Diario Sur

img
Autor: HectorBarbotta
Aniversario
img
Héctor Barbotta | 30-05-2016 | 12:20| 0

 

El equipo de gobierno municipal ha comunicado esta semana que Transparencia Internacional otorga al Ayuntamiento de Marbella una puntuación del 95 por ciento. Es posible que la respuesta que se remitió hace dos semanas a la Fiscalía sobre la presunta alteración de los planos del PGOU de 2010 haya caído en el 5 por ciento que aún falta. Ya es mala suerte.
Los grupos políticos municipales, que no la ciudad, llevan dos semanas metidos en la discusión de la supuesta alteración / sustitución / falsificación de los planos y hasta el observador menos avisado sabe que este debate se decantaría en un sentido o en otro con la simple exhibición del informe que se ha remitido a la Fiscalía después de que ésta requiriera esa información. Pero después de dos semanas ha quedado claro que el equipo de gobierno, que primero informó que se había remitido la información sin explicar qué información se había remitido; después comunicó que el informe estaba a disposición de los concejales de la oposición y que por último ha terminado por pedir autorización al fiscal para evitar hacerlo público, está cómodo en la incertidumbre. Pero la sospecha es demasiado grave como para dejarse vencer por la tentación de estirar el misterio más allá de lo necesario.
No son pocos los temas que el Ayuntamiento debería afrontar antes del inicio del verano. Comenzando por la organización de la Feria, que a una semana de su inauguración no tiene todavía adjudicadas las casetas, y siguiendo por la puesta a punto de la infraestructura para una temporada turística que se prevé de afluencia masiva. Sin embargo, el pleno del pasado viernes, el último que se celebrará antes de las elecciones generales del 26 de junio, se ajustó más a la lógica electoral que a una lógica de ciudad.
No sólo por la aprobación de mociones declamativas sin alcance alguno para el interés ciudadano, sino también por las formas que si ya eran malas en el periodo anterior ahora han alcanzado el nivel de la política chabacana en la que algunos portavoces parecen sentirse a gusto. Que un concejal del PP acuse al gobierno de «prácticas bolivarianas» –ya estaban tardando los políticos vernáculos en sumarse a la absurda moda de mentar a Venezuela y exhibir su ignorancia sobre lo que allí sucede– o que el alcalde se dirija a una edil de la oposición recomendándole que baje la voz porque «parece una loca» dan cuenta del nivel por el que se arrastra el debate.
Después de haber sufrido el gilismo –una enfermedad política en la que la chabacanería y la mala educación eran los síntomas más superficiales– alguien podría pensar que como prueba de que se han desarrollado los anticuerpos el pleno del Ayuntamiento de Marbella habría asumido unas formas exquisitas que no dieran lugar a equívocos. Pero las malas formas y los insultos constituyen toda una metáfora.
Ha sido ésta, en realidad, una semana rica en metáforas. Todas ellas relacionadas con ese aniversario de infausto recuerdo. La más significativa fue la manera en que la ciudad ha elegido ignorar un seminario de tres días promovido por el Consejo Social de la Universidad de Málaga sobre lo que supuso el gilismo. Ponentes de primer nivel se vieron abocados a hablar entre ellos ante la ausencia de público y un boicoteo tan evidente como escandaloso por parte del Ayuntamiento.
La iniciativa estaba prevista inicialmente para celebrarse en el Hospitalillo, pero la desidia municipal la arrinconó en un salón de la planta superior del Palacio de Ferias. El evento, además, fue ignorado por los servicios de protocolo del Ayuntamiento y también por su gabinete de prensa, que ni siquiera lo incluyeron en la relación de actos que se remiten diariamente y que suelen abarcar desde convocatorias de trascendencia hasta otras absurdas por lo irrelevantes. Si se quería dejar claro que el recuerdo del gilismo aún escuece, molesta e incomoda, no puede decirse que la actitud municipal no haya sido cristalina.
Posiblemente la metáfora más significativa de la semana haya tenido lugar el último día de las jornadas, cuando quien fuera presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, explicó desde una de las escasas butacas reservadas al público ocupadas durante el seminario cómo se saboteó su intención de depurar una plantilla municipal que había sido inflada durante el mandato de Gil como una de sus principales estrategias para perpetuarse el poder.
En jornadas anteriores se había explicado también el sistema de empresas municipales montado durante aquellos años para eludir todos los controles democráticos. A la misma hora en que los escasos asistentes a las jornadas debatían sobre aquel mecanismo perverso, el pleno del Ayuntamiento aprobaba la plena integración de los trabajadores de los oales –herederos de aquellas sociedades públicas convertidas en un coladero de afines– en la plantilla municipal. Por unanimidad.

Ver Post >
Elegir el olvido
img
Héctor Barbotta | 27-05-2016 | 8:05| 0

El jueves 26 de mayo se cumplieron 25 años de la primera victoria electoral de Jesús Gil y Marbella acogió durante tres días un seminario organizado por el Consejo Social de la Universidad de Málaga para analizar lo que fue el gilismo. En realidad es exagerado asegurar que Marbella lo acogió.
Alguien podría suponer que un evento de este tipo tendría un discurso inaugural del alcalde, la presencia de los portavoces de los partidos viejos y de los nuevos, un salón abarrotado con la presencia de lo que se conoce como fuerzas vivas, una moción para instituir algo así como ‘El día de la Memoria’.
No. La actividad, efectivamente, se desarrollóa en Marbella, en su Palacio de Congresos, pero durante el primer día hubo casi tantos ponentes como público. Y no es que los ponentes fuesen muchos.
No cabe atribuir a una mala organización la escasa respuesta de los vecinos y el rácano apoyo institucional. El tema es fundamental para entender el presente de Marbella;la propuesta de las jornadas, más que acertada: «una reflexión sosegada sobre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que tuvo a Marbella como banco de pruebas, una invitación a la catarsis, un aprendizaje que permita impedir su olvido». Tampoco cabe atribuirla a la valía de los conferenciantes. Por las jornadas habrán pasado en tres días muchos de quienes sobresalieron en la denuncia del gilismo y algunos de los que consiguieron acabar con él. ¿Por qué la gente no ha ido? No ha sido ni por la trascendencia de la efemérides, ni por la organización, ni por el enfoque elegido, ni por los ponentes. Ha sido por todo eso. Se ha invitado a la catarsis a una sociedad que no quiere hacerla, se ha llamado a recordar a quienes prefieren olvidar.
Se ha cumplido, efectivamente, el 25º aniversario de la irrupción electoral de Jesús Gil y una buena experiencia sería buscar en Marbella a alguien que admita haberlo votado para que explique qué razones lo llevaron a hacerlo y cuál es la reflexión que hace 25 años después. Hay que adelantar que no sería sencillo. El GIL ganó en Marbella cuatro elecciones seguidas pero encontrar votantes confesos es como la aguja en el pajar.
La adulación, que es la forma con la que los políticos eligen relacionarse con los votantes, impide que desde las instituciones se responsabilice a los vecinos por la suerte que corrió su ciudad y por las consecuencias que aún arrastra.
Quienes votaron a Gil no quieren recordar que lo hicieron; mucho menos explicar por qué no volverían a hacerlo. Quienes crearon las condiciones para esta tragedia política tampoco asumen sus responsabilidades. Sería un ejercicio de injustificado optimismo asegurar que la ciudad ha creado los anticuerpos para que algo parecido no vuelva a suceder.

Ver Post >
Lo prudente es contarlo todo
img
Héctor Barbotta | 22-05-2016 | 9:21| 0

 

Resulta inverosímil, a estas alturas del siglo y un año después de las elecciones municipales, que en el equipo de gobierno municipal no se hayan percatado todavía de la necesidad de comunicar con claridad.

Esta semana, después de la reunión de la junta de gobierno local, el portavoz municipal, Javier Porcuna, y la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, informaron de que el Ayuntamiento había dado respuesta a una pregunta de la Fiscalía acerca de la supuesta alteración de planos en la tramitación del PGOU de 2010, hoy anulado. Explicaron que efectivamente se habían encontrado diferencias en 22 planos, 18 de ellas de calado, entre los planos remitidos por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 (el que sirvió de base para que el jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión emitiera su informe sobre la revisión del Plan) y los que se aprobaron finalmente en pleno el 29 de julio de 2009 y que fueron enviados a la Junta para la aprobación definitiva del PGOU.

Como era de esperar, y sobre todo sabiendo que un juzgado de Marbella tramita una causa tras una denuncia de la plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes con Benahavís, la revelación causó interés entre los presentes en la comparecencia de los ediles, que preguntaron una y otra vez sobre la naturaleza de esas diferencias. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una posible subsanación de errores habitual en cualquier tramitación de este tipo que una falsificación intencionada como sostiene en su denuncia la plataforma denunciante. Y más si está en conocimiento de la opinión pública que la exalcaldesa Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses en la zona afectada por el cambio de lindes.

No hubo manera, aunque se les preguntó de una forma y de la contraria, de que los ediles explicaran cuáles eran las diferencias que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es más, aseguraron que simplemente se había comunicado de la existencia de diferencias. Si el objetivo era explicar con claridad la situación, la comunicación fue muy deficiente. Pero si el objetivo era el contrario, es decir, sembrar un mar de dudas y sospechas, la comunicación fue sobresaliente.

Los concejales se ampararon en su voluntad de actuar con prudencia para no dar más precisiones, pero en un caso como éste lo prudente no es hurtar información sino dar toda la información de la que se dispone. Es verdad que es el fiscal quien la había solicitado, pero que se sepa el proceso no está bajo secreto de sumario –si así fuera el equipo de gobierno hubiese estado obligado a actuar con mayor discreción y no informar de nada relacionado con el tema– y por lo tanto no hay nada más sensato y obligado que actuar con transparencia cristalina.

A nadie escapa que todo el proceso de alteración de las lindes con Benahavís ha resultado devastador para los intereses electorales del PP y para la imagen de Ángeles Muñoz y es probable que el equipo de gobierno se vea tentado de aprovechar su intervención en el proceso para volver a situar el tema en la agenda y continuar corroyendo la imagen de la exalcaldesa. Hasta es posible que la imprudencia con la que Muñoz manejó desde la Alcaldía este asunto  –del que se debería haber apartado por sus intereses en la zona– la hagan merecedora de este desgaste y del desgaste futuro que le puede venir. Pero no se trata de esta clase de cálculos, sino del derecho de los vecinos a saber qué ha pasado y si hay o no ‘caso Planos’.

En la comparecencia del martes los concejales aseguraron que la respuesta que se ha trasladado al fiscal, basado en un informe de los técnicos de Urbanismo, se limitaba a corroborar que, efectivamente, hay diferencias entre unos planos y otros. Pero después se ha sabido que existe un informe sobre la naturaleza de esas diferencias. Y esa es una información que no se puede seguir hurtando.

Ver Post >
No hay repetición
img
Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 1:30| 0

El PP y el PSOE han encendido en Marbella el ventilador de porquerías y hasta el observador menos atento sabe que cuando esa máquina siniestra se pone en marcha es porque hay elecciones en el horizonte. Las denuncias mediáticas sin fondo jurídico, las acusaciones disfrazadas de preguntas, el ‘tú más’ llevado a límites absurdos, constituyen de momento todo el catálogo de propuestas disponible.
El nombre que se pone a cada cosa es importante. Se dice que vamos a una repetición de las elecciones y eso es una falacia en varios sentidos. Lo que se celebra el 26 de junio no es una repetición sino unos comicios nuevos en una situación diferente a la del 20 de diciembre. La repetición electoral no existe en la Constitución y además con esa figura se pretende ignorar que durante los últimos cuatro meses el país ha tenido una legislatura. Fallida, sí, pero legislatura. Que se hagan cargo.
Estamos ante una situación nueva, provocada por la incapacidad de los partidos a la hora de asumir que el 20D el país entró en una etapa política diferente, ya veremos si peor o mejor pero diferente, a la de los últimos 34 años. No se puede hablar de repetición, además, porque la oferta no es la misma. En Málaga el PP se presentó con un cabeza de lista nuevo que pretendía simbolizar una renovación que ya se ha visto en qué ha quedado; el PSOE tuvo que cambiar a su número dos por un motivo que estaría bien que explicara; Podemos e IU han unido fuerzas en una operación que ya se verá qué efecto tiene entre quienes hace cuatro meses votaron a una u otra formación. ¿Cómo pueden hablar de repetición?
Es posible que volvamos a tener otra campaña en la que unos destacarán la necesidad de que el tren llegue a Marbella y otros prometerán un Ministerio de Turismo, en el que unos propondrán más reformas y otros se comprometerán a ponerles freno. Pero esta vez no son las propuestas lo único importante. En esta ocasión no sólo huele a viejo sino también a mentira el discurso de todos los candidatos que dicen que salen a ganar. Hace cuatro meses que sabemos que nadie va a ganar, ellos los primeros, y que el nuevo gobierno será de quien tenga capacidad para proponer pactos, llegar a acuerdos y conseguir mayoría parlamentaria.
Durante años los partidos se han negado a hablar de pactos durante la campaña y si esa postura tuvo sentido en algún momento ahora ya no. Que se hable de pactos durante la campaña electoral es la única manera de que cada uno sepa qué está votando. Después de cuatro meses de despropósito hay una sola oportunidad para que la opción lógica no sea quedarse en casa el día del comicio: que los partidos dejen de pedirnos que les demos, una vez más, un cheque en blanco.

Ver Post >
Cuenta atrás para un despropósito
img
Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 1:17| 0

Había un choque de principios y se impuso el pragmatismo. El gobierno municipal ya puede presumir de haber conseguido la paz social en el Ayuntamiento y, en clave más interna, de haberse congraciado con una fuerza fáctica que tuvo un papel relevante en el vuelco político que experimentó la ciudad en las elecciones municipales del año pasado.
El alcalde, José Bernal, y los sindicatos estaban enfrentados en una cuestión que a simple vista podía parecer secundaria pero que por la forma en que se había planteado parecía de casi imposible solución. Bernal se negaba a que en el nuevo convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento siguiera figurando el seguro médico privado concedido por Jesús Gil en la época en la que los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella eran un botín disponible para quien demostrara tener menos escrúpulos. Pero para los sindicatos ese mismo seguro, que se encontraba de hecho suspendido porque no había póliza contratada, constituía un derecho reconocido por dos sentencias al que no se podía renunciar sin más. Este choque mantuvo en apariencia bloqueadas las negociaciones mientras se negociaba a resguardo de los focos.
Más allá de que posiblemente el manual del buen sindicalista debe decir que no se renuncia por las buenas a un derecho reconocido, incluso el más amoral de los negociadores debía ser consciente de que reclamar que una institución pública pague a sus empleados un seguro médico privado hurta a los representantes de los trabajadores de la más mínima referencia. No sólo porque los aleja de los principios que supuestamente deben defender, sino porque les arrebata cualquier posibilidad de construir un discurso o un relato coherente para defender sus propias reivindicaciones.
En un país que goza afortunadamente de un acceso universal a la sanidad pública y en un momento político en el que lo público ha sufrido constantes ataques desde el poder político, ¿cómo puede defenderse desde un sindicato de trabajadores públicos un acuerdo que conspira contra un servicio y un derecho esencial?
El acuerdo alcanzado ha obligado a inventar una palabra –un ejercicio por el que los políticos parecen sentir debilidad–, la ‘inaplicación’ del seguro. En esa situación se mantendrá hasta el mes de diciembre, cuando comience la negociación por el nuevo convenio colectivo en el que los trabajadores seguramente recuperarán derechos perdidos y al mismo tiempo tendrán que decir adiós a un privilegio del que de hecho hace tiempo que no disfrutan.
Los sindicatos contaban con dos sentencias que avalaban su postura y al mismo tiempo suponían una espada de Damocles para las frágiles cuentas del Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo sabían que mantener la demanda de que el seguro médico privado sobreviviera era una postura insostenible. Posiblemente por ello se haya llegado a un acuerdo en el que ambas partes salvan la cara y que de alguna manera pone fecha de caducidad a un despropósito que nada tenía que ver con los legítimos y muchas veces vilipendiados derechos de los trabajadores.

 

La Bajadilla
Cuenta atrás para otro despropósito
Si algo faltaba para terminar de asumir que toda la trayectoria del jeque Al-Thani en relación con el puerto de La Bajadilla ha sido un soberano despropósito, esta semana hemos tenido un cruce de comunicados que demuestra hasta qué punto llega el enfrentamiento entre el dueño del Málaga y los socios que se había buscado para el proyecto de ampliación.
Como Al-Thani parece no hacerse cargo nunca de sus decisiones ni de las que se toman en su nombre, no se sabe si fue decisión suya o de alguno de los colaboradores que al parecer sistemáticamente lo traicionan, pero el hecho es que hace algunos meses, al mismo tiempo que tomaba el control del Málaga, el grupo Satli –del empresario Jamal Satli Iglesias– se hizo con la gestión de la concesionaria y tomó las riendas del proyecto del puerto de La Bajadilla. Colocó a uno de sus directivos, Gonzalo Hervás, como administrador de la sociedad concesionaria NAS Marbella, se hizo cargo de la gestión diaria del puerto, intentó redefinir el proyecto con una distribución diferente del suelo comercial y más aparcamientos, anunció obras de estudio sobre el terreno, comenzó a promocionar el puerto en ferias especializadas para comercializar los futuros locales y avisó al autor del proyecto que consideraba que sus honorarios eran muy elevados y por ello no los iba a cobrar aunque lo avalara un contrato firmado. Esto último abrió un conflicto que acabó en los tribunales y con las acciones de la concesionaria embargadas y bajo administración judicial. Tampoco consiguió que la Junta le permitiera redefinir el proyecto.
Cuando estalló el conflicto sobre la propiedad del Málaga, este grupo no se preocupó mucho en esconder que su aspiración no estaba en el fútbol sino en el puerto y en ello posiblemente resida la clave del comunicado enviado el pasado miércoles, cuando en nombre de NAS Marbella arremetió contra las instituciones, las acusó de deslealtad por buscar nuevos inversores y de filtrar información con interés «claramente malicioso» y posiblemente delictivo.
El jeque se apresuró en desmarcarse de ese comunicado y en desautorizar para hablar en nombre de NAS Marbella a quienes a estas alturas posiblemente ya habría que considerar exsocios.
Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión en el Ayuntamiento e intentó saber quién era su interlocutor en el puerto no encontró ningún papel que acreditara al grupo Satli como parte de la sociedad concesionaria. Sin embargo, uno de sus directivos figura como administrador. Este periódico está intentando sin éxito desde el jueves pasado obtener una explicación de esa sociedad.
La pregunta a estas alturas ya no es si la actual concesionaria hará algún día las obras. La situación es mucho más dramática: no existe certidumbre sobre quién es en realidad la concesionaria. Posiblemente haya que celebrar que la Agencia Pública de Puertos haya puesto fecha de caducidad a esta concesión malograda y que las acciones estén embargadas y bajo administración judicial. Sólo resta esperar que antes de que venza el plazo aparezca alguien con el mínimo de seriedad indispensable.

Política municipal
Las preguntas de la semana
-¿Alguien creía que los partidos iban a estar dispuestos a apagar el ventilador en pleno camino hacia las urnas?
-¿Era muy difícil prever que el asunto de las lindes iba a volver a aparecer en plena campaña electoral?
-¿El nuevo desmarque de Podemos del equipo de gobierno tiene alguna relación con la precampaña electoral?

Ver Post >
Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella