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Autor: HectorBarbotta
Mal momento para despegarse de la etiqueta
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Héctor Barbotta | 08-04-2008 | 12:08| 0

Cuando una ciudad vive de vender calidad de vida y nadie quiere vivir en ella, es que hay un problema. Semanas atrás nos preguntábamos por qué los comisarios duran tan poco en Marbella y salen corriendo en cuanto se les presenta la menor oportunidad, y ahora ha llegado el momento de hacerse la misma reflexión con los funcionarios de justicia. Que no es que se vayan, sino que ni siquiera se plantean venir. Los juzgados de Marbella llevan meses paralizados porque quienes son designados para trabajar aquí prefieren seguir en el paro.  
Es evidente que los juzgados de Marbella no son precisamente un lugar apacible donde realizar esa actividad a la que tan aficionados son no pocos trabajadores asentados en la función pública –esperar a que lleguen las tres de la tarde–, habida cuenta de los numerosos, complejos y nutridos sumarios que aquí se instruyen. Pero posiblemente lo que menos invite a aceptar una plaza en los juzgados de la ciudad sea esa sensación ya arraigada en la conciencia de gran parte de la sociedad y que tanto habrá que trabajar para erradicarla: que en Marbella y especialmente en algunos ámbitos justicia, policía, promoción inmobiliaria, política– todo está podrido, y a poco que se rasca salta un escándalo. No se trata de lamentarse por la injusticia que supone para una ciudad entera estar identificada por un sambenito que, como se ha visto en la última semana con la detención de alcaldes a lo largo de todo el litoral español, no es precisamente patrimonio exclusivo de Marbella. Se trata de comenzar a ver qué se hace para despegarse de la etiqueta. 
Pero mientras llega el ansiado plan de marketing –a ver si sus autores afinan la puntería y se consigue algo medianamente decente que pueda ser aprobado–, los acontecimientos de la última semana tampoco han ayudado mucho a comenzar a construir una mediana imagen de normalidad. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dejado claro en su escrito de acusación que el asunto del supuesto asesoramiento que el juez De Urquía brindó a Roca no es una tontería que se pueda resolver con una multa o una inhabilitación. Tres años de cárcel y una dura sanción económica es lo que pide para el juez, el jefe y el amigo de ambos que hizo el contacto. Este último, hijo de una conocida empresaria de la noche a quien su connivencia con Gil le supuso no pocos beneficios, es un personaje clave en toda la historia, pese a que hasta el momento ha pasado casi desapercibido. No pocos ciudadanos pueden preguntarse de qué pueden servir las investigaciones para conocer la verdad y las subsiguientes peticiones fiscales si en mitad del proceso se asumen riesgos que pueden dar lugar a que los implicados se quiten de en medio. No se trata sólo del caso de Roca o del citado hijo de la empresaria –que ha dejado de frecuentar los lugares que solía–. Hay más. La Audiencia devolvió esta semana el pasaporte al empresario  Carlos Sánchez, socio de Roca según el juez Torres –a quien ningún imputado echa de menos– para viajar a la República Dominicana, país con el que no existe convenio de extradición. En ese rincón del Caribe se cultivan bananas, pero no está claro que la justicia bananera haya que situarla a aquel lado del océano. 
En el Ayuntamiento están con la mosca detrás de la oreja. Tienen motivos para creer que Roca pueda escaparse, y previendo que con el ‘caso Malaya’ queda poco por hacer, han tirado del ‘caso Saqueo’ no será por falta de casos– para pedir a la Audiencia Nacional que lo encarcele a hasta la celebración del juicio. Si el lector estimó gratuito  lo de ‘justicia bananera’ vale recordar que ese asunto, por el que se le piden a Roca diez años de cárcel y en el que la principal víctima es la ciudad de Marbella lleva siete años esperando el juicio. Lo que quiere evitar el equipo de gobierno no es sólo que Roca eluda la cárcel, sino sobre todo que su eventual desaparición suponga la evaporación del botín. Ángeles Muñoz y su gente llevan tiempo haciendo cuentas con ese dinero. Primero cuentas electorales, que le salieron bien. La devolución a Marbella de lo robado fue uno de sus ejes de campaña. Y después cuentas económicas: la ruina del Ayuntamiento es tal que sólo el horizonte de recuperar bienes permite conseguir algo de oxígeno.   

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Un pulso a tres
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Héctor Barbotta | 04-04-2008 | 11:47| 0

Es posible que no le salga gratis Marbella es el pulso solapado que la Junta y el Ayuntamiento están librando a cuenta del proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol. Con un tercer actor del que, de momento, nadie habla. No es un pulso a dos, sino a tres.
La consejera de Sanidad, María Jesús Montero, regresó la semana pasada a Marbella y aseguró que la Junta mantiene su proyecto para el centro sanitario, incluidas las dotaciones comerciales y de guardería que el Ayuntamiento vetó en la licencia de obras, y que confía en negociar con la alcaldesa la aceptación del proyecto tal y como se propuso originalmente. O en otras palabras, que las obras comenzarán cuando el Ayuntamiento ceda. Hay en estas afirmaciones un importante cambio de matiz desde que la delegada del área anunciara semanas atrás la disposición de la Junta a modificar el proyecto mientras se resolvía el recurso al veto municipal para no retrasar el inicio de las obras. Pero sucede que en medio hubo elecciones autonómicas y una nueva mayoría absolutapara el PSOE. 
En el equipo municipal se sienten ahora entre la espada y la pared. De un lado, un gobierno autonómico reforzado por el resultado electoral. Del otro, el tercer actor: los funcionarios que después de 15 años con miopía crónica se han puesto las gafas. En el nuevo PGOU, el suelo donde se levanta el hospital aparece lógicamente como equipamiento sanitario. Los (ahora) garantes de la legalidad no encuentran allí sitio  ni para una guardería ni para los comercios donde comprar la prensa que leen los enfermos y las flores que se regalan a las madres que acaban de serlo.

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¿Qué coste tienen los errores de los jueces?
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Héctor Barbotta | 30-03-2008 | 9:02| 0

PARA un neófito en temas de derecho es difícil valorar si el instructor del ‘caso Malaya’, Óscar Pérez reúne otros méritos, pero no se puede negar que se trata de un juez valiente. Posiblemente le falte prudencia, pero no osadía. En la semana en que toda la administración de justicia de este país está siendo objeto de justificada descalificación por su lamentable cadena de errores que terminó con el cadáver de una niña de tres años flotando en la Ría de Huelva, el magistrado se ha atrevido a tomar la decisión más polémica del ‘caso Malaya’. Ha entregado a Juan Antonio Roca la llave de su celda a cambio de un millón de euros.

Se trata de una decisión arriesgada, y el propio juez –que en otras resoluciones anteriores ha demostrado que su forma de entender la justicia en nada se parece a la de su antecesor, Miguel Ángel Torres– parece reconocerlo en el propio auto. En el escrito, que los lectores de SUR pudieron leer en su totalidad en ‘diariosur.es’, el juez Pérez reconoce que Roca tiene que hacer frente a numerosos y graves procedimientos penales en España y admite que es razonable pensar que dispone de fondos en paraísos fiscales. Dos argumentos convicentes para suponer que existe un alto riesgo de fuga, aunque el magistrado los contrapone a otros que considera de más peso, como que tiene también una cuantiosa fortuna en España –unos 200 millones de euros– y que en sus procesamientos anteriores nunca dejó de comparecer ante la justicia cada vez que se le requirió. Así, fija la fianza del millón de euros, y el lector podrá legítimamente preguntarse si el pago de esa cantidad no sería en sí misma una confesión en toda regla, habida cuenta de los reducidos ingresos que Roca declaraba como asalariado del Ayuntamiento.

Pero hay otra confesión no de Roca, sino del juez, y está en el propio auto. El magistrado reconoce implícitamente que existe un alto riesgo de que Roca intente escaparse, y por eso, además de obligarle a comparecer diariamente y de retirarle el pasaporte, le impone una inusual orden de alejamiento de cualquier aeropuerto público o privado. El juez ha dictado una resolución con toda la legitimidad para hacerlo, pero lo ha hecho en oposición al criterio del fiscal y de las acusaciones, y seguramente del de gran parte de la sociedad. El sentido común invitaría a pensar que Óscar Pérez sabe que si Roca se escapa se llevará con él su futuro en la magistratura. Aunque viendo cómo funciona la justicia posiblemente sea aventurado afirmar semejante cosa. Si el juez que no encarceló al supuesto asesino de la niña de Huelva todavía sigue en su cargo, quienes están obligados a impartir justicia tienen razones para creer que los errores, por más graves que sean, les salen gratis.

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Problemas aplazados siguen siendo problemas
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Héctor Barbotta | 23-03-2008 | 9:30| 0

Tienen todas las papeletas en el sorteo de la  piqueta y sin embargo parece ser que seguirán de momento en su sitio. Hay cuatro bloques de la urbanización Río Real que están en la siguiente situación: 1) se levantan sobre zona de dominio marítimo terrestre, 2) ocupan una zona arqueológica, 3) tienen en su contra una sentencia firme que anula la licencia con que se construyeron y ordena la restitución de la situación anterior a la construcción, y 4) conforman uno de los 14 inmuebles –sólo 14– sobre los que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana no prevé mecanismo alguno para su regularización. Es decir que cuando se apruebe el PGOU no habrá compensación que valga y seguirá siendo un conjunto ilegal. Aún así, el TSJA ha dictado un auto en el que ordena aplazar el derribo hasta que se apruebe el Plan.
La decisión del TSJA no supone un problema resuelto, sino un problema aplazado. Y una nueva presión para los redactores del Plan, que con la sentencia firme simplemente suspendida ya saben que si no hay una salida similar a la que se dio a otras 18.000 viviendas a través de compensaciones, el destino que le espera a esos cuatro bloques es el de convertirse en escombro primero y en espacio verde y parque arqueológico después. En su día, la Junta de Andalucía había pedido la demolición, pero después aceptó la posición del Ayuntamiento –primero esgrimida por la gestora y después por el gobierno del Partido Popular– de diferir el derribo a la aprobación definitiva del Plan. Las diferencias, sin embargo, siguen en su sitio. En el auto, los magistrados del TSJA aclaran que al solicitar la suspensión, las administraciones tiene motivaciones diferentes: la Junta la pide porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el documento; el Ayuntamiento y la empresa promotora, porque consideran que el Plan evitaráel derribo. Si se sigue el razonamiento del tribunal, hay un nuevo conflicto institucional en puertas. La Junta considera esos edificios incompatibles con el modelo de ciudad propuesto en el PGOU, pero queda por saber si mantendrá esa posición en el caso de que el Ayuntamiento los legalice en el Plan. Espacio verde y parque arqueológico o cuatro bloques de lujo en primera línea de playa. Piqueta o no piqueta. He ahí la cuestión.

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¿Por qué duran tan poco los comisarios en Marbella?
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Héctor Barbotta | 19-03-2008 | 7:14| 0

Hay una pregunta que con razón puede hacerse esta ciudad. ¿Por qué duran tan poco los comisarios en Marbella? El hasta ahora responsable de la policía, Anselmo Palma, se ha ido después de un año y el viernes de la semana pasada tomó posesión como jefe de seguridad del Ayuntamiento de Granada. Había llegado a la ciudad en enero de 2007 y con la intención, según decía, de instalarse por mucho tiempo. Cultivó buenas relaciones con el Ayuntamiento y la colaboración con la Policía Local alcanzó su más altas cotas conocidas. Pero cambió de opinión sobre su destino en pocos meses. Ya en noviembre, cuando el ayuntamiento granadino le hizo llegar la oferta, tomó la decisión de irse a la ciudad de la Alhambra, de donde es nativo y donde su mujer lleva algunas semanas montando un negocio. Sus no del todo buenas relaciones con el comisario provincial (por decirlo de manera elegante) y el hecho de que la mayoría de las veces se enterara por la prensa de algunas operaciones que se desarrollaban en la ciudad tampoco ayudaron. El miércoles de la semana pasada, mientras Asuntos Internos registraba en la comisaría de Marbella el despacho de uno de los mandos policiales detenidos por presunta corrupción, él ya se estaba despidiendo. Tampoco le habían avisado.

Por cierto: uno de los dos policías enviados a prisión en esta operación es el jefe de la unidad contra el crimen organizado de Marbella. Sabrá disculpar el lector lo escueto del comentario. Servidor ha perdido la capacidad de asombro.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella