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Autor: HectorBarbotta
Tierra, agua, aire…y fuego
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Héctor Barbotta | 12-05-2008 | 11:31| 0

Parece una cuestión de agua, viento y arena, pero en realidad estamos jugando con fuego. Tras un puente que demostró que la crisis del ladrillo no se ha extendido de momento como metástasis que afecte al turismo, hemos asistido a un ridículo tira y afloje sobre la situación de las playas. Semanas atrás Costas había anunciado que la aportación de arena se haría gradualmente para evitar que algún temporal fuera de calendario se comiera todo el trabajo y la inversión. El plan era así: una pequeña aportación antes de Semana Santa y otra después. Pero unos días antes del puente, el Gobierno sorprendió con la afirmación de que la regeneración ya había terminado, salvo algunos casos puntuales. Al día siguiente de difundirse esta información –con la consiguiente alarma– desde Costas se admitió que al menos tres playas de la ciudad –Fontanilla, Venus y San Pedro– necesitarían más aportaciones de arena antes del verano.
Estas marchas y contramarchas no hacen más que poner de relieve la terrible paradoja en la que está instalada lo que es la principal actividad económica no sólo de la ciudad, pero especialmente de la ciudad. Mientras el puente demuestra que aún en un momento en que empieza a verse la cara de la crisis, el turismo sigue teniendo una solidez que ya quisieran para sí otras industrias supuestamente más potentes de otras regiones supuestamente más prósperas, la miopía institucional sigue sin ver que la economía de, al menos, toda la región no puede asentarse sobre una base tan volátil. No se trata de discutir si un metro más o un metro menos de playa o de qué prioridades se establecen en el reparto de la miseria que supone cada año poner un poco de arena aquí y otro poco allá. El problema es si de una vez por todas las administraciones, y en este caso especialmente el Gobierno central, van a darle a las playas de la provincia el tratamiento del que su condición de motor económico las hace acreedoras. Se supone que el cambio climático hará que en los próximos años el mar vaya ganando terreno al litoral. Es una amenaza que debería preocuparnos, pero también una oportunidad para afrontar el problema y pensar en una solución que no puede ser la de tener esta discusión todas las primaveras. Que al final causa tanto desasosiego como contar año tras año cuánto tiempo ha transcurrido desde que se prometió que se acometería el saneamiento integral en toda la Costa del Sol. 

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Acuerdo aprobado por silencio administrativo
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Héctor Barbotta | 04-05-2008 | 9:27| 0

Hay quienes lo ven como una injusticia flagrante, y otros que señalan que el problema no está en el acuerdo, sino en las leyes que lo hacen posible. El pacto alcanzado en la Fiscalía de Medio Ambiente para acortar los procesos contra los ex ediles del GIL no ha convencido a nadie, salvo a algunos de sus beneficiarios, aunque se sustenta en un argumento de peso: si se celebraran todos los juicios el resultado final sería el mismo. Ningún ex edil cumpliría más de tres años de cárcel aunque sumara medio centenar de condenas. De esta forma, argumenta la Fiscalía, se ahorra tiempo, y también el dinero que costarían los juicios. Para el observador neófito, el acuerdo tiene todo el aspecto de una injusticia legal. Pero ni aún así los abogados tienen una opinión unánime: algunos dan saltos de alegría en nombre de sus clientes. Otros se muestran reacios a aceptarlo porque piensan que sus defendidos no merecen ni quince minutos de cárcel, y confían en que podrían salir aún mejor de lo que el acuerdo propone.

En el fondo, lo que demuestra esta situación es que cuando montaron el saqueo contra Marbella, cuando se decidieron a exprimir a la ciudad hasta dejarla en casi nada, cuando decidieron que cualquier terreno era bueno para hacer negocio aunque ocupara zona verde, franja litoral o equipamiento escolar, Jesús Gil y sus secuaces tenían bien trabajado el tema. No fue una improvisación. Las leyes pueden ser muy severas contra quienes cometen algunos delitos, pero forrarse a costa de 200.000 vecinos puede salir barato. Más que un desafío al Estado, Gil y los suyos armaron una operación de recochineo. Una tomadura de pelo en la cara de jueces, políticos y contribuyentes. 

A los concejales que aprobaron decenas de licencias de obras al margen del ordenamiento urbanístico no les alcanzaría toda la vida para reparar el daño que han causado. Pero las leyes permiten que puedan saldar su deuda, en el peor de los casos, con algunos meses de cárcel. El tiempo ha jugado a su favor. Las instituciones fueron incapaces de frenar el robo mientras éste se producía. En sus propias narices. Y ahora que ha llegado el momento de impartir justicia -no de reparar el daño, porque eso es imposible- tampoco tienen instrumentos para hacerlo. 

Aún así, ha llamado la atención que en esta semana haya habido dos instituciones que prefirieran no comentar el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Como si ya hubiesen tirado la toalla. Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Marbella han dicho esta boca es mía. Es curioso: los responsables de la Junta llevan meses reivindicando su papel de denunciantes en la mayoría de las causas por delito urbanístico abiertas en Marbella. Sin embargo, no tienen nada que comentar ante una decisión que puede dejar en casi nada unos litigios que llevan años abiertos, y cuya resolución puede dar alas a cualquier otra banda de sinvergüenzas que en el futuro quiera montar un GIL en cualquier otro punto del litoral español.

Lo del Ayuntamiento también es curioso. La devolución a la ciudad de los bienes robados es uno de sus más repetidos caballos de batalla. Que se sepa, el acuerdo de la Fiscalía no prevé compensación alguna para la ciudad, pero a los responsables municipales o les ha tomado de sorpresa o no ha parecido molestarles. El acuerdo goza de aprobación por silencio administrativo. Doble.

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Blanco, en botella y con número de cuenta
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Héctor Barbotta | 28-04-2008 | 11:46| 0

Hay alguna posibilidad, remota, de que se trate de Actimel, piña colada o zumo de coco. Cumpliendo con su papel, el abogado de Roca lo intentó hacer creer en un comunicado emitido el viernes pasado. Excediéndose del papel que se le supone, hubo quien incluso recogió el escrito y lo amplificó con entusiasmo. Pero si es blanco y va en botella lo más probable es que sea leche.

Seguramente el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que lleva el ‘caso Malaya’, ya tiene en su poder una copia del extracto de la cuenta bancaria desde la que se pagó el millón de euros que permitió a Roca disfrutar de sus ocho días de libertad, que al interesado le habrán parecido cortos pero que se hicieron al menos incómodos para no pocos vecinos de Marbella con un mínimo sentido de la dignidad.

La información bancaria, blanca y en botella, permite aclarar algunos puntos. El primero es que Roca no dijo la verdad cuando salió de la cárcel y afirmó que una veintena de amigos le habían prestado el dinero. Al parecer, la cifra de amistades del jefe ha menguado en estos dos años: quienes aparecen como aportantes de dinero son ocho, y esa cifra incluye a su hijo y a su abogada. 

El segundo es que hay motivos que pueden ayudar a pensar que gran parte del dinero de la fianza se la prestó Roca a sí mismo. De los 410.000 euros transferidos por su hijo de 19 años no parece que haya mucho que comentar, a no ser que el chaval sea un mago prematuro de las finanzas. Algo parecido parece desprenderse de los 100.000 euros aportados por un ex directivo del Xerez que fue presidente del club en las dos temporadas en la que, según se investiga ahora, Roca tuvo el 50 por ciento de las acciones. Es decir, que mandaba mandado por Roca. La aportación de la abogada, aunque no es una práctica usual, debería inscribirse en el plano de su actividad profesional, protegida por el secreto.

El resto de los nombres eran desconocidos hasta el momento por el juez instructor, que ahora querrá saber quiénes son, a qué se dedican, de dónde han sacado el dinero, si Hacienda tenía noticia de ellos…

Cinco días después de volver a entrar en prisión, Roca debe estar preguntándose si habrá merecido la pena dar más nombres y pistas para que el juez pueda rastrear su patrimonio oculto a cambio de ocho días de libertad. Más allá de los fundamentos jurídicos del auto en el que imponía la fianza del millón de euros, al juez Pérez le llovieron críticas cuando decidió dar a Roca la posibilidad de salir de prisión si pagaba una cantidad que claramente se encontraba al alcance de sus posibilidades. Sobre todo porque el auto de libertad culminaba una serie de decisiones de relajación de medidas cautelares tomadas en favor de los imputados, ninguno de ellos candidato a un premio de popularidad en Marbella. Pero ya conocido el devenir de los acontecimientos, es justo reconocer que si todo ha sido una jugada de ajedrez, el juez Pérez es un émulo de Bobby Fischer, aunque también haya intervenido el azar o, dicho de otra manera, el criterio diferente del juez de la Audiencia Nacional que lleva el ‘caso Saqueo’. Porque la conclusión es que Roca ha vuelto a prisión, el juez del ‘caso Malaya’ tiene nuevas líneas para seguir la huella del dinero y si el capo quiere volver a salir a la calle deberá seguir dando pistas a la investigación. 

Al personaje se le atribuye una inteligencia privilegiada, una frialdad a toda prueba y una fina habilidad para diseñar su estrategia. Pero parece que los años de cárcel han hecho mella en su capacidad de lectura de la realidad. Sólo esto puede explicar el error de bulto cometido tras la salida. El gesto altivo y el discurso desafiante demostraron que estos dos años en prisión le impidieron advertir qué cosas esenciales han cambiado. Ya no están ni la indiferencia con la que los vecinos de Marbella aceptaron su poder omnímodo en la ciudad ni la irresponsable desidia con la que las instituciones –políticas y judiciales– ignoraron durante tres largos lustros el desafío al Estado lanzado por la banda de Gil y sus herederos políticos. Que el instructor de Malaya lo dejara en una especie de libertad vigilada fue aceptado con no gran entusiasmo. Pero ya en la calle, su chulesca amenaza de reclamar el puesto en el Ayuntamiento y los mensajes lanzados de que se ocuparía de defender los intereses de sus sociedades estiraron la cuerda más de lo que ésta daba de sí.

El regreso de Roca a prisión tiene también una tercera lectura. Cuando la alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció que se presentaría un recurso ante el juez del ‘caso Saqueo’ para que se volviera a encarcelar al antiguo mandamás seis años después de que saliera en libertad bajo fianza por esa causa, hubo algún aplauso por la intención, pero poca confianza en que la iniciativa pudiera prosperar. Ya con  Roca a buen resguardo, los responsables municipales se cuidaron mucho de exteriorizar expresión alguna de alegría, pero puertas adentro había sensación de euforia. El PP ha celebrado en los últimos años más de una victoria política en Marbella, pero ésta, la de haber mandado a Roca a la cárcel, tiene para los populares el sabor de la satisfacción de quien salda una afrenta histórica.

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Fuera de la realidad
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Héctor Barbotta | 24-04-2008 | 11:54| 0

Había dos posibilidades, y una era la cierta: dos años a la sombra le habían hecho perder a Roca la noción de la realidad.

No es que hubiera perdido la razón, pero salió de la cárcel como si en estos dos años no hubiese cambiado nada; ni la desidia con la que los ciudadanos aceptaron durante años su poder en la sombra, ni la irresponsabilidad con la que los poderes institucionales ignoraron durante tres lustros el desafío contra el Estado lanzado desde el entorno de Jesús Gil. 
Por eso salió de la cárcel con tono chulesco, renovando el desafío.
Y por eso ha vuelto a entrar.

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Una posibilidad inquietante y otra peor
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Héctor Barbotta | 22-04-2008 | 2:08| 0

Lo dijo Jesús Gil hace años y Roca lo ha comprobado en carne propia esta semana: «De la cárcel se sale, de la miseria no». Los avisos que había dado el juez Pérez desde que se hizo cargo de la instrucción del ‘caso Malaya’ con la rebaja de fianzas, la devolución de pasaportes y las críticas al instructor anterior habían sido demasiados como para que esto no tomara a alguien por sorpresa. Incluso Roca tardó 20 días en pagar la fianza, como para dar tiempo a que al personal se le fuera haciendo el cuerpo. Ni aún así. La escena -salida triunfal, pulgar en alto, maleta llevada por otro preso, gesto de alegría, verbo seguro- sigue siendo de difícil digestión.

La excarcelación de Roca y el regreso a su piso de Marbella tienen varias lecturas, pero posiblemente la menos alegre para la ciudad sea que mediáticamente su nombre vuelve a estar asociado al pasado. Sumada a la repercusión que ha tenida el permiso penitenciario de Julián Muñoz, es una muestra más de que sobreponerse a la herencia de los años negros no será solamente un problema de normalidad institucional y de inversiones con las que comenzar a recuperar el tiempo perdido.

También será necesario despegar el nombre de la ciudad del de los golfos que mandaron durante todo este tiempo, y para ello parece que no bastará con que las cosas se hagan ahora decentemente. Hace falta más. Es claro que asociar la ciudad a un evento de prestigio que la vuelva a poner en el mapa de lo deseable, y no de lo que produce rechazo, no puede esperar a que vuelva la alegría presupuestaria. Habrá que aguzar la imaginación.

El personaje no defraudó en su salida. Hizo gala de todo el aplomo, la sangre fría y el desparpajo que se le presume a una persona enriquecida a costa de apropiarse en su beneficio de los intereses de 200.000 vecinos.

Repasemos: Aseguró que lleva dos años sin poder defenderse de las acusaciones. Dijo que algunas de estas, no todas, son falsas, aunque no aclaró cuáles. Perdonó la vida a los periodistas a quienes dijo que la ‘culpa’ de que se le responsabilice de todos los males de España no es de ellos, sino de la policía que filtraba información falsa (la suya parece que será la buena). Agradeció a los amigos y familiares que aportaron dinero para la fianza, que considera desorbitada. Adelantó que sopesará si regresa a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Y explicó que su pioridad ahora es defender sus empresas intervenidas.

Veamos: Roca no lleva dos años sin poder defenderse, sino administrando su silencio, que no es lo mismo. Durante este tiempo ha puesto a un amplio equipo de abogados a presentar querellas, más o menos indiscriminadas, contra quienes informaban del caso, posiblemente con más intención de amedrentar que de otra cosa, pero en suma ejerciendo su derecho a defenderse. Lo de los aportantes para la fianza vale para el que se lo quiera creer, y lo de intentar volver a su puesto en el Ayuntamiento suena más a chulería que a otra cosa.

Ahora bien, lo de que su prioridad es defender los intereses de las sociedades que se encuentran bajo administración judicial es lo que suena peor. O suena mal para Roca -que después de dos años en la cárcel podría haber perdido la razón y creer por ello que todavía tiene posibilidad de recuperar los bienes presuntamente malhabidos que le fueron incautados en la operación- o, si mantiene la cordura, suena mal para 200.000 marbellíes y para toda persona con un mínimo sentido de la justicia. La sola posibilidad de que el presunto cerebro de la trama pueda quedarse con el botín, o con parte de él, y que la ciudad pierda de vista la posibilidad de una compensación, es un horizonte que produce desasosiego. Tanto, que resulta difícil de comprender cómo el parque de la Alameda no se quedó pequeño el jueves pasado para albergar a los vecinos que reclamaban un poco de dignidad para esta ciudad. Por ello, entre una y otra opción -las dos malas-, nos quedamos con la primera: los dos años de cárcel le han hecho perder la contacto con el mundo real, y Roca ya no distingue entre realidad y deseos.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella