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Autor: HectorBarbotta
Desidia
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Héctor Barbotta | 22-09-2017 | 4:09| 0

CARLITOS FERNÁNDEZ bis.cdr

 

La detención en Argentina del exedil de Marbella Carlos Fernández, prófugo desde hace más de once años, ha disparado las teorías conspirativas. Es lo que suele suceder cuando no se encuentran explicaciones convincentes a un hecho inusual, pero también cuando las explicaciones son tan simples que resultan inverosímiles.
En este caso, que ha mantenido abierto durante más de una década un paréntesis más de incógnita que de preocupación, las teorías apuntan a que Carlos Fernández pudo escapar porque era un confidente de la policía que aportó datos claves que permitieron sacar a la luz la telaraña de corrupción que tenía atrapado al Ayuntamiento de Marbella. No es la primera vez que se expanden estos rumores, pero a poco que se conoce cómo se desarrolló la investigación del ‘caso Malaya’ se llega a la conclusión de que no tienen más sustento que la mera sospecha.
La teoría de la colaboración no ayuda a explicar cómo se llegó a desenmarañar la trama y la lectura de la sentencia, un fallo que dejó escapar indemnes o con castigo mínimo a muchos de los protagonistas, permite concluir que los investigadores hicieron todo lo que pudieron, pero que no llegaron tan lejos como les hubiese permitido la colaboración de un arrepentido, figura que por otra parte no existe en la legislación española. Cualquier policía descubierto ofreciendo impunidad al exconcejal a cambio de colaboración hubiese acabado haciendo compañía tras los barrotes a los condenados.
La teoría que viste a Carlos Fernández con el traje de un topo se basa en lo inexplicable que resulta que un sospechoso de un caso con tanta atención mediática haya podido eludir la persecusión durante tanto tiempo.
Y ante este interrogante es posible que la respuesta más verosímil sea la más sencilla. ‘Malaya’ fue un caso que despertó más interés entre los medios de comunicación y el público que entre quienes tenían la obligación y los medios para buscar y poner al exedil a disposición de la justicia. La trama de corrupción en Marbella dejó de ser un foco prioritario de interés para el Estado en el momento en que Gil se vio obligado a expandir su poder a Ceuta y Melilla y la propia ‘operación Malaya’ fue más producto del interés y el tesón de un juez de 34 años y de dos policías también jóvenes que de quienes se situaban en las más altas cimas de la administración del Estado.
Fernández pudo gozar de su década de impunidad y podrá acceder a la más que probable prescripción de los presuntos delitos por los que se lo perseguía simplemente porque, al igual que sucedió con otros prófugos de la corrupción en Marbella, no se lo buscó.

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Un misterio
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Héctor Barbotta | 22-09-2017 | 4:02| 0

A dos semanas de la moción de censura que propició un cambio de timón en el Ayuntamiento de Marbella y tras un corto intervalo de transición, la ciudad ya parece instalada en su nuevo escenario. El nuevo gobierno municipal, volcado en un frenesí de anuncios que incluye planes de choque y anuncios para el futuro cercano que parecen transmitir el mensaje de una ciudad paralizada durante dos años y necesitada ahora de una gestión vertiginosa. La oposición ha regresado al primer plano tras una corta tregua más enfocada a reordenar las propias fuerzas que a conceder un periodo de gracia al nuevo equipo de gobierno. Lo ha hecho para denunciar que detrás de estas dos semanas no ha habido más que golpes de efecto vacíos de sustancia. Unos y otros parecen haber asumido ya su nueva situación, incluido el exalcalde, protagonista de una fotografía tan inusual como saludable: la de un político regresando a su trabajo anterior. A la hora de buscar explicaciones a los motivos por los que el tripartito se rompió para dar paso a una moción de censura, se han esparcido rumores y teorías de lo más exóticas y estrafalarias, y sin embargo llama la atención la falta de referencias a un misterio que tiene a media Marbella desconcertada. Cuando el PSOE consiguió en 2015 la Alcaldía de Marbella, contra pronóstico y de manera inesperada, muchos vaticinaron con razón que el Partido Socialista, sus principales dirigentes y las instituciones que gobiernan, especialmentela Junta de Andalucía, se volcarían de manera decidida. El de Marbella fue un ayuntamiento tradicionalmente gobernado por el PSOE y que los socialistas perdieron en 1991 con el aluvión de Gil. Cuando lo recuperaron hace dos años tras una travesía del desierto de casi cinco lustros, se convirtió en su mayor cuota de poder institucional en la provincia. Sin embargo, pasaron los años y el alcalde socialista de Marbella fue sistemá- ticamente ignorado por su partido. Solamente hubo dos visitas institucionales de la presidenta de la Junta de Andalucía –una de ellas obligada por las inundaciones de diciembre del año pasado–, los inexpertos concejales socialistas se vieron solos, sin respaldo técnico en la maraña administrativa del Ayuntamiento pese a la crisis provocada por la anulación del PGOU, y no hubo el más mínimo avance en la resolución de las cuentas del Gobierno andaluz pendientes con Marbella. Las obras del Hospital Costa del Sol, con siete años de paralización, o el proyecto de ampliación del puerto de la Bajadilla, olvidado en un cajón, son las dos pruebas más llamativas de esta actitud incomprensible, de esta oportunidad perdida. Un suicidio político que constituye un misterio imposible de resolver.

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Pasos decididos
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Héctor Barbotta | 12-09-2017 | 1:08| 0

GOBIERNO MUNICIPAL TRAS MOCIÓN.cdr

La tradición ordena en una de esas normas no escritas, que suelen ser las que más se respetan, que los nuevos gobiernos cuentan con cien días de gracia. Alguien podía suponer que la regla no rige en situaciones especiales y que después de haber sido desplazados por una moción de censura inesperada, los ahora grupos de la oposición se la iban a saltar para arremeter contra el nuevo equipo de gobierno a las primeras de cambio. Sin embargo, desde el relevo en el sillón de la Alcaldía los grupos de la oposición han mantenido un llamativo silencio. Es difícil todavía concluir cuáles son los motivos de esta desaparición del escenario público, que seguramente será momentánea y que no afecta a las redes sociales, donde los afines a los grupos desplazados no han parado de lanzar ataques a los nuevos gobernantes y acusaciones de esas que no resisten el paso del subsuelo de las redes a la superficie de los pronunciamientos formales. Se desconoce si el silencio mantenido desde el pleno de la moción de censura se debe a que aún hay poco que decir porque el nuevo gobierno no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero, si es porque efectivamente Ángeles Muñoz y su equipo disfrutarán de sus cien días de gracia o si obedece a que como el golpe ha sido tan duro e inesperado, los concejales desplazados del poder también necesitan tiempo para asimilar las nuevas circunstancias y organizar sus vidas personales y profesionales según la situación sobrevenida. De momento los concejales no abren la boca y le dejan la labor de oposición a los memes de Tuiter y Facebook.
Éste ya no es el país que hace poco más de un lustro convirtió la indignación con la crisis y con el funcionamiento de las élites políticas en un estado de cabreo general que alumbró en primer lugar una ruptura generacional conocida como 11-M y posteriormente la aparición de nuevas fuerzas que llegaban para plantear una enmienda a la totalidad del sistema. Sólo de esa manera se entiende que el aumento en las remuneraciones de los concejales –que supone en suma dedicar más recursos públicos a los ediles del gobierno y también de la oposición, con aumentos para los primeros de hasta 10.000 euros al año– no haya pasado a ocupar, a fuerza de protestas, un lugar destacado en la agenda pública. Es posible que ello se deba a que tanto unos como otros han salido bien parados del nuevo reparto, sino también a que la mayor parte de los vecinos hayan comprendido, primero, que a los políticos no hay que exigirles que cobren poco sino que se ganen lo que cobran. Y segundo, que impedir que la oposición cuente con ediles a tiempo completo no es más que una manera sutil pero sucia de evitar que la acción de gobierno pueda ser controlada. Que se hayan evitado los debates demagógicos sobre esta cuestión bien podría ser interpretada como un signo doblemente positivo: de que la situación general ya no es tan desesperada como algunos años atrás, por un lado, y de que la Marbella política ha alcanzado un cierto grado de madurez y está dispuesta a debatir no cuestiones insustanciales y secundarias, sino los asuntos de fondo.
Posiblemente con la conciencia de que la mayor parte de la demanda vecinal se dirige a una mejora rotunda de la gestión del día a día, y también de que 20 meses dan para lo que dan –en el equipo de gobierno hablan de solamente 18 meses porque desde el momento en el que se convocan las elecciones municipales la acción política desde la institución se reduce sustancialmente– no se han escuchado en estos días, ni posiblemente se escucharán en los próximos, ningún gran anuncio estratégico sobre el futuro de la ciudad.
Por el contrario, el equipo de gobierno –que se está terminando de configurar con la contratación de los últimos colaboradores y asesores– ha preferido comenzar con un par de decisiones que pueden entenderse como golpes de efecto.
El más esperado y por lo tanto menos sorpresivo ha sido la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza. Después de haber convertido la gestión de esa área en el núcleo de su argumentario desde las filas de la oposición, el llamado plan de choque no ha sorprendido a nadie. Lo que aún falta por comprobar es si más allá de los golpes de efecto habrá argumentos cuando hayan transcurrido algunos meses para asegurar que efectivamente la ciudad está más limpia como consecuencia de una mejor gestión de los recursos municipales.
La segunda actuación que ha causado más impacto no puede asegurarse que haya sido planificada como un golpe de efecto, pero no se puede dudar de que ha tenido ese resultado. A los dos días de llegar el equipo de gobierno ha ordenado el cese del permiso concedido al hotel Sisu para la emisión de música. Este establecimiento se había convertido, no solamente por el ruido y las molestias a los vecinos, en una referencia de todo lo indeseable que durante los meses de verano pareció inundar la ciudad. Además de emitir música a deshoras y de convertirse en punto de encuentro de descamisados, el hotel está siendo objeto de una investigación policial por un incendio provocado intencionalmente en una de sus zonas comunes durante el pasado abril. Ahora el Ayuntamiento ordena el cese de cualquier actividad en su interior que no sea la hotelera y el mensaje parece poder leerse como que este equipo ha resuelto en dos días un problema al que su antecesor asistió con impotencia durante dos años.
En una dinámica idéntica puede entenderse también el anuncio realizado sobre la apertura dentro de dos meses de la infraestructura deportiva en superficie del Francisco Norte, un problema heredado que se convirtió en una cicatriz inasumible en pleno centro de Marbella y que el gobierno del tripartito tampoco fue capaz de solucionar durante más de dos años.
La alcaldesa también se ha sumado a esta estrategia de golpear duro al principio y ha querido que se visualice su mano ante el gobierno central con una visita la Ministerio de Hacienda, donde su reclamo de que se permita incrementar el techo de gasto, una losa que pesó sobre la gestión del tripartito durante todo este tiempo, ha recibido ahora buena acogida. Es lo que podría llamarse política institucional-partidista.

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Burbuja
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Héctor Barbotta | 12-09-2017 | 9:58| 0

El fenómeno avanza imparable. Málaga y Marbella ya tienen más plazas de apartamentos turísticos que camas hoteleras. En una ciudad como Málaga, con sus dimensiones de gran urbe y su explosión turística tardía enfocada a un turismo urbano y cultural, las cifras pueden obedecer a cierta lógica. En Marbella, sin embargo, con su tradición hotelera de medio siglo y un modelo turístico que necesita cimentarse en un servicio de alto valor agregado, esas mismas cifras deberían llamar a la reflexión y posiblemente también activar algunas alarmas.
La profusión de apartamentos turísticos comercializados gracias a las herramientas que facilita Internet es un fenómeno relativamente nuevo, pero a poco que se rasca en el debate acerca de sus consecuencias es como si nos encontráramos en las discusiones de la década anterior, cuando la disyuntiva no era entre hoteles y apartamentos, sino entre turismo convencional y turismo residencial. En plena expansión de la burbuja inmobiliaria, aquel era un debate que solía acabar siempre con una pregunta: ¿Por qué lo llaman turismo cuando de lo que se trata es de vender casas?
Ahora, con los apartamentos turísticos, hay una realidad que en algún sentido recuerda a la anterior. Es verdad que en las sociedades avanzadas han aparecido nuevas formas de viajar y también nuevas formas de comercializar toda clase de productos, muchas veces bajo el amparo de la falta de regulación por la propia condición novedosa de esos productos. Pero también es verdad que muchos de los inmuebles que hoy encuentran salida comercial bajo el amplio paraguas del turismo son herencia de la burbuja inmobiliaria, que la presión turística está echando a los vecinos de algunas zonas urbanas –y por lo tanto modificando sustancialmente la configuración social de las ciudades– y que el modelo turístico que se sustenta en apartamentos alquilados por Internet difícilmente puede convivir con aquel que se basa en hoteles con alta calidad de servicios. No se puede aspirar simultáneamente a un objetivo y también al contrario.
Tampoco puede ignorarse que la actual demanda turística que parece no tener límite es producto de una situación conflictiva en el Mediterráneo que no durará toda la vida, y que un modelo basado más en la cantidad que en la calidad asegura el pan para hoy y augura el hambre de mañana.
Sólo los ilusos y los fanáticos impenitentes pueden confiar en que la mano invisible del mercado encontrará por sí sola la respuesta adecuada a una situación nueva y compleja que puede determinar el futuro de nuestro sector estratégico. No deberíamos olvidar que lo peor de las burbujas es que al final explotan, y que la onda expansiva nunca se sabe hasta dónde puede llegar.

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Nuevo paisaje
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Héctor Barbotta | 06-09-2017 | 8:06| 0

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MARBELLA comienza una nueva etapa y en el horizonte aparecen unas pocas certezas y algunas incertidumbres. Un cambio de timón a mitad de mandato puede tener un efecto perverso si quienes han dirigido hasta ahora los destinos de la ciudad y quienes lo hacen desde el pasado martes se ven tentados de recurrir a la coartada de haber estado un periodo incompleto para justificar lo que se ha dejado de hacer. Las urgencias de la ciudad no entienden de colores.
Después de haber presentado un programa de gobierno que en una primera lectura puede interpretarse como poco ambicioso y falto de concreción, la nueva alcaldesa dio un par de señales que podrían invitar a adelantar que no recurrirá al argumento de la falta de tiempo. En su primera entrevista desde que regresó al despacho de Plaza de los Naranjos reconoció que los vecinos, y seguramente en especial sus electores, le exigirán resultados y por eso es probable que en las próximas semanas nos esperen un ritmo frenético y un par de golpes de efecto. También admitió que a diferencia de en sus dos primeros mandatos hereda un ayuntamiento razonablemente saneado –aunque lanzó una advertencia sobre el retraso de los pagos a proveedores– y en un contexto económico radicalmente diferente al que tuvo que enfrentar cuando llegó por primera vez y el país estaba a punto de sumergirse en una crisis económica profunda y prolongada.
Está bien que asuma esa responsabilidad y reconozca que dos años pueden dar para presentar un balance digno, porque de otra manera la ciudad se hubiese enfrentado a la situación de cuatro años perdidos sin que nadie se hiciese cargo de nada. Unos, porque los quitaron antes de tiempo; los otros, porque llegaron demasiado tarde.
El reconocimiento de que financieramente el Ayuntamiento de Marbella está mejor ahora que hace dos años también es positivo. La renegociación de la deuda municipal con la Junta de Andalucía producto del anticipo de 100 millones de euros concedidos por la Administración andaluza a la gestora en la primavera de 2006 para evitar el colapso de la gestión municipal es la mejor herencia que deja el gobierno de José Bernal. No es poca cosa, porque sin esa refinanciación la viabilidad económica del Ayuntamiento estaba en duda. Es verdad que se esperaba más del compromiso de la Junta con la ciudad –ahí siguen sin novedad el Hospital y el puerto de La Bajadilla, por recurrir solamente a los ejemplos más groseros– y es algo por lo que en primer lugar los socialistas de Marbella quizás deberían pedir explicaciones a su partido y al Gobierno andaluz. Pero ello no quita que se reconozca la importancia fundamental que tuvo aquella refinanciación. No deja de ser significativo, y ciertamente triste, que la renegociación de las deudas que el Ayuntamiento tiene con el Estado y con la administración autonómica sólo se hayan podido producir cuando en el gobierno municipal y en cada una de las administraciones a las que se interpelaba coincidieron responsables políticos del mismo signo. Que muchos vecinos den por hecho, con razón, que ahora se ralentizarán las obras pendientes de la Junta y se acelerarán las del gobierno central es sin duda una muestra de pobreza institucional.
Con una moción de censura en mitad de la legislatura, promovida además por unos socios de gobierno, cabía esperar un pleno tenso y alguna salida de tono. Más allá de que cada uno reunió a sus fieles a las puertas del Ayuntamiento para que expresaran legítima y civilizadamente sus posiciones, no hubo más tensión que la propia de la dureza de algunas intervenciones.
Los personajes principales interpretaron sus papeles con altura, y sólo algún secundario, como la presidenta del pleno, que optó por protagonizar algunas salidas de tono, no hizo otra cosa que retratar su propio nivel. Puede decirse que la elegancia con la que José Bernal asumió su salida de la Alcaldía ha potenciado su imagen. El exalcalde es hoy una figura más solvente que cuando tomó el bastón de mando hace dos años.
Entre las incógnitas que se abren de ahora en más las políticas no son las menores. No existen aún elementos que permitan vaticinar con algo de fundamento cómo serán los comportamientos electorales a partir de esta nueva realidad, pero sí para describir cómo queda el escenario político.
Podemos pierde su posición de única fuerza de oposición de izquierdas y ahora deberá compartir espacio con el PSOE e Izquierda Unida. Será interesante observar cómo hacen estas fuerzas para preservar sus lugares de una manera diferenciada en un espacio que pasa a ser común.
Las estrategias políticas son consecuencia de las lecturas que cada fuerza hace de la realidad y por eso suelen ser más exitosas aquellas que parten de una apreciación más acertada de lo que sucede. Durante estos dos años, mientras algunas voces aisladas en el PP recurrían al argumento de que un pacto contra natura había hurtado el triunfo conseguido en las urnas, la estrategia fundamental del partido se centró en criticar al gobierno municipal por su gestión y no por su supuesta falta de legitimidad. Los resultados demuestran que esa estrategia fue un acierto.
Mientras tanto, los socialistas optaron por dedicar tiempo y energía a acusaciones de supuestas ilegalidades cometidas por Ángeles Muñoz. Un fallo judicial acaba de echar por tierra la principal de esas acusaciones, y con ella toda una estrategia política.
Ahora los socialistas pueden verse tentados de recurrir al victimismo, a considerarse despojados ilegítimamente del poder y a apostar todas sus cartas a dar por buenas especulaciones infundamentadas sobre cómo se coció la moción que los expulsó de la Alcaldía. Pero todo lo que no sea revisar sus propios errores y establecer una nueva estrategia partiendo de una serena autocrítica no les hará otra cosa que perder el tiempo.
Al otro lado, PP y OSP se enfrentan a un dilema. En su condición de partidos más votados en San Pedro, son al mismo tiempo aliados institucionales y rivales en el terreno electoral. Será interesante observar cómo resuelven esa contradicción.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella