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Autor: HectorBarbotta
Cuando alguien no se cree lo que dice
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Héctor Barbotta | 22-07-2008 | 12:00| 0

A veces la comunicación entre administraciones no funcionan con la fluidez que sería necesaria, pero cuando lo que falla en apariencia son las comunicaciones dentro de la misma administración es que tenemos un problema, y que el problema puede que no sea sólo la comunicación.
El informe de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el PGOU de Marbella obliga a reducir en unas cuatro mil viviendas las previsiones de crecimiento de la ciudad para los próximos años. De 18.000 a 14.000 pisos. El número de viviendas previstas no es un asunto menor cuando se elabora un Plan General. Por el contrario, ni aún al más neófito se le escapa que se trata de un aspecto esencial, no secundario.

Por eso, no deja de llamar la atención que en este tema, el informe de impacto ambiental redactado en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía haya rectificado al Plan General redactado bajo la dirección de y presentado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, después de que esta administración retirara las competencias urbanísticas en diciembre de 2005 al ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe.
Pero las evidentes diferencias de criterio no son sólo entre dos consejerías de la misma administración. En el Plan se utilizó un baremo de dos personas por vivienda, mientras que el informe medioambiental establece que debe usarse el de 2,7, que es el que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), documento impulsado por y redactado bajo la dirección de la Consejería de Obras Públicas. En síntesis: que esta consejería aplicó un criterio para la redacción del POTA y otro, si se quiere más laxo, para el PGOU de Marbella. Medio Ambiente se limitó a dar por bueno el criterio del POTA y exigir su aplicación en Marbella. La incoherencia habrá que buscarla en otro lado.

A esta altura es necesario volver al principio, comprobar que efectivamente tenemos un problema e intentar detectar qué problema tenemos. La posibilidad de que el teléfono entre las consejerías no funcione debe descartarse, y habría que comenzar a pensar que lo que no funciona es la coordinación dentro de la propia Consejeria de Obras Públicas, hoy devenida en dos consejerías.
Pero quizás el asunto es más sencillo: posiblemente ni los propios redactores del POTA se crean su contenido, hasta el punto que se lo saltan a la torera apenas se les presenta la primera oportunidad. Y la primera oportunidad se ha presentado con el PGOU de Marbella, donde además de dibujar una ciudad de ensueño sobre el papel, lo que debía hacerse era solucionar la pesadilla heredada del GIL.

La alcaldesa, que la semana pasada se reunió con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, dijo tras conocer el contenido del informe ambiental que no se trata de recortar el crecimiento previsto para el futuro, sino de buscarle acomodo en el nuevo Plan a las viviendas que ya existen, aunque no aparezcan por ningún lado en la ordenación legal.
Como siempre, en su papel, Ángeles Muñoz rezumó optimismo y se mostró confiada en que después de este desaguisado la Junta finalmente aprobará el Plan tal como y está y –lo que acertadamente o no ya parece lo más importante a esta altura de los acontecimientos–, que lo hará sin nuevos retrasos.
Sin embargo, de todo este asunto cabe hacerse una pregunta: si las viviendas nuevas que figuran en el Plan para los próximos ocho años, sean éstas 18.000 o 14.000, no son en realidad nuevas sino las viejas que deben legalizarse, ¿significa que lo que habrá es una moratoria durante todo ese tiempo? 16 años sin poner un ladrillo es un escenario que no cabe en ninguna cabeza.

Por eso no estaría de más que alguien aclarara cuanto antes ese punto, porque ni aún el más pesimista puede suponer que la situación actual del ladrillo va a acompañarnos hasta 2016.
De momento, la crisis se ha llevado por delante a Martinsa-Fadesa, y con ella a gran parte de las posibilidades que la ciudad tenía de acceder a la extraordinaria compensación ya pactada e incluida en el Plan por las cerca de 1.400 viviendas ilegales que la promotora construyó en la ciudad durante los años del gilismo. Más de 100.000 metros cuadrados de suelo que ahora están en el aire. A ver a quién hay que reclamárselos.

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Atrapados por un fax
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Héctor Barbotta | 14-07-2008 | 12:32| 0

Pocas veces han llovido en este periódico tantos mensajes de lectores indignados, y seguramente pocas veces ha habido tanto motivo para la indignación. Miles de conductores atascados durante horas en pleno verano. No por un accidente, sino por la desidia de una administración y la falta de escrúpulos de una empresa
El monumental atasco provocado el pasado lunes por la caída de un puente peatonal, la tardía reacción de Fomento, la falta de coordinación y, sobre todo, la irresponsabilidad de los gestores de la autopista de peaje, no sólo puso de manifiesto la ausencia de un protocolo capaz de dar respuesta a un incidente de este tipo –que no es al primera vez que ocurre–, sino también cuáles son las consecuencias que se desencadenan cuando lo público cede su espacio a lo privado sin la suficiente reserva de garantías.

Repasemos lo sucedido: a las cinco menos cuarto un camión derrumbó una pasarela peatonal en la autovía a la altura de Calahonda. La Guardia Civil comenzó a desviar el tráfico hacia la autopista de peaje, pero el paso no quedó completamente liberado hasta las nueve menos diez de la noche. Cuatro horas de infierno. Miles de conductores atrapados, aviones y trenes perdidos, la imagen de la Costa del Sol revolcada por los suelos y la doble fortuna de que no hubiese una ambulancia con un enfermo grave en medio del atasco y de que la paciencia y el civismo se hayan impuesto a pesar del calor sofocante y del clamoroso desprecio al personal del que hicieron gala Fomento y la empresa concesionaria. En medio, el juego del teléfono: Tráfico le informa de la situación a la Subdegelación del Gobierno y la Subdelegación del Gobierno se lo comunica a Fomento. Fomento reconoce que se lo comunica a los gestores de la autopista dos horas después, y los gestores de la autopista dicen que no fueron dos horas después, sino tres horas después. Y que las barreras sólo se levantaron cuando llegó un fax de Fomento. No un sms, no un correo electrónico, no una llamada telefónica. Un fax. Hay explicaciones que sería mejor no escuchar.

Es que en el fondo da igual que fueran dos o tres horas después cuando lo importante es que a esta altura del siglo el sistema establecido para liberar el peaje sea de hace dos décadas. Y más aún, que dependa de un fax en lugar de depender del volumen del atasco formado. La concesión a empresas privadas de la gestión de servicios públicos debería hacerse, si se hace, con las limitaciones que marca el sentido común. No parece que éste sea el caso.
Quienes se obstinan en el optimismo podrían pensar que el infierno sufrido servirá para que la próxima vez haya soluciones. Posiblemente no estamos en esa situación.
No es esta la primera vez que sucede algo así. El pasado puente de la Constitución un camión volcó a la altura de la Cala de Mijas y causó atascos de 20 kilómetros. La situación no fue peor que la de esta semana. Pero es que hace menos de cinco años, en diciembre de 2003, el mismo paso peatonal que se derrumbó el lunes pasado sufrió un incidente idéntico. También fue idéntico el caos de tráfico formado. ¿Por qué pensar que va a ser diferente la próxima vez? ¿Se va a acabar algún día con la fragilidad de las comunicaciones en una zona en la que viven más de un millón de personas y a la que una y otra vez se la define desde los estamentos públicos como ‘el motor económico de Andalucía’?

La misma fragilidad que año tras año demuestran las playas. Esta semana pudo verse la ridícula estampa del barco draga echando arena a doscientos metros de la costa, donde yacían sin esparcirse los montículos de material depositados por los camiones. Todo en mitad de julio, bien entrada la temporada de verano. Desde la Junta han asegurado que estudian expedientar a la empresa propietaria del barco por incumplir el contrato al no haber respetado los plazos de ejecución y haber vertido arena al mar. En muchos lugares del planeta (aquí también) derrochar agua es un crimen. Pero es que en Marbella tampoco estamos sobrados de arena.

De lo que sí ha estado sobrada la ciudad durante demasiados años es de chorizos. Esta semana se ha conocido el informe definitivo del Tribunal de Cuentas relativo a los años 2002-2006, el periodo final del gilismo. La traca final del saqueo. El informe, más de 200 páginas, 15 anexos, no cuenta nada que, desgraciadamente, no se supiera antes en cuanto a los métodos. Lo que sí da son cifras concretas. 335 millones de euros de deuda acumulados en cuatro años, y 250 millones de euros desviados a través de las sociedades municipales para escapar a cualquier clase de control. Es mucho más fácil destruir que construir. La deuda acumulada en cuatro años, la ciudad deberá arrastrarla durante mucho tiempo más.

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La peligrosa desidia que nos trajo hasta aquí
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Héctor Barbotta | 07-07-2008 | 11:31| 0

Las réplicas de la malayita de Estepona todavía hacen temblar el suelo del litoral de esta parte de la provincia y recuerdan que, desgraciadamente, las miserias político-urbanísticas no son patrimonio acotado de una sola ciudad. No hay exclusividad, aunque sin embargo es posible que no sea aventurado buscar un origen sino ideológico, sí de metodología en la aventura político-delincuencial puesta en marcha por Jesús Gil hace 17 años que inauguró una forma de actuar en lo público que se extendió durante demasiado tiempo como un tumor, en sus comienzos sencillamente extirpable pero que la desidia político-institucional permitió que se convirtiera en una metástasis con grave peligro para el cuerpo social.
En la localidad vecina los esfuerzos se dedican ahora a diferenciar qué es paja y qué trigo, y sobre todo, a ver cómo se gobierna una corporación que ya amenaza con tener más tránsfugas que concejales y cuya viabilidad, con tres años por delante, se dibuja al menos difícil. Mientras tanto, el personal agota su capacidad de sorpresa y comienza a preguntarse en qué otro punto del litoral volverá a fotografiarse a un alcalde esposado mientras es conducido a prestar declaración.

El personal puede preguntarse también qué hubiera pasado, y cuántos disgustos y millones se hubiesen ahorrado, con una actuación a tiempo de las instituciones, 17 años atrás, que dejara claro que los ayuntamientos no eran terreno abonado para la imposición de la cleptocracia.
Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el ‘caso Saqueo’ no hubiese tenido una instrucción interminable que ahora sí parece llegar a su fin. La Audiencia Nacional ha fijado para finales de septiembre y principios de octubre los nueve días en los que se desarrollará la vista de uno de los asuntos pioneros que debió sentar años atrás a Jesús Gil y algunos de sus secuaces en el banquillo. El juicio llega tarde para el ex alcalde, y también llega tarde para establecer un precedente que podría haber disuadido a gilitos y aprendices y dado aliento a quienes se cansaron de denunciar. Sin embargo, es de esperar que sirva al menos para hacer justicia con el resto de los imputados, entre los que se encuentra Juan Antonio Roca –en prisión por esta causa desde el pasado mes de abril–, y sobre todo con el Ayuntamiento de Marbella, al que los acusados le birlaron, presuntamente, 36 millones de euros durante los primeros años del regimen mafioso.

Una cifra sensiblemente menor, pero seguramente también millonaria, es la que alcanzará el chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que saldrá a subasta pública el próximo 23 de septiembre, según una reciente decisión judicial. Símbolo del esperpento que reinó en Marbella durante los últimos años, el chalé –que el juez ha valorado inicialmente en 1,9 millones de euros– fue escenario de una tragicomedia chusca en la que se entremezclaron asuntos privados y públicos y que ahora posiblemente llega a su fin. La subasta forma parte del proceso iniciado por el impago de las obras de reforma de la vivienda, que también derivó en un proceso penal que continúa abierto.

Lo que tampoco parece tener fin es la precariedad de las dotaciones públicas de la ciudad, que sorprende a los visitantes y aburre a los vecinos. Educación anunció esta semana que mantendrá aulas prefabricadas en dos colegios para poder cubrir la demanda de plazas escolares, a la espera de que la crónica falta de equipamiento público heredada de los años oscuros deje lugar a una infraestructura, en este caso educativa, acorde a las necesidades de la ciudad.

Seguramente los miles de visitantes que, por suerte, ya abarrotan de nuevo Marbella difícilmente supondrían que en una ciudad con este nivel de servicios privados haya tal carencia de servicios públicos. Aunque posiblemente ya lo hayan comenzado a imaginar al observar, ya en pleno mes de julio, la playa de La Fontanilla llena de tuberías al descubierto y escasa de arena. Después de varios meses de dimes y diretes sobre cómo regenerar el litoral, y tras comprobar que el barco draga enviado por Costas permanecía averiado y con los tubos depositados en la playa, el Ayuntamiento decidió esta semana aportar arena mediante camiones. La tardía solución llega en verano, con los turistas pretendiendo disfrutar. Los responsables de las instituciones, de todas, deberían recordar que fue gracias a dislates como estos, fruto de la más absurda ineficacia de los gestores públicos, que la mafia encontró 17 años atrás un hueco electoral donde colar el tramposo proyecto que creó escuela y nos trajo hasta aquí.

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La balanza del PGOU ya se inclina
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Héctor Barbotta | 02-06-2008 | 7:56| 0

«Esta bomba no estallará en mis manos». No es difícil imaginarse a Ángeles Muñoz en plan Escarlata O’Hara, poniendo a Dios como testigo de que no será ella quien cargue con el coste político del Plan General. Hace tiempo que la alcaldesa se hizo a sí misma esa promesa. Posiblemente desde que se vio obligada desde su mayoría absoluta a aprobar un Plan redactado por la Junta para evitar que se la acusara de eternizar la situación de incertidumbre heredada del GIL. 
Esta semana se conocieron algunas pistas de cómo tiene previsto cumplir su promesa. No la que hizo a los electores, que también, sino a sí misma: «No seré yo quien se trague este sapo».
El Ayuntamiento de Marbella recorre la fase final de la tramitación del PGOU y la resolución de las cerca de nueve mil alegaciones pone al equipo de gobierno ante la obligación de tomar una decisión. O se defienden los intereses comunes y se reclama hasta el último centímetro de suelo que los promotores le hurtaron a la ciudad con la complicidad de la pandilla que gobernaba bajo la sigla GIL o se defiende a los propietarios de los pisos que se niegan a hacerse cargo de la deuda una vez que los promotores han huído con el botín. Para la primera opción basta con asumir el Plan de la Junta sin cambiar una coma y comenzar la desgastante tarea de hacer realidad lo que ahora es una ciudad de las maravillas pintada en un plano. La segunda requiere buscar una fórmula que permita camuflar más o menos dignamente un borrón y cuenta nueva. Entre el derecho de la ciudad a recuperar lo perdido y el de los llamados ‘compradores de buena fe’ de pisos ilegales a que esas cargas no pesen sobre ellos, el equipo de gobierno municipal ha optado decididamente por defender el segundo. 
Su postura es la de buscar en el desarrollo del nuevo Plan los terrenos necesarios para los equipamientos públicos. Es decir, no cobrar la deuda de suelo pendiente. 
público o privado
Entre la preservación de lo público (cuya definición siempre es etérea, y su defensa nunca levanta grandes entusiamos), y la protección de legítimos intereses particulares (bien definidos y que además se defienden con uñas y dientes), tan legítimo es priorizar una opción como la otra. Más en un partido cuya definición ideológica –que tanto revuelo causa en estos días–, está más cerca de lo segundo que de lo primero. Por eso no llama tanto la atención el anuncio municipal como el silencio del PSOE.
Bien es cierto que a los llamados compradores de buena fe también se los podría denominar ‘compradores desinformados’, ‘compradores negligentes’  y aún ‘compradores oportunistas’ –basta con revisar las hemerotecas para saber que se trata de personas que o no estaban al tanto de las denuncias que se hacían contra muchas promociones porque no leían los periódicos, o estaban al tanto, pero les daba igual–; pero también es cierto que a la alcaldesa se la podrá criticar por la postura que ha tomado, pero no por no haber avisado. Ya antes de las elecciones Ángeles Muñoz se mostraba reacia a asumir el sistema implantado por la Junta, por lo que no se puede decir que sea una opción sobrevenida. Se la podrá acusar con más o menos razón de no defender los intereses públicos, pero no de haber dicho una cosa primero y hacer otra después.
El problema será ahora decidir cuándo se cobra al promotor y cuándo no. La postura adoptada por el Ayuntamiento se parece tanto al borrón y cuenta nueva que va a ser muy difícil poder evitar que se convierta en un coladero en el que quepan tanto los compradores engañados como los timadores que se han forrado, por supuesto sin arrepentirse de ello. 

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Lo que hace diferente a Marbella
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Héctor Barbotta | 26-05-2008 | 7:34| 0

La semana pasada Marbella demostró que hay algo que la sitúa siempre a la vanguardia. El CIT se decidió a homenajear a Dani García con una estrella en el Bulevar de la Fama, y quiso el azar que la celebración en honor del chef marbellero coincidiera en tiempo con una agria discusión pública que mantienen algunos de los representantes de la nueva cocina española –entre ellos Adriá, Arzak y Berasategui –con uno de los más prestigiosos exponentes de la tradición en los fogones, Santi Santamaría. El cruce de descalificaciones inundó todos los medios la semana pasada y ha seguido haciéndolo durante este. La guerra va a más.
Casi al mismo tiempo, en Marbella se homenajeaba merecidamente a Dani García, referente prestigioso de la nueva cocina, y allí, en primera fila para felicitarlo estaba Santiago Domínguez, seguramente uno de los mayores exponentes en Marbella de la cocina tradicional. Ambos a lo suyo y ajenos a la polémica.
Es seguramente esa voluntad de sumar siempre lo que hace diferente a esta ciudad.
Si las cosas se hacen bien, es posible que no falte mucho para que cuando en el futuro próximo suene por ahí el nombre de Marbella sea para asociarlo a Santiago o a Dani García, y no a personajes menos merecedores de respeto.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella