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Autor: HectorBarbotta
Se buscan espías
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Héctor Barbotta | 04-08-2008 | 12:28| 0

Posiblemente un empacho veraniego de series policiales (clase B) y de programas de paparazzis fantasmas contando batallitas pusieron la base, y el desmedido afán por hacer méritos con el jefe, la puntilla.
El caso es que una funcionaria judicial con sobredosis de celo confundió el jueves pasado la voz del dirigente de Izquierda Unida Diego Valderas que salía de la grabadora de una reportera con la de Roca, que en ese momento prestaba declaración, y se montó una película de espías. Vendió al juez la versión de que los periodistas estaban grabando la declaración no se sabe con que mecanismo parabólico y el magistrado acabó citando en su despacho, con mucho de prepotencia y nada de educación, a los nueve reporteros que hacían en ese momento guardia a las puertas del Juzgado.

Es verdad que los juzgados de Marbella no han sido en los últimos tiempos un dechado de virtudes. Un funcionario está procesado por pasar información a Roca, y la investigación del ‘caso Urquía’ demostró que el juez seguía estando al tanto, una vez ya separado de su cargo, de los últimos detalles de un asunto que había instruido. Por ello, no está mal que el juez que retuvo a los periodistas, Ricardo Puyol, busque espías en los juzgados de Marbella. Pero debería afinar la puntería. El jueves pasado erró de lleno, porque si se atienden los antecedentes, bien haría en mirar a su alrededor.
Es para troncharse de risa. Podríamos reflexionar sobre por qué un juez malhumorado puede disponer de la libertad de nueve personas durante 45 minutos con una excusa de ciencia ficción, sobre el exceso de protagonismo que les gusta asumir a quienes más denostan a la prensa y dificultan su trabajo, sobre cómo se ejerce la autoridad mal entendida sobre ciudadanos indefensos y hasta sobre por qué no se incluye algún test psicotécnico en las oposiciones para funcionario judicial. Pero mejor no. Elijamos troncharnos de risa.

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Las malas compañías a veces (casi siempre) salen caras
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Héctor Barbotta | 28-07-2008 | 6:01| 0

Uno de los peores errores que se pueden cometer es el de no saber elegir las compañías. A veces el error se detecta a tiempo y se puede rectificar. En otras ocasiones, cuando el afectado se da cuenta ya es demasiado tarde.
Es difícil saber qué pasó por la cabeza del juez Francisco de Urquía cuando en el juicio que esta semana se celebró en Granada contra él mismo, su amigo Arnaud Fabrice A. el ex hombre fuerte de la ciudad, Juan Antonio Roca, este último exculpó a Arnaud y cargó toda la culpa sobre el magistrado. Posiblemente se trata de una lección que el juez ha aprendido tarde, si es que lo ha hecho, pero en ciertos ambientes no existen los amigos, sino los cómplices o en todo caso los socios, y los favores nunca salen gratis.

Tanto el sumario del caso que investiga los posibles favores judiciales de De Urquía a Roca a cambio de dinero –cuyo juicio se celebró la semana pasada en Granada– como el que investiga la actuación del juez durante la instrucción del ‘caso Hidalgo’ sitúan a Arnaud como un presunto intermediario. Un conseguidor.
Durante las tres sesiones del juicio, Roca y Urquía no se dirigieron la palabra, pero Arnaud demostró que se lleva tan bien con uno como con otro. Intercambió sonrisas y conversaciones apartadas con ambos, y desplegó todo su repertorio de relaciones públicas de discoteca hasta con la agente judicial, a quien surtió de botellas de agua fresca a lo largo de una de las calurosas sesiones. Con la sonrisa en la boca y el traje impecable. No sabemos si Roca y De Urquía se reconciliarán en el futuro, pero si lo hacen ya sabemos quién será el intermediario.
En los juicios se acabará decidiendo si el papel que este personaje jugó en las tramas que se investigan es punible o no. Pero antes de conocer el resultado de las sentencias ya se puede avanzar que en algunos rincones de Marbella es mejor salir corriendo cuando alguien se ofrece a conseguir algo desinteresadamente. Y que cuando uno mismo no es capaz de conseguir lo que desea, mejor es abstenerse que recurrir a un conseguidor.

Pero si algo llamó la atención en el juicio fue la intervención final de Roca, cuando advirtió de que «a partir de ahora» va a decir siempre la verdad aunque le perjudique. De su alegato pueden resaltarse dos cuestiones: una es que si cuando va a decir la verdad es a partir de ahora, ello supone reconocer que hasta este momento no ha hecho otra cosa que contar mentiras. Ya lo suponíamos. La segunda es que la primera vez que supuestamente ha dicho la verdad le ha resultado rentable. La presunta confesión de que pagó al juez personalmente, sin intermediarios, 73.000 euros no sólo le ha valido para intentar apartar a su amigo Arnaud de la causa, sino sobre todo para que el fiscal le rebajara la petición de tres a un año de cárcel. De momento, la coletilla «aunque me perjudique» no deja de ser retórica.
Hay quien ha leído en la declaración de Roca la amenaza de tirar de la manta en la apretada agenda judicial que le espera durante los próximos años. Pero de momento suena a bravuconada. Una más.

Y es que el personal comienza a estar con la mosca detrás de la oreja cuando al mismo tiempo que la Fiscalía niega haber pactado con Roca para conseguir un testimonio que sirviera como prueba para condenar al juez De Urquía, el propio Roca y Julián Muñoz aceptaban la pena propuesta por el caso Belmonsa y se reactivaba el pacto por los delitos urbanísticos con la firma de conformidad de seis ex concejales del GIL, entre ellos el propio Julián Muñoz, para aceptar condenas y evitar los juicios en ocho causas urbanísticas.
Aun reconociendo que la celebración de los juicios obligaría a gastar recursos que no sobran para llegar posiblemente al mismo resultado, ¿no son mejores la luz y los taquígrafos cuando se tratan causas en las que la perjudicada es un ciudad entera y donde no debe quedar nada sin esclarecer?

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Cuando alguien no se cree lo que dice
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Héctor Barbotta | 22-07-2008 | 12:00| 0

A veces la comunicación entre administraciones no funcionan con la fluidez que sería necesaria, pero cuando lo que falla en apariencia son las comunicaciones dentro de la misma administración es que tenemos un problema, y que el problema puede que no sea sólo la comunicación.
El informe de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el PGOU de Marbella obliga a reducir en unas cuatro mil viviendas las previsiones de crecimiento de la ciudad para los próximos años. De 18.000 a 14.000 pisos. El número de viviendas previstas no es un asunto menor cuando se elabora un Plan General. Por el contrario, ni aún al más neófito se le escapa que se trata de un aspecto esencial, no secundario.

Por eso, no deja de llamar la atención que en este tema, el informe de impacto ambiental redactado en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía haya rectificado al Plan General redactado bajo la dirección de y presentado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, después de que esta administración retirara las competencias urbanísticas en diciembre de 2005 al ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe.
Pero las evidentes diferencias de criterio no son sólo entre dos consejerías de la misma administración. En el Plan se utilizó un baremo de dos personas por vivienda, mientras que el informe medioambiental establece que debe usarse el de 2,7, que es el que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), documento impulsado por y redactado bajo la dirección de la Consejería de Obras Públicas. En síntesis: que esta consejería aplicó un criterio para la redacción del POTA y otro, si se quiere más laxo, para el PGOU de Marbella. Medio Ambiente se limitó a dar por bueno el criterio del POTA y exigir su aplicación en Marbella. La incoherencia habrá que buscarla en otro lado.

A esta altura es necesario volver al principio, comprobar que efectivamente tenemos un problema e intentar detectar qué problema tenemos. La posibilidad de que el teléfono entre las consejerías no funcione debe descartarse, y habría que comenzar a pensar que lo que no funciona es la coordinación dentro de la propia Consejeria de Obras Públicas, hoy devenida en dos consejerías.
Pero quizás el asunto es más sencillo: posiblemente ni los propios redactores del POTA se crean su contenido, hasta el punto que se lo saltan a la torera apenas se les presenta la primera oportunidad. Y la primera oportunidad se ha presentado con el PGOU de Marbella, donde además de dibujar una ciudad de ensueño sobre el papel, lo que debía hacerse era solucionar la pesadilla heredada del GIL.

La alcaldesa, que la semana pasada se reunió con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, dijo tras conocer el contenido del informe ambiental que no se trata de recortar el crecimiento previsto para el futuro, sino de buscarle acomodo en el nuevo Plan a las viviendas que ya existen, aunque no aparezcan por ningún lado en la ordenación legal.
Como siempre, en su papel, Ángeles Muñoz rezumó optimismo y se mostró confiada en que después de este desaguisado la Junta finalmente aprobará el Plan tal como y está y –lo que acertadamente o no ya parece lo más importante a esta altura de los acontecimientos–, que lo hará sin nuevos retrasos.
Sin embargo, de todo este asunto cabe hacerse una pregunta: si las viviendas nuevas que figuran en el Plan para los próximos ocho años, sean éstas 18.000 o 14.000, no son en realidad nuevas sino las viejas que deben legalizarse, ¿significa que lo que habrá es una moratoria durante todo ese tiempo? 16 años sin poner un ladrillo es un escenario que no cabe en ninguna cabeza.

Por eso no estaría de más que alguien aclarara cuanto antes ese punto, porque ni aún el más pesimista puede suponer que la situación actual del ladrillo va a acompañarnos hasta 2016.
De momento, la crisis se ha llevado por delante a Martinsa-Fadesa, y con ella a gran parte de las posibilidades que la ciudad tenía de acceder a la extraordinaria compensación ya pactada e incluida en el Plan por las cerca de 1.400 viviendas ilegales que la promotora construyó en la ciudad durante los años del gilismo. Más de 100.000 metros cuadrados de suelo que ahora están en el aire. A ver a quién hay que reclamárselos.

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Atrapados por un fax
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Héctor Barbotta | 14-07-2008 | 12:32| 0

Pocas veces han llovido en este periódico tantos mensajes de lectores indignados, y seguramente pocas veces ha habido tanto motivo para la indignación. Miles de conductores atascados durante horas en pleno verano. No por un accidente, sino por la desidia de una administración y la falta de escrúpulos de una empresa
El monumental atasco provocado el pasado lunes por la caída de un puente peatonal, la tardía reacción de Fomento, la falta de coordinación y, sobre todo, la irresponsabilidad de los gestores de la autopista de peaje, no sólo puso de manifiesto la ausencia de un protocolo capaz de dar respuesta a un incidente de este tipo –que no es al primera vez que ocurre–, sino también cuáles son las consecuencias que se desencadenan cuando lo público cede su espacio a lo privado sin la suficiente reserva de garantías.

Repasemos lo sucedido: a las cinco menos cuarto un camión derrumbó una pasarela peatonal en la autovía a la altura de Calahonda. La Guardia Civil comenzó a desviar el tráfico hacia la autopista de peaje, pero el paso no quedó completamente liberado hasta las nueve menos diez de la noche. Cuatro horas de infierno. Miles de conductores atrapados, aviones y trenes perdidos, la imagen de la Costa del Sol revolcada por los suelos y la doble fortuna de que no hubiese una ambulancia con un enfermo grave en medio del atasco y de que la paciencia y el civismo se hayan impuesto a pesar del calor sofocante y del clamoroso desprecio al personal del que hicieron gala Fomento y la empresa concesionaria. En medio, el juego del teléfono: Tráfico le informa de la situación a la Subdegelación del Gobierno y la Subdelegación del Gobierno se lo comunica a Fomento. Fomento reconoce que se lo comunica a los gestores de la autopista dos horas después, y los gestores de la autopista dicen que no fueron dos horas después, sino tres horas después. Y que las barreras sólo se levantaron cuando llegó un fax de Fomento. No un sms, no un correo electrónico, no una llamada telefónica. Un fax. Hay explicaciones que sería mejor no escuchar.

Es que en el fondo da igual que fueran dos o tres horas después cuando lo importante es que a esta altura del siglo el sistema establecido para liberar el peaje sea de hace dos décadas. Y más aún, que dependa de un fax en lugar de depender del volumen del atasco formado. La concesión a empresas privadas de la gestión de servicios públicos debería hacerse, si se hace, con las limitaciones que marca el sentido común. No parece que éste sea el caso.
Quienes se obstinan en el optimismo podrían pensar que el infierno sufrido servirá para que la próxima vez haya soluciones. Posiblemente no estamos en esa situación.
No es esta la primera vez que sucede algo así. El pasado puente de la Constitución un camión volcó a la altura de la Cala de Mijas y causó atascos de 20 kilómetros. La situación no fue peor que la de esta semana. Pero es que hace menos de cinco años, en diciembre de 2003, el mismo paso peatonal que se derrumbó el lunes pasado sufrió un incidente idéntico. También fue idéntico el caos de tráfico formado. ¿Por qué pensar que va a ser diferente la próxima vez? ¿Se va a acabar algún día con la fragilidad de las comunicaciones en una zona en la que viven más de un millón de personas y a la que una y otra vez se la define desde los estamentos públicos como ‘el motor económico de Andalucía’?

La misma fragilidad que año tras año demuestran las playas. Esta semana pudo verse la ridícula estampa del barco draga echando arena a doscientos metros de la costa, donde yacían sin esparcirse los montículos de material depositados por los camiones. Todo en mitad de julio, bien entrada la temporada de verano. Desde la Junta han asegurado que estudian expedientar a la empresa propietaria del barco por incumplir el contrato al no haber respetado los plazos de ejecución y haber vertido arena al mar. En muchos lugares del planeta (aquí también) derrochar agua es un crimen. Pero es que en Marbella tampoco estamos sobrados de arena.

De lo que sí ha estado sobrada la ciudad durante demasiados años es de chorizos. Esta semana se ha conocido el informe definitivo del Tribunal de Cuentas relativo a los años 2002-2006, el periodo final del gilismo. La traca final del saqueo. El informe, más de 200 páginas, 15 anexos, no cuenta nada que, desgraciadamente, no se supiera antes en cuanto a los métodos. Lo que sí da son cifras concretas. 335 millones de euros de deuda acumulados en cuatro años, y 250 millones de euros desviados a través de las sociedades municipales para escapar a cualquier clase de control. Es mucho más fácil destruir que construir. La deuda acumulada en cuatro años, la ciudad deberá arrastrarla durante mucho tiempo más.

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La peligrosa desidia que nos trajo hasta aquí
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Héctor Barbotta | 07-07-2008 | 11:31| 0

Las réplicas de la malayita de Estepona todavía hacen temblar el suelo del litoral de esta parte de la provincia y recuerdan que, desgraciadamente, las miserias político-urbanísticas no son patrimonio acotado de una sola ciudad. No hay exclusividad, aunque sin embargo es posible que no sea aventurado buscar un origen sino ideológico, sí de metodología en la aventura político-delincuencial puesta en marcha por Jesús Gil hace 17 años que inauguró una forma de actuar en lo público que se extendió durante demasiado tiempo como un tumor, en sus comienzos sencillamente extirpable pero que la desidia político-institucional permitió que se convirtiera en una metástasis con grave peligro para el cuerpo social.
En la localidad vecina los esfuerzos se dedican ahora a diferenciar qué es paja y qué trigo, y sobre todo, a ver cómo se gobierna una corporación que ya amenaza con tener más tránsfugas que concejales y cuya viabilidad, con tres años por delante, se dibuja al menos difícil. Mientras tanto, el personal agota su capacidad de sorpresa y comienza a preguntarse en qué otro punto del litoral volverá a fotografiarse a un alcalde esposado mientras es conducido a prestar declaración.

El personal puede preguntarse también qué hubiera pasado, y cuántos disgustos y millones se hubiesen ahorrado, con una actuación a tiempo de las instituciones, 17 años atrás, que dejara claro que los ayuntamientos no eran terreno abonado para la imposición de la cleptocracia.
Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el ‘caso Saqueo’ no hubiese tenido una instrucción interminable que ahora sí parece llegar a su fin. La Audiencia Nacional ha fijado para finales de septiembre y principios de octubre los nueve días en los que se desarrollará la vista de uno de los asuntos pioneros que debió sentar años atrás a Jesús Gil y algunos de sus secuaces en el banquillo. El juicio llega tarde para el ex alcalde, y también llega tarde para establecer un precedente que podría haber disuadido a gilitos y aprendices y dado aliento a quienes se cansaron de denunciar. Sin embargo, es de esperar que sirva al menos para hacer justicia con el resto de los imputados, entre los que se encuentra Juan Antonio Roca –en prisión por esta causa desde el pasado mes de abril–, y sobre todo con el Ayuntamiento de Marbella, al que los acusados le birlaron, presuntamente, 36 millones de euros durante los primeros años del regimen mafioso.

Una cifra sensiblemente menor, pero seguramente también millonaria, es la que alcanzará el chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que saldrá a subasta pública el próximo 23 de septiembre, según una reciente decisión judicial. Símbolo del esperpento que reinó en Marbella durante los últimos años, el chalé –que el juez ha valorado inicialmente en 1,9 millones de euros– fue escenario de una tragicomedia chusca en la que se entremezclaron asuntos privados y públicos y que ahora posiblemente llega a su fin. La subasta forma parte del proceso iniciado por el impago de las obras de reforma de la vivienda, que también derivó en un proceso penal que continúa abierto.

Lo que tampoco parece tener fin es la precariedad de las dotaciones públicas de la ciudad, que sorprende a los visitantes y aburre a los vecinos. Educación anunció esta semana que mantendrá aulas prefabricadas en dos colegios para poder cubrir la demanda de plazas escolares, a la espera de que la crónica falta de equipamiento público heredada de los años oscuros deje lugar a una infraestructura, en este caso educativa, acorde a las necesidades de la ciudad.

Seguramente los miles de visitantes que, por suerte, ya abarrotan de nuevo Marbella difícilmente supondrían que en una ciudad con este nivel de servicios privados haya tal carencia de servicios públicos. Aunque posiblemente ya lo hayan comenzado a imaginar al observar, ya en pleno mes de julio, la playa de La Fontanilla llena de tuberías al descubierto y escasa de arena. Después de varios meses de dimes y diretes sobre cómo regenerar el litoral, y tras comprobar que el barco draga enviado por Costas permanecía averiado y con los tubos depositados en la playa, el Ayuntamiento decidió esta semana aportar arena mediante camiones. La tardía solución llega en verano, con los turistas pretendiendo disfrutar. Los responsables de las instituciones, de todas, deberían recordar que fue gracias a dislates como estos, fruto de la más absurda ineficacia de los gestores públicos, que la mafia encontró 17 años atrás un hueco electoral donde colar el tramposo proyecto que creó escuela y nos trajo hasta aquí.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella