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Autor: HectorBarbotta
Ruegos
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Héctor Barbotta | 15-05-2018 | 12:55| 0

Los empresarios turísticos deberían repensarse si tiene sentido mantener esa reivindicación que vienen manteniendo desde hace casi 40 años sin que les hagan el más mínimo caso: que exista en España un ministerio exclusivo de turismo. Algún mal pensado podría sugerir que nadie en su sano juicio arriesgaría el daño de imagen que podría ocasionarle convertirse en sucesor del último ministro de Turismo que ejerció con plenas competencias aunque sin credenciales democráticas, pero las causas son menos rebuscadas. Un ministro de turismo no tiene esencialmente nada que hacer.
Es verdad que de un tiempo a esta parte, concretamente desde que Rodríguez Zapatero lo incluyó en su primer gobierno en 2004, ha habido miembros del Gobierno que han tenido bajo su competencia esa cartera. Pero a no ser que queramos hacernos trampas al solitario deberíamos reconocer que eso no es más que un título nominal, una responsabilidad secundaria. ¿Hay acaso algo en materia turística que pueda recordarse de las gestiones de Pablo Sebastián (ministro de Industria, Comercio… y Turismo), de José Manuel Soria (Industria, Energía… y Turismo), o del actual, Álvaro Nadal (Energía, Agenda Digital… y Turismo)?
En el foro organizado por SUR el pasado lunes en Marbella, el propio Nadal tuvo un ataque de sinceridad inusual en el mundo de la política, donde abundan quienes prefieren acariciar los oídos a los auditorios. El ministro reconoció que el Gobierno carece de competencias en la materia y que cualquier norma que se impulse desde Madrid puede acabar en el Tribunal Constitucional si uno de los 17 gobiernos autonómicos considera que se han invadido sus competencias.
Amparándose en esta situación, el ministro advirtió que no corresponde al Gobierno legislar sobre los apartamentos turísticos, posiblemente el problema de mayor entidad que el sector tiene por resolver y que al parecer tendrá, llegado el caso, 17 soluciones diferentes.
Por el contrario, Nadal reconoció que su actividad como ministro de Turismo consiste esencialmente en pedir ayuda a sus compañeros de gobierno. Al de Fomento, que invierta si es posible en trenes y aeropuertos; al de Interior, si no le incomoda, que no descuide la seguridad en las playas durante el verano; al de Cultura, si lo tiene a bien,que preserve el patrimonio, y así con todos. Sólo la ministra de Defensa se libra de los ruegos. Aunque recurriendo al léxico posmoderno deberíamos llamarlo transversalidad, seguramente un observador de otras latitudes se sorprendería al descubrir que el papel del ministro del área en la segunda potencia turística del mundo se limita a rogar que no le fastidien el invento.

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El no hospital, la no asociación contra los malos tratos, el no periodismo
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Héctor Barbotta | 15-05-2018 | 12:51| 0

Hay equivocaciones que permiten darse de cara con la realidad. La Junta de Andalucía envió el pasado jueves una convocatoria de prensa sobre la visita, al día siguiente, de la consejera de Salud, Marina Álvarez, a la provincia de Málaga. La convocatoria anunciaba que Álvarez abordaría en su visita el proyecto del nuevo hospital y por un momento una lectura superficial y apresurada encendió una luz que apenas tardó una fracción de segundo en apagarse. La visita de la consejera tendría dos paradas en la provincia de Málaga. La primera, en Málaga capital, era para abordar con el alcalde el proyecto del futuro hospital. La segunda etapa de la visita, en Marbella, no era para abordar ningún proyecto ni para dar noticias acerca de la ampliación del centro sanitario, sino para presidir el acto de entrega de la placa que acredita el Premio Nacional Best in Class (BIC) a la Agencia Sanitaria Costa del Sol en la categoría de Mejor Hospital 2017.
Es decir, que la consejera no venía a Marbella a encender ninguna luz de esperanza sobre la ampliación del hospital de Marbella, sino a certificar la calidad y profesionalidad de los sanitarios que allí trabajan, algo que por otra parte ya sabíamos.
Después de varios intentos de llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria y que todos se frustraran a la hora de hacer cuentas y determinar cuánto dinero tenía que soltar, la Junta de Andalucía ha tirado la toalla en el asunto del hospital.
Ellos tienen un relato y Marbella tiene una obra parada que va camino de cumplir una década.

Gran parte del debate político de esta semana ha estado centrado en la asociación ‘Despertar sin violencia’, una entidad supuestamente dedicada a defender y proteger a víctimas de maltrato que se situó en el centro de la polémica tras compartir en su página de Facebook un artículo que defendía a los miembros de ‘la manada’ y atacaba a la víctima de la agresión sexual protagonizada por estos. La asociación Marbella Feminista reclamó que se le retire la subvención que el Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, le concedió este año, petición a la que se sumaron primero Izquierda Unida y Podemos y posteriormente el PSOE.
Después de que el asunto saltara a los medios nacionales, con la falta de rigor a que muchos de ellos nos tienen acostumbrados cuando abordan cuestiones relativas a Marbella, el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, anunció el pasado jueves que pediría un informe sobre la posibilidad de que la ayuda le sea retirada –una iniciativa difícil de concretar por las dificultades legales que acarrearía– y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, compartió un mensaje en la que aseguraba que el asunto está desde el primer momento en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, ya que una asociación que dice defender a las víctimas de violencia de género y comparte estas afirmaciones «no merece ninguna ayuda pública».
Lo cierto es que aunque es ahora cuando la asociación ha saltado a la luz pública, ni las subvenciones que recibe del Ayuntamiento ni sus posturas al menos discutibles y polémicas sobre el grave problema de la violencia de género son nuevas. ‘Despertar sin violencia’ viene recibiendo ayudas públicas municipales desde 2011. Primero, entre 2.000 y 2.500 euros anuales, cantidad que creció hasta los 4.000 euros anuales en 2014 y a 6.350 euros en 2016, año en el que también se le cedió un local municipal en San Pedro. Al año siguiente, al cambiarse el sistema de concesión de este tipo de ayudas –que pasó de ser nominativa a por concurrencia– la asociación no optó a las mismas, y este año, cuando el sistema volvió a ser nominativo, se le concedieron 9.000 euros, atendiendo a que el año anterior no había recibido nada.
La asociación emitió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba que retiraba de su página de Facebook el artículo que había levantado polémica y explicaba que su criterio es colgar todo lo que puede resultar de interés, sin entrar a valorar su contenido. Aunque es cierto que de la visita a esa página no se puede deducir un criterio sobre cuál es la postura de la asociación sobre la violencia machista, la propia falta de criterio resulta bastante aleccionadora sobre la naturaleza de esta entidad.
De hecho, se trata de una asociación que no utiliza la expresión violencia machista, ni violencia de género, sino violencia doméstica, y que en algunas de las entradas de su página web lamenta que en España la ley «solamente contempla la violencia contra la mujer». En varias comparecencias públicas, su portavoz ha defendido que también existe violencia de las mujeres contra los hombres, lo que la ha llevado a polemizar con colectivos feministas, que ponen sobre la mesa las abrumadoras cifras que demuestran un grave problema de violencia machista, y no a la inversa, en España.
Por eso, quizás la pregunta no debería ser si se le debe retirar la subvención, sino cómo es posible que haya recibido ayudas públicas durante tanto tiempo. Más allá de los inevitables episodios de oportunismo político, y teniendo en cuenta que esta dudosa asociación ha recibido fondos públicos con gobiernos de diferente signo, este episodio debería invitar a actuar con mayor rigor a la hora de decidir el destino del dinero de todos.
El debate se centra ahora en cómo retirarle la última ayuda que ha recibido, de 9.000 euros y si hay margen legal para hacerlo. Posiblemente baste con advertirles que después de cómo se han comportado tendrán muy difícil justificar el año próximo los gastos realizados, por lo que podrían verse obligados a devolver lo que, con una confianza que ha sido defraudada, se les ha entregado.

El pasado jueves a mediodía el centro de Marbella permaneció paralizado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa pero que obligó a desplegar el protocolo previsto para estos casos, con un corte del tráfico en Ricardo Soriano que colapsó la ciudad durante dos horas.
Ante la falta de certezas, y también por las normas deontológicas que aconsejan no difundir este tipo de amenazas anónimas debido al efecto multiplicador que esas conductas generan, algunos medios optamos por la prudencia, lo que no evitó que la red se llenara de bulos y noticias falsas que iban, a cual más disparatada y alarmante, desde un atraco con rehenes a una amenaza del terrorismo yihadista.
Durante dos horas, a través de páginas de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp estas falsas noticias y especulaciones alarmaron a personas que no sabían qué estaba pasando. Fue una oportunidad, una más, para reflexionar acerca de mal llamado periodismo ciudadano, de la obligación de los periodistas, cualquiera sea el soporte sobre el que trabajan, de publicar certezas y no especulaciones, de la obligación de imponer el rigor a la inmediatez y de la necesidad de dejar algo tan sensible y necesario para el conjunto de la sociedad, como es la información, en manos de profesionales.

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Una despedregadora para San Pedro
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 1:48| 0

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Hay problemas que se puede decir que han estado siempre, pero el de las playas no. El problema de las playas nos lo hemos ido fabricando poco a poco. Construyendo más de la cuenta, privatizando espacios que debían actuar como anillos de protección del espacio natural, situando paseos marítimos donde debía haber arena, comportándonos como si la naturaleza, por sí misma, iba a encontrar soluciones frente a nuestros desmanes en lugar de comprender que nuestra condición depredadora no es ineludible.
Basta con ver cualquier fotografía aérea de la época en la que solamente había fotografías en blanco y negro y compararla con la realidad actual para entender que hoy en día las playas son un problema, pero que no son un problema que no nos hayamos buscado.
De hecho, deberíamos reconocer que al día de hoy seguimos viviendo de la inercia creada cuando el turismo estaba naciendo y Marbella era todavía un paraíso natural. Hoy, que en gran medida ha dejado de serlo, los turistas han dejado de venir por las playas. Vienen a pesar de las playas y no se puede decir que la ciudad no tenga un gran mérito en ello. Pero igual sería mejor no seguir tentando a la suerte.
Hoy en día las playas son un problema. En realidad son el talón de Aquiles de nuestra oferta turística y hay que reconocer que a la hora de intentar disimularlo se le está echando imaginación al asunto. Cada temporal que azota la costa –hay dos o tres cada año, por lo que no se puede decir que sean fenómenos meteorológicos extraordinarios–, las hace desaparecer; las llamadas ‘natas’ –esto sí que es un fenómeno extraordinario, ya que es difícil verlo en cualquier otra playa de España–, aparecen recurrentemente, y algunas situadas en emplazamiento claves, como San Pedro o Guadalmina, están cubiertas de rocas y pedruscos.
Lo que llama la atención de este asunto es que todo el mundo está de acuerdo en que esta situación es impresentable y que no se puede seguir así, pero así seguimos año, tras año.
La llegada del verano suele dar lugar a soluciones a las que podríamos denominar imaginativas aunque un observador neutral podría considerarlas en el mejor de los casos parches y, en el peor, operaciones de marketing para ocultar vergüenzas y salvar la cara.
Es el caso de los llamados ‘barcos quitanatas’, una solución de emergencia que generalmente no soluciona nada y que además pone en evidencia una situación a la que nos hemos acostumbrado, nos sigue avergonzando y nos recuerda desde hace décadas que el saneamiento integral, una actuación básica en cualquier país desarrollado, sigue siendo un problema que compite por méritos propios y en igualdad de condiciones con el tren litoral en el apartado de grandes asignaturas pendientes de la provincia de Málaga.
Esta semana conocimos que la arena que se está retirando del puerto de Cabopino se está destinando a regenerar las playas de Las Chapas, y también que Costas destinará 600.000 euros para devolver arena a las playas de la Costa del Sol Occidental en los tramos Marbella-Mijas y San Pedro-Estepona. Este año, se asegura, hay más dinero que nunca para ese empeño y hay que concluir que la meteorología ha obligado a ello. Si se sumara euro a euro todo lo que se ha invertido en regeneración en, digamos, la última década saldrían unos espigones más que apañados. Pero ya se sabe que lo urgente no deja tiempo ni recursos para lo importante. Mientras se espera a que la promesa de las obras pendientes se traduzca en partidas presupuestarias -no es el caso todavía, aunque se promete que lo veremos pronto-, toca conformarse con los camiones de arena de cada año.
Para la playa de San Pedro, que a la vista de rocas y pedruscos no se puede concluir con certeza que sea una playa digna de ese nombre, el Ayuntamiento está estudiando si contrata dos despedregadoras. La despedregadora sampedreña va camino de convertirse en el trabalenguas del verano, y habrá que ver si en objeto de curiosidad por parte de los visitantes. Básicamente se trata de una máquina arrastrada por un tractor que separa la arena de las piedras. Las pobres máquinas tienen por delante una tarea ímproba y no es seguro que se vaya a coronar con el éxito. No saben dónde las han metido. Queda la esperanza de que las piedras se puedan utilizar en un futuro próximo para la construcción de los espigones, que se asegura que llegará más temprano que tarde. Mientras tanto, a esperar que sigamos teniendo suerte en la ruleta rusa y que los turistas sigan viniendo. A pesar de las playas.

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Aquí al lado
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 1:42| 0

Seguramente habrá quien piense que a estas alturas no deberíamos asustarnos porque alguien diga que en el entorno de la Costa del Sol se está instalando una mafia vinculada al narcotráfico. Hace ya mucho tiempo que esta zona convive con organizaciones criminales que ven aquí un buen lugar para refugiarse, pasar desapercibidas entre tanta población extranjera con altísimo nivel de vida y blanquear mediante inversiones inmobiliarias. Incluso habrá quien recuerde cuando desde los mismos países que nos enviaban a sus criminales se bautizó a la Costa del Sol como la Costa del Crimen, una situación que se tapó porque no venía bien a la promoción turística hasta que los ajustes de cuentas, en algunos casos con balas perdidas que se cobraban víctimas colaterales, obligaron a abordar el asunto.
Habrá quien piense que no deberíamos asustarnos, pero solamente un irresponsable no se tomaría en serio lo que está sucediendo en el Campo de Gibraltar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles alertó la semana pasada de que en esa zona, a tiro de piedra de la Costa del Sol, se está conformando el primer cártel de la droga de España y eso es mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. El ministro del Interior, con la fatuidad y la insolvencia acostumbradas, se ha apresurado a decir que no es así. Ha exhibido como sustento de su afirmación el récord de aprehensiones de droga que se está batiendo últimamente, pero hasta el último en llegar a las crónicas de sucesos y cualquiera que haya hablado alguna vez con expertos policiales sabe que cuando se incauta más droga es porque está entrando más.
El ministro no puede mostrar un dato, ni uno solo, de que se estén destinando más fondos para afrontar la situación que se empieza a experimentar en el campo de Gibraltar, una zona sensible y vulnerable como todas las zonas de frontera, azotada además por el flagelo del paro y la falta de oportunidades que convierten al mundo de la droga en una opción tentadora para miles de jóvenes sin futuro.
Hace ya tiempo que quienes trabajan sobre el terreno vienen alertando de la necesidad de asumir el problema, de dotar de más medios a las fuerzas policiales y de invertir en serio para ofrecer una opción de vida a quienes no encuentran otra alternativa que convertirse en peones de ese juego siniestro. Después de los sucesos que pusieron en duda la ecuación básica democrática de que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, se supuso que habría un desembarco de recursos para combatir a los narcos. Los refuerzos apenas estuvieron el tiempo necesario para que el ministro se hiciera la foto.
Esto va en serio y está aquí al lado. Si creemos que no nos va a afectar erramos de lleno.

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Una plaza con incertidumbres
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Héctor Barbotta | 07-05-2018 | 1:41| 0

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ratificó esta semana en Marbella el compromiso adquirido por el Gobierno para dotar de nuevos instrumentos jurídicos que permitan que la ciudad recupere el patrimonio que le fue saqueado durante los años del gilismo. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno y que afronta ahora su tramitación parlamentaria incluye un artículo que permite que las multas que cobre el Estado a raíz de sentencias dictadas sobre casos de corrupción en Marbella repercutan en la ciudad. Según establece este artículo, ese dinero podrá regresar de dos maneras posibles. Una, aplicándose a la reducción de la deuda que el Ayuntamiento todavía mantiene con Hacienda y con la Seguridad Social por los 15 años de impagos durante la época del GIL. Dos, mediante la financiación, por parte de Hacienda, de proyectos de utilidad pública en Marbella. Esta opción quedará reflejada en un convenio que se firmará tan pronto como se aprueben los presupuestos, según explicó Fernández de Moya.

No es la primera vez que el Ayuntamiento, y en concreto Ángeles Muñoz, consigue que el reconocimiento de que la ciudad fue saqueada desde la propia institución municipal adquiera rango de ley. Sin embargo, más allá de la reparación moral que ello supone, lo que resulta interesante de analizar es si esta reparación alcanzará también al ámbito de lo material.

Los derechos adquiridos en sentencias firmes por parte del Ayuntamiento permitieron hace ya seis años que la institución municipal pudiera refinanciar la deuda con el Estado que ahogaba a las arcas municipales y ponía en peligro el funcionamiento de los servicios más básicos. Esa refinanciación, a 40 años, permitió a su vez poner orden en las cuentas municipales, que hoy, gracias también a otros factores, presentan un estado razonable y un superávit de 90 millones de euros, absurdo para una ciudad con tantas necesidades. La deuda, en estos años, se ha ido reduciendo y ha pasado de los 270 millones de euros que recibió la gestora en 2006 a los 83 millones confirmados el pasado lunes por el secretario de Estado de Hacienda.

Sin embargo, más allá de los anuncios, de la reparación moral que supone que una resolución con rango de ley reconozca el derecho de la ciudad a que el dinero vuelva e incluso de la buena voluntad que puedan mostrar los responsables del Gobierno hacia la ciudad, es necesario poner los pies en la tierra. Marbella tiene reconocido en sentencias firmes el derecho a ser indemnizada por 300 millones de euros y de esa cantidad solamente se han conseguido cobrar 15 millones. El Estado, tomando en cuenta solamente la sentencia del ‘caso Malaya’, es acreedor de los condenados por corrupción en perjuicio de Marbella por más de 455 millones. No hay datos acerca de cuánto ha podido cobrar de esa cantidad, pero tomando en cuenta que los acreedores son en su mayoría los mismos que no le han pagado casi nada al Ayuntamiento es muy probable que las multas sean más un asiento contable que una realidad reflejada en las cuentas bancarias del Estado. Por eso, más allá de que es necesaria una actitud proactiva a la hora de cobrar, porque el dinero no vendrá solo, lo más recomendable es aferrarse a lo que hay. Y lo que hay son las propiedades que se han conseguido incautar y que el Ayuntamiento hace bien en buscar los cauces para que pasen a formar parte del patrimonio municipal y del equipamiento público. A la larga no nos quedará mucho más que eso.

La visita del secretario de Estado de Hacienda pone en evidencia otra realidad que empieza a dejar de pasar desapercibida. El Gobierno está moviendo a sus cargos por la geografía nacional porque sabe que la batalla que se librará en las próximas elecciones municipales será decisiva.

Que en lo que va de año el PP haya organizado en Marbella su convención municipal andaluza, con la presencia de Mariano Rajoy; que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, haya venido a presentar un proyecto de tren que todavía no está terminado; que ahora el secretario de Estado de Hacienda haya hecho lo mismo con un acuerdo para los Presupuestos que Ángeles Muñoz ya había adelantado y las visitas que seguramente vendrán en el futuro no demuestran otra cosa que la importancia que el PP le atribuye a mantener la Alcaldía de esta ciudad.

Ya se sabe que los comportamientos electorales en Marbella son muy difíciles de prever y por eso la incertidumbre a un año de las elecciones municipales es máxima. Hace tres años, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta y que el PSOE se quedara con la Alcaldía tras firmar un pacto a cuatro, se dio por hecho que no volvería a producirse una mayoría absoluta en Marbella, sobre todo por la irrupción de nuevos actores políticos con peso electoral. Tras recuperar el mando con la moción de censura, el horizonte de una nueva mayoría absoluta volvió a aparecer como un objetivo posible si los resultados de la gestión acompañaban al PP, pero el grave desgaste que ha sufrido, y que sigue sufriendo, esa marca a nivel nacional a cuenta de los inacabables casos de corrupción y la incapacidad para hacer limpieza hacen que de nuevo el objetivo vuelva a aparecer improbable para los populares.

A nivel local, la incertidumbre es mayúscula. No se sabe si habrá confluencia electoral a la izquierda del PSOE (de hecho, ni siquiera se sabe si una eventual alianza beneficiaría o perjudicaría electoralmente a Podemos e Izquierda Unida, que actualmente suman por separado cuatro concejales); no se sabe qué repercusión tendrá electoralmente para OSP su cambio de aliados a mitad del mandato municipal (sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de su electorado natural suele votar socialista en las convocatorias no municipales); no se sabe si habrá otra candidatura identitaria sampedreña; no se sabe quién será el candidato de Ciudadanos ni tampoco cuándo se resolverá esa incógnita. Tampoco se sabe si el ‘caso PGOU’, que ha resucitado tras su archivo, llegará vivo a las próximas elecciones con el desgaste que eso supondría para Ángeles Muñoz.

Con este panorama resulta imposible aventurar cómo se podrían configurar posibles alianzas que conformen una mayoría en el pleno municipal. Sobre todo, porque existe la certeza de que los acuerdos a los que se puedan llegar no serán municipio a municipio, sino parte de un arreglo general en el que estará incluida la pieza que todos los partidos persiguen: la Diputación Provincial y su presupuesto millonario.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella