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Autor: HectorBarbotta
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Héctor Barbotta | 17-10-2016 | 12:20| 0

Los hoteles de Marbella, al menos los de más categoría, atraviesan el ecuador de octubre con ocupaciones superiores al 70 por ciento y todo parecería indicar que nos acercamos al final de un año glorioso para el turismo. De épocas en los que con mucha buena suerte la temporada alta se iniciaba bien entrado julio y terminaba apenas dos meses después nos encaminamos al cierre de un ejercicio que tuvo una gran Semana Santa, que registró durante todo junio ocupaciones propias del verano y donde la temporada alta se prolongó en septiembre y ya bien entrado octubre se resiste a irse.
Los buenos resultados no han sido solamente en los porcentajes de ocupación sino sobre todo en los precios. Durante años anteriores los hoteles presentaron también ocupaciones altísimas, pero en confianza algunos directores confesaban, bajo el compromiso del anonimato, que durante algunas semanas las habían conseguido bajando las tarifas. Y advertían que para valorar cómo ha ido la temporada turística no había que fijarse tanto en los índices de ocupación ni en la cifra de pernoctaciones sino sobre todo en los precios que los visitantes habían pagado por dormir en la Costa del Sol. Muchas veces, con el recuerdo de la crisis todavía fresco, los destinos competidores apretando y los turistas cada año más acostumbrados a reservar a ultimísima hora, los hoteles acababan vendiendo las habitaciones por debajo de las expectativas. Y aunque se conseguían resultados de ocupación que podían invitar a hacer balances triunfalistas de esos que tanto entusiasman a los responsables políticos, las cuentas de resultados no ofrecían resultados acordes.
Este año, sin embargo, ha sido diferente. Los buenos resultados no sólo se han visto en los índices de ocupación sino sobre todo en los precios. Y si bien es verdad que la inestabilidad política internacional ha ayudado –los destinos al sur de Mediterráneo han quedado prácticamente anulados por una amenaza terrorista de la que ni siquiera Francia se ha mantenido a salvo– no es menos cierto que los inversores no ven en esa situación algo coyuntural. De lo contrario no se explicarían los proyectos de nuevas inversiones que se han ido conociendo en los últimos meses.
Pero la Costa del Sol sigue teniendo un talón de Aquiles. En estos días muchos de los trabajadores de los hoteles empiezan a recibir las notificaciones de que vuelven al paro hasta el año que viene. Hay hoteles que echan el cierre y otros que reducen su actividad al mínimo, y padres y madres que regresan a sus casas con la angustia dibujada en el rostro. En un año en el que se ha ganado tanto dinero no es una situación que resulte fácilmente aceptable.

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Todo dentro de (su) lógica
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Héctor Barbotta | 17-10-2016 | 12:18| 0

Marbella aspiraba a obtener 15 millones de euros de los fondos europeos EDUSI, destinados a desarrollar diferentes actuaciones de su plan estratégico, y ha quedado fuera de una selección que sí ha beneficiado a Málaga capital, a la Diputación y a la vecina Estepona, entre otros municipios españoles. Se suponía que la ciudad contaba con grandes opciones de conseguir esos fondos, ya que una de las condiciones que se requerían era precisamente contar con un plan estratégico, un documento aprobado en Marbella mucho antes de la convocatoria de estas ayudas.

La selección, sin que se explicara en qué se fundamenta, fue tomada por el Gobierno central, en concreto por el Ministerio de Hacienda. De la propuesta presentados por Marbella sólo se sabe que no alcanzó la puntuación mínima exigida, una explicación tan lacónica como genérica, que se aplicó a todos los proyectos rechazados y que cuya falta de mayores precisiones no ayuda a ahuyentar las sospechas de arbitrariedad.

Si alguien pensaba que el jarro de agua fría que ha supuesto quedarse fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos iba a servir para despertar a los partidos del letargo de enfrentamiento permanente en el que tienen sumido al Ayuntamiento y que iba a producirse un conjuro para acudir a Madrid con una sola voz a pedir explicaciones o a garantizarse una mejor posición de salida para la próxima convocatoria ha recibido un baño de realidad. La reacción del grupo municipal del PP ante una decisión tomada en Madrid por el gobierno en funciones de su partido fue exigir dimisiones. en Marbella. Los partidos parecen metidos en una dinámica de piñón fijo, con sólo dos respuestas ante todas las situaciones: la exigencia de dimisiones o las demandas en los juzgados. Cualquiera sea el estímulo, la respuesta siempre sale del mismo abanico, limitado y triste, de opciones. No puede decirse que esto sea un dechado de creatividad política.

En esa dinámica de desconfianza mutua, cálculo de corto plazo y mala fe debe inscribirse el proceso que ha acabado con el cierre del aula de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Marbella. Desde el año pasado las autoridades de esta institución en Málaga y el Ayuntamiento de Marbella vienen protagonizando desencuentros, y estos son de tal calibre que para comprender la situación no debe dejarse de tener en cuenta una circunstancia que debería ser secundaria en una institución educativa pero que lamentablemente parece, a la vista de los acontecimientos, esencial: el máximo responsable de la UNED en Málaga, en este caso su directora, es designada por la Diputación Provincial, entidad gobernada por el Partido Popular. Recordado este detalle se puede comenzar a analizar la situación, en la que la desconfianza, los reproches mutuos y la falta de lealtad han jugado un papel esencial.

Todo parte de la aprobación, en 2012, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acotó drásticamente los apartados a los que los ayuntamientos podían destinar fondos y cortó actividades que hasta ese momento se venían desarrollando con recursos municipales. Entre esas actividades vedadas figuraban las de educación, donde los ayuntamientos no tienen competencias.

La UNED tenía en la provincia tres aulas financiadas de esa manera, la de Mijas, la de Ronda y la de Marbella. Las dos primeras cerraron sin mayor conflicto, pero Marbella comenzó a buscar vericuetos legales para mantenerla. No puede decirse que la UNED haya tenido desde entonces una posición de flexibilidad, de comprensión o mucho menos de complicidad para que el aula siguiera a pesar de una nueva situación que no hacía sencilla la continuidad. Más bien, su único interés pareció centrarse en que quedara claro que si había un cierre el responsable sería el Ayuntamiento. Tampoco en este caso, como en ningún otro, hubo nadie que se resistiera a la tentación de situar el problema fuera de la lógica de enfrentamiento PSOE-PP.

Por ello no llama la atención que la UNED haya enviado cartas a los alumnos en las que deposita toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, que el PP se abstuviera cuando el pleno votó saltarse el reparo del interventor municipal que impedía saldar con la UNED la deuda pendiente por los servicios prestados el curso anterior o que el certificado del gobierno central que el Ayuntamiento de Marbella necesitaba para firmar un nuevo convenio que permita la continuidad haya llegado con el curso iniciado, posiblemente ya demasiado tarde. ¿Quién necesita mantener abierto un servicio educativo público cuando su cierre puede ser exhibido como muestra de lo ineptos que son los adversarios?

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Sólo negocios
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Héctor Barbotta | 02-10-2016 | 4:12| 0

Se podría decir utilizando algún camino indirecto que la relación de Telecinco con la Costa del Sol, y especialmente con Marbella, siempre ha sido de amor-odio, pero sin amor, y que a quienes vivimos por aquí tradicionalmente nos ha dejado un sabor que podríamos llamar agridulce aunque sin eufemismos es profundamente amargo. Sin embargo no nos lo debemos tomar como algo personal, son sólo negocios. Al margen de cualquier ética y del más laxo código deontológico, es verdad, pero sólo negocios. No es que hagan daño por placer, no es que destruyan el prestigio de una marca de la que comen miles de personas por mero afán destructivo; sólo es su manera de forrarse.
En los años del Gordo, Telecinco se ofreció voluntaria para enseñar en ‘prime-time’ aquella irrepetible imagen del alcalde de Marbella con su oronda figura desparramada en el jacuzzi y rodeada de señoras que no parecían haber presentado currículum con un diploma del Actors Studio para que las pusieran ahí. No es que se pueda echar la culpa a Telecinco del sitio por donde se arrastró la imagen de Marbella durante aquellos días, sino a quienes con su voto sentaron al personaje en el sillón de la Alcaldía. Telecinco sólo estaba ahí para aprovechar la oportunidad y hacer caja.
Después llegaron los días del alcalde y la folclórica, y la cadena siguió mejorando sus cuentas de resultados. Tampoco pueda decirse que fuera su culpa. Igual que cuando retransmitieron en directo la discusión entre Gil y Muñoz sobre quién era más golfo de los dos, un debate sin gran altura que arrojó empate técnico.
Más tarde llegó aquella combinación explosiva de operaciones policiales en las que aparecían algunos personajes de papel cuché. Telecinco inventó un nuevo género televisivo: los sucesos rosa, expresión máxima de la televisión basura en la que se mezclaban los protagonistas habituales de los programas de cotilleo y esos procesos pioneros contra la corrupción. No siempre esos personajes tenían el papel central que la cadena les atribuía, pero tampoco era cuestión de que el rigor periodístico les fastidiara el rating.
El público, sobre todo, demandaba diversión. Si había que pagarle a un delincuente para que se dejara entrevistar, se pagaba.
Ahora, cuando parecía que ya nos habían dejado en paz, anuncian una serie sobre narcotráfico que se llamará ‘Costa del Sol’. Un mínimo de rigor invita a concluir que no es precisamente el litoral de la provincia de Málaga donde más se sufre la actuación de los narcos. Pero no se trata de rigor, sino de llenar la caja. Las otras marcas venden menos.
Se ha reaccionado con indignación. Pero no nos lo debemos tomar como algo personal. Son sólo negocios.

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Adiós a la política
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 10:50| 0

 

Si hubiese que explicar cuál es el clima político que se vive en Marbella bastaría con relatar de la forma más aséptica posible un episodio que tuvo lugar el pasado jueves en la televisión municipal, donde habían sido convocados a debatir representantes del gobierno municipal, del Partido Popular y del movimiento ciudadano ‘Ni un metro de Marbella para otro municipio’, denunciante en el caso de la supuesta falsedad en la tramitación del PGOU de 2010.
Por la plataforma ciudadana acudió su portavoz, Carola Herrero, y por el gobierno municipal la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, mientras que por el Partido Popular había comprometido su presencia el concejal Manuel Cardeña. El tema del debate era el deslinde con Benahavís, de rabiosa actualidad estos días tras conocerse que el fiscal denunciará a la exalcaldesa Ángeles Muñoz por la presunta falsedad. A última hora el PP decidió cambiar de representante y enviar a la propia Muñoz, con el argumento de que se trata de un asunto que la afecta personalmente y que le correspondía a ella dar las explicaciones del caso y defenderse de las graves acusaciones que se le hacen.
Tanto la representante de la plataforma como la edil socialista se negaron a aceptar el cambio y a debatir directamente con la exalcaldesa y actual senadora, por lo que el programa tuvo que ser suspendido.
Aunque el derecho de cada uno a sentarse con quien quiera y de negarse a hacerlo con quien no le apetece está fuera de toda discusión, resultan difíciles de entender los motivos por los que dos personas que están en la primera línea de este asunto –la denunciante que llevó la parte más activa en la iniciativa que ha puesto a la exalcaldesa en una situación comprometida y la edil de Urbanismo– se negaron a debatir con la protagonista directamente implicada cuando la televisión municipal, con excelente criterio, había ofrecido un espacio para hacerlo. Lo lógico en una situación como la actual es que los rivales políticos de Ángeles Muñoz reclamen y hasta exijan que la exalcaldesa dé explicaciones. No que se marchen cuando se presenta. Lo que hicieron tiene difícil explicación.
Pero más inexplicable aún resultaron los argumentos ofrecidos momentos después por el PSOE, que en un comunicado indicó que el único debate al que va a prestarse con la exalcaldesa «será en los tribunales, por lo que ningún miembro del partido va a confrontar públicamente con la senadora, que podría terminar investigada por un delito de falsedad, asunto que se encuentra sub júdice».
Tener en estos momentos a Ángeles Muñoz delante y frente a una cámara con la posibilidad de exigirle explicaciones es una oportunidad que con toda seguridad muchos de sus votantes y de quienes no la han votado no desperdiciarían.
Está claro que Ángeles Muñoz deberá dar explicaciones ante el juez y es más que probable que en un futuro no muy lejano sea convocada a hacerlo. Pero quienes aseguran que todo el asunto del deslinde con Benahavís requiere también de una asunción de responsabilidad política se desmienten a sí mismos cuando anuncian que no aceptarán más debate que el que se dé ante los tribunales.
Renunciar a debatir con un adversario en activo sobre un asunto de interés prioritario para la ciudad no sólo constituye la confesión de que se ha optado por una estrategia de judicialización de la vida política. Constituye, en realidad, una renuncia a la política.

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Cuanto antes mejor
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 10:42| 0

Que el fiscal jefe del área de Marbella haya concluido tras once meses de investigación que hay elementos que apuntan a que en la tramitación del PGOU de 2010 se pudo cometer un delito de falsedad es un hecho suficientemente grave como exigir que se den todas las explicaciones necesarias. Que los señalados por el Ministerio Público sean nada menos que la persona que ostentaba la Alcaldía y el vicesecretario municipal, un habilitado nacional cuya función es precisamente garantizar la legalidad de los actos, no hace más que añadir gravedad a la situación.

Ya no se trata de la denuncia de una plataforma ni de un partido rival, sino de las conclusiones a las que ha llegado el fiscal tras tomarse el tiempo necesario para investigar toda la documentación existente.

Tras la presentación de una denuncia de la plataforma ciudadana contra los deslindes y después de 11 meses de investigación, el representante del Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que existen indicios de verosimilitud en una denuncia que apunta a que el documento que se votó como Plan General de Ordenación Urbana de 2010 en el pleno del 29 de julio de 2009 no es el mismo que los miembros de los partidos aprobaron en la comisión de Urbanismo dos días antes, y que las modificaciones se hicieron sin comunicárselo a los ediles que levantaron la mano. El cambio habría sido realizado en 22 planos, algunos de los cuales afectan a suelo propiedad de la familia de la exalcaldesa.

El pasado jueves, después de que el decreto firmado por el fiscal tomara estado público, Ángeles Muñoz salió al paso con unas declaraciones genéricas en las que se limitó a decir que todo se había hecho correctamente. Ahora que ya se conoce exactamente cuáles son las conclusiones del fiscal esas explicaciones son insuficientes.

La denuncia del fiscal seguirá su curso y como Muñoz es una persona aforada es posible que la tramitación se demore algunos meses. Hasta entonces no se sabrá si la denuncia se admite a trámite y si por lo tanto la exalcaldesa y ahora senadora pasa a ser investigada, la nueva terminología legal que se aplica a los antiguos imputados. Haría muy mal Ángeles Muñoz si considera que dispone de todo ese tiempo para ofrecer las explicaciones que el caso requiere. El tiempo no juega a su favor, sino en su contra. Y en contra también del PP. Es senadora por la provincia de Málaga, líder de la oposición en Marbella y presidenta del partido más votado. La ciudad no puede permitirse cinco o seis meses de incertidumbre. Las explicaciones deben ser inmediatas y con todo lujo de detalles. Si no hubo alteración de los documentos debe decirlo con claridad; si lo hubo, debe explicar las razones.

Después de que hace diez años Marbella ocupara todas las portadas y llenara horas de programación televisiva con ese maridaje venenoso entre corrupción y cotilleo, la ciudad pareció conjurarse para erradicar una imagen nociva que amenazaba con cargarse para siempre su prestigio y su principal fuente de ingresos. Durante un tiempo, el mundo de la política estuvo atento no solamente a no repetir errores del pasado sino también, como la mujer del César, a que pareciera que se había aprendido la lección.

Las conclusiones a las que ha llegado el fiscal, que no son evidentemente definitivas pero sí suficientes para denunciar el asunto, demuestran que al menos hubo relajación en los controles y en esa decisión inicial no sólo de hacer las cosas bien sino también de hacerlas tan bien como para que no cupieran sospechas. Una vez más vuelve a demostrarse que los políticos deberían encontrar la forma para vacunarse contra la tentación de la soberbia a la que alienta el poder y alejar a los consejeros obsecuentes que nunca encuentran defectos en sus jefes.

Que una exalcaldesa de la ciudad y también un habilitado nacional se encuentren ahora a las puertas de una imputación por una circunstancia al menos oscura es una pésima noticia no solamente para los implicados sino también para toda la ciudad.

Sólo una triste circunstancia ha amortiguado un daño a la imagen de Marbella que en otra circunstancia hubiese sido letal, y es que las conclusiones del fiscal han llegado en un momento en el que todo el país está inundado por las aguas fétidas que vierten las cloacas de la política, a cuyo olor parecemos ya acostumbrados.

Marbella ya no es la capital de los escándalos porque prácticamente no hay ciudad o comunidad autónoma que no parezca pugnar por la capitalidad de la corrupción y de lo que parece corrupción. Triste consuelo.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella