Diario Sur

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Autor: HectorBarbotta
¿Tripartito o cuatripartito?
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Héctor Barbotta | 14-09-2015 | 10:15| 0

Han pasado ya tres meses desde que el socialista José Bernal es alcalde tras conseguir en el pleno de investidura el apoyo de cuatro grupos políticos y todavía no está claro si el gobierno municipal de Marbella es tripartito o cuatripartito.
Hasta que comenzó el receso de agosto la situación estaba clara. Era un tripartito para el equipo de gobierno (PSOE, OSP e IU), y un cuatripartito para la oposición, el Partido Popular, que incluía en sus antagonistas al grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP).
Pero con el nuevo curso político el PP sorprendió con el envío de algunas notas de prensa en las que se refería al gobierno como ‘el Tripartito’ y quienes advirtieron el cambio comenzaron a preguntarse a qué se debía.
Unos entendieron que la calculada ambigüedad de la formación impulsada por Podemos había conseguido confundir al principal –o al único, esa es la cuestión– grupo de la oposición, pero hubo quienes atribuyeron el cambio a una reunión celebrada durante el verano entre ambos grupos –PP y CSSP– que los primeros optaron por mantener en el terreno de la discreción pero que los segundos difundieron.
¿Qué se trató en esa reunión? A la vista de algunas actuaciones del equipo de gobierno en estos tres meses en las que se contravienen algunas de las cuestiones que el partido impulsado por Podemos considera esenciales, especialmente en lo referente a contrataciones y remuneraciones de cargos de confianza, el PP exploró la posibilidad de impulsar alguna iniciativa que permitiera si no contar con los dos votos de CSSP para infringirle una derrota al equipo de gobierno, sí al menos abrir una brecha en lo que hasta ahora ha sido un bloque monolítico en torno al poder municipal. Pero a la vista de los resultados, no consiguió ni una cosa ni la otra.
Los ediles de Costa del Sol Sí Puede sólo muestran de momento su descontento con algunas de las actuaciones del gobierno municipal con iniciativas como realizar una visita a la sede de la Policía Local ante la incertidumbre que rodea a ese cuerpo o anunciar que se reunirán con los asesores contratados por el equipo de gobierno cuyos currículums no convencen.
No se sabe si estas iniciativas, con las que CSSP exhibe su intención de desmarcarse muy tímidamente de la gestión municipal son la plasmación de la nueva política que proclama Podemos o la muestra palpable de la falta de experiencia de los ediles de esa formación. Lo que sí está claro es que el nuevo partido no parece dispuesto a ir de la mano del Partido Popular a ningún sitio, por lo que no se vislumbra en el horizonte votación alguna en la que el equipo de gobierno, con sus 12 ediles sobre un total de 27, vaya a salir derrotado.
Quizás por ello el PP haya decidido tras el lapsus del verano volver a la categorización política que inauguró cuando se vio desalojado del poder. La exalcaldesa Ángeles Muñoz lo dijo con todas las letras el pasado miércoles: «El grupo Sí Puede está en todas las juntas de gobierno, hasta la fecha ha apoyado todas las iniciativas que ha llevado el Tripartito (sic), no ha votado en contra ni una sola. Ha habido ocasiones en las que se ha mostrado a favor de iniciativas que ha presentado el Partido Popular, pero como si se abstenía salían adelante, han votado en contra. No sé si están jugando a ver quién hace el papel de qué. Es un cuatripartito. Decía lo del tripartito y Podemos, pero es un cuatripartito».
Cuatripartito o no, lo que parece estar claro es que Costa del Sol Sí Puede no está dispuesto a hacer oposición conjunta por más que sus bases se pregunten si no pecaron de pardillos al no pedir garantías a la hora de firmar el acuerdo de investidura que llevó a la Alcaldía a José Bernal.

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Los arrepentidos
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Héctor Barbotta | 08-09-2015 | 1:25| 0

La figura del arrepentido está muy presente en el mundo del hampa, por lo que no debe llamarnos la atención que Julián Muñoz y José María del Nido hayan recurrido a ella en las primeras sesiones del juicio por el ‘caso Fergocom’, que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Málaga.
Los arrepentidos suelen ser figuras clave en la desarticulación de las redes mafiosas y terroristas más impenetrables, y aunque en la legislación española la concesión de beneficios a quienes colaboran para desarticular las organizaciones a las que han pertenecido no está muy desarrollada, el arrepentimiento sí es considerado como atenuante a la hora de dictarse sentencia contra quien haya delinquido.
Que declamar arrepentimiento forme parte de la estrategia de defensa es legítimo, pero para creérsela debería ir acompañado de hechos. Del Nido se ha mostrado dispuesto a devolver el dinero que se le acusa de haberse llevado por el caso de facturas falsas por el que está sentado ahora mismo en el banquillo, pero ni siquiera ha terminado de pagar la indemnización en favor del Ayuntamiento de Marbella a la que ya fue condenado en el ‘caso Minutas’, que lo tiene a la sombra desde marzo del año pasado. Comenzó a pagar cuando estaba a la expectativa de recibir un indulto, pero dejó de hacerlo cuando quedó claro que no habría medida de gracia. Todavía debe 1.266.607,34 euros. Si está arrepentido puede comenzar por ahí. La deuda con Marbella de Julián Muñoz, que en los últimos meses ha reducido su estrategia de defensa a dar lástima, es mucho mayor, más de 78 millones de euros.
El exalcalde también se muestra arrepentido, pero tanto el Tribunal que lo juzgó en el ‘caso blanqueo’, como el fiscal, como cualquiera con dos dedos de frente y la dosis mínima de sentido común, consideran que tiene una fortuna oculta, y que seguirá blanqueando tan pronto como tenga oportunidad para hacerlo. El producto de años de latrocinio desde el poder no se esfuma por arte de magia.
Es posible que tanto Julián Muñoz como José María del Nido quieran congraciarse con sus víctimas, conseguir que se atenúe la persecusión judicial de sus delitos, obtener algún beneficio, e incluso, en el caso de Del Nido, tener una plataforma desde la que reconstruir una imagen pública el día que le toque abandonar la celda. Pero eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento.
Está muy bien declarar públicamente que se está arrepentido, en primer lugar porque ello supone reconocer la autoría de los hechos que los han llevado al banquillo. Pero el arrepentimiento se demuestra en la reparación de lo que se ha hecho mal, y en este caso los actos que cometieron Muñoz y Del Nido no son, afortunadamente, irreparables. Sólo tienen que devolver lo que se han llevado.
El arrepentido tiene diferentes consideraciones según desde qué ángulo se lo enfoque. Para la policía o la justicia puede ser un colaborador imprescindible y por lo tanto valorado más allá de las conductas que haya tenido en el pasado, y para la sociedad, una persona que se ha equivocado y quizás merezca otra oportunidad. Pero en las leyes de la mafia no hay posibilidad de matices, al arrepentido se le llama ‘rata’ y su colaboración con la policía o la justicia supone una traición castigada con sangre.
Es seguro que ni Julián Muñoz ni José María del Nido deban estar preocupados por esto último. En primer lugar, porque la mafia de la que formaron parte no tiene nada que ver con la Cosa Nostra ni con la Camorra; fue algo mucho más cutre y primitivo. En segundo lugar, porque el arrepentimiento que han expresado en el juicio no ha permitido resolver nada, ni ha aportado luz sobre el tema que los ha sentado esta vez en el banquillo. Por no servir, no ha servido siquiera para que las víctimas de sus actos delictivos, los vecinos de Marbella, puedan tener la percepción de que ambos personajes han desistido de seguir con lo que vienen haciendo desde hace más de quince años: tomarles el pelo. Es más, todo indica que siguen en lo mismo.

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El PP se toma en serio los 100 días
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Héctor Barbotta | 17-07-2015 | 8:00| 0

No hay respuesta a la mayor parte de las acusaciones que se lanzan, ni críticas públicas a lo que al parecer funciona mal o ni siquiera funciona, tampoco se señalan las posibles contradicciones en las que puede estar cayendo el nuevo equipo de gobierno. Un mes después de haber pasado a la oposición tras ocho años en el poder municipal, en el Partido Popular han dejado en claro que se han tomado en serio aquello de los 100 días de cortesía. Incluso en las redes sociales los militantes del PP están inusualmente inactivos. Durante las cuatro semanas que han pasado desde que José Bernal se sentó en el sillón de alcalde, los concejales del Partido Popular no sólo han dejado toda la iniciativa al equipo de gobierno, sino que solamente han salido a la superficie para responder a algunas de las cuestiones que consideraban que requerían de una reacción urgente: la afirmación de que el superávit municipal era ficticio, el baile de números sobre la cantidad de cargos de confianza destituidos, la suspensión de una actividad cultural por falta de fondos y la más reciente renuncia del alcalde, José Bernal, a construir la residencia de la tercera edad en los restos de lo que fue el Trapiche.
Han sido intervenciones puntuales, limitadas y sin continuidad. La estrategia del PP en su nuevo papel de oposición no pasa de momento por confrontar todo el tiempo y en todos los frentes. Ya se verá cuando pasen los 100 días.
Durante este tiempo, la práctica desaparición del grupo del PP del foco público, en especial de su lideresa, Ángeles Muñoz, podría invitar a pensar que el grupo popular no se ha repuesto todavía del golpe que supuso pasar a la oposición y que sus integrantes están tan aturdidos como en la primavera de 2012, cuando tardaron meses, en especial la entonces alcaldesa, en asimilar que Javier Arenas había perdido su oportunidad histórica de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía.
Pero esta vez no es así. La momentánea desaparición del PP del primer plano obedece a una estrategia trazada desde el mismo momento en que supieron que el pacto cuatripartito iba a desplazarlos del lugar que habían ocupado desde 2007.
Algunos ediles han tardado en reacomodarse a su nueva situación. La mayor parte ha vuelto a sus trabajos –abundan entre ellos los profesores y los funcionarios– y otros empiezan a explorar nuevas vías laborales. Pero el grupo lleva semanas funcionando, de momento de manera discreta. Se reúnen todas las semanas en el local del PP del centro de Marbella en unos encuentros que dirige la propia Ángeles Muñoz, una de los pocos que se ha tomado unos días de vacaciones, y a los que acuden no solamente los miembros del grupo municipal, sino otros candidatos que no obtuvieron acta, como Eloy Ortega, Isabel Cintado o Federico Vallés. También el exdirector de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, participa de las reuniones.
La autocrítica y el análisis de las causas por las que no consiguieron mantenerse en el poder fue más breve y menos profunda de lo que hubiese cabido esperar. Los esfuerzos se han centrado en preparar la estrategia de oposición, que pasa por un marcaje área por área, y evitar cualquier señal que pudiera transmitir la imagen de que hay críticas estimuladas sólo por el hecho de que se ha perdido el poder.
La estrategia incluye también la presencia de concejales del PP en todos los actos públicos y sociales que tengan lugar en la ciudad y el establecimiento de turnos para mantener abierta la sede.
Pero hay también un segundo reacomodamiento, y es interno en el Partido Popular.
El primero ha venido desde la Diputación Provincial de Málaga. Kika Caracuel deja de ser vicepresidenta primera para convertirse en portavoz de su partido en esa institución. Este cambio tiene dos propósitos. El primero debe leerse en la clave de un código no escrito que suele ser de estricto cumplimiento en los partidos: nadie tiene más rango que su jefe de filas. Si Caracuel hubiese seguido como vicepresidenta se habría situado en el escalafón por encima de Ángeles Muñoz, quien ahora sólo es una concejala de la oposición. Hay quien interpreta que la exalcaldesa no habría aceptado esa situación.
La segunda es más práctica y mucho más comprensible para quienes viven al margen de los códigos ocultos de los partidos. Desde su atalaya de portavoz popular en la Diputación, Caracuel podrá tener una participación más activa en la oposición municipal marbellí que la que podría haber realizado desde un puesto de perfil mucho más institucional como es el de la vicepresidencia segunda de la institución.
Después de perder varias alcaldías, las vista se ha puesto en la futura conformación de las listas del Partido Popular a las próximas elecciones generales. Los puestos de salida para el Congreso, y sobre todo para el Senado, son ya objeto de deseo para muchos de estos exalcaldes y exalcaldesas. Habrá que ver quiénes consiguen colarse en una lista con más aspirantes que lugares. Mucho más cerca está la conformación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, donde se da por seguro que Ángeles Muñoz tendrá un puesto relevante.

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Aterrizaje forzoso
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Héctor Barbotta | 06-07-2015 | 12:14| 0

El aterrizaje del nuevo equipo de gobierno en la gestión de los asuntos municipales está siendo más lento de lo que se esperaba. Éste debería ser un país en el que un cambio de signo político en una institución no debería suponer otra cosa que modificar las orientaciones generales de la gestión pública, no la paralización de esta.
Miembros del equipo de gobierno aseguran que se han encontrado la administración llena de pequeñas bombas de relojería, y por eso no llama la atención la polémica surgida esta semana en relación con la suspensión por falta de presupuesto de unos premios literarios.
La exconcejala del ramo, Carmen Díaz, reaccionó tras conocer la suspensión con una rueda de prensa en la que aseguraba que sí había fondos para realizar el certamen, aunque a renglón seguido aclaró que se contaba con el apoyo económico de patrocinadores, aspecto al que no se refirió la responsable de Cultura, Gema Midón, cuando aludió a la insuficiencia de fondos para poder celebrar el evento y que posiblemente desconocía.
En una situación normal de relevo en el poder municipal, lo lógico hubiese sido que la edil saliente comunicara a la entrante los pormenores de la organización de un evento con el que se encontraría aún aterrizando. Pero no estamos en una situación normal, sino en un ambiente en el que muchos de los ediles de uno y otro signo se ven por la calle y ni siquiera se saludan. Las consecuencias de la descortesía las pagan los ciudadanos.
Según aseguran desde el propio equipo de gobierno, prácticamente toda la gestión municipal descansaba en cargos designados por el Partido Popular que han cesado en sus funciones, aunque las cifras que se dan en este sentido bailan según se pregunte a uno o a otro. 32 sostienen desde el gobierno saliente; más de 40 o más de 60, según quién responda, desde el entrante. Que el propio gobierno municipal no haya dado aún una cifra concreta sobre este apartado –el propio alcalde se refiere a una horquilla entre 44 y 46– permite advertir hasta qué punto el aterrizaje en la Plaza de los Naranjos todavía no ha terminado.
Cualquiera sea la cifra, se asegura que al haberse descabezado la cúpula que dirigía el Ayuntamiento hay trabajo que no se hace simplemente porque no hay nadie que pueda hacerlo. Los propios concejales reconocen que tienen que asumir personalmente algunas tareas que por lógica no les corresponden. La imagen del edil de Parques y Jardines con la llave de la plaza de la Constitución en mano esperando que llegue la hora de cierre da una buena idea de cuál es la situación organizativa del Ayuntamiento tras un relevo que no ha sido tal, sino la salida en estampida de los que estaban y el aterrizaje de los nuevos.
Es posible que el equipo saliente tenga la tentación de atribuir la lentitud en el aterrizaje del nuevo gobierno a su composición multicolor o a la bisoñez de sus integrantes, pero es seguro que los ciudadanos de todo signo agradecerían mayor cortesía y espíritu de colaboración por ambas partes.
El nuevo equipo de gobierno municipal lleva tres semanas en el Ayuntamiento y da la sensación de que este tiempo sólo le ha dado para un par de gestos de fuerte contenido simbólico y para comenzar a organizarse. Y no puede decirse que el proceso de organización haya concluido.
En el primer pleno municipal se aprobó la creación de 27 puestos de libre designación de los que nueve tienen el rango de ‘asesor responsable’. Se trata de un eufemismo que esconde las funciones de directores de área, figura criticada por los actuales gobernantes cuando estaban en la oposición. De hecho, cuatro de estos asesores que serán más que asesores ya que tendrán funciones ejecutivas, son antiguos ediles.
Algunas de estas personas comenzaron a ejercer antes de tomar posesión de sus cargos, incluso antes de que sus cargos fuesen creados, una situación formalmente irregular pero que desde la buena voluntad podría entenderse desde la necesidad de que la gestión municipal no colapsara.
Sin embargo, tres semanas después de que el nuevo alcalde fuese investido prorrogar esta situación irregular raya en la irresponsabilidad.
De los nueve cargos creados, siete ya están oficialmente en funciones. Existe otro que no ha asumido al no haber arreglado aún su situación laboral actual y un noveno que corresponde al cargo de asesor jurídico de Alcaldía que el Ayuntamiento debería aclarar cuanto antes.
Desde que comenzó el desembarco del nuevo equipo en el Ayuntamiento sonó el nombre del abogado Jaime Olcina, asesor jurídico del grupo municipal socialista en el anterior periodo municipal, como posible director o asesor de Urbanismo. De hecho, el propio Olcina se instaló en las oficinas de esa delegación y comenzó a funcionar codo con codo con la concejala delegada del área, Isabel Pérez.
Pero los antecedentes de Olcina, declarado simpatizante del GIL en los noventa y socio de Isabel García Marcos en una fundación creada en 2003, no convencieron a los socios de gobierno, especialmente a Costa del Sol Sí Puede, que cuestionaron su llegada a un área tan sensible y con una historia tan crítica en la ciudad como es la de Urbanismo. Se decidió entonces que el abogado pasara a depender directamente del alcalde como asesor jurídico. Sin embargo, el nombre de Olcina no figura en la lista de los siete altos cargos nombrados por decreto del alcalde el pasado 1 de julio. Cuando este periódico se ha interesado por la situación del abogado ha recibido respuestas de lo más variadas.
Olcina no está aún por lo tanto oficialmente en el organigrama municipal, a pesar de lo cual sigue despachando en el Ayuntamiento y participando en reuniones con y sin focos. En aras de la transparencia, que supuso uno de los puntos fundamentales del pacto de gobierno, esta situación no se debería prolongar ni un día más.

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Punto final a 24 años de escaramuzas
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Héctor Barbotta | 01-07-2015 | 11:37| 0

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Marbella, José Bernal, anunciaron el jueves pasado una nueva era en las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y para no desmentir declaración tan solemne, al día siguiente el flamante consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, se desplazó hasta la ciudad para presidir el acto de entrega de banderas azules a playas y puertos andaluces.
Durante 24 años, con el único intervalo de los 14 meses de la gestora, las relaciones entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía fueron convulsas. En la larga noche en la que a la cabeza de su banda se dedicó a saquear Marbella, Jesús Gil agitó el fantasma de la discriminación para desacreditar cualquier atisbo de límite que desde la Administración autonómica se le quisiera poner a la depredación del territorio con la que engordaba el botín. En ese aislamiento institucional calculado encontró además la excusa para destinar a llenar sus bolsillos y los de sus secuaces el suelo que debería haber puesto a disposición de la Administración autonómica para que se levantaran colegios, institutos y centros de salud. Y la verdad es que por comodidad, por cobardía o por ineptitud de quienes hubiesen podido pararlo gozó de manos libres durante doce larguísimos años.
Durante su breve etapa al frente del Ayuntamiento, Julián Muñoz intentó un tímido acercamiento para intentar lavar cara, imagen y posiblemente también el destino carcelario que se le venía encima, pero todo estaba tan podrido y el propio alcalde tan sumergido en la mierda que cualquier entendimiento fue imposible.
Llegó el turno de la gestora y la Junta aparentó volcarse con la ciudad. Hubo visitas del entonces presidente y de consejeros, se devolvieron las competencias urbanísticas y hasta se eligió a Marbella para anunciar que el tren llegaría a San Pedro Alcántara en el otoño de 2013. De aquella breve luna de miel, interrumpida cuando el resultado de las elecciones municipales de 2007 alteró la hoja de ruta trazada desde San Telmo, quedan dos de los legados que llegan hasta hoy: el anticipo reintegrable de 100 millones de euros concedido para evitar la quiebra del Ayuntamiento y cuyo importe se calculó según las inversiones que la Junta había dejado de realizar y el comienzo de la tramitación del Plan General.
El préstamo y el PGOU se convirtieron con el tiempo en un pesado lastre para el desarrollo de la ciudad. El primero, porque su devolución se pactó en unas condiciones imposibles de cumplir en un periodo de grave crisis económica; el segundo, porque la fórmula que se pergeñó para evitar el derribo de miles de viviendas ilegales fue un sistema de compensaciones que en la práctica se reveló imposible de cumplir y convirtió a la delegación de Urbanismo en un embudo burocrático donde se atascaron cientos de proyectos y se puso a prueba la paciencia de los inversores.
Las relaciones de Ángeles Muñoz con la Junta posiblemente se puedan dividir en dos etapas. En la primera, Marbella se convirtió en uno de los principales altavoces del discurso del PP contra el gobierno andaluz. El relato oficial era el de una ciudad ignorada y maltratada por la Junta. Por aquel entonces, la apuesta de Ángeles Muñoz se llamaba Javier Arenas y en esa única dirección puso el timón de su estrategia. Después del grave trauma que supusieron para el PP los resultados autonómicos de 2012 se intentó un cambio de rumbo y de discurso, pero para entonces ya era tarde. La confrontación desde un lado era respondida por desprecio desde el otro. Que ninguno de los tres presidentes que ha tenido Andalucía en los últimos ocho años haya entrado por la puerta del Ayuntamiento ilustra cuál ha sido el lugar que ocupó la ciudad en los despachos de Sevilla.
Ahora se anuncia un nuevo tiempo. El signo político ha cambiado y en el PSOE son conscientes de que la oportunidad para consolidar el poder municipal recuperado tras un cuarto de siglo gracias a una alianza multicolor pasa en gran medida por cómo se retrate la Junta en Marbella durante los próximos cuatro años.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella