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Autor: HectorBarbotta
Presupuestos agridulces
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Héctor Barbotta | 10-04-2018 | 9:51| 0

montoro

En una ciudad con tantas necesidades perentorias causa cierto desasosiego que la mayor parte de las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y que afectan directamente a Marbella sean más posibilidades de futuro que realidades concretas de corto plazo. En general, la propuesta, que aún no tiene garantizado salir adelante y a la que le queda un largo periodo de negociación, es rácana con el conjunto de Andalucía. En relación con Marbella contiene un par de concreciones y guiños que el futuro dirá si se materializan.
La partida más importante que afecta directamente a la ciudad es la de seis millones de euros destinada a poner en marcha el proyecto del tren litoral. Se trata ciertamente de una cifra importante si se tiene en cuenta la etapa inicial en la que se encuentra el proyecto, que ni siquiera ha comenzado a redactarse. Esa cantidad, si se ejecuta, garantiza, efectivamente, que el Gobierno ha asumido con seriedad su compromiso de concluir la etapa de estudios previos y redacción del proyecto, pero aún no asegura ni remotamente que la infraestructura que Marbella, la Costa del Sol y la provincia en su totalidad anhelan desde hace décadas vaya a materializarse.
No será hasta que se decida el trazado, se redacte el proyecto y se entre en la fase de ejecución de obras cuando se verá si existe realmente voluntad política de llevarlo adelante, ya que ejecutarlo supondrá una inversión de tal calibre que obligará a fijarlo como prioridad en desmedro de actuaciones en otros territorios. Sólo en ese momento se verá si esto va en serio. Se trata, además, de un objetivo que solamente se alcanzará si no sólo en Marbella y en la provincia de Málaga, sino también en el conjunto de Andalucía, existe un consenso social y político impermeable a las mezquindades partidistas y a los cálculos electorales. Y también si la sociedad civil y los colectivos sociales son capaces de sostener una tensión que obligue a los representantes institucionales a mantener este asunto en la agenda pública. La partida incluida para este ejercicio no garantiza nada, pero es un sólido punto de partida. Sería absurdo, y un engaño en toda regla, presupuestar más dinero cuando ni siquiera se ha decidido aún cuál es el trazado idóneo. El problema es que después de tantas idas y venidas con la conexión ferroviaria, cualquier punto de partida siempre va a parecer escaso.
Otra de las partidas importantes que afectan a la ciudad es la de las mejoras en la A-7 a la altura de Las Chapas anunciadas el pasado enero en Marbella por el ministro De la Serna. Se trata de 3,89 millones de euros que se van a invertir en tres tramos de esa arteria, que alcanza en verano un tráfico medio de 100.000 vehículos diarios. Es una obra necesaria que ayudará a reducir la peligrosidad y servirá para aliviar el tráfico, pero que está muy alejada de la ambiciosa actuación valorada en cerca de 70 millones de euros de la que se comenzó a hablar cuando Magdalena Álvarez estaba al frente del Ministerio de Fomento y que se guardó en un cajón tan pronto como la crisis económica comenzó a dar sus primeros zarpazos.
Una de las omisiones que más ruido hace es la del recrecimiento de la presa de La Concepción, para la que no se contempla partida alguna y que no figura en la agenda del Gobierno, ni siquiera a medio plazo. El varapalo de cualquier referencia a esta obra imprescindible no es porque se esperara algún anuncio de calado, sino porque los últimos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la necesidad de actuar en ese sentido. La amenaza de sequía y de medidas restrictivas que sobrevoló durante meses sobre la Costa del Sol sólo amainó con las lluvias caídas durante todo el mes de marzo. Con estas precipitaciones, el pantano, que estaba a menos de la mitad, completó su capacidad y hubo que echar agua al mar. Eso puso en evidencia no la intensidad de las lluvias, sino las reducidas dimensiones de una presa que es necesario aumentar para poder dar respuesta a las necesidades de la Costa del Sol, prepararse para un horizonte que en el medio plazo sigue siendo de escasez de agua y evitar el despropósito de tener que echar al mar lo que más temprano que tarde se acabará echando de menos.
El dinero que se destina a mejoras en la desaladora, un millón de euros, tiene todo el sabor de un premio de consuelo que no alcanza a disimular la necesidad de acometer unas obras de calado que partan de asumir un diagnóstico crudo y realista sobre el nuevo paisaje climático hacia el que nos encaminamos y sobre el que un mes inusualmente lluvioso no debería tener el efecto de un absurdo autoengaño.
Los espigones para garantizar la estabilidad de las playas, una de las actuaciones de competencia estatal que más demanda la ciudad y que formó parte del acuerdo por el que se impulsó la moción de censura, no figuran con partida propia en el proyecto de Presupuestos. Desde el PP aseguran que desde la partida genérica de playas se irán destinando los fondos necesarios para acometer estas obras, una afirmación que el tiempo confirmará o desmentirá.
El proyecto de presupuestos incluye también una partida minúscula de 10.000 euros para el proyecto de ampliación del Museo del Grabado, si bien es cierto que el documento incluye una proyección a cuatro años en la que se prevé completar la inversión de 1.100.000 euros, con 100.000 euros en 2019, 660.000 en 2020 y 330.000 en 2021. Los trámites y trabajos previos que todavía hay que ejecutar antes de iniciarse las obras de ampliación, incluyendo las catas arqueológicas, sitúan en ese horizonte la ejecución del proyecto.
Donde sí hay una omisión clamorosa es en el ámbito de la seguridad. Las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no sólo son indignas de una ciudad europea del siglo XXI e inapropiadas para un destino que, como Marbella, presenta unas necesidades peculiares en ese apartado. Es que también son insuficientes para albergar una plantilla ya de por sí escasa. Las condiciones de trabajo de los policías que prestan servicio en Marbella no son dignas. Que el Gobierno no prevea ni siquiera una mínima partida para la construcción de una nueva comisaría en la ciudad debería levantar todas las alarmas. El Ayuntamiento, independientemente de su color político, está obligado a encabezar esa reivindicación. Que el Gobierno no tenga en cartera dar respuesta a esa necesidad no encuentra justificación alguna y obliga a poner en duda cualquier declaración sobre la importancia que Interior atribuye a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que participó el pasado jueves en Málaga en la presentación que los parlamentarios del Partido Popular hicieron del proyecto de Presupuestos se guardó para presentar en Marbella la disposición final 24 del documento, que supone una modificación a la disposición 70 de 2012, con rango de ley, por la que se refinanció la deuda con Hacienda y la Seguridad Social y se dispuso que el patrimonio que la ciudad fuese recuperando en procesos judiciales se destinaran a la reducción de principal de esa deuda. En 2015 se aprobó que las multas que el Estado cobrara por esos procesos se destinaran también a la reducción de la deuda y ahora, si se aprueban los Presupuestos, se da un tercer paso: la ciudad podrá quedarse con algunos de los bienes que recupere y no tendrá que cederlos al Estado en virtud del acuerdo de 2012.
De momento, esa disposición tiene dos objetivos concretos. El primero es el edificio junto al Hospital Costa del Sol que el equipo de gobierno quiere ceder a la Junta de Andalucía para unificar todas las sedes judiciales en una operación que cuenta con el aval de todas las partes implicadas, incluida la Consejería de Justicia e Interior. El segundo es la finca La Caridad, emblema del patrimonio de Roca en la ciudad, a la que el equipo de gobierno, y en concreto la alcaldesa, quiere darle destino de equipamiento deportivo. Ante la falta de suelo disponible, Muñoz ha visto en esa operación la posibilidad de dar respuesta a la demanda de los clubes deportivos de la ciudad ante la sangrante falta de instalaciones, que se está convirtiendo en un verdadero clamor ciudadano.

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Un fantasma del pasado
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Héctor Barbotta | 04-04-2018 | 11:59| 0

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La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir el conocido como ‘caso PGOU’, en el que se investiga una posible falsedad en las actas del pleno celebrado el 29 de julio de 2009, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que entró en vigor al año siguiente y que fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015.
En el auto, que se dictó el pasado 15 de marzo pero que no se conoció hasta esta semana, la Sala considera que pudiera haber habido falsedad en su modalidad de imprudencia grave. Por ese motivo ha ordenado que se practiquen las diligencias solicitadas por el fiscal y por le Grupo Municipal Socialista, que ejerce la acusación particular, que consisten en la citación como testigos de las funcionarias que transcribieron el vídeo del acta de la sesión y de los exediles Susana Radío (portavoz del PSOE en aquel momento) y Diego Eizaguirre, por entonces miembro el grupo popular y posteriormente enfrentado a Ángeles Muñoz.
El calendario judicial ha vuelto a tener en esta ocasión, cierta coordinación casual con político. Si el pasado agosto el auto por el que el juez instructor archivaba la denuncia se conoció el mismo día en el que se firmaba la moción de censura que devolvía la Alcaldía a Ángeles Muñoz, lo que provocó cierto disgusto en las filas del PP porque la noticia que habían estado esperando durante meses quedaba relegada a un segundo plano ante la trascendencia del acto que confirmaba el relevo al frente del Ayuntamiento, en esta ocasión ha tenido cierto grado de oportunidad en sentido contrario, ya que la decisión, que ya estaba tomada casi dos semanas antes, se ha conocido con posterioridad a la presencia de Mariano Rajoy en Marbella en un acto en el que se consagró la candidatura de Muñoz a la reelección. La noticia en los días previos a la visita del presidente del Gobierno hubiera generado un escenario embarazoso en las filas populares y hubiese sobrevolado sobre un acto en el que el PP situó su candidatura municipal en Marbella al mismo nivel que el de las ocho capitales andaluzas.
El caso, al igual que muchas de las polémicas que se han ido dando en los últimos tiempos en Marbella, ha ido mudando de naturaleza con el paso del tiempo, y aunque su reactivación genera un paisaje de incomodidad a la alcaldesa, resulta evidente que la gravedad de las acusaciones ha menguado desde que el asunto saltó a la palestra.
No debe olvidarse que todo comenzó por el escrito presentado por el colectivo contrario al cambio de lindes con Benahavís que presentaba unos hechos gravísimos y sugería que el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) había sido alterado con nocturnidad para modificar los límites territoriales entre ambos municipios y favorecer los intereses económicos de la familia de Ángeles Muñoz.
Bastó que la causa echara a rodar para que se dejara de hablar de ‘falsificación del PGOU’, aunque algunos miembros de ese colectivo –inasequibles al desaliento– continuaron durante algún tiempo, para que la investigación se centrara en una probable falsedad en las actas del pleno. Es decir, en la posibilidad de que éstas no reflejen exactamente lo que realmente sucedió durante la sesión. La acusación, a la que tras la denuncia del fiscal se sumó el Grupo Municipal Socialista, sostenía una triple hipótesis: que se había realizado cambios en los planos del PGOU y que uno de esos cambios favorecían a los intereses económicos de Ángeles Muñoz; que esos cambios se había ocultado a los concejales, que votaron en esa sesión plenaria sin tener conocimiento de las modificaciones, y que el vicesecretario municipal y la alcaldesa habían actuado de manera coordinada para hacerlo y reflejar en el acta algo que en realidad no había sucedido en el pleno.
La instrucción del caso, especialmente la comparecencia de los testigos, permitió aclarar estos extremos y dio lugar a que el juez decidiera el archivo. La comparecencia del arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras –un urbanista de confianza de la Junta de Andalucía, nada sospechoso de simpatizar con Muñoz ni de tener la más mínima afinidad ideológica con el Partido Popular– permitió confirmar que los cambios del última hora, en concreto el cambio de criterio en relación con las lindes entre Marbella y Benahavís, se realizaron por el equipo redactor y por indicación de la Junta de Andalucía, administración que debía dar su aprobación definitiva al documento. La Consejería de Ordenación del Territorio, según explicó Fustegueras ante el juez, el fiscal y los abogados de todas las partes, comunicó que el PGOU debía ceñirse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Este órgano estableció que hasta tanto se culminara un proceso de alteración de lindes, el nuevo PGOU debía repetir los límites fijados en el documento hasta entonces vigente, el de 1986, que fija los terrenos objeto de la polémica en el término municipal de Benahavís. En su extensa declaración en el juzgado, González Fustegueras fue repetidamente interrogado sobre este asunto y su testimonio resultó contundente y decisivo para que la tesis de una modificación realizada con nocturnidad desde el ámbito municipal quedara descartada.
Durante esa fase de instrucción también llamó la atención que las propias acusaciones no incidieran sobre un aspecto que era esencial para sostener su tesis: la supuesta connivencia entre Ángeles Muñoz y el vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas, para falsear el acta del pleno. Evidentemente, la acusación del Grupo Municipal Socialista pretendía cobrarse la pieza mayor de la alcaldesa y en el camino cayó la imputación de De las Cuevas. Sin embargo, sorprendentemente, cuando el funcionario compareció para declarar, ni el fiscal ni el abogado del PSOE le preguntaron acerca de si había recibido algún tipo de indicación o de sugerencia por parte de Muñoz a la hora de redactar el acta. Si quien acusa no pregunta, la acusación resulta difícil de sostener a la hora de que el instructor tome una decisión. Mucho menos permite a los investigados defenderse de las acusaciones y menos aún de las insinuaciones.
De las Cuevas, el único investigado en esta causa ya que la acusación contra la exconcejala de Urbanismo, Alba Echevarría, se archivó y Ángeles Muñoz es aforada y sólo puede ser investigada por el Tribunal Supremo, falleció el pasado 19 de febrero tras padecer una larga enfermedad.
El auto por el que la Audiencia Provincial ordena ahora que se reabra la causa y se citen a los nuevos testigos propuestos por las acusaciones, señala que descartado queda por determinar si pudo haberse cometido, en la redacción del acta del pleno, un delito de falsedad por imprudencia, ya que la misma no refleja exactamente lo que puede apreciarse en la grabación de la sesión. La Sala sostiene que indiciariamente el acta no se corresponde con la realidad de lo acontecido y aunque se estime, como lo hace el instructor, que no haya habido una conducta dolosa, sí podría haberse cometido una imprudencia. Ordena por eso que se cite como testigos, entre otros, a las funcionarias responsables de transcribir la grabación.
Resulta difícil determinar cuál podría ser la responsabilidad que se cargue sobre Ángeles Muñoz a estas alturas si todo se reduce a un acta mal redactada, pero no por ello la situación deja de ser incómoda para la alcaldesa. Sobre todo si el asunto, que ya se consideraba amortizado, se dilata y llega sin resolverse, y por lo tanto convertido en pólvora electoral, a la próxima campaña, que está a la vuelta de la esquina.

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La echaremos de menos
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Héctor Barbotta | 04-04-2018 | 11:54| 0

Estamos acostumbrados a ver cómo se malgasta dinero público en actuaciones irrelevantes o con más utilidad de propaganda que de beneficio social, cómo parte de ese dinero acaba en bolsillos que no debieran o incluso cómo se destina a fines tan legales como ilegítimos y vergonzantes como las dietas que cobran diputados nacionales y autonómicos en época de vacaciones parlamentarias o el alojamiento de señorías que son propietarias de inmuebles en las ciudades sedes parlamentarias. Algunas de estas situaciones generan escándalo y otras, a fuerza de costumbre, ni la más tímida protesta. Sin embargo, resulta impensable imaginar un paisaje de indiferencia si se descubriera a un cargo público en la improbable situación de coger maletines con dinero público y arrojarlos al mar.
Esta escena se ha producido en los últimos días, ha aparecido la foto en las portadas y sin embargo no ha habido ni la más mínima reacción social, como si el despilfarro en época de escasez fuese aceptable. Tampoco ha habido el menor atisbo de exigencia de explicaciones y responsabilidades por parte de los partidos de oposición, siempre pendientes de la más mínima circunstancia que les permita ejercer su labor pero que en esta ocasión han dejado pasar por alto una situación que supone la peor de las corrupciones, el despilfarro por negligencia de un recurso público de primera necesidad.
Durante toda la semana pasada la presa de La Concepción, de la que se abastece toda la Costa del Sol, ha estado aliviando caudal, que es la forma elegante de decir que ha estado tirando al mar agua dulce. Pese a lo que ha llovido en las últimas semanas no se puede decir que hayamos superado la situación de emergencia en la que se encuentra el sur de la Península en relación con el abastecimiento de agua. Las lluvias han permitido salvar un punto de partido y evitar un verano de restricciones, pero la situación sigue siendo peor que grave y la amenaza de la desertificación sigue vigente y en franco avance.
El agua se ha tirado al mar por una única razón: pese a que hay un anteproyecto de construcción de una nueva presa junto a la ya existente redactado por la Junta de Andalucía, pese a que existe un diagnóstico claro sobre la necesidad de ampliar una infraestructura claramente insuficiente y pese a que el problema del agua es, junto al demográfico, el mayor desafío a medio plazo al que se enfrenta esta país, no hay la más mínima noticia de que el Gobierno tenga la intención de acometer esa obra.
Mientras tanto, se sigue arrojando agua al mar. Podríamos ser optimistas, pero en esta ocasión no es posible. Echaremos de menos esa agua.

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Discusión animal
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Héctor Barbotta | 26-03-2018 | 1:39| 0

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La polémica creada en torno al concurso convocado por el Ayuntamiento para la adjudicación del servicio de retirada de los animales abandonados va camino de convertirse en uno de esos asuntos que periódicamente se instalan en la agenda política del Ayuntamiento, van creciendo sin que nadie pueda asegurar a ciencia cierta cómo es que llegaron hasta ahí y dejan sedimentados mensajes que aunque en casi nada se corresponden con la realidad pueden tener consecuencias políticas de calado.
El asunto surgió hace dos semanas cuando desde la oposición se acusó al equipo de gobierno de haber sumado la retirada de los animales abandonados a la larga lista de servicios públicos que se han externalizado desde que el bipartito PP-OSP se hizo con el control del gobierno municipal. En realidad no se trataba de una nueva privatización, sino de la agrupación en un solo concurso de varios servicios que anteriormente se conveniaban mediante contratos menores también con empresas privadas.
Cuando el equipo de gobierno reveló que lo que había hecho era aglutinar en un concurso diferentes contratos menores, obligado por la nueva ley de contratación del sector público, el asunto no se desactivó, sino que la polémica saltó a otro aspecto que sonaba particularmente tenebroso y que prometía interesantes réditos políticos: la supuesta intención del equipo de gobierno municipal de solucionar vía sacrificio el problema de los animales abandonados.
Este nuevo enfoque de la polémica tocó una fibra sensible en una ciudad que ciertamente se caracteriza por una especial atención a los animales; en parte por la afortunada permeabilidad cultural de una sociedad cosmopolita acostumbrada a asimilar lo mejor de las culturas llegadas de otras geografías y en parte también, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, por la labor que desde hace décadas viene desarrollando la Triple A, uno de los colectivos de mayor implantación, arraigo y prestigio en Marbella que si no existiera obligaría a los poderes públicos a dedicar ingentes cantidades de recursos humanos y materiales a la recogida de animales abandonados.
La polémica, tuvo algo de oportunidad política y mucho de artificial. El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento señalaba en su punto 3.3.2 que una vez recogido un animal abandonado, la empresa adjudicataria deberá tenerlo durante un plazo de diez días en sus instalaciones, «y una vez transcurrido ese plazo, el animal podrá ser cedido en adopción o sacrificado».
La alusión explícita a la posibilidad de que los animales abandonados pudieran ser sacrificados levantó las alarmas, no sólo en los círculos animalistas. Aunque del texto no se podía inferir que el sacrificio fuese el destino obligado de todos los animales recogidos de la vía pública y no reclamados por sus dueños, era la primera vez que un documento oficial mentaba una palabra que levanta ampollas entre los amantes de los animales. El pliego, evidentemente, no fue redactado por un asesor atento a las posibles repercusiones de opinión pública y mucho menos a la corrección política de nuevo cuño, sino por un técnico al que se encomendó una tarea administrativa que permitiera la adjudicación del servicio sin problemas legales posteriores. El técnico se limitó a trasladar al pliego lo que prevé la ley.
De hecho, la comparación con lo que había anteriormente no ofrece en realidad grandes diferencias de fondo. En el expediente de los contratos menores firmados en 2016 por la entonces concejala Ana Isabel González y en 2017 por la también edil socialista Ana Leschiera se incluye la propuesta de Paraíso, la empresa adjudicataria, que en relación a ese apartado señala, en el último párrafo, que «se aplicará la legislación vigente, una vez pasados los días pertinentes, se comunicará al Ayuntamiento de Marbella la finalización de los mismos y se actuará según directrices de éste». La legislación vigente no es otra que la Ley autonómica 11/2003 de Protección de los Animales, que establece en su capítulo VI apartado 3 que «corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados».
Cuando el equipo de gobierno municipal comprendió que se había cometido una torpeza política al sacar el pliego con la palabra ‘sacrificio’ y se apresuró a aclarar que no había cambios de fondo ni tampoco la adopción de una política de exterminio de animales, la polémica ya estaba instalada y preparada para dar un nuevo salto.
El pasado martes el concejal de Sanidad, Carlos Alcalá, convocó una rueda prensa para aclarar estos aspectos, pero no se puede decir que el movimiento le saliera bien. Un antiguo directivo de la Triple A se presentó en la sala y desde una de las sillas reservadas a los periodistas se ensarzó en una viva discusión que el edil, torpemente, no quiso o no supo cortar. La discusión fue oportunamente grabada y subida a las redes sociales y reflejó que la discrepancia había cambiado de eje. Ya no era que se privatizaba un servicio que desde hace años venía siendo prestado por una empresa, ni que el equipo de gobierno tuviera un plan secreto que supondría el holocausto canino en Marbella, sino que se marginaba a la Triple A de su histórica labor de retirada y acogida de animales domésticos abandonados.
Ese mismo día, los socialistas reclamaron la retirada del pliego y puede asegurarse que la polémica no menguó hasta que Ángeles Muñoz tomó cartas en el asunto, convocó a una reunión a la Triple A, le dio garantías de que su relación con el Ayuntamiento –entiéndase subvenciones para seguir realizando su labor– no se alteraría y anunció la retirada del pliego. El próximo seguramente servirá para lo mismo y tendrá efectos idénticos, pero no incluirá la palabra maldita.
Como balance queda la agilidad y el olfato de la oposición para instalar una cuestión que podría haber pasado inadvertida y que acabó suponiendo un duro desgaste para el equipo de gobierno, la lentitud de reflejos de éste para reaccionar a esa jugada y la orfandad de dirección política que experimenta el ayuntamiento cada vez que un asunto de cierta trascendencia no pasa por las manos de la alcaldesa. Toda una advertencia para el año que resta hasta las elecciones.

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Modelos
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Héctor Barbotta | 26-03-2018 | 1:34| 0

Los propietarios de lo que en otros tiempos fue el hotel Don Miguel, el más grande de Marbella, comenzarán en pocas semanas las obras de reconstrucción del edificio, que será recuperado para el turismo. Club Med regresa a España y a la Costa del Sol con este proyecto, un ‘todo incluido’ de alta gama. Antes de que acabe este mes abrirá en Puente Romano el hotel Nobu, que trae a la Costa del Sol la división hotelera de esa marca asociada a la gastronomía del más alto nivel. El proyecto plasmará una fórmula hasta ahora inédita en la provincia de Málaga, la de ‘hotel dentro de un hotel’, que permite segmentar la oferta y llegar de esa manera a nichos de mercado hasta ahora de difícil acceso.
Esta semana se ha conocido también que la cadena de lujo Ikos realizará en Estepona una inversión de 150 millones, tras la compra del hotel Princess, para la puesta en marcha también de un ‘todo incluido’. Asimismo, en un acto celebrado en Hong Kong la semana pasada, los promotores del complejo hotelero que traerá a Marbella a la marca de lujo ‘W’ presentaron su proyecto arquitectónico. Prevén abrir en el verano de 2021.
A pesar de que buena parte de los extraordinarios resultados turísticos de los últimos años se han atribuido en parte a cuestiones coyunturales, concretamente a los conflictos armados y a la amenaza terrorista en otros destinos mediterráneos, estas apuestas inversoras demuestran la solidez y el atractivo de la Costa del Sol.
No parece tratarse, ninguno de los conocidos estos días, de proyectos basados en las circunstancias concretas de un momento que pueden cambiar de un año para otro –de hecho hay destinos al sur del Mediterráneo que empiezan a mostrar síntomas de recuperación–, sino de propósitos que demuestran confianza de largo plazo en el destino.
En los últimos años, durante la crisis y también a partir del modelo en el que se ha sustentado la recuperación, las condiciones de trabajo en el sector turístico han sufrido un proceso de degradación que ha supuesto la normalización de figuras que hasta entonces formaban parte de la marginalidad de las empresas hoteleras, como los servicios externalizados con trabajadores sin derechos o las ‘kellys’, camareras de piso en una situación de explotación inasumible para una sociedad que quiera ser capaz de mirarse al espejo sin avergonzarse.
Estaría bien tener elementos para llegar al convencimiento de que estos nuevos proyectos que se anuncian y que ilusionan a toda la Costa del Sol no sustentarán sus modelos de negocio en esas situaciones inaceptables y sí en relaciones laborales acordes a la calidad que pretenden ofrecer a sus clientes.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella