcarse en otro objetivo que el de ajustar el precio final del producto.

La pregunta es si la caja de Pandora que ha abierto este conflicto no se acabará convirtiendo en un nuevo obstáculo que acabe perjudicando la venta.

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Sobre el autor

Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella


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