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Autor: HectorBarbotta
Vía de agua en San Pedro
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Héctor Barbotta | 21-12-2017 | 1:15| 0

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Seguramente cuando en estos días los miembros del equipo de gobierno municipal hagan su balance de sombras y luces de este año frenético, en el que se consumó un inesperado cambio de gobierno tras la moción de censura que acabó con el pacto tripartito, tendrán claro de qué lado poner al apartado San Pedro Alcántara. Y no irá en el de las luces.
Quienes se dedican en serio a la política, no los aficionados a quienes «les gusta» la política, tienen con el poder una relación obligatoria que se parece más a aquellas relaciones que se establecen por responsabilidad profesional que las que se sustentan en el afecto y que se amortizan en el momento en que ese afecto mengua. Se podría decir que un político de estos – los de verdad, los de profesión, no los vocacionales– siente la obligación de acceder al poder cuando no lo tiene y de mantenerlo cuando ya lo ha conseguido, del mismo modo que recuperar la libertad, de una u otra manera, es la obsesión de cualquier persona que la ha perdido.
Por eso, es probable que muchas de las situaciones con las que los concejales del Partido Popular se han encontrado en los tres meses que llevan en el gobierno los hayan sorprendido, no por una falta de previsión, sino porque seguramente lo que ocupó sus cabezas durante los poco más de dos años que estuvieron en la oposición fue esa lógica obsesión por recuperarlo. Ese pulso irrenunciable por acceder al poder sin el que la política no existiría impide casi siempre considerar las eventuales consecuencias negativas del éxito, cuya evaluación siempre es a posteriori.
La mayor parte de quienes integran el grupo municipal del Partido Popular ya estuvo durante los ocho años anteriores de mandato de Ángeles Muñoz y es probable que cuando se decidió montar la moción de censura que los devolvía a los sillones de mando imaginaran un paisaje similar al plácido periodo 2007-2015. Sin embargo, estos poco más de 100 días transcurridos desde aquella sesión del 29 de agosto han bastado para demostrar que la situación es bastante diferente a la de entonces.
Cuando tras las elecciones de 2015 los dos ediles de Opción Sampedreña se encontraron en la situación de poder decidir si pactaban a izquierda o a derecha se decidieron por la primera opción por varios motivos. Uno de ellos, fundamental, fue el temor a verse fagocitados por un grupo popular que los sextuplicaba en número de concejales (13 frente a 2) y que además contaba con una experiencia de gobierno de la que ellos carecían. Sin embargo, después de dos años en los que aprendieron a moverse por los pasillos del Ayuntamiento y tras haber demostrado con hechos que no están inevitablemente ligados a una u otra alianza, comprendieron que a la hora de conformar una mayoría sus dos ediles son tan necesarios como los otros 13 y que por lo tanto podían hacerlos valer. Y tanto que lo hicieron.
Los ediles del Partido Popular ya han tenido tiempo de saber que esta segunda etapa en el gobierno municipal no se parecerá en nada a los ocho confortables años en los que disfrutaron de mayoría absoluta. En primer lugar, porque disponen de menos medios. OSP aprovechó su fuerza en la negociación y en el reparto de cargos de confianza, lo que le permitió montar una estructura de gobierno en San Pedro sin simetría alguna con su número de concejales y al mismo tiempo le restó recursos a sus aliados en el resto de distritos y dependencias.
Y en segundo lugar, y más importante, porque OSP se ha reservado absolutamente y en exclusiva toda la responsabilidad y presencia institucional en San Pedro Alcántara. Está por ver qué repercusión electoral puede tener para el PP su renuncia a ejercer el poder en un distrito en el que suele decidirse el destino electoral de la ciudad.
Si por algo el Partido Popular pudo convertirse en 2007 en la primera fuerza política de Marbella y mantener esa hegemonía electoral en casi todos los comicios convocados desde entonces fue, entre otros motivos, por su fortaleza electoral en San Pedro, donde ha sido invariablemente la opción política más votada en todas las elecciones municipales. Al mismo tiempo, una de las debilidades más evidentes de los socialistas, que hasta la aparición del GIL en 1991 habían conseguido pintar de rojo el mapa electoral de Marbella, consistió en su pérdida del bastión sampedreño y en el éxito conseguido por OSP en las convocatorias locales a la hora de comerles ese espacio electoral, relegándolos a una tercera posición incompatible con la de un partido con aspiración de poder. La debilidad de la agrupación socialista de San Pedro contrastaba con la fortaleza del Partido Popular en ese distrito, y en gran medida ello explicaba el abismo electoral entre ambas fuerzas de vocación mayoritaria.
Ahora se ha conformado un paisaje político ciertamente inhabitual en el que las dos formaciones que compiten electoralmente en un mismo distrito y se disputan la condición de primera fuerza son aliadas de gobierno. Esto supone una paradoja, pero también abre un interrogante cuya resolución no se puede adivinar todavía.
En el PP existe preocupación en relación a su gente de San Pedro, que empieza a percibir que el suyo es un partido de gobierno en Marbella, pero cuya capacidad de influencia en ese distrito es evidentemente limitada. Así queda en evidencia cada vez que se plantean problemas que deben ser resueltos desde la institución municipal y que acaban siendo derivados inexorablemente hacia la Tenencia de Alcaldía, que se ha convertido en un coto cerrado de Opción Sampedreña.
Posiblemente en cumplimiento de algún apartado no escrito en el pacto o quizás como consecuencia de que carecen de competencias y funciones concretas en el distrito, la presencia en San Pedro de los concejales del PP no llega siquiera a ser testimonial. De hecho, el concejal Cristóbal Garre, que fue el fichaje estrella en la lista popular y estaba llamado a jugar un papel trascendente en San Pedro si el PP renovaba la mayoría absoluta, ha sido enviado a la Tenencia de Nueva Andalucía, un destino que no imaginó ni en el peor de los escenarios.
El malestar crece entre los afiliados sampedreños y queda por ver qué repercusión electoral podrá tener esta situación para el Partido Popular y quién podrá beneficiarse de ella si, como puede suponerse, Opción Sampedreña ya alcanzó su techo y tiene muy difícil seguir creciendo.
En 2007, cuando tras la desaparición del GIL Marbella entró en una nueva era política, el Partido Popular consiguió convertir a San Pedro, un escenario que siempre le había sido hostil, en uno de sus principales bastiones. Por eso desde el principio se vio a OSP más como un rival que como un potencial aliado.
Las fuerzas de las circunstancias obligaron a revisar ese concepto y a impulsar un pacto.
Pactar siempre supone resignar aspiraciones y nadie en el PP podía aspirar a gobernar en coalición en las mismas condiciones que cuando obtuvieron mayoría absoluta. Tras la fragmentación del voto que experimentó el cuerpo electoral del Marbella, era previsible que conseguir una nueva mayoría iba a ser muy difícil para el PP desde la oposición, y en ello se fundamentó en gran medida la decisión de plantear una moción de censura cuando quedaban menos de dos años de gestión.
Está por ver si esa estrategia no acabará mostrando una vía de agua precisamente en el distrito donde los populares, a contrapelo de la tradición, habían conseguido por fin hacerse fuertes.

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Ruido y nueces
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Héctor Barbotta | 11-12-2017 | 10:51| 0

 

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El equipo de gobierno municipal cumplió el pasado jueves sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento y la efemérides apenas supera la categoría de anécdota. En otras circunstancias los 100 días constituyen el plazo de gracia que la oposición concede a quienes acceden al gobierno de una institución antes de comenzar a criticar su gestión, como los boxeadores que dedican el primer asalto a estudiar los puntos débiles de su rival como paso previo antes de comenzar a lanzar ataques. Los 100 días son también el plazo que quienes llegan a un gobierno se suelen dar a sí mismos para aterrizar, conocer los pasillos e interioridades y hacerse con los resortes de mando.
La manera en que se produjo el relevo en el Ayuntamiento y los antecedentes de los dos socios del nuevo equipo de gobierno -unos habían estado ocho años al frente de la institución municipal, los otros continuaban tras cambiar de aliados- ya permitía prever que no iba a haber ni 100 días ni 100 horas de margen. Los nuevos responsables no las necesitaban y los grupos que pasaron a la oposición inesperadamente posiblemente tampoco estarían dispuestos a concederlas. El silencio que hubo antes de que comenzaran a llover críticas, algunas de ellas aparentemente inspiradas en cuestiones de los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz, como si no hubiese pasado nada en medio y los partidos ahora en la oposición no consideraran necesaria una nueva estrategia, pareció deberse más a la necesidad de acomodarse a la nueva e inesperada situación que a la decisión de conceder el periodo de gracia y cortesía.
Cuando Ángeles Muñoz volvió a sentarse en el sillón de alcaldesa dijo que tenía por delante 18 meses de mandato. En realidad eran 21, pero la regidora consideró que son menos porque sabía que una vez que se convocan las elecciones municipales el equipo de gobierno está impedido de cortar cintas y hacer anuncios. Esta advertencia tenía una doble intención, basada en la convicción de que no le sobraría el tiempo para justificar desde la gestión el paso dado. En primer lugar, porque pretende evitar que el electorado la juzgue, llegado el momento, por un mandato completo cuando sólo habrá tenido menos de dos años. Y en clave interna, para incentivar a su equipo a pisar el acelerador en una situación más incómoda que en los mandatos anteriores, donde no tenían que entenderse con aliados, no estaban obligados a repartirse los recursos, especialmente los humanos, con estos y contaban con más margen para planificar la estrategia. En el PP sabían porque si un mandato municipal se pasa rápido, medio mandato no da margen para mucho.
Algunos miembros del equipo de Ángeles Muñoz aseguraban antes de presentarse la moción de censura algunas voces que era previsible una debacle en un gobierno tripartito que no contaba con mayoría en el pleno y donde la inexperencia en la gestión de algunos de sus miembros producía algunas disfunciones. «Si les presentamos una moción de censura les hacemos un favor», decían apenas semanas antes de que el relevo en el Ayuntamiento se consumara.
¿Ha cambiado el criterio de quienes en el PP pensaban de esa manera? Hay quienes aseguran que parte del paisaje encontrado confirma esa línea de pensamiento. Sin embargo, son más quienes sostienen que no ha habido tiempo de ponerse a pensar en eso, porque Muñoz ha impuesto un ritmo vertiginoso que parece tener un objetivo excluyente: que la calle advierta un cambio radical en la gestión municipal.
En estos 100 primeros días de gobierno se pueden distinguir dos etapas. La primera duró unos días y podría denominarse como la de los golpes de efecto: el plan de choque de limpieza, el cierre del hotel Sisu, largamente demandado por los vecinos, o el anuncio de la apertura de la zona deportiva del Francisco Norte, concretada recientemente. La segunda tuvo menos impacto visual y los ediles la justifican en que han tenido que sumergirse en sus delegaciones para tapar vías de agua y mantener el barco a flote. En esa línea se explican alguna de las explicaciones que se han dado en estas semanas, como los 1.500 reparos del interventor -ante cuya marcha al Ayuntamiento de Málaga algunos ediles no han podido contener la sonrisa-, las facturas sin pagar, el bloqueo urbanístico y la inejecución de gran parte de presupuesto de este año. En esta segunda etapa pueden inscribirse algunas de las acciones posteriores entre las que destacan la aprobación de los presupuestos para que entren en vigor a comienzos del próximo ejercicio, la aprobación del texto refundido del PGOU o la regularización en los pagos a proveedores, que habían acumulado retrasos en los últimos tiempos.
El éxito conseguido al convertir a Marbella en sede de la próxima eliminatoria de la Copa Davis es otro hito del que seguramente el discurso oficial sabrá sacar rédito en lo que queda de mandato si el evento se desarrolla con éxito. En el gobierno municipal no dudan de la importancia que la cita tendrá para la imagen de su gestión. «Nos jugamos mucho», reconocen.
El discurso del gobierno ha incorporado el concepto de ‘velocidad de crucero’, al que recurre cada lunes el portavoz municipal, Félix Romero, para referirse a la acción ordinaria de gobierno y con el que se transmite el mensaje de que el Ayuntamiento ha recuperado una normalidad que antes no existía. Pese a que al principio intentó evitar las referencias explícitas a sus antecesores, el equipo de gobierno ha acabado cediendo a la tentación y es rara la comparecencia que no se mencione un bloqueo, supuesto o real, que los nuevos gestores se han visto obligados a desatascar.
El problema es que algunas de estas referencias acaban implicando al área de Hacienda, donde no ha habido recambio porque está a cargo del mismo miembro de Opción Sampedreña que la ocupaba antes de la moción de censura. Una inercia en el discurso oficial seguramente dificl de evitar.

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El puerto en su laberinto
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Héctor Barbotta | 15-11-2017 | 4:36| 0

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.
Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.
Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar –es decir, fuera del proyecto del puerto– sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?
Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.
La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.
La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.
Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.
La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.
Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.
No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.
Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación –la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador–, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.
Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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Buen tiempo, mal clima
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Héctor Barbotta | 09-11-2017 | 1:05| 0

No ha pasado tanto tiempo desde cuando lamentábamos si una lluvia recibía al fin de semana. Sin embargo, sólo esas personas que eligen vivir sin enterarse de lo que sucede a su alrededor pueden haber lamentado la tormenta que se desencadenó el viernes por la noche y que tuvo su repetición ayer por la mañana.
Está bien que llueva, aunque el agua que caiga sea insuficiente, al menos para recordarnos cuál era el paisaje habitual del otoño o para enseñarle a nuestros hijos fenómenos como el del arco iris, que en un años, si esto no cambia, sólo verán en fotografías. Las primeras lluvias del otoño acaban de caer ya entrado un mes de noviembre en el que nos seguimos moviendo con mangas cortas. Eso solo ya debería bastar para asumir el desastre que estamos viviendo.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticó el pasado lunes una semana entera de lluvias en Marbella. En concreto, la previsión reflejaba un Tostón pasado por agua, con 100 por cien de probabilidades el martes, el miércoles y el jueves y un 80 por ciento el viernes y el sábado. Se preveía que recién para hoy, domingo, el cielo comenzaría a abrir.
Sobra decir que las previsiones fallaron de lleno, ya que no hubo en toda la semana ni asomo de lluvias, que recién llegaron el viernes por la noche.
No es habitual que las previsiones de la AEMET yerren el tiro de esa manera, pero no está claro que haya que señalar a la agencia por este error de previsión. No porque el pronóstico de lluvias pueda haberse confundido en algún momento con un anhelo, como si hubiera habido una confusión entre la realidad y el deseo, sino porque en un escenario climático sin precedentes como el que estamos viviendo seguramente elaborar las previsiones debe haberse convertido en una actividad donde la probabilidad de error se ha disparado.
Tradicionalmente ha habido una confusión lingüística entre clima y meteorología. Aunque el clima está determinado por las condiciones más o menos estables de una región y es la meteorología lo que refiere al tiempo que hará en un momento concreto, no pocas personas solían preguntar cómo estaba el clima cuando querían saber si iba a hacer frío o calor en los próximos días o si se podía planificar un día al aire libre o era mejor ir sacando el paraguas y el impermeable.
Sin embargo, con el dramático cambio que se está experimentando en el planeta en estos años, y por los que las generaciones futuras harán bien en juzgarnos con severidad, no está mal que preguntemos por el clima. Porque lo que se está alterando por esta ruptura de los equilibrios medioambientales que llamamos cambio climático no es el tiempo que hará el próximo fin de semana, sino las condiciones generales en todo el planeta. Y en el sorteo nos ha tocado la papeleta del desierto.
El calor que obliga a conducir con el aire acondicionado cuando ya hemos entrado en noviembre y la falta de lluvias que seca los pantanos no son ya una anomalía meteorológica, sino expresiones de una catástrofe.
Posiblemente sea la propia naturaleza humana la que hace que la máxima preocupación por este tipo de problemas surja primero en los países donde se sufre directamente. Hace ya ocho años que Maldivas, una isla Estado que desaparecerá inexorablemente en poco tiempo como consecuencia de la subida del nivel de los océanos, celebró un Consejo de Ministros bajo el mar y con sus dirigentes políticos enfundados en trajes de submarinismo. Pretendían denunciar la situación a la que se enfrentarían en poco tiempo si el mundo desarrollado no cambiaba de actitud. Aquel gesto que algunas voces calificaron de alarmista pero que no era otra cosa que un desesperado grito de socorro en mitad del Océano Índico no tuvo más repercusión efectiva que conseguir colarse en el espacio final de los telediarios, el que se suele dedicar a las noticias extravagantes. Greenpeace publica periódicamente recreaciones de cuál es el futuro que le espera a las ciudades costeras, con el mismo resultado.
Hoy ya sabemos que aquí, en la Costa del Sol, no estaría de más comenzar a preguntarnos cuál será nuestro destino económico cuando el termómetro empiece a subir en los países de nuestros mercados emisores y el impulso que invita a los turistas a refugiarse en las playas del Mediterráneo para escaparse del frío comience a menguar. Sobre todo cuando nuevas señales confirmen que marchamos aceleradamente hacia un destino desértico en el que el agua comenzará a ser un bien preciado y escaso.

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Las lindes como metáfora
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Héctor Barbotta | 30-10-2017 | 10:29| 0

En 1990, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PSOE, aprobó el texto del PGOU de 1986 en el que se incorporaba la aceptación de una alegación presentada por una comunidad de propietarios de Benahavís para poner bajo jurisdicción de ese municipio una zona donde ya se había producido un desarrollo urbanístico. Entonces era difícil sospechar que más de un cuarto de siglo después, ese cambio marcaría la agenda política del Ayuntamiento. El futuro siempre es insondable, aún cuando sigue carriles lógicos. Mucho más si discurre por la vía del esperpento.
Esta semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 3, donde se tramitó la causa conocida como ‘caso PGOU’, ha rechazado un recurso del PSOE, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, para que se levantara el archivo provisional de ese asunto decretado a mediados de septiembre. Se ha conocido también que la Audiencia Provincial ha rechazado otro recurso para que la instrucción de la causa se prolongue con la citación de nuevos testigos. No parece, en suma, que la cuestión vaya a tener mayor recorrido.
El auto del instructor señala que las nuevas pruebas propuestas por el PSOE serían superfluas y poco aportarían al objeto de la investigación y reprocha a esa acusación que durante todo el proceso, y también en su último recurso, «ha intentado ampliar la investigación a otros delitos ya denunciados en su día y sobreseídos, no sólo por este juzgado sino por la Audiencia Provincial». Pocas veces un magistrado lanza un reproche de este calado a una de las partes, especialmente si la postura de ésta está respaldada por el fiscal.
El juez, en resumen, da por zanjado el asunto. Considera que no hubo modificación oculta del Plan General, ni alteración espúrea de las lindes, ni falsificación de las actas del pleno, ni ocultación de información a la oposición. Debería ser suficiente para pasar página. Sin embargo, esta semana, al ser preguntado por la decisión judicial, el portavoz del PSOE, José Bernal, aseguró que el caso todavía está abierto porque falta que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie por el recurso presentado contra el archivo. Después de conocerse que la misma sala que aún no ha resuelto ese recurso ya se ha negado a que se sigan llamando testigos, resulta difícil de entender por qué los ediles socialistas se empeñan en seguir dando por abierto un proceso que ya parece haber llegado a su destino final y en el que próximos pronunciamientos judiciales sólo pueden reportarles nuevos disgustos.
Desde el principio, el asunto de las lindes ha sido un auténtico despropósito en el que se han mezclado, no se sabe si por incomprensión lectora o por mala fe manifiesta, pero seguro por interés político, dos cuestiones diferentes. Una es el de las lindes que se modificaron en el PGOU de 1986 al aceptarse en 1990 el recurso que se cita al principio de este artículo; otra, el del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010, que incluyó la mismas lindes que ya aparecían en el documento anterior.
Las dudas sobre a qué municipio pertenece el suelo en disputa, que los planos oficiales del Instituto Cartográfico Nacional aprobados en 1873 sitúan en el término municipal de Marbella, se remontan al año 1985, cuando la comunidad de propietarios de la zona, avalada por un documento del secretario del Ayuntamiento de Benahavís, presentó una alegación al PGOU de Marbella, en ese momento en trámite de aprobación, reclamando que el suelo pertenecía al municipio vecino.
La reclamación pedía que se considerase que los terrenos habían sido desarrollados por Benahavís, donde posteriormente se ejecutaría un plan parcial y donde la familia de la actual alcaldesa de Marbella era propietaria de suelo. La nueva linde no fue incluida inicialmente en el PGOU de 1986, que se aprobó con los límites históricos, pero sí en el texto refundido de ese documento, de 1990, que rigió en Marbella hasta 2010 y que volvió a entrar en vigor en noviembre de 2015.
La alcaldesa fue denunciada en 2009 por el proceso de alteración de límites entre ambos municipios iniciado con el Ayuntamiento de Benahavís para adaptar la cartografía a lo que ya decía el PGOU. La causa fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga. Ahí se podría haber terminado el asunto. Pero no.
Durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, el equipo redactor intentó reflejar las lindes de 1873, pero la Junta le ordenó ceñirse a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le recomendó repetir las que ya venían en el Plan anterior. Ahí también podría haberse acabado la polémica. Pero tampoco. El proceso entró en un terreno que visto a la distancia parece un tratado de excentricidad política.
La plataforma creada para reivindicar los límites históricos presentó ante la Fiscalía una relación de hechos en la que citaba los supuestos intereses económicos de Ángeles Muñoz en la zona, una supuesta alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio y una grabación del pleno de la que se decía que se comprobaba que los concejales que votaron el PGOU no habían sido informados de los cambios realizados en el documento.  El guión señalaba, delito arriba, delito abajo, que el Plan General había sido modificado subrepticiamente, sin informar a nadie, de manera oculta, para dar un pelotazo urbanístico que favorecería los intereses de la alcaldesa. De la conspiración formaban parte los redactores del Plan, funcionarios municipales y el vicesecretario del Ayuntamiento. Quienes no lo denunciaban podían ser señalados como cómplices por omisión. Sobre este guión, las fuerzas que componían el gobierno tripartito decidieron construir gran parte de su discurso político.
De toda aquella denuncia, el fiscal dedujo que podía haber una falsedad en el acta del pleno, no en el Plan General, y dio traslado al Juzgado de Instrucción, que abrió un procedimiento. Durante todo este tiempo, mientras la investigación judicial iba por un lado -determinar si los concejales habían sido informados de los cambios antes de votar- la propaganda política iba por otro: había habido una falsificación del PGOU con nocturnidad para favorecer oscuros intereses económicos. El juez pidió durante toda la fase de instrucción información a las instituciones implicadas y por algunas de las respuestas recibidas, que parecían más enfocadas en estirar el asunto que en resolverlo lo antes posible, resulta difícil entender cómo no llegó a perder la paciencia.
Igual de difícil resulta imaginar un ejemplo más apropiado que explicara un caso en el que la realidad hay sido forzada tan burdamente para justificar un discurso político. Mientras se hablaba de que había un caso judicial sobre la falsificación del PGOU, nada menos, lo que se investigaba es si había una falsedad en el acta en la que ese documento se había aprobado. Mientras se aseguraba que desde el Ayuntamiento se habían movido las lindes en el año 2009 lo que había era un cambio que, acertado o no, justificado o no, se había aprobado 19 años antes por un ayuntamiento gobernado por el mismo partido de quienes ahora levantaban su dedo acusador.
Ahora el juez da la oportunidad de acabar con este asunto, cuyo recorrido ya parece agotado. Por eso resulta difícil de entender ese empeño en prolongar un discurso que ha quedado desacreditado y en seguir estirando su agonía. Especialmente en estos días, en los que posiblemente nos hayamos saturado de discursos e iniciativas políticas inspiradas en fábulas.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella