Diario Sur
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Autor: HectorBarbotta
La feria como metáfora
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Héctor Barbotta | 08-02-2016 | 11:52| 0

De entre todos los vicios de la vida política, que no son pocos como bien se puede comprobar diariamente, el sectarismo no es el menos característico. Desde que algún gurú de la comunicación política dio la directriz de que el papel de los militantes en las redes debe ser el de repetir hora tras hora los argumentarios que emanan desde la sede partidaria, el nivel del debate ha descendido hasta arrastrarse por el suelo, pero al mismo tiempo ha facilitado el trabajo del observador neutral. Basta con seguir algunos perfiles para saber no qué piensa el titular de cada perfil, hay muchos fans de partidos que han abdicado del sano ejercicio del pensamiento autónomo, sino qué le han dicho que tiene que decir, lo que resulta muy útil para entender cuál es el mensaje básico que quiere transmitir cada partido en cada momento. Seguir a algunos hooligans en las redes permite acceder sin pizca de dificultad a la comunicación interna de las formaciones políticas.
De ese modo puede llegarse a la conclusión, por ejemplo, de que el PP ha dado instrucciones a los suyos para que repitan la falacia de que en todos los países del mundo siempre gobierna la lista más votada o que en el PSOE andaluz se ocupan más de rastrear las redes sociales para encontrar alguna metedura de pata de Pablo Iglesias antes de que se le pasara por la cabeza poner en marcha Podemos que de fustigar las fechorías del PP de Valencia, por poner un ejemplo. La última consigna, parece ser, es advertir de un presunto contubernio entre el PP y Podemos, lo que permite adivinar que el PSOE está preparando a los suyos para un pacto con Ciudadanos.
No va a ser desde esta columna donde se descubra el sectarismo de los partidos, muchas veces más extendido entre los militantes que se comportan como disciplinados fans de sus líderes y no como sujetos políticos con opinión propia, que entre sus dirigentes, aunque sí es oportuno reflexionar sobre la manera en que ese sectarismo invade a veces la esfera pública. Porque mientras se limita a las frivolidades que se leen a diario en las redes no supone un problema, pero cuando se extiende al ámbito institucional y acaba afectando a la vida de los ciudadanos pasa a serlo.
Una de las maneras en las que el sectarismo se expresa en la vida institucional es en esa concepción fundacional de la política que invita a comportarse como si todo comenzara desde cero cada vez que un nuevo partido llega al poder, como si la historia de una ciudad o de un país no fuese consecuencia de la herencia, positiva o negativa, que va sedimentando para que el que viene después vaya construyendo a partir de lo que ha dejado su antecesor. O dicho de otra manera, la corrosiva costumbre de afirmar que todo lo que hizo el adversario está mal y por lo tanto no hay nada que no se deba cambiar. Desde el poder, esta concepción sectaria se expresa también no contando con el adversario para ningún tema, ni siquiera con aquellos cuyas consecuencias se van a prolongar más allá de los cuatro años que dura un mandato.
En la política nacional, la expresión más acabada de esta forma de entender la política es la Educación, cuyo marco normativo se corrige con cada cambio de gobierno, como si fuese posible construir una política de Estado con modificaciones condenadas a ser anuladas a los cuatro o a los ocho años y marcadas más por la identidad ideológica de sus autores que por un análisis de las necesidades del país.
En el ámbito municipal esta concepción de la política fundacional no está ni mucho menos ausente. En 2008, la anterior alcaldesa, Ángeles Muñoz, barrió con la feria del centro y se la llevó al Arroyo de la Represa, una localización en la que estuvo provisionalmente y que cambió dos veces más durante su mandato. Jamás hubo una consulta a la oposición sobre ese asunto. Ahora, el alcalde anuncia que la feria vuelve al centro, por lo que ha llegado la hora de preguntarse si en 2019, en 2023 o cuando sea que haya alternancia volveremos a encontrarnos con una nueva mudanza de las casetas y los cacharros.
La ubicación de la feria no es un asunto que pueda situarse a la cabeza de los problemas más acuciantes que tiene Marbella. Aún así se entiende que para muchos vecinos no se trate de un asunto menor. Por ello sería saludable articular un mecanismo de discusión y consenso para llegar a una solución que no vuelva a dejar la feria de Marbella en una situación de provisionalidad. No es así como se construyen las tradiciones.

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Impunidad
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Héctor Barbotta | 08-02-2016 | 10:47| 0

EL propietario del grupo Mirador ha sido absuelto tras quedarse con el dinero de dos familias que le pagaron 80.000 euros por adelantado por unos pisos que no construyó. La Audiencia ha entendido que ya ha pasado demasiado tiempo como para pedirle cuentas.
El abogado Juan Hoffmann, uno de los condenados en el ‘caso Malaya’, se ha sumado a la lista de prófugos al no presentarse en prisión seis meses después de ser condenado en sentencia firme, tiempo más que suficiente para organizar un huida en condiciones. Hoffmann es uno de los condenados en este caso con más recursos económicos a su disposición, condición indispensable para vivir escondido, dato que es imposible imaginar que los jueces desconocieran.
En Marbella, donde durante 15 años los saqueadores de la ciudad destrozaron su urbanismo ante la mirada complaciente de otras administraciones y también de los tribunales, se acaba de anunciar que el nuevo Plan General regularizará todas las viviendas levantadas al margen de la ley. Ya en noviembre el Supremo había advertido en las sentencias que anularon el anterior PGOU que el Ayuntamiento no tiene derecho a exigir compensaciones por los inmuebles construidos por quienes se saltaron la norma a golpe de comisión y bajo el amparo delictivo de quienes ocupaban en aquel momento la institución municipal. Ahora la justicia dice que si la justicia no hizo nada entonces, no puede hacerlo ahora.
Como se ve, la impunidad tiene diferentes caminos y es posible en un Estado de Derecho, aunque para ello es necesario que alguien en algún momento incumpla su obligación.
El nuevo PGOU de Marbella, que se aprobará no antes de tres años, consagrará la inmunidad y los beneficios de quienes se lucraron construyendo al margen de la ley, pero esta injusticia flagrante no podrá ser imputada al nuevo PGOU, sino a quienes estuvieron distraídos cuando correspondía estar atentos.
El Supremo ha dicho que la justicia urbanística no puede administrarse desde el planeamiento, que está para mirar al futuro y no al pasado, y que los desmanes que no pasaron por los juzgados tiene garantizada su impunidad. Lo que cabe es preguntarse por qué no pasaron por los juzgados y mirar a la cara a quienes en su momento eligieron mirar para otro lado.
El nuevo Plan consagrará los hechos consumados, y los promotores, los compradores de buena fe y quienes compraron sabiendo lo que hacían podrán respirar tranquilos. No hay como el paso del tiempo para limpiar culpas y dejar que la amnesia vaya haciendo su trabajo.

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Malaya y todo lo demás
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Héctor Barbotta | 01-02-2016 | 10:58| 0

Seguramente el ‘caso Malaya’ sobrevolará todavía algunos años más sobre la conciencia colectiva de la ciudad de Marbella. La disposición que permite a la ciudad reclamar para sí lo que el Estado vaya cobrando por las astronómicas multas impuestas a los condenados obligará al menos a estar atentos al devenir de los acontecimientos que se vayan produciendo en el futuro, pero qué duda cabe de que la entrada en prisión de un buen número de concejales, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exalcalde accidental Tomás Reñones, y de otros condenados cierra en gran medida el capítulo abierto hace una década con la operación que supuso un corte en la historia de la ciudad.
Los diez años que transcurrieron desde que la policía irrumpió en el Ayuntamiento en lo que entonces se consideró la mayor operación contra la corrupción en España han dado para mucho. Que las dimensiones y la importancia del ‘caso Malaya’ se haya quedado en poca cosa comparando con todo lo que vino después –tanto en el volumen de lo robado, como en la sofisticación de los sistemas utilizados para rapiñar el dinero público, como en el lugar que ocupaban en las estructuras institucionales quienes se han visto implicados– no es un tema menor para una ciudad cuyos vecinos asistieron durante años a cómo se utilizaba el término ‘marbellización’ para referirse a la corrupción política ligada al urbanismo y al cobro de comisiones. A algunos de los que entonces se permitían dar lecciones ya los hemos visto desfilar por los juzgados y dormir a buen recaudo.
Hoy se puede decir que el ‘caso Malaya’ fue el primero y que tuvo la importancia de haber acabado con la sensación de que las instituciones públicas eran espacios de impunidad y el respaldo electoral, garantía de inmunidad, pero ya no se puede decir que haya sido el más importante.
Por eso empieza a resultar llamativo que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, lleve diez años en prisión y que ahora hayan comenzado a entrar en la cárcel muchos de los condenados en la macrocausa mientras el resto de los macroprocesos marcha con lentitud. No es que Roca, Julián Muñoz y los malayos que desde esta semana les hacen compañía tras las rejas deban estar en otro lado; es que tendrían que estar más y mejor acompañados.
En la época en la que comenzaron a percibirse señales de que su impunidad se podía acabar, el GIL y sus portavoces recurrían a dos argumentos principales para cuestionar el papel de la justicia. Que se trataba de una persecución contra Marbella por la ‘envidia’ que despertaba la ciudad y que se les perseguía porque no pertenecían a ninguno de los grandes partidos. Es evidente que no hay otro motivo que las fechorías que cometían para explicar la persecución judicial y policial de la que fueron objeto, pero ante la impunidad aún más prolongada que otros delincuentes con traje de político disfrutaron hasta que la situación se hizo insoportable para el conjunto de la sociedad no cabe más que preguntarse si posiblemente el gran error estratégico de Roca haya sido no haber buscado amparo en siglas de mayor linaje. Por lo que se está viendo en los últimos años, y también en los últimos días, es posible que de haber buscado posiblemente hubiese encontrado, porque lo que ha saltado en Valencia, y antes en la Comunidad de Madrid, y antes en las cloacas de la Consejería de Empleo en Sevilla, y antes en la sede nacional del partido gobernante, y antes en la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y antes en el entorno familiar del Jefe del Estado, y antes en la sede del gobierno balear, ha convertido a Roca en un personaje menor. Incluso hasta más cuidadoso y sofisticado, porque es difícil imaginar al cerebro de la trama rompiendo un ordenador a martillazos o contando dinero mientras era grabado.
Ahora sólo falta esperar. Es necesario estar seguros de que podremos desterrar aquel argumento gilista de la persecución política. Y también de que más temprano que tarde quienes creyeron que podían haber saqueado con inmunidad política porque se contaba con un paraguas protector más confiable que las endebles siglas del Grupo Independiente Liberal terminen acompañando a quienes esta semana han vuelto a cruzar las puertas de la prisión.

Nuevo comisario 
En los diez años transcurridos desde que se abrió el capítulo que ahora se cierra han pasado otras cosas en la ciudad, pero algo parece no haber cambiado: la volatilidad del cargo de comisario jefe de Marbella, un puesto que parece tener la misma estabilidad que la mayor parte de los empleos que se crean en el actual mercado de trabajo.
En esta década han pasado ya ocho comisarios y ninguno ha conseguido hacer pie en la Comisaría. Unos porque han preferido irse cuando tuvieron conciencia exacta de cómo era el terreno que pisaban y otros porque se les aparecieron por delante destinos más apetecibles. Hubo también dos casos en los que los comisarios fueron invitados a marcharse después de haber husmeado donde no debían.
Ahora llega un jefe con el mismo compromiso que los ocho anteriores: quedarse en la ciudad por un largo periodo. Aterriza con el aval de una trayectoria impecable, con el respaldo de la jerarquía policial y con conocimiento de la ciudad. Sólo cabe esperar que en este caso la historia no se repita. Y que lo dejen hacer su trabajo, encuentre lo que encuentre.

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Marbella cambia el paso turístico
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Héctor Barbotta | 27-01-2016 | 10:37| 0

Marbella ha iniciado una nueva etapa en su estrategia de promoción turística y lo ha hecho en Fitur, la primera en el calendario de las ferias internacionales.
Durante los ocho años anteriores, la estrategia turística de la ciudad no pasó por acudir a la feria de Madrid, ni a ninguna otra, con expositor propio, una decisión que contrastó con los años en los que el ayuntamiento presidido por Jesús Gil y sus sucesores hacían de la feria turística un festival de la ostentación.
Este año el Ayuntamiento ha vuelto a Fitur, con su propio stand y ello vuelve a abrir el debate sobre cuál es la dirección a la que debe apuntarse a la hora de invertir el dinero disponible para la promoción turística, independientemente de si la cuantía es mayor o menor.
Resulta imposible encontrar a alguien entre los profesionales del sector a quien no le parezca buena idea que el Ayuntamiento aumente su partida para promoción. Cuanto más se gaste mejor, desde su óptica, porque es dinero público que si se atina en las acciones dirigidas a los diferentes mercados turísticos acaba generando ingresos que van directo a las cuentas de resultados de hoteles, restaurantes y comercios. Nunca habrá un empresario que diga que no se gaste en promoción ni tampoco que considere suficiente la inversión realizada.
Por ello, posiblemente lo más acertado de la nueva política turística del Ayuntamiento sea la decisión de involucrar al sector privado en la promoción de Marbella. De momento, y de acuerdo a los fondos obtenidos y al número de empresas implicadas, debe decirse que la implicación privada es incipiente y está lejos de poder considerarse que se trata de un objetivo conseguido. Si eso no mejora, en el futuro habrá que hablar de fracaso. Que el nuevo eslogan de Marbella sea ‘Destino cinco estrellas’ y que sólo un hotel de esa categoría haya colaborado y que las estrellas Michelin brillaran por su ausencia señala cuánto camino queda por recorrer.
Otra cuestión es si Fitur es un buen lugar para gastar dinero, o dicho de otra manera, si la inversión en la feria de Madrid tiene retorno. Ahí ya hay distintas opiniones.
La frase más repetida sobre la feria de Madrid reproduce un tópico que sobrevive a los años: «En Fitur hay que estar». La pregunta es para qué, cómo y por qué.
Cualquiera que haya estado en la feria puede concluir sin resquicio para la duda que la primera beneficiada por este acontecimiento es la ciudad de Madrid. Hoteles llenos, taxis recorriendo incesantemente la ruta entre Ifema y el centro, restaurantes, cafeterías, eventos paralelos. La capital disfruta durante cinco días de una inyección económica que proviene en su mayor parte de fondos públicos de todas las comunidades autónomas, de gran parte de las diputaciones y de no pocos ayuntamientos de todo el país. Aunque se trate de fondos de la periferia que dinamizan la economía de la capital, no dejan de ser grandes cantidades de dinero público que terminan nutriendo de combustible a las economías privadas. Mirándolo con generosidad podría interpretarse a Fitur como la quintaesencia de una versión sui generis del modelo keynesiano para afrontar la depresión. La singularidad es que se trata de dinero de la periferia que se acaba gastando en la capital. ¿Pero tiene la presencia en Fitur repercusión real en el mercado turístico español, al que está dirigido?
Basta darse una vuelta por los distintos pabellones para encontrar una notable diferencia entre los que acogen los expositores de los destinos españoles y los que albergan a los extranjeros. En estos últimos, especialmente en los pabellones de los países hispanoamericanos, se respira trabajo y negocio. Se comprueba que para esos destinos España es uno de los mercados fundamentales. Posiblemente Fitur represente para el sector turístico de México, República Dominicana o Costa Rica algo similar a lo que suponen para España y la Costa del Sol la World Travel Market o la ITB de Berlín. En esos pabellones se percibe mucho trabajo y nada de postureo.
Algo muy distinto son los pabellones de los destinos locales, donde la feria es más política que turística. Los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, todas las administraciones que dedican un buen montón de dinero público a exhibir su grandeza en Fitur se esfuerzan por simular que el encuentro tiene carácter profesional, que con la presencia de políticos y de ayudas de cámara de los políticos se está dando un impulso definitivo al sector turístico, pero cuanto más se esfuerzan más claro queda que buena parte del evento sólo encuentra sentido si consigue repercusión no en los mercados turísticos exteriores, sino en sus mercados electorales internos. La imagen de un alcalde haciendo una presentación sobre las bondades turísticas de su pueblo ante un auditorio compuesto sólo por los enviados especiales de su televisión local no es nada inusual en esta feria. Del mismo modo que no pocos responsables políticos dan el dinero de su administración por bien gastado si consiguen que su coincidencia con la Reina, con el ministro de turno o con la presidenta de la Junta, aunque sólo haya sido de unos pocos segundos, quede reflejada para la posteridad.
En este marco Marbella ha realizado una fuerte apuesta por Fitur, acontecimiento que aprovechó para presentar, en una cena organizada en la víspera de la inauguración, su nuevo lema y la imagen de marca que será utilizada a partir de ahora en todas las acciones promocionales.
Como la nueva estrategia de Marbella en Fitur coincide con la retirada de Torremolinos, que con el cambio de signo en el Ayuntamiento decidido renunciar a su stand propio y a celebrar la tradicional ‘Cena del Pescaíto’ en la víspera de la inauguración –un acontecimiento que aglutinaba en torno a generosos platos de fritura a viejas glorias del mundo del espectáculo-, ha habido quienes, no sin retintín, aseguran que Marbella ocupa ahora el lugar dejado por ese municipio. El comentario, escuchado de varias bocas en Fitur, todas ellas de poca simpatía con el equipo de gobierno municipal, no va más allá del sarcasmo. Pero no deja de ser curioso que dos ayuntamientos de signo casi idéntico –nuevos gobiernos multicolores con alcaldes socialistas- hayan dado giros radicales a las políticas turísticas que se encontraron, y que esos giros hayan ido en sentidos contrapuestos.
El contenido de lo que ha llevado Marbella a Fitur ha cosechado consideraciones diversas. De mayor a menor puede decirse que el eslogan ‘Marbella, destino cinco estrellas’ ha sido lo más elogiado. Un lema fácil y sencillo, que sintetiza lo que supone la ciudad en el mundo del turismo y al que se le puede llenar de contenido. El stand ha superado el examen, tanto por su diseño como por su acertada ubicación, en un lugar de paso, con lo que el volumen de público está asegurado y con una situación adecuada, a poca distancia del expositor de la Costa del Sol. Para consumo interno queda el peaje político que ha tenido que pagar el equipo de gobierno al incluir el nombre de San Pedro Alcántara en un lugar destacado del expositor sin que se explique qué es exactamente qué es lo que tiene San Pedro para ofrecer a los turistas. A la nutrida representación de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro en la feria se la notaba, sin embargo, más que satisfecha.
Como puntos a mejorar quedan el logotipo, lo que más críticas recibió, y el vídeo promocional, lejos de los estándares de calidad y de manufacturación profesional que se espera de una ciudad como Marbella.
La cena en la que se presentó la nueva estrategia turística se quedó a mitad de camino. No tuvo fallos, aunque hubo quienes aseguraron que esperaban más de un desembarco de Marbella en Madrid. En estas cuestiones la falta de ambición puede convertirse en el peor de los errores. Pero esto sólo acaba de comenzar y el margen para mejorar es enorme.

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Suspender o suprimir, palabras claves del conflicto laboral
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Héctor Barbotta | 18-01-2016 | 10:50| 0

El comité de empresa del Ayuntamiento ha aclarado esta semana cuál es su posición sobre el conflicto abierto en relación con el convenio de los trabajadores municipales. Ya era hora.
Ha habido rueda prensa del comité de empresa, y ello no es nada habitual, porque los miembros del comité de empresa son singularmente reacios a los micrófonos. Desde hace años prefieren negociar en silencio y explicar poco. Hasta ahora, con esa estrategia no les ha ido mal.
Con la negociación sobre el convenio colectivo bloqueada desde hace semanas, cualquiera diría que las posturas del equipo de gobierno y la del comité de empresa están separadas por un abismo infranqueable, por un cúmulo de diferencias, pero basta acercarse para escuchar ambas posiciones para entender que la única discrepancia radica en una cuestión que algún observador distraído podría confundir con una cuestión semántica. Mirando un poco más en profundidad emerge un choque que más bien podría interpretarse como una cuestión de principios, aunque ya se sabe que sería la primera vez que los principios interfieren en una negociación de este tipo.
Hace ya semanas que el alcalde, José Bernal, explicó cuál es la posición del equipo de gobierno municipal. Está dispuesto a que se recuperen todos los derechos perdidos durante los años en los que se impusieron los recortes. Todos menos el seguro médico privado regalado por Gil en la época en que la estrategia de confusión de valores para saquear la ciudad necesitaba de empleados adocenados y de la ilusión de que Marbella navegaba en un mar de oro. Según el alcalde, suprimir ese seguro no es solamente una cuestión económica, que también, sino de principios. Una institución pública no puede pagar un seguro médico privado.
El comité de empresa ha aclarado ahora su posición. Sus miembros aseguran que el seguro médico privado nunca fue una reivindicación sindical, sino un regalo de Jesús Gil que los trabajadores aceptaron de buen grado, pero que hace siete años que no lo disfrutan porque está suspendido. ¿Cuál es entonces el motivo de discrepancia que impide que se firme el convenio colectivo? Pues otra posición que también parece cimentarse en sólidos principios. Según la presidenta del comité de empresa, Elvira León, los trabajadores no pueden aceptar la supresión de un derecho que se encuentra respaldado por una sentencia judicial. El Supremo sentenció en enero de 2008 que el seguro médico era un derecho adquirido, y por lo tanto, en opinión del comité de empresa, renunciar unilateralmente supondría crear un grave precedente. Se puede aceptar que siga suspendido, pero no suprimirlo para siempre.
Así las cosas, la discrepancia se reduce a esa cuestión semántica –suprimir o suspender– que en realidad esconde lo que parece ser ese choque de principios. De un lado, no se puede destinar dinero público a pagar seguros médicos privados. Del otro, los trabajadores no pueden renunciar a un derecho que tienen reconocido por sentencia judicial.
Para completar el cuadro, sólo resta aclarar que la no firma del convenio afecta a todos los trabajadores municipales, aunque el derecho al seguro privado sólo está reconocido para los laborales –trabajadores contratados en su mayor parte en los años en los que la ciudad simulaba nadar en oro– y no para los funcionarios, paradójicamente los únicos que accedieron a sus puestos por oposiciones y que por ley no pueden disfrutar de un privilegio semejante. Aquellos empleados, 1.515, decidirán en asamblea este martes si aceptan la propuesta del alcalde o reclaman seguir con unas negociaciones que parecen encalladas en un punto muerto. Al menos hasta que las posiciones se sinceren.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella