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Autor: HectorBarbotta
El puerto en su laberinto
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Héctor Barbotta | 15-11-2017 | 4:36| 0

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.
Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.
Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar –es decir, fuera del proyecto del puerto– sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?
Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.
La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.
La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.
Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.
La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.
Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.
No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.
Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación –la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador–, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.
Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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Buen tiempo, mal clima
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Héctor Barbotta | 09-11-2017 | 1:05| 0

No ha pasado tanto tiempo desde cuando lamentábamos si una lluvia recibía al fin de semana. Sin embargo, sólo esas personas que eligen vivir sin enterarse de lo que sucede a su alrededor pueden haber lamentado la tormenta que se desencadenó el viernes por la noche y que tuvo su repetición ayer por la mañana.
Está bien que llueva, aunque el agua que caiga sea insuficiente, al menos para recordarnos cuál era el paisaje habitual del otoño o para enseñarle a nuestros hijos fenómenos como el del arco iris, que en un años, si esto no cambia, sólo verán en fotografías. Las primeras lluvias del otoño acaban de caer ya entrado un mes de noviembre en el que nos seguimos moviendo con mangas cortas. Eso solo ya debería bastar para asumir el desastre que estamos viviendo.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticó el pasado lunes una semana entera de lluvias en Marbella. En concreto, la previsión reflejaba un Tostón pasado por agua, con 100 por cien de probabilidades el martes, el miércoles y el jueves y un 80 por ciento el viernes y el sábado. Se preveía que recién para hoy, domingo, el cielo comenzaría a abrir.
Sobra decir que las previsiones fallaron de lleno, ya que no hubo en toda la semana ni asomo de lluvias, que recién llegaron el viernes por la noche.
No es habitual que las previsiones de la AEMET yerren el tiro de esa manera, pero no está claro que haya que señalar a la agencia por este error de previsión. No porque el pronóstico de lluvias pueda haberse confundido en algún momento con un anhelo, como si hubiera habido una confusión entre la realidad y el deseo, sino porque en un escenario climático sin precedentes como el que estamos viviendo seguramente elaborar las previsiones debe haberse convertido en una actividad donde la probabilidad de error se ha disparado.
Tradicionalmente ha habido una confusión lingüística entre clima y meteorología. Aunque el clima está determinado por las condiciones más o menos estables de una región y es la meteorología lo que refiere al tiempo que hará en un momento concreto, no pocas personas solían preguntar cómo estaba el clima cuando querían saber si iba a hacer frío o calor en los próximos días o si se podía planificar un día al aire libre o era mejor ir sacando el paraguas y el impermeable.
Sin embargo, con el dramático cambio que se está experimentando en el planeta en estos años, y por los que las generaciones futuras harán bien en juzgarnos con severidad, no está mal que preguntemos por el clima. Porque lo que se está alterando por esta ruptura de los equilibrios medioambientales que llamamos cambio climático no es el tiempo que hará el próximo fin de semana, sino las condiciones generales en todo el planeta. Y en el sorteo nos ha tocado la papeleta del desierto.
El calor que obliga a conducir con el aire acondicionado cuando ya hemos entrado en noviembre y la falta de lluvias que seca los pantanos no son ya una anomalía meteorológica, sino expresiones de una catástrofe.
Posiblemente sea la propia naturaleza humana la que hace que la máxima preocupación por este tipo de problemas surja primero en los países donde se sufre directamente. Hace ya ocho años que Maldivas, una isla Estado que desaparecerá inexorablemente en poco tiempo como consecuencia de la subida del nivel de los océanos, celebró un Consejo de Ministros bajo el mar y con sus dirigentes políticos enfundados en trajes de submarinismo. Pretendían denunciar la situación a la que se enfrentarían en poco tiempo si el mundo desarrollado no cambiaba de actitud. Aquel gesto que algunas voces calificaron de alarmista pero que no era otra cosa que un desesperado grito de socorro en mitad del Océano Índico no tuvo más repercusión efectiva que conseguir colarse en el espacio final de los telediarios, el que se suele dedicar a las noticias extravagantes. Greenpeace publica periódicamente recreaciones de cuál es el futuro que le espera a las ciudades costeras, con el mismo resultado.
Hoy ya sabemos que aquí, en la Costa del Sol, no estaría de más comenzar a preguntarnos cuál será nuestro destino económico cuando el termómetro empiece a subir en los países de nuestros mercados emisores y el impulso que invita a los turistas a refugiarse en las playas del Mediterráneo para escaparse del frío comience a menguar. Sobre todo cuando nuevas señales confirmen que marchamos aceleradamente hacia un destino desértico en el que el agua comenzará a ser un bien preciado y escaso.

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Las lindes como metáfora
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Héctor Barbotta | 30-10-2017 | 10:29| 0

En 1990, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PSOE, aprobó el texto del PGOU de 1986 en el que se incorporaba la aceptación de una alegación presentada por una comunidad de propietarios de Benahavís para poner bajo jurisdicción de ese municipio una zona donde ya se había producido un desarrollo urbanístico. Entonces era difícil sospechar que más de un cuarto de siglo después, ese cambio marcaría la agenda política del Ayuntamiento. El futuro siempre es insondable, aún cuando sigue carriles lógicos. Mucho más si discurre por la vía del esperpento.
Esta semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 3, donde se tramitó la causa conocida como ‘caso PGOU’, ha rechazado un recurso del PSOE, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, para que se levantara el archivo provisional de ese asunto decretado a mediados de septiembre. Se ha conocido también que la Audiencia Provincial ha rechazado otro recurso para que la instrucción de la causa se prolongue con la citación de nuevos testigos. No parece, en suma, que la cuestión vaya a tener mayor recorrido.
El auto del instructor señala que las nuevas pruebas propuestas por el PSOE serían superfluas y poco aportarían al objeto de la investigación y reprocha a esa acusación que durante todo el proceso, y también en su último recurso, «ha intentado ampliar la investigación a otros delitos ya denunciados en su día y sobreseídos, no sólo por este juzgado sino por la Audiencia Provincial». Pocas veces un magistrado lanza un reproche de este calado a una de las partes, especialmente si la postura de ésta está respaldada por el fiscal.
El juez, en resumen, da por zanjado el asunto. Considera que no hubo modificación oculta del Plan General, ni alteración espúrea de las lindes, ni falsificación de las actas del pleno, ni ocultación de información a la oposición. Debería ser suficiente para pasar página. Sin embargo, esta semana, al ser preguntado por la decisión judicial, el portavoz del PSOE, José Bernal, aseguró que el caso todavía está abierto porque falta que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie por el recurso presentado contra el archivo. Después de conocerse que la misma sala que aún no ha resuelto ese recurso ya se ha negado a que se sigan llamando testigos, resulta difícil de entender por qué los ediles socialistas se empeñan en seguir dando por abierto un proceso que ya parece haber llegado a su destino final y en el que próximos pronunciamientos judiciales sólo pueden reportarles nuevos disgustos.
Desde el principio, el asunto de las lindes ha sido un auténtico despropósito en el que se han mezclado, no se sabe si por incomprensión lectora o por mala fe manifiesta, pero seguro por interés político, dos cuestiones diferentes. Una es el de las lindes que se modificaron en el PGOU de 1986 al aceptarse en 1990 el recurso que se cita al principio de este artículo; otra, el del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010, que incluyó la mismas lindes que ya aparecían en el documento anterior.
Las dudas sobre a qué municipio pertenece el suelo en disputa, que los planos oficiales del Instituto Cartográfico Nacional aprobados en 1873 sitúan en el término municipal de Marbella, se remontan al año 1985, cuando la comunidad de propietarios de la zona, avalada por un documento del secretario del Ayuntamiento de Benahavís, presentó una alegación al PGOU de Marbella, en ese momento en trámite de aprobación, reclamando que el suelo pertenecía al municipio vecino.
La reclamación pedía que se considerase que los terrenos habían sido desarrollados por Benahavís, donde posteriormente se ejecutaría un plan parcial y donde la familia de la actual alcaldesa de Marbella era propietaria de suelo. La nueva linde no fue incluida inicialmente en el PGOU de 1986, que se aprobó con los límites históricos, pero sí en el texto refundido de ese documento, de 1990, que rigió en Marbella hasta 2010 y que volvió a entrar en vigor en noviembre de 2015.
La alcaldesa fue denunciada en 2009 por el proceso de alteración de límites entre ambos municipios iniciado con el Ayuntamiento de Benahavís para adaptar la cartografía a lo que ya decía el PGOU. La causa fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga. Ahí se podría haber terminado el asunto. Pero no.
Durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, el equipo redactor intentó reflejar las lindes de 1873, pero la Junta le ordenó ceñirse a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le recomendó repetir las que ya venían en el Plan anterior. Ahí también podría haberse acabado la polémica. Pero tampoco. El proceso entró en un terreno que visto a la distancia parece un tratado de excentricidad política.
La plataforma creada para reivindicar los límites históricos presentó ante la Fiscalía una relación de hechos en la que citaba los supuestos intereses económicos de Ángeles Muñoz en la zona, una supuesta alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio y una grabación del pleno de la que se decía que se comprobaba que los concejales que votaron el PGOU no habían sido informados de los cambios realizados en el documento.  El guión señalaba, delito arriba, delito abajo, que el Plan General había sido modificado subrepticiamente, sin informar a nadie, de manera oculta, para dar un pelotazo urbanístico que favorecería los intereses de la alcaldesa. De la conspiración formaban parte los redactores del Plan, funcionarios municipales y el vicesecretario del Ayuntamiento. Quienes no lo denunciaban podían ser señalados como cómplices por omisión. Sobre este guión, las fuerzas que componían el gobierno tripartito decidieron construir gran parte de su discurso político.
De toda aquella denuncia, el fiscal dedujo que podía haber una falsedad en el acta del pleno, no en el Plan General, y dio traslado al Juzgado de Instrucción, que abrió un procedimiento. Durante todo este tiempo, mientras la investigación judicial iba por un lado -determinar si los concejales habían sido informados de los cambios antes de votar- la propaganda política iba por otro: había habido una falsificación del PGOU con nocturnidad para favorecer oscuros intereses económicos. El juez pidió durante toda la fase de instrucción información a las instituciones implicadas y por algunas de las respuestas recibidas, que parecían más enfocadas en estirar el asunto que en resolverlo lo antes posible, resulta difícil entender cómo no llegó a perder la paciencia.
Igual de difícil resulta imaginar un ejemplo más apropiado que explicara un caso en el que la realidad hay sido forzada tan burdamente para justificar un discurso político. Mientras se hablaba de que había un caso judicial sobre la falsificación del PGOU, nada menos, lo que se investigaba es si había una falsedad en el acta en la que ese documento se había aprobado. Mientras se aseguraba que desde el Ayuntamiento se habían movido las lindes en el año 2009 lo que había era un cambio que, acertado o no, justificado o no, se había aprobado 19 años antes por un ayuntamiento gobernado por el mismo partido de quienes ahora levantaban su dedo acusador.
Ahora el juez da la oportunidad de acabar con este asunto, cuyo recorrido ya parece agotado. Por eso resulta difícil de entender ese empeño en prolongar un discurso que ha quedado desacreditado y en seguir estirando su agonía. Especialmente en estos días, en los que posiblemente nos hayamos saturado de discursos e iniciativas políticas inspiradas en fábulas.

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El ineludible destino de los prófugos
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Héctor Barbotta | 25-10-2017 | 1:41| 0

SUR 78 TRI.cdr

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Pan para hoy, hambre para mañana e incertidumbre mientras tanto. No es fácil ponerse en la piel de quienes cercados por una investigación judicial y conscientes de lo que habían hecho mientras se creían impunes decidieron poner tierra de por medio para no dar cuenta por su participación en la corrupción que saqueó a Marbella durante los años del gilismo. Más allá de las consideraciones morales, la experiencia ha terminado por demostrar que quienes decidieron escapar no han corrido, en general, mejor suerte que la de aquellos que se quedaron. Mientras que los condenados empiezan a salir de la cárcel o a disfrutar de permisos, quienes se fueron están comenzando ahora con su particular calvario judicial. Y con sus antecedentes como prófugos es muy improbable que en un corto plazo puedan disfrutar de permisos y beneficios penitenciarios.
Posiblemente las huidas hayan sido producto de un impulso primario, pero a estas alturas ya podemos concluir que convertirse en prófugo no ha sido la decisión más acertada para la mayoría de quienes eligieron la opción de largarse. El exconcejal Javier Lendínez huyó, se refugió en Bali y permaneció prófugo durante cerca de cinco años, el tiempo que posiblemente le haya durado el dinero. Al cabo de ese periodo tuvo que regresar para enfrentarse a su nutrida agenda judicial. Todavía sigue en la cárcel, sin posibilidad de permisos y con algunos juicios en agenda. Carlos Fernández, el prófugo paradigmático, consiguió permanecer escondido en Argentina durante 11 años, pero finalmente ha terminado saliendo a la luz. Aunque su defensa confía en que todos sus casos hayan prescrito, lo cierto es que un juzgado de Marbella en dos ocasiones y la Audiencia Nacional en otra han solicitado al Gobierno que pida su extradición al país sudamericano, trámite que todavía no se ha cumplimentado. Aunque llama la atención que el Gobierno todavía no haya aprobado el expediente, estando la Audiencia Nacional por medio lo lógico es esperar que se acabe pidiendo la extradición a las autoridades argentinas y que el exconcejal se siente en el banquillo.
Con más celeridad se resolvió en su día la extradición del empresario Andrés Liétor, condenado en el ‘caso Malaya’, que había puesto tierra de por medio tras conocerse la sentencia que lo condenaba a a cuatro años de cárcel y a pagar cuatro millones de euros. Líétor huyó a Venezuela, donde fue localizado gracias a la información facilitada por uno de sus antiguos cómplices. Ya cumple condena en una prisión de Madrid.
Esta semana se ha conocido otro caso, el del exconcejal del GIL entre 1995 y 1999 Esteban Guzmán Lanzat, que se encuentra ingresado en la prisión de Algeciras desde el pasado verano, cuando fue detenido apenas pisó suelo español tras regresar de Cuba. Guzmán Lanzat había permanecido prófugo en la isla caribeña, donde vive su hija, durante cinco años. El exedil se enfrenta a una condena firme de cuatro años y ocho meses por el ‘caso Minutas’, a varias condenas de alcance contable y a una acusación por el ‘caso Saqueo 2’, en la que el fiscal le pide 12 años y medio de prisión.
Guzmán podría constituir un caso emblemático entre quienes ocuparon posiciones de soldado raso en la estructura delictiva del GIL. Su firma aparece al pie de numerosas operaciones por las que tendrá que dar cuenta, pese a que, según afirman quienes le conocieron, apenas leía y escribía con dificultad cuando sus superiores lo colocaron al frente de las empresas municipales pantalla desde la que se organizó el saqueo de la ciudad. Ahora tendrá que dar cuenta por operaciones cuya comprensión seguramente escapaban a sus capacidades intelectuales pero a las que en su día avaló con su firma.
Este exconcejal es seguramente el caso opuesto al de otros dos prófugos de los procesos contra la corrupción en Marbella: Carlos Llorca y Juan Hoffmann. El primero, considerado el cerebro de una de las mayores estafas de la historia delictiva española, la de Fórum Filatélico, huyó cuando se lo perseguía por ‘Malaya’ y todavía no ha aparecido. El segundo no se presentó para cumplir la pena a la que fue condenado por ese caso y se refugió en Alemania, país del que es nacional y que se ha negado a devolverlo a España.
¿Por qué algunos pueden permitirse vivir toda la vida como prófugos y otros más tarde o más temprano acaban por volver? Posiblemente la diferencia radique en las posibilidades económicas y también en los pertrechos culturales que permiten adaptarse a una situación tan traumática como vivir escondido en otro país. La experiencia de estos personajes permite concluir que lo difícil no es escaparse, sino construir una vida desde la clandestinidad, algo para lo que son necesarios montañas de dinero o un talento especial que no todo el mundo tiene.
En Marbella se robó mucho y durante mucho tiempo, pero es difícil aventurar que todos quienes participaron en el saqueo de la ciudad hayan conseguido enriquecerse. La estructura del GIL, como todas las organizaciones mafiosas, era rigurosamente piramidal, con jefes y soldados. Los de arriba construyeron imperios, a los de abajo sólo les dio para vivir, mientras duró la fiesta, por encima de las posibilidades que su formación y sus talentos les hubieran permitido. Esa diferencia también se ha visto entre quienes llegado el momento decidieron huir. Unos y otros fueron necesarios para el saqueo. Está bien que la justicia ahora no haga distingos.

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Pesadilla
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Héctor Barbotta | 20-10-2017 | 10:37| 0

Llevamos tanto tiempo ocupados en lo urgente que no se lo estamos dedicando a lo importante. Aunque no está lejos el momento en que nos veamos obligados a cambiar de prioridades, cuando eso suceda ya no quedará mucho por hacer.
Las señales que la Tierra está dando acerca de cuáles son las consecuencias de lo que hemos hecho con ella son cada día más acuciantes. Pero son tan numerosas que ya no somos capaces de distinguir. Hay sequía, hay incendios, hay huracanes que provocan destrucción en el Caribe y fenómenos meteorológicos extraños en Europa y todo lo atribuimos al cambio climático. No se nos debería culpar por ello. La situación ha ido tan lejos que no tenemos herramientas para discernir por qué pasan unas cosas y por qué pasan otras. Es escandaloso que todos los gobiernos del planeta tengan prioridades diferentes a la necesidad urgente de cambiar de rumbo.
No hace mucho tiempo que nos vanagloríábamos de nuestro hecho diferencial climático. Teníamos días de playa a finales de septiembre o 320 días de sol al año y lo enseñábamos orgullosos al mundo como el mejor reclamo promocional. Marbella se vanagloriaba de sus dos grados menos que Málaga en verano y sus dos más en invierno, pero es posible que hasta eso esté cambiando. Hoy nadie puede estar satisfecho con haber perdido el otoño y con ver a turistas bañándose promediando octubre. Eso no es un privilegio climático, es una expresión de la catástrofe.
Los 320 días ahora son algunos más, el desierto avanza y los ríos pasan de ser cauces secos donde se acumula la basura a caudales incontrolables que se desbordan hasta que un nuevo periodo de sequía nos vuelve a hacer perder la memoria.
Aunque afortunadamente en esta parte del mundo el presidente ya se habrá arrepentido de aquella referencia a su primo el meteorólogo que pasó a los anales del cuñadismo político, en la mayor potencia del mundo sigue imperando el negacionismo. Los intereses económicos son tan potentes que ni los huracanes más devastadores son capaces de torcer las voluntades obtusas.
Parece el guión de una serie de terror futurista y nosotros, los protagonistas que ya a mitad de la temporada se han adaptado a un mundo apocalíptico. Un estudio presentado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos vaticina que en 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Ni esa cruda realidad nos compele a cambiar de hábitos ni a exigir cambios de políticas.
Somos animales de costumbres, y la única salida al nuevo paisaje parece ser la de resignarnos. La de acostumbrarnos a la pesadilla.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella