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Autor: HectorBarbotta
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Héctor Barbotta | 26-03-2018 | 1:34| 0

Los propietarios de lo que en otros tiempos fue el hotel Don Miguel, el más grande de Marbella, comenzarán en pocas semanas las obras de reconstrucción del edificio, que será recuperado para el turismo. Club Med regresa a España y a la Costa del Sol con este proyecto, un ‘todo incluido’ de alta gama. Antes de que acabe este mes abrirá en Puente Romano el hotel Nobu, que trae a la Costa del Sol la división hotelera de esa marca asociada a la gastronomía del más alto nivel. El proyecto plasmará una fórmula hasta ahora inédita en la provincia de Málaga, la de ‘hotel dentro de un hotel’, que permite segmentar la oferta y llegar de esa manera a nichos de mercado hasta ahora de difícil acceso.
Esta semana se ha conocido también que la cadena de lujo Ikos realizará en Estepona una inversión de 150 millones, tras la compra del hotel Princess, para la puesta en marcha también de un ‘todo incluido’. Asimismo, en un acto celebrado en Hong Kong la semana pasada, los promotores del complejo hotelero que traerá a Marbella a la marca de lujo ‘W’ presentaron su proyecto arquitectónico. Prevén abrir en el verano de 2021.
A pesar de que buena parte de los extraordinarios resultados turísticos de los últimos años se han atribuido en parte a cuestiones coyunturales, concretamente a los conflictos armados y a la amenaza terrorista en otros destinos mediterráneos, estas apuestas inversoras demuestran la solidez y el atractivo de la Costa del Sol.
No parece tratarse, ninguno de los conocidos estos días, de proyectos basados en las circunstancias concretas de un momento que pueden cambiar de un año para otro –de hecho hay destinos al sur del Mediterráneo que empiezan a mostrar síntomas de recuperación–, sino de propósitos que demuestran confianza de largo plazo en el destino.
En los últimos años, durante la crisis y también a partir del modelo en el que se ha sustentado la recuperación, las condiciones de trabajo en el sector turístico han sufrido un proceso de degradación que ha supuesto la normalización de figuras que hasta entonces formaban parte de la marginalidad de las empresas hoteleras, como los servicios externalizados con trabajadores sin derechos o las ‘kellys’, camareras de piso en una situación de explotación inasumible para una sociedad que quiera ser capaz de mirarse al espejo sin avergonzarse.
Estaría bien tener elementos para llegar al convencimiento de que estos nuevos proyectos que se anuncian y que ilusionan a toda la Costa del Sol no sustentarán sus modelos de negocio en esas situaciones inaceptables y sí en relaciones laborales acordes a la calidad que pretenden ofrecer a sus clientes.

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Se trata del dinero
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Héctor Barbotta | 19-03-2018 | 11:17| 0

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Ya lo decía en aquellos tiempos Jesús Gil cuando se trataba de arengar a los secuaces que flaqueaban ante la posibilidad cierta de acabar tras las rejas: de la cárcel se sale; de pobre, no.

Ha querido el destino que en estos días, en los que el dramático suceso de Almería ha disparado la demagogia y los golpes bajos en el debate sobre cuáles deben ser los límites en las penas de prisión, que Juan Antonio Roca, el cerebro que dirigió el saqueo de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil -y quizás también antes-, recuperara la libertad tras pasar 12 años en prisión. La primera década de ese largo periodo, con un pequeño intervalo de menos de una semana en 2008, la cumplió íntegramente en una reclusión que sólo se interrumpía para declarar ante los juzgados o para sentarse en el banquillo de los acusados.

Hay quienes han considerado que la larga trayectoria delictiva de Roca merecía un castigo aún mayor, sobre todo porque el daño causado por su manejo arbitrario y espúreo del urbanismo no se ha reparado y afectará a la ciudad durante muchos años y a sus vecinos durante varias generaciones. Aunque se pueda estar de acuerdo con ese razonamiento, no sería justo afirmar, después de 12 años de prisión, que le haya salido gratis. Hay delitos de sangre cuyos autores purgan encierros menores. Con dos exalcaldes aún en prisión y varios exconcejales que han pasado también algunos años de vida tras los barrotes tampoco se puede afirmar que en general haya habido impunidad por la corrupción generalizada que padeció la ciudad, aunque algunos de sus perpetradores y beneficiarios se hayan ido de rositas.

Un asunto diferente es que la ciudad haya conseguido la reparación material que no solamente merece por una cuestión de justicia, sino que además necesita para salir adelante.

Las sentencias que se han dictando en los últimos años en relación con los casos de corrupción en el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 han convertido a Marbella a través de su ayuntamiento en acreedora por cantidades millonarias de muchos de los condenados en esos procedimientos. Roca es el más importante, pero hay muchos otros y la cantidad total, además de quitar el hipo, da cuenta de la dimensión del daño causado. La cifra gira en torno a los 300 millones de euros.

Esa cantidad por sí sola debería convertir al cobro de las cantidades fijadas por las sentencias en un objetivo que debería estar fijado en el Ayuntamiento como parte de su estrategia independientemente de los vaivenes y de las eventuales alternancias políticas, porque no se trata de una tarea fácil. Los saqueadores pusieron tanto entusiasmo en ocultar el botín como el que en su día dedicaron a hacerse con él, por lo que desentrañar la maraña de sociedades en la que se esconde todo ese inmenso patrimonio requiere de dedicación, trabajo y recursos.

Durante el anterior mandato de Ángeles Muñoz, cuando la asesoría jurídica del Ayuntamiento estaba dirigida por el abogado Enrique Sánchez, cargo de confianza nombrado por el gobierno municipal, se creó un equipo multidisciplinar que hizo un seguimiento exhaustivo de las sentencias y del patrimonio que se iba localizando a los condenados para intentar ir cobrando la deuda y recuperando dinero.

Con el cambio de gobierno en 2015, se consideró que la dirección jurídica del Ayuntamiento debía estar bajo la órbita del secretario municipal y esa figura desapareció. Ahora, que se ha nombrado a un adjunto a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, resta por saber si se recuperará esa estructura sin la cual el cobro de la deuda no es más que una expresión de buenos deseos.

A la dificultad para localizar bienes se une la circunstancia añadida de que el único procedimiento judicial en el que se consiguieron incautar propiedades e inmovilizar cuentas de cierto volumen es precisamente ‘Malaya’, cuya sentencia no fija indemnizaciones de importancia en favor del Ayuntamiento de Marbella.

En algunas ocasiones con más éxito y en otras con menos, la representación legal del Ayuntamiento aludió que aunque los bienes se han incautado en ‘Malaya’ había sentencias anteriores con responsabilidades civiles a favor del Ayuntamiento, como en el caso Saqueo I, y que antes de decomisar los bienes a favor del Estado o cobrar las multas, se debían pagar las responsabilidades civiles.

La ventaja para Marbella es que en el tribunal que juzgó el ‘caso Malaya’ cuenta como aliado con el presidente del mismo, José Godino, que mantiene ese mismo criterio y permite que a medida que se van subastando los bienes de Roca, el dinero vaya ingresando en cuentagotas al Ayuntamiento de Marbella.

En otras causas, como la del blanqueo que condenó a Isabel Pantoja, el criterio del tribunal fue el contrario. Allí, los bienes que se localizaron a Julián Muñoz se destinaron al Estado como pago de las multas a las que fue condenado el exalcalde, pese a que había sentencias anteriores contra el mismo condenado que beneficiaban al Ayuntamiento de Marbella.

Por cuestiones como esa es que resulta necesario construir un consenso ciudadano, que vaya incluso más allá de los acuerdos entre partidos, que incluya a entidades y colectivos ciudadanos y que sitúe el cobro de lo que se debe a la ciudad en un objetivo permanente, aunque haya que situarlo en el largo plazo, y que sobreviva a los vaivenes políticos. La batalla será larga y sólo se ganará con constancia.

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12 años
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Héctor Barbotta | 19-03-2018 | 11:12| 0

Con lo que ha caído en los últimos años hay motivos para darle la razón a quienes consideran que son pocos los políticos que han pasado por la cárcel, pero hace 12 años, cuando Juan Antonio Roca y buena parte de la corporación municipal de Marbella fueron enviados a prisión, aquella era casi una escena inédita. Siempre quedará una duda ¿El hielo de la impunidad para los delitos cometidos desde las instituciones se hubiese roto de esa manera si quienes saquearon el Ayuntamiento de Marbella durante casi 15 años hubieran contado con el paraguas protector de alguno de los grandes partidos?

La realidad, más allá de especulaciones contrafácticas, es que estos ladrones pertenecían al GIL, y fallecido el líder que se codeaba con jueces y ministros en el palco del estadio Vicente Calderón el suyo era el eslabón más débil de la cadena de la corrupción institucional. Los años de inmunidad, de desidia judicial y de complicidad política, habían quedado atrás y los herederos de Jesús Gil no supieron verlo. Nunca se sabrá si la ‘operación Malaya’, al menos a los peces más gordos, los cogió realmente por sorpresa, aunque lo que seguramente sí los habrá sorprendido es la dimensión y el alcance que adquirió aquello. Ni en sus peores pesadillas podían imaginar los años de pena de banquillo y mucho menos los que han pasado tras los barrotes.

La ‘operación Malaya’ sucedió hace 12 años y desde entonces hemos visto desfilar por los juzgados a políticos de todos los colores y hasta a miembros de la Familia Real. No hay como intentar recordar lo que conmocionó aquella operación y en lo que ha quedado cuando se la compara con lo que vino después para apreciar cuál fue el acontecimiento que inició un cambio de época en la cultura política española.

Juan Antonio Roca acaba de recuperar la libertad. Habrá quien, quizás con razón, considere que es poco tiempo si se evalúa el daño causado. Pero si tomamos en cuenta que en todo este tiempo hemos visto cambios de gobierno, el final del bipartidismo con la aparición de dos nuevos partidos, un relevo en la Corona, la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca y de un cardenal argentino al Papado, la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor y más larga depresión económica que se recuerde, la aparición de los teléfonos inteligentes y la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas cotidianas, y que todo ese tiempo Roca lo ha pasado en la cárcel, quizás podamos concluir que no se puede decir que en Marbella haya habido impunidad. Deberíamos felicitarnos por eso.

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Festival de hipocresía
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Héctor Barbotta | 15-03-2018 | 11:41| 0

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Sería interesante conocer cuántos vecinos se han interesado estos días por el proceso de selección de los directores generales del Ayuntamiento. A partir de lo que se puede ver en las redes y en las estadísticas de lectura de noticias, no parece que la cuestión haya despertado el más mínimo interés más allá del estricto círculo de concejales, militantes y afines. La cuestión, sin embargo, se ha convertido en la de mayor polémica durante la semana, y cuando el interés político y el interés ciudadano van por carriles tan diferentes es oportuno preguntarse por qué.
Los cargos de dirección general del Ayuntamiento son elegidos por el equipo de gobierno para formar parte del mismo. Son personas seleccionadas para ejercer tareas de gobierno, no para asesorar a los concejales sino para formar parte de su equipo, no sólo para ejecutar una política ya diseñada sino para participar en el diseño de la misma. Los directores generales pueden ser funcionarios, pero desde el momento que comienzan a ejercer esa función dejan de actuar como tales y pasan a hacerlo como miembros del equipo de gobierno, como mandos políticos del Ayuntamiento. Por eso no debe llamar la atención que un gobierno municipal, éste o cualquier otro, nombre para esos cargos a personas afines. Lo que debería asombrar, porque tendría un efecto nefasto sobre la acción de gobierno, sería lo contrario.
La mayor parte de los nombrados estaban hasta ahora ejerciendo como asesores en el Ayuntamiento. No estaban como directores generales, con sus atribuciones y remuneraciones actuales, porque hasta ahora el Ayuntamiento no contaba con una norma aprobada por el pleno que diera sustento a esos nombramientos. Ahora, esas mismas personas, y otras que se incorporan nuevas, tendrán mando en plaza, capacidad de decisión y firma, y por lo tanto serán susceptibles de que se les exija responsabilidad.
La oposición ha considerado que estos nombramientos son un ejemplo de enchufismo, que es como lo mismo que criticar que Rajoy no haya convocado a un concurso público para nombrar al ministro de Economía o que se exija a Susana Díaz que designe director general de Turismo a un profesional de contrastada experiencia en el sector aunque no tenga con la presidenta ni afinidad política ni acuerdo sobre qué hay que hacer para impulsar esa industria. Ni Rajoy ni Susana Díaz deberían ser acusados de nepotismo o de promover el enchufismo por conformar arbitrariamente sus equipos para gobernar. Otra cosa sería si se usara el Ayuntamiento para colocar afines en puestos de trabajo que sobrevivieran al gobierno con fines electorales, como se hizo en esta ciudad durante muchos años con consecuencias que todavía se están pagando.
Que un gobierno coloque en los puestos de mando a personas de su más estricta confianza y con quienes tiene afinidad no forma parte solamente de lo habitual en cualquier administración pública, sino también de la más pura lógica. Se podrán discutir las formas e incluso las remuneraciones, pero no la decisión de rodearse de gente de confianza para la gestión, tal y como ha hecho este gobierno, el anterior y, con absoluta seguridad, el próximo.
Lo que si puede ser objeto de crítica es que estos nombramientos hayan sido realizados bajo el amparo legal de un reglamento que dio apariencia a todo el proceso de algo que no era: algo parecido a un concurso público de libre concurrencia al que todas las personas que aspiraran al cargo podían acudir en igualdad de condiciones. No ha habido nada eso, y por eso estos nombramientos han tenido víctimas colaterales: los aspirantes que han visto defraudadas sus legítimas aspiraciones en un proceso en el que nunca tuvieron ninguna opción.
Si la norma permite jugar así con el tiempo, las aspiraciones y las ilusiones de personas que no tenían posibilidad es que la norma está mal. Si obliga a hacerlo de esta manera simplemente para guardar las formas y las apariencias, está aún peor.
Tanto este reglamento como el que intentó impulsar sin fortuna el anterior equipo de gobierno, que ahora desde la oposición ha denunciado todo este proceso por enchufismo pero que en su día también tenía a asesores a la espera de ser nombrados directores generales, venían obligados por ley dictada en 2014 en el marco de la crisis económica, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a cubrir este tipo de cargos preferentemente con funcionarios.
En 2015, el reglamento presentado por el tripartito fue impugnado por la Abogacía del Estado al entender que no se cumplía con ese requisito, y ahora, el del gobierno PP-OSP está recurrido en los tribunales por el PSOE. Esta misma ley, que es mirada con mayor o menor atención en función de que sillón se ocupa en el salón de plenos del Ayuntamiento, es la que obliga a que la convocatoria sea pública aunque después la selección se haga por criterios políticos y no objetivos. Como se ve, la hipocresía institucionalizada discurre en las más variadas direcciones.
Aunque por las propias características del proceso no ha habido muchas sorpresas en los nombramientos, sí ha habido algunas que han llamado la atención y que demuestran que no todo sale siempre como se espera. Tal es el caso de los dos cargos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro que no se han cubierto porque los candidatos no cumplían con los requisitos que la propia Tenencia había establecido, lo que pone ciertamente el foco sobre la capacidad de planificación de los responsables municipales de San Pedro.
Sin embargo, el caso que más llama la atención es el de la nueva directora general de Turismo, Laura de Arce, una persona que ya ocupó un puesto de alta dirección en el Ayuntamiento –fue directora del Palacio de Congresos durante los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz– y que al ser destituida tras el relevo en la Alcaldía en 2015 denunció al Ayuntamiento por despido improcedente, denuncia que aceptó retirar tras pactar una indemnización.
Desde el Partido Popular se aseguraba en aquellos momentos de relevo político en el Ayuntamiento que las demandas laborales presentadas por antiguos cargos de confianza del gobierno de Ángeles Muñoz fueron recibidos con gran disgusto por parte de la exalcaldesa y su equipo, ya que desgastaba su prestigio y además los veían como una grave muestra de deslealtad. En algún caso se llegó a pedir a los afectados que retiraran las demandas y que no utilizaran la confianza que se les había otorgado en su momento para conseguir un puesto de trabajo indefinido en la administración pública.
De Arce no era en esta ocasión la primera opción para la Dirección General de Turismo del Ayuntamiento. La alcaldesa, en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido, consultó con los empresarios del sector, en concreto con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, acerca de sus preferencias para el cargo y la organización empresarial propuso el nombre de su gerente, Begoña Castillo. El nombramiento contaba con el acuerdo de ambas partes y Castillo llegó a presentar su candidatura para el proceso de selección, aunque posteriormente desistió por motivos personales y profesionales.
Ante esta situación volvió a surgir el nombre de Laura de Arce. Lo que se desconoce es si el currículum de la ahora directora de Turismo hacía imposible evitar su nombramiento o si, por el contrario, ha recuperado la confianza que el parecer había dilapidado. dilapidado.

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Próximas elecciones o próximas generaciones
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Héctor Barbotta | 09-03-2018 | 4:31| 0

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Una frase que se atribuye a Churchill sostiene que un político pasa a ser un estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. En boca de alguien que perdió los primeros comicios a los que acudió después de haber encabezado la resistencia de su país frente a los nazis y de haber ganado la mayor guerra de la historia, la frase adquiere toda su dimensión. Aquel trance debió haber sido duro para el político conservador, aunque hoy una estatua lo recuerde frente al Parlamento británico y casi nadie sea capaz de decir, sin consultar la Wikipedia, el nombre del rival que lo venció en las urnas una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.
En un país en el que hace décadas que no aparece un estadista está fuera cualquier aspiración lógica reclamar semejante altura a políticos municipales, pero ello no debería desanimar a los ciudadanos a la hora de aspirar a encontrarse con comportamientos razonables y un mínimo de sentido institucional en los políticos locales cuando están en el gobierno y también cuando pasan a la oposición.
Esta semana, en la presentación del congreso que traerá a Marbella a partir del próximo viernes a 300 directivos y propietarios de hoteles de lujo de toda Europa, hubo una comparecencia conjunta de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Lo que debería ser visto como un síntoma de normalidad alentado por un acontecimiento relevante para la industria turística de la ciudad no puede dejar de ser interpretado, desafortunadamente, como un soplo de aire fresco nada habitual en ninguna época y menos aún en período de nerviosismo pre-electoral como en el que estamos entrando.
Hay situaciones que forman parte de la cotidianeidad política y que explican nítidamente esa falta de grandeza y de sentido institucional que no deberían dejar de ser exigidos a los representantes políticos. Una es la costumbre que tienen ministros, consejeros y delegados varios de hacerse acompañar por concejales de sus respectivos partidos, y no por los representantes institucionales, cada vez que tienen que hacer un anuncio o presentar una inversión. Lo hemos visto esta semana con la visita del delegado del Gobierno andaluz al centro de salud de San Pedro para inaugurar un nuevo aparato de radiología, pero se vieron casos análogos cuando era el PSOE el que estaba en la Alcaldía y el PP en la oposición. Los partidos se comportan todo el tiempo como si el dinero público fuera de ellos, y no de las administraciones que dirigen o de los ciudadanos que pagan sus impuestos. No es inhabitual escuchar que tal o cual inversión la ha hecho «el gobierno del PP» o que se se le debe «a los socialistas».
Otra de las situaciones que suelen producirse y que delatan esta concepción preminentemente partidista de la actividad política es el reclamo permanente que se realiza por parte de quien ha estado al frente de una institución de que se recuerde que determinados hechos positivos que se acaban consumando se iniciaron con otro alcalde o alcaldesa al frente del Ayuntamiento.
Cuando el gobierno tripartito anunciaba la concesión de licencias urbanísticas para proyectos de envergadura en Marbella, desde el PP se le afeaba que no reconocieran que se trataba de expedientes que se habían iniciado antes del relevo político en el Ayun tamiento. Ahora es el PSOE el que reclama, por ejemplo cuando se aprueba la licencia de obras en el Hotel Don Miguel, que se mencione que fueron ellos quienes estaban al frente del Ayuntamiento cuando llegaron los inversores. Si los políticos no se dieran más importancia de la que realmente tienen, porque hay situaciones que se producen no por ellos sino mientras están ellos, no habría necesidad de escuchar estos reclamos absurdos que no parecen otra cosa que pataletas infantiles. Quizás sea mucho pedir que entendieran que el valor de una fotografía a la hora de decidir el voto es ciertamente relativa
No habría que resignarse, sin embargo, a que esto nunca va a cambiar. Debería mantenerse la esperanza de que algún día algún gobierno presentara un proyecto en el que el primer cálculo fuese el beneficio social o incluso el beneficio a las próximas generaciones, y no si dará tiempo a cortar la cinta antes de la próxima cita electoral. En ese momento podríamos pensar que estamos ante algo parecido a un estadista.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella