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Autor: HectorBarbotta
Algo no encaja
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Héctor Barbotta | 15-01-2018 | 10:34| 0

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Desde que tomó posesión el pasado verano, el gobierno formado por el Partido Popular y Opción Sampedreña ha contratado, o iniciado el proceso para hacerlo, servicios externos para el mantenimiento de parques y jardines, para el alumbrado de las calles, para los servicios auxiliares de los polideportivos y para el varadero y la gasolinera del Puerto Deportivo.

Se trata de un número de externalizaciones que no permite asegurar que haya una tendencia a privatizar la gestión municipal, como sí puede estar sucediendo en otros ayuntamientos de la zona, pero sí que existe una clara decisión política de cubrir mediante concesionarias las deficiencias que existen en la prestación de los servicios públicos.

La polémica que se ha suscitado en torno a estas contrataciones para cubrir servicios que hasta ahora se han venido prestando con recursos municipales puede abrir, más allá de oportunismos y de ese hábito tan habitual en política de escandalizarse por la paja en el ojo ajeno, un interesante debate en torno a los servicios públicos prestados por empresas privadas.

No puede acusarse al actual gobierno municipal de haber puesto en marcha este proceso de externalizaciones de manera subrepticia o inesperada. La falta de recursos humanos y materiales de las que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ya se quejaba amargamente durante la época del tripartito fue una de las cuestiones que Opción Sampedreña puso sobre la mesa cuando el pasado verano se sentó con unos y con otros para decidir qué aliados elegiría para completar el actual mandato municipal. De izquierda y derecha llegaron ofertas de contrataciones y de transferencia de recursos a San Pedro, pero la palabra mágica, la que decantó la balanza hacia la oferta del Partido Popular fue ‘externalizaciones’. Una palabra que sonaba a herejía en un gobierno que, como el tripartito que OSP formaba con PSOE e Izquierda Unida, había llegado con el compromiso de recuperar para la gestión municipal servicios ya privatizados, como la zona azul o el transporte público, aunque ese impulso perdió brío cuando la obligación de gestionar llevó a hacer cuentas y puso las intenciones frente a la dura realidad. Los dos choques más duros entre Izquierda Unida, miembro del gobierno tripartito con las áreas de Vía Pública y Movilidad a su cargo, y Podemos, aliado indispensable para sacar adelante las votaciones, fueron precisamente a cuenta de la imposibilidad aducida por el tripartito de devolver a la gestión pública esos dos servicios.

Se suele acusar a los partidarios de que toda la gestión municipal se haga con recursos y dirección pública de moverse exclusivamente por motivaciones ideológicas, inasequibles a los datos de la realidad, pero no se puede asegurar que los argumentos de quienes aducen que la gestión privada es, por definición, más eficiente sean menos ideológicos.

Hay suficientes ejemplos, y no hay que irse fuera de la provincia de Málaga para encontrarlos, de servicios municipales que han colapsado en el momento en que su gestión ha salido de la lógica del servicio público para instalarse exclusivamente en la del mercado y el beneficio empresarial.

No se puede garantizar que en privatizaciones futuras las cosas no vayan a discurrir por ese sendero en un momento como el actual, de retroceso general de condiciones laborales en el que se puede estar caminando hacia una situación dual, de realidad paralela, en el que conviven trabajadores con derechos adquiridos antes de la crisis con nuevos trabajadores contratados según las nuevas condiciones imperantes. En este caso, empleados municipales con todos sus derechos consolidados frente a trabajadores contratados por las nuevas empresas ganadoras de una licitación.

La experiencia de conflictos laborales en empresas concesionarias de servicios públicos en municipios cercanos cuyas consecuencias las acaba pagando el ciudadano deberían funcionar como alarma suficiente para advertir de las garantías que deben preceder a cualquier proceso de externalización en el Ayuntamiento de Marbella.

A diferencia de lo que ha sucedido en Estepona, donde ha habido contratación de empresas con subrogación de trabajadores municipales, en Marbella no puede hablarse de privatización. Los servicios que se contratan con empresas externas suponen la incorporación de más personas al ámbito de trabajo de los servicios municipales, lo que debería llevar a preguntarse si se trata de nuevas prestaciones que recibirá el ciudadano o si por el contrario éste estará pagando con sus impuestos dos veces por lo mismo.

Desde la desaparición del GIL, al que se le debe la actual estructura desorbitada de la plantilla municipal, el Ayuntamiento de Marbella ha perdido más de una y más de dos oportunidades de afrontar ese problema heredado. El enchufe sistemático que contribuyó, posiblemente más que ningún otro factor, a las sucesivas mayorías absolutas de quienes saquearon la ciudad, generó una plantilla con exceso de auxiliares administrativos y que dio lugar a situaciones esperpénticas, como la falta de albañiles en el servicio de Obras o de insuficientes electricistas en los Servicios Operativos.

Al mismo tiempo, seguramente tomando en cuenta su condición de determinante fuerza electoral más que ningún otro factor, todo el debate que se dio en torno a los recursos humanos en el Ayuntamiento estuvo más enfocado a consolidar sus condiciones laborales que a ver cómo se mejoraban los servicios públicos y se respondía a las necesidades de la ciudad. En esto no se han visto diferencias entre los grupos municipales. Todos, desde el Partido Popular hasta Podemos, se han dedicado más a mimar a esa fuerza electoral determinante que a aplicar los cambios necesarios -con formación, con reciclaje o con renovación de la plantilla- para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahora, con las externalizaciones, se puede estar ante una nueva coartada para seguir postergando un debate imprescindible.

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Lolo baja de la montaña
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Héctor Barbotta | 21-12-2017 | 1:23| 0

El montañismo pierde un escalador de ‘ochomiles’ y Podemos gana un portavoz. Esa ecuación sintetiza la decisión adoptada por el secretario local de la formación morada, Manuel González ‘Lolo’, de interrumpir de momento su carrera deportiva para volcarse en la actividad política.
Con cinco ‘ochomiles’ en el currículum, a Lolo le resta coronar tres cumbres en el Himalaya para completar la lista de las cimas más altas del mundo, una meta que se había marcado cuando se convirtió en montañista de élite y que ahora deja de momento aparcada para volcarse decididamente en la política. Se trata de una interrupción momentánea, pero con 52 años puede convertirse en una renuncia definitiva. Cuando el virus de la política entra en el organismo parece difícil desprenderse de él.
«Los motivos para entrar en política son la consecuencia de la decisión que tomé hace unos tres años por el hartazgo y la repugnancia que me producen la gestión política de algunas personas que representan a partidos como PP y PSOE», explicó ayer González en una nota en la que dio a conocer esta decisión y agradeció a los medios de comunicación la cobertura informativa que durante todo este tiempo se ha dado a sus hazañas en las cumbres más altas de la Tierra. En el escrito, ‘Lolo’ recordó sus dos momentos más difíciles, cuando estuvo a punto de perder la vida en Lhotse en 2011 y el accidente sufrido dos años más tarde en Dhaulagiri, en el que perdió la vida un compañero de expedición.
En la nota, el dirigente de Podemos reconoce que renunciar a completar su currículum con todos los ‘ochomiles’ es una decisión muy difícil, pero que lo hace para dedicarse a la política pese a que en Podemos existe el criterio, que él mismo comparte, de que la dedicación a la actividad pública es siempre provisional. «La duración de esta nueva faceta de mi vida va a depender de dos factores: que mis compañeros y compañeras de Podemos sigan confiando en mí y que la ciudadanía también lo haga en el caso de que forme parte de una candidatura de Podemos».
La formación morada se enfrenta a un momento de decisiones y su secretario general quiere estar en primera fila. Tras haber sido elegido para ocupar el cargo rentado que le corresponde al grupo municipal de Podemos en el nuevo organigrama del Ayuntamiento, González se dispone a presentarse para renovar como secretario general en Marbella en una elección que presumiblemente la dirección nacional del partido fijará para febrero. Previamente la formación debatirá en un encuentro político algunas de las cuestiones más candentes. Entre ellas se encuentra la posible confluencia con Izquierda Unida también a nivel local, una opción que no cuenta con gran respaldo entre los militantes de Podemos de Marbella.
Posteriormente, Podemos tendrá que elegir a sus candidatos para las elecciones municipales, una lista en la que, si es elegido secretario general, González pugnará por estar. Los ‘ochomiles’ tendrán que esperar.

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Vía de agua en San Pedro
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Héctor Barbotta | 21-12-2017 | 1:15| 0

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Seguramente cuando en estos días los miembros del equipo de gobierno municipal hagan su balance de sombras y luces de este año frenético, en el que se consumó un inesperado cambio de gobierno tras la moción de censura que acabó con el pacto tripartito, tendrán claro de qué lado poner al apartado San Pedro Alcántara. Y no irá en el de las luces.
Quienes se dedican en serio a la política, no los aficionados a quienes «les gusta» la política, tienen con el poder una relación obligatoria que se parece más a aquellas relaciones que se establecen por responsabilidad profesional que las que se sustentan en el afecto y que se amortizan en el momento en que ese afecto mengua. Se podría decir que un político de estos – los de verdad, los de profesión, no los vocacionales– siente la obligación de acceder al poder cuando no lo tiene y de mantenerlo cuando ya lo ha conseguido, del mismo modo que recuperar la libertad, de una u otra manera, es la obsesión de cualquier persona que la ha perdido.
Por eso, es probable que muchas de las situaciones con las que los concejales del Partido Popular se han encontrado en los tres meses que llevan en el gobierno los hayan sorprendido, no por una falta de previsión, sino porque seguramente lo que ocupó sus cabezas durante los poco más de dos años que estuvieron en la oposición fue esa lógica obsesión por recuperarlo. Ese pulso irrenunciable por acceder al poder sin el que la política no existiría impide casi siempre considerar las eventuales consecuencias negativas del éxito, cuya evaluación siempre es a posteriori.
La mayor parte de quienes integran el grupo municipal del Partido Popular ya estuvo durante los ocho años anteriores de mandato de Ángeles Muñoz y es probable que cuando se decidió montar la moción de censura que los devolvía a los sillones de mando imaginaran un paisaje similar al plácido periodo 2007-2015. Sin embargo, estos poco más de 100 días transcurridos desde aquella sesión del 29 de agosto han bastado para demostrar que la situación es bastante diferente a la de entonces.
Cuando tras las elecciones de 2015 los dos ediles de Opción Sampedreña se encontraron en la situación de poder decidir si pactaban a izquierda o a derecha se decidieron por la primera opción por varios motivos. Uno de ellos, fundamental, fue el temor a verse fagocitados por un grupo popular que los sextuplicaba en número de concejales (13 frente a 2) y que además contaba con una experiencia de gobierno de la que ellos carecían. Sin embargo, después de dos años en los que aprendieron a moverse por los pasillos del Ayuntamiento y tras haber demostrado con hechos que no están inevitablemente ligados a una u otra alianza, comprendieron que a la hora de conformar una mayoría sus dos ediles son tan necesarios como los otros 13 y que por lo tanto podían hacerlos valer. Y tanto que lo hicieron.
Los ediles del Partido Popular ya han tenido tiempo de saber que esta segunda etapa en el gobierno municipal no se parecerá en nada a los ocho confortables años en los que disfrutaron de mayoría absoluta. En primer lugar, porque disponen de menos medios. OSP aprovechó su fuerza en la negociación y en el reparto de cargos de confianza, lo que le permitió montar una estructura de gobierno en San Pedro sin simetría alguna con su número de concejales y al mismo tiempo le restó recursos a sus aliados en el resto de distritos y dependencias.
Y en segundo lugar, y más importante, porque OSP se ha reservado absolutamente y en exclusiva toda la responsabilidad y presencia institucional en San Pedro Alcántara. Está por ver qué repercusión electoral puede tener para el PP su renuncia a ejercer el poder en un distrito en el que suele decidirse el destino electoral de la ciudad.
Si por algo el Partido Popular pudo convertirse en 2007 en la primera fuerza política de Marbella y mantener esa hegemonía electoral en casi todos los comicios convocados desde entonces fue, entre otros motivos, por su fortaleza electoral en San Pedro, donde ha sido invariablemente la opción política más votada en todas las elecciones municipales. Al mismo tiempo, una de las debilidades más evidentes de los socialistas, que hasta la aparición del GIL en 1991 habían conseguido pintar de rojo el mapa electoral de Marbella, consistió en su pérdida del bastión sampedreño y en el éxito conseguido por OSP en las convocatorias locales a la hora de comerles ese espacio electoral, relegándolos a una tercera posición incompatible con la de un partido con aspiración de poder. La debilidad de la agrupación socialista de San Pedro contrastaba con la fortaleza del Partido Popular en ese distrito, y en gran medida ello explicaba el abismo electoral entre ambas fuerzas de vocación mayoritaria.
Ahora se ha conformado un paisaje político ciertamente inhabitual en el que las dos formaciones que compiten electoralmente en un mismo distrito y se disputan la condición de primera fuerza son aliadas de gobierno. Esto supone una paradoja, pero también abre un interrogante cuya resolución no se puede adivinar todavía.
En el PP existe preocupación en relación a su gente de San Pedro, que empieza a percibir que el suyo es un partido de gobierno en Marbella, pero cuya capacidad de influencia en ese distrito es evidentemente limitada. Así queda en evidencia cada vez que se plantean problemas que deben ser resueltos desde la institución municipal y que acaban siendo derivados inexorablemente hacia la Tenencia de Alcaldía, que se ha convertido en un coto cerrado de Opción Sampedreña.
Posiblemente en cumplimiento de algún apartado no escrito en el pacto o quizás como consecuencia de que carecen de competencias y funciones concretas en el distrito, la presencia en San Pedro de los concejales del PP no llega siquiera a ser testimonial. De hecho, el concejal Cristóbal Garre, que fue el fichaje estrella en la lista popular y estaba llamado a jugar un papel trascendente en San Pedro si el PP renovaba la mayoría absoluta, ha sido enviado a la Tenencia de Nueva Andalucía, un destino que no imaginó ni en el peor de los escenarios.
El malestar crece entre los afiliados sampedreños y queda por ver qué repercusión electoral podrá tener esta situación para el Partido Popular y quién podrá beneficiarse de ella si, como puede suponerse, Opción Sampedreña ya alcanzó su techo y tiene muy difícil seguir creciendo.
En 2007, cuando tras la desaparición del GIL Marbella entró en una nueva era política, el Partido Popular consiguió convertir a San Pedro, un escenario que siempre le había sido hostil, en uno de sus principales bastiones. Por eso desde el principio se vio a OSP más como un rival que como un potencial aliado.
Las fuerzas de las circunstancias obligaron a revisar ese concepto y a impulsar un pacto.
Pactar siempre supone resignar aspiraciones y nadie en el PP podía aspirar a gobernar en coalición en las mismas condiciones que cuando obtuvieron mayoría absoluta. Tras la fragmentación del voto que experimentó el cuerpo electoral del Marbella, era previsible que conseguir una nueva mayoría iba a ser muy difícil para el PP desde la oposición, y en ello se fundamentó en gran medida la decisión de plantear una moción de censura cuando quedaban menos de dos años de gestión.
Está por ver si esa estrategia no acabará mostrando una vía de agua precisamente en el distrito donde los populares, a contrapelo de la tradición, habían conseguido por fin hacerse fuertes.

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Ruido y nueces
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Héctor Barbotta | 11-12-2017 | 10:51| 0

 

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El equipo de gobierno municipal cumplió el pasado jueves sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento y la efemérides apenas supera la categoría de anécdota. En otras circunstancias los 100 días constituyen el plazo de gracia que la oposición concede a quienes acceden al gobierno de una institución antes de comenzar a criticar su gestión, como los boxeadores que dedican el primer asalto a estudiar los puntos débiles de su rival como paso previo antes de comenzar a lanzar ataques. Los 100 días son también el plazo que quienes llegan a un gobierno se suelen dar a sí mismos para aterrizar, conocer los pasillos e interioridades y hacerse con los resortes de mando.
La manera en que se produjo el relevo en el Ayuntamiento y los antecedentes de los dos socios del nuevo equipo de gobierno -unos habían estado ocho años al frente de la institución municipal, los otros continuaban tras cambiar de aliados- ya permitía prever que no iba a haber ni 100 días ni 100 horas de margen. Los nuevos responsables no las necesitaban y los grupos que pasaron a la oposición inesperadamente posiblemente tampoco estarían dispuestos a concederlas. El silencio que hubo antes de que comenzaran a llover críticas, algunas de ellas aparentemente inspiradas en cuestiones de los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz, como si no hubiese pasado nada en medio y los partidos ahora en la oposición no consideraran necesaria una nueva estrategia, pareció deberse más a la necesidad de acomodarse a la nueva e inesperada situación que a la decisión de conceder el periodo de gracia y cortesía.
Cuando Ángeles Muñoz volvió a sentarse en el sillón de alcaldesa dijo que tenía por delante 18 meses de mandato. En realidad eran 21, pero la regidora consideró que son menos porque sabía que una vez que se convocan las elecciones municipales el equipo de gobierno está impedido de cortar cintas y hacer anuncios. Esta advertencia tenía una doble intención, basada en la convicción de que no le sobraría el tiempo para justificar desde la gestión el paso dado. En primer lugar, porque pretende evitar que el electorado la juzgue, llegado el momento, por un mandato completo cuando sólo habrá tenido menos de dos años. Y en clave interna, para incentivar a su equipo a pisar el acelerador en una situación más incómoda que en los mandatos anteriores, donde no tenían que entenderse con aliados, no estaban obligados a repartirse los recursos, especialmente los humanos, con estos y contaban con más margen para planificar la estrategia. En el PP sabían porque si un mandato municipal se pasa rápido, medio mandato no da margen para mucho.
Algunos miembros del equipo de Ángeles Muñoz aseguraban antes de presentarse la moción de censura algunas voces que era previsible una debacle en un gobierno tripartito que no contaba con mayoría en el pleno y donde la inexperencia en la gestión de algunos de sus miembros producía algunas disfunciones. «Si les presentamos una moción de censura les hacemos un favor», decían apenas semanas antes de que el relevo en el Ayuntamiento se consumara.
¿Ha cambiado el criterio de quienes en el PP pensaban de esa manera? Hay quienes aseguran que parte del paisaje encontrado confirma esa línea de pensamiento. Sin embargo, son más quienes sostienen que no ha habido tiempo de ponerse a pensar en eso, porque Muñoz ha impuesto un ritmo vertiginoso que parece tener un objetivo excluyente: que la calle advierta un cambio radical en la gestión municipal.
En estos 100 primeros días de gobierno se pueden distinguir dos etapas. La primera duró unos días y podría denominarse como la de los golpes de efecto: el plan de choque de limpieza, el cierre del hotel Sisu, largamente demandado por los vecinos, o el anuncio de la apertura de la zona deportiva del Francisco Norte, concretada recientemente. La segunda tuvo menos impacto visual y los ediles la justifican en que han tenido que sumergirse en sus delegaciones para tapar vías de agua y mantener el barco a flote. En esa línea se explican alguna de las explicaciones que se han dado en estas semanas, como los 1.500 reparos del interventor -ante cuya marcha al Ayuntamiento de Málaga algunos ediles no han podido contener la sonrisa-, las facturas sin pagar, el bloqueo urbanístico y la inejecución de gran parte de presupuesto de este año. En esta segunda etapa pueden inscribirse algunas de las acciones posteriores entre las que destacan la aprobación de los presupuestos para que entren en vigor a comienzos del próximo ejercicio, la aprobación del texto refundido del PGOU o la regularización en los pagos a proveedores, que habían acumulado retrasos en los últimos tiempos.
El éxito conseguido al convertir a Marbella en sede de la próxima eliminatoria de la Copa Davis es otro hito del que seguramente el discurso oficial sabrá sacar rédito en lo que queda de mandato si el evento se desarrolla con éxito. En el gobierno municipal no dudan de la importancia que la cita tendrá para la imagen de su gestión. «Nos jugamos mucho», reconocen.
El discurso del gobierno ha incorporado el concepto de ‘velocidad de crucero’, al que recurre cada lunes el portavoz municipal, Félix Romero, para referirse a la acción ordinaria de gobierno y con el que se transmite el mensaje de que el Ayuntamiento ha recuperado una normalidad que antes no existía. Pese a que al principio intentó evitar las referencias explícitas a sus antecesores, el equipo de gobierno ha acabado cediendo a la tentación y es rara la comparecencia que no se mencione un bloqueo, supuesto o real, que los nuevos gestores se han visto obligados a desatascar.
El problema es que algunas de estas referencias acaban implicando al área de Hacienda, donde no ha habido recambio porque está a cargo del mismo miembro de Opción Sampedreña que la ocupaba antes de la moción de censura. Una inercia en el discurso oficial seguramente dificl de evitar.

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El puerto en su laberinto
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Héctor Barbotta | 15-11-2017 | 4:36| 0

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.
Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.
Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar –es decir, fuera del proyecto del puerto– sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?
Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.
La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.
La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.
Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.
La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.
Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.
No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.
Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación –la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador–, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.
Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella