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Autor: HectorBarbotta
Hoja de ruta sin unanimidad
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 1:01| 0

El pleno aprobó este viernes la hoja de ruta del gobierno municipal para salir del atolladero urbanístico en el que se encuentra la ciudad desde que hace un año y medio el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010. En realidad el bloqueo viene de antes y nadie debería esperar una mejora sustancial e inmediata después de la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y de haberse obtenido el visto bueno del pleno para iniciar su proceso de adaptación a la LOUA, una tramitación que nadie se atreve a adelantar cuánto durará.
Después de haber mantenido la incertidumbre durante los días previos y de recibir presiones bastante explícitas por parte de las principales asociaciones empresariales, el PP optó por la abstención y por ceder a Podemos el papel de árbitro en un asunto sustancial.
Si bien no ha sorprendido la postura final que adoptó el PP, sí ha llamado la atención la manera en la que afrontó el debate. A nadie escapa que el urbanismo es una cuestión compleja donde reinan la confusión y problemas que se entrecruzan. Toda la economía de la ciudad –no solamente los empresarios o los inversores, como suele erróneamente apuntarse– sufre el retraso de las licencias, el síntoma más evidente de que las cosas no funcionan como es debido. Pero atribuir esa circunstancia solamente a que se ha anulado el PGOU de 2010 supone una simplificación. Los problemas en el área vienen de mucho antes.
No cabe reprocharle al Partido Popular que no comparta la estrategia adoptada por el tripartito para afrontar esta situación –cuya responsabilidad es de ambos partidos mayoritarios en porcentajes seguramente muy cercanos al 50 por ciento– pero sí que no haya explicado con claridad cuál es su alternativa. A lo largo de cada semana el grupo popular suele convocar entre dos y tres ruedas de prensa para marcar su postura sobre asuntos de lo más diversos. Que no lo haya hecho para explicar su abstención en este tema y la alternativa que propone, que haya mantenido la incertidumbre hasta último momento, que haya reducido sus explicaciones a las acotadas intervenciones en el pleno, que la postura la hayan comunicado dos portavoces diferentes, que Ángeles Muñoz no haya abierto la boca en el pleno, pone en evidencia, además de las consideraciones que se puedan hacer sobre la situación de la exalcaldesa, que el grupo popular prefiere eludir cualquier responsabilidad en este asunto.
Su estrategia parece ser esperar a que el equipo de gobierno se estrelle en soledad. Cabe esperar más de la primera fuerza política de Marbella.

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Turismo de sol y…
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 12:59| 0

 

Hay problemas que tienen una virtud divulgativa. Así como una mayoría desconocía qué era la prima de riesgo antes de que la crisis la situara en el primer plano, los años de la ‘operación Malaya’ convirtieron a muchos marbellíes en expertos en derecho procesal, y lo que vino después tuvo para mucha gente el valor de un máster de Urbanismo. Desde hace tiempo, hay también muchos vecinos que tienen opinión formada sobre cómo evitar que las playas se queden periódicamente sin arena aunque no sean ni ingenieros ni biólogos marinos.
Es difícil que surja la conversación sobre el estado de las playas y que no haya quién tenga opinión acerca de si serían más eficaces unos espigones perpendiculares o paralelos a la costa, o si serían más eficaces en superficie o semisumergidos. Allí donde la gente empieza a sentir la necesidad de convertirse en especialista suele haber un problema sin resolver.
Muchas veces cuando se habla de las fortalezas de la oferta turística del sur de España y se menciona a las playas, los vecinos de Marbella suelen sentir la necesidad de guardar silencio, porque el prestigio de la ciudad descansa sobre una multitud de factores, algunos naturales y muchos otros construidos a lo largo de más de medio siglo de trabajo, talento y esfuerzo. Pero las playas han dejado de ser una fortaleza de Marbella para pasar a constituir una debilidad. Que no lo mencionemos en las campañas de promoción turística, que muchas veces se guarde un piadoso silencio, no quiere decir que no tengamos un problema. Los turistas no vienen por las playas, vienen a pesar de las playas. Apostar a que lo seguirán haciendo si seguimos ignorando este problema es jugar a la ruleta rusa.
No se trata de un problema que haya estado siempre. Marbella no se podría haber construido desde la nada si no hubiese tenido unas playas que se han degradado radicalmente, en primer lugar por la presión urbanística y también porque en algún momento alguna mente preclara decidió que había que quitar los espigones que las protegían de los temporales. Los más antiguos recuerdan a La Venus en el extremo de una de esas estructuras que se metían en el mar.
La solución que se arbitra desde entonces forma parte de una lógica absurda. Con cada invierno el viento y el oleaje se llevan la arena, y en cada primavera se dedican ingentes cantidades de dinero público para reponerla. Si, como ha sucedido este año, el temporal se empeña en visitarnos más asiduamente –no siempre, pero a veces la naturaleza nos devuelve nuestra falta de respeto–, la reposición de arena también debe repetirse. Cientos de miles de euros esparcidos, arrasados y otra vez esparcidos en un círculo que se repite año tras año tras año. Existe la opinión generalizada de que se puede romper esa dinámica devolviendo los espigones que alguna vez estuvieron y el Ayuntamiento se ha ofrecido a financiarlos.
Posiblemente no sea la salida más ordenada ni lo que en una situación ideal correspondería hacer frente a un problema que debería haber resuelto el Estado hace ya mucho tiempo. Para eso tiene no sólo las competencias, sino también la responsabilidad y el discurso hueco cada vez que se menciona la importancia de Marbella en la actividad turística. Pero de momento, la propuesta municipal es la única que hay sobre la mesa y además tiene la virtud de la agilidad. El alcalde ha dicho esta semana que si se acepta la oferta, podría ponerse en marcha este mismo año.
Es verdad que además de aportar una posible solución, la propuesta municipal también pone en evidencia una situación de abandono por parte de la Administración central, del mismo modo que la financiación municipal del futuro centro de salud de San Pedro desnuda las vergüenzas de la Junta de Andalucía en relación con Marbella. Pero si el Gobierno no tiene una solución mejor, debería tragarse el mal rato y darle vía libre. Cualquier otra respuesta sería difícil de entender.

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Mal momento para la amnesia
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 12:56| 0

En estos días en que deberíamos estar conmovidos -aunque no lo estemos porque ya nos hemos acostumbrado- por un nuevo caso de corrupción, estaría bien que todos los ojos volvieran a posarse en Marbella. No por una cuestión de nostalgia por los tiempos en los que se asistía a la fiesta sin pensar en la factura, sino de rabiosa actualidad. Marbella es un buen ejemplo, hoy día, de cuáles son las consecuencias de haber soportado la corrupción durante demasiado tiempo. Casi olvidado el impacto mediático inicial, celebrados los juicios y conocidas las sentencias, cumplidas o en cumplimiento la mayor parte de las condenas, con muchos de los responsables ya fuera de la cárcel sin haber devuelto el dinero (el caso más reciente es el de José María del Nido), los efectos del saqueo permanecen. Y es probable que futuras generaciones los sigan sufriendo aún cuando ya se haya cedido a la tentación del olvido.

Esta semana se han conocido las dificultades que continúan surgiendo en la compleja tarea de normalizar la situación urbanística de la ciudad, que sigue teniendo miles de inmuebles en situación irregular y carencia de suelo para dotarse de las infraestructuras mínimas necesarias, y las diferencias que separan a los dos principales partidos a la hora de arbitrar soluciones.

Resulta muy significativo que los debates que se están celebrando en torno al bloqueo urbanístico que sufre la ciudad sitúen el origen del problema en el Plan General de 2010 y su anulación en noviembre de 2015, cuando en realidad habría que remontarse mucho más atrás, a 1991, cuando en las elecciones municipales de ese año el pueblo de Marbella le abrió al zorro de par en par las puertas del gallinero.

 

Debería ser materia de estudio sociológico el pertinaz empeño de esta sociedad y de sus representantes políticos en olvidar aquel terrible periodo de la historia de Marbella y resulta bastante significativo que los dos principales partidos se echen mutuamente las culpas de la actual situación cuando deberían ir de la mano no sólo a buscar soluciones sino también para recordar cómo empezó todo, única fórmula posible para despejar del camino futuro de la ciudad la piedra con la que nunca más debería tropezar.

Sin duda, resulta más cómodo situar el origen del problema en el PGOU de 2010 porque ahí tanto el PP como el PSOE tienen batería para descargar contra su adversario y alimentar de esa manera a sus hooligans, porque unos y otros fueron corresponsables en el proceso que concluyó en su aprobación. Unos, porque la institución que gobiernan desde hace más de tres décadas fue la que designó a uno de sus urbanistas de cabecera para que lo redactara y siguió tutelando el proceso aún después de que devolviera las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Los otros, porque estaban al frente de la institución municipal y tenían mayoría absoluta cuando el pleno lo aprobó, sin escuchar las voces que advertían que el documento no iba a servir para solucionar los problemas existentes y crearía otros nuevos. Harían bien el PSOE y el PP en asumir que el PGOU se aprobó con los votos de ambos grupos municipales y que después el documento fue refrendado por la Junta. De esa manera podrían entender que por mucho odio que se tengan sus máximos responsables políticos en Marbella, por muchas cosquillas que se sigan buscando mutuamente en los tribunales, por desagradable que les resulte sentarse a hablar frente a frente en una mesa, la ciudad no les perdonará que no sean capaces de ir juntos en la solución de este problema.

El equipo de gobierno, que a veces parece actuar como si olvidara que está ahí como consecuencia de que tuvo mayor capacidad que su adversario para negociar, tejer alianzas y constituir una mayoría para la investidura, ha elaborado una hoja de ruta para salir del atolladero urbanístico. Pero la tarea no ha terminado ahí, sino que es ahora cuando debería empezar. Es ahora cuando tendrían que estar dedicados a convencer a los dos grupos de la oposición que ese es el mejor camino, o el único posible. O en caso contrario, pedirles alternativas. Sin embargo, lo sucedido en el pleno de febrero, cuando uno de los documentos quedó sobre la mesa, y lo de la última comisión de urbanismo, cuando no se aseguró la mayoría del segundo documento para el pleno de este mes, demuestra que queda mucho por hacer.

Está claro que el PP no está por la labor de poner las cosas fáciles. Habrá muchos de sus electores que lo entenderán y, seguramente, muchos otros que no. Cada uno es libre de elegir sus estrategias, con la advertencia de que después debe asumir las consecuencias.

El gobierno municipal ha optado por un camino que puede entenderse como opuesto a la negociación. Los esfuerzos se han dedicado a presentar su propuesta ante los colectivos vecinales y, sobre todo, empresariales, a los que se les ha explicado la imperiosa necesidad de que salgan adelante la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y de su adaptación a la LOUA. El último actor en esta estrategia ha sido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, que esta semana se presentó en Marbella para dar su bendición a la hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento. En el PP entienden, con razón, que están siendo objeto de una campaña de presión para hacerles cambiar de opinión por un camino diferente al del negociar. Y aseguran que por esa senda no les van a torcer.

Por el interés de la ciudad, ambas partes deberían sentarse en una mesa, mirarse a los ojos y comenzar a hablar.

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Imaginación
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Héctor Barbotta | 21-04-2017 | 12:54| 0

Cuando Gil y sus discípulos reinaban en las portadas y en los horarios de audiencia máxima toda la corrupción política se asociaba casi exclusivamente al manejo espurio del urbanismo. Pero gracias a los inacabables casos aislados que hemos conocido desde entonces hemos aprendido que Einstein falló cuando dijo -en caso de que la cita sea verdadera y no una de los millones de posverdades que circulan por la red- que sólo el universo y la estupidez humana son infinitas. Los ladrones de cuello blanco nos han hecho conocer que la codicia y las fórmulas posibles del saqueo también pueden alcanzar ese rango.
De Malaya hasta aquí hemos aprendido que se le puede tomar el pelo al personal y quedarse con lo suyo recalificando suelo y firmando convenios urbanísticos, pero también cobrando el 3 por ciento por cada obra pública; inflando artificialmente los precios de infraestructuras de diversa índole; recaudando con membrete de la familia regia para jornadas que nunca se realizan o que se realizan con presupuesto inflado; montando cursos que nunca se imparten; adjudicando eventos sin concurso público; recaudando para el partido y quedándose con una parte; privatizando servicios públicos que después se rescatan para sanearlos y así volver a privatizarlos; aplicando el mismo sistema pero con la banca; tolerando que las sentencias en favor de los consumidores nunca se ejecuten; permitiendo sistemas de tarificación aprobados en consejos de administración donde se sienta un excargo público, repartendo tarjetas barra libre… En su afán pedagógico, los prohombres nos han ilustrado sobre el valor de la imaginación a la hora de satisfacer una ambición insaciable por definición y también sobre su propia falta de escrúpulos cuando se trata de traicionar la confianza y quedarse con lo de todos.
El último caso aislado remite a una modalidad sin duda novedosa e imaginativa: utilizar los recursos de una empresa pública de abastecimiento de agua para comprar a precios desorbitados empresas ruinosas en América Latina. No puede decirse que sea el no va más porque eso supondría haber alcanzado una meta, algún tipo de punto final, y en la dinámica en la que estamos la única certeza es que cada caso que sale a la luz sólo es la antesala del siguiente.
Pero el alarde de sofisticación que lucen para robar se convierte en vulgaridad cuando los pillan. Ahí se limitan a anunciar que el trincado ha perdido su condición de militante del partido y su nombre es reemplazado por la fórmula ‘esa persona de la que usted me habla’. Al menos por respeto al personal deberían echarle un poco más de imaginación.

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Sin toros
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Héctor Barbotta | 21-04-2017 | 12:52| 0

Ya no habrá más corridas de toros en Marbella. Los festejos se han acabado sin que medie una prohibición. Tampoco hay que atribuir el final al boicot de los antitaurinos. Los toros se acaban, sobre todo, por incomparecencia del público.

Este periódico publicó el pasado lunes que el Ayuntamiento había decidido hacerse cargo de la gestión de la plaza después de que el empresario desistiera de seguir adelante. Los últimos festejos taurinos habían sido una ruina porque la gente no iba y para continuar, el concesionario reclamaba una subvención municipal. El Ayuntamiento decidió no aplicar un tratamiento de respiración asistida y dejó agonizar al enfermo. Ahora la plaza se destinará a actividades culturales, entre las que el equipo de gobierno de Marbella no considera que las corridas de toros encuentren sitio.

Tras el revuelo, el alcalde de Marbella, José Bernal, aclaró que el Ayuntamiento no es antitaurino. En efecto, no ha habido una declaración institucional explícita, pero tampoco se puede decir que el gobierno municipal haya mostrado un entusiasmo desmedido por mantener a Marbella como plaza de festejos.

Recuperar la Plaza de Toros, situada en el corazón de la popular barriada marbellí que lleva esa nombre, rehabilitarla y utilizarla para otro tipo de actividades fue una de las condiciones que el grupo municipal de Podemos puso para dar su aprobación a los presupuestos municipales.

Es evidente que ni el alcalde ni el resto de los ediles socialistas se sienten cómodos reconociendo públicamente que han accedido a una exigencia y por eso se ha apuntado que si alguien quiere organizar una corrida de toros en Marbella tiene la opción de la plaza de toros de Puerto Banús, un recinto que permanece cerrado desde hace siete años y en el que el verano pasado hubo que suspender un concierto porque un informe de bomberos no lo consideró apto para que abriera sus puertas al público. La alternativa propuesta por el alcalde es suficientemente elocuente: el Ayuntamiento no se hace cargo de poner impedimentos formales para que vuelva a haber toros en Marbella, pero se constata que hay impedimentos materiales insalvables.

Es posible que la decisión municipal genere algún tipo de polémica en el público taurino y sea motivo de gozo para los antitaurinos. Pero será, en todo caso, una polémica ajena a la ciudad. La falta de contestación social pone en evidencia que la fiesta de los toros no ha sido asesinada en Marbella. Simplemente, después de que el público le diera la espalda, se la ha dejado morir. El Ayuntamiento se ha limitado a desconectar el respirador y a firmar el certificado de defunción.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella