img
Autor: HectorBarbotta
¿Y aquí cuándo toca?
img
Héctor Barbotta | 26-02-2018 | 1:04| 0

SUR 92.cdr

 

La Junta de Andalucía ha anunciado que el tercer hospital de Málaga va a estar construido y en funcionamiento a comienzos de 2024. Los más optimistas pueden creer que, mes arriba, mes abajo, el Gobierno andaluz va a cumplir con su compromiso en ese plazo de seis años; los optimistas de grado medio posiblemente crean que habrá tercer hospital, pero que la obra sufrirá retrasos similares a los que ya se conocieron cuando se construyeron los hospitales de Ronda o Cártama, por no irnos muy lejos. Pero habría que ser muy pesimista para vaticinar que la Junta propondrá financiar el nuevo hospital con una concesión administrativa, que licitará las obras a cambio de la explotación del parking, que esa empresa entrará en concurso de acreedores y posteriormente en liquidación, que el proyecto se enquistará con demandas cruzadas en los tribunales y que encallará durante ocho largos años sin soluciones en el horizonte ni preocupación aparente del Gobierno andaluz para que las haya. Hay que ser muy pesimista, en suma, para creer que otra ciudad andaluza tendrá por parte de la Junta de Andalucía un trato como el que sufre Marbella.

Desde que las obras se paralizaron en el año 2010, la ciudad ya ha disfrutado de dos anuncios de desbloqueo inmediato de la situación. En agosto de 2014, todas las partes implicadas –la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol (empresa pública de la Junta de Andalucía), el Ayuntamiento de Marbella y la concesionaria– firmaron un acuerdo que preveía la retirada de las demandas cruzadas interpuestas y la aplicación de descuentos en las tarifas de aparcamiento que se cobrarían a los vecinos de Marbella. Eso quedó en nada.

Más recientemente, en el verano de 2016, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció en Marbella que se convocaría un nuevo concurso en un plazo breve de tiempo si la empresa no retomaba las obras. Mismo resultado.

La situación, análoga a la del puerto de La Bajadilla, está bloqueada en los tribunales. La empresa concesionaria, integrada a partes iguales por una empresa de instalaciones eléctricas y Abengoa, se encuentra en fase de liquidación. Llama la atención la impotencia –o falta de interés- de la Junta para resolver una situación que en cualquier otra ciudad de Andalucía supondría un escándalo mayúsculo y pondría en jaque al consejero. Por aquí, en cambio, han pasado ya tres máximos responsables de Salud desde que comenzó el problema sin conseguir una solución. Es más, sin cumplir ni remotamente con las soluciones que ellos mismos se comprometieron a impulsar. Ni antes con el gobierno municipal en solitario del PP, ni después con el tripartito encabezado con un alcalde socialista, ni ahora con un gobierno de dos socios con una alcaldesa del PP, la ciudad ha conseguido que se la escuche. Ni siquiera se ha logrado que la paralización de las obras forme parte de la agenda de problemas a resolver.

Posiblemente sea necesario recordar que de los 48 millones en los que está presupuestada la obra, la paralización sobrevino cuando ya se había invertido la mitad. ¿Alguien se hará cargo de la pérdida económica que supone el deterioro que sin duda está sufriendo el edificio desde que se pararon las obras?

Las condenas hay que llevarlas con dignidad. Nadie en Marbella debería desear que se dé a otro municipio el trato que recibe esta ciudad. Sin embargo, sería interesante saber cuál sería la reacción social si la Consejería de Salud anunciara, o lo hiciera de forma solapada como lo intentó en un principio en Marbella, que no va a haber dinero de sus presupuestos para la construcción del tercer hospital de Málaga, sino que las obras se financiarán mediante la explotación de un aparcamiento cuya utilización sería fácticamente obligatoria para todos aquellos que acudan al centro sanitario, ya sea por una urgencia, para una cita con un especialista o para visitar a un familiar hospitalizado.

No es difícil adivinar cómo reaccionarían ante semejante anuncio no ya el resto de las administraciones implicadas, sino los usuarios, los sindicatos, el Colegio Médico, los medios, los partidos políticos… Si se concluye, con cierto buen criterio, que el Gobierno andaluz no se atrevería a semejante barbaridad en ninguna otra ciudad de la Comunidad Autónoma, cabe preguntarse ¿por qué en Marbella sí?

Se pueden aventurar diversas hipótesis pero posiblemente sea oportuno invertir el sentido de la pregunta. ¿No será que el Gobierno andaluz no se atreve a darle a Marbella lo que le corresponde porque en el resto de Andalucía realizar una inversión en esta ciudad supone algún tipo de coste político? ¿No será víctima Marbella de la imagen que se cultiva en cada promoción turística y que la describe como una ciudad de ensueño? ¿Nos veremos obligados algún día a hacer una campaña para explicar que en esta ciudad, además de ricos que se pueden pagar clínicas y colegios privados viven también camareros, dependientas y profesionales varios que tienen las mismas necesidades y derechos que el resto de los andaluces? ¿Habrá que ir despacho por despacho para explicar a los responsables políticos que no se tienen que tomar al pie de la letra todo lo que ven en los vídeos que se utilizan para la promoción turística de la ciudad? ¿Será necesario aclarar que eso del lujo es un reclamo publicitario dirigido a un público concreto y no la realidad cotidiana de 148.000 vecinos?

Ver Post >
Algo más que un debate urbano
img
Héctor Barbotta | 19-02-2018 | 10:21| 0

sur-91

Pocas decisiones hay tan trascendentes para una ciudad como cuando se propone la peatonalización de una de sus arterias principales. En primer lugar, porque se trata de una decisión que raramente es reversible. Una vez que se adopta y se lleva adelante no suele haber marcha atrás. En segundo lugar, porque pocas transformaciones puede haber que cambien tanto la fisonomía del centro urbano y que influyan de manera tan determinante en la manera en que los vecinos se relacionan con su propia ciudad, en la fisonomía de los comercios o en la posibilidad de un entorno de resultar atractivo para los visitantes.
La peatonalización es decisiva y trascendente desde la perspectiva urbana, pero también comercial, medioambiental, económica y de movilidad. Pocas decisiones del ámbito municipal hay, en suma, que, influyan de una manera tan determinante en la vida cotidiana de los vecinos, pero también en el futuro de la propia ciudad.
San Pedro Alcántara está afrontando actualmente ese debate y se ha generado, como es natural, un escenario de controversia. Uno de los aspectos más importantes de los debates que se abren cuando se está por peatonalizar una calle es que resulta muy difícil anticipar cuál va a ser el resultado. Hoy en día casi nadie se acuerda de aquello pero cuando a mediados de los años noventa se empezó a plantear el cierre al tráfico de la calle Larios, comerciantes y hosteleros de Málaga recibieron aquella propuesta con una hostilidad indisimulada. De haber adivinado cuál iba a ser la influencia de la peatonalización en el vigor comercial de esa arteria, con seguridad su actitud hubiese sido muy diferente.
Sin embargo, cuando ya se conocían los resultados de calle Larios y el proyecto de peatonalización avanzó hacia las calles del entorno, el rechazo no amainó. Hoy, con el centro de Málaga convertido, inéditamente, en el motor turístico y comercial de la capital de la provincia, aquel debate se presenta como anacrónico.
Algo muy parecido, aunque en una dimensión sensiblemente menor, sucedió en Marbella cuando el Ayuntamiento comenzó por la avenida Miguel Cano su proyecto de peatonalización del centro al sur de la avenida Ricardo Soriano. Hoy es difícil dudar de la consecuencia comercial y turística de esa iniciativa, aunque suponer que operaciones similares van a tener resultados idénticos cualquiera sea el lugar en el que se ejecuten supone una simpleza de análisis en la que no se deberían basar decisiones de tanto calado.
Es más, Marbella tiene por delante un proyecto que antes o después deberá abordarse, como es el de la peatonalización total o parcial de Ricardo Soriano, al menos en el entorno de la Alameda, por la sencilla razón de que el casco urbano de una ciudad, y especialmente el casco urbano de una ciudad turística que no quiere verse estancada en su desarrollo, no debería estar atravesado por una avenida que en realidad se utiliza como autovía. Que ese proyecto no se haya abordado todavía responde simplemente a las dificultades técnicas que presenta la canalización por vías alternativas de todo el tráfico y al coste sideral que supondría la solución más sencilla, un soterramiento en el trazado más céntrico. Sólo con imaginar el revulsivo comercial, turístico y económico que supondría una avenida Ricardo Soriano peatonalizada y surcada por un tranvía debería invitar a no abandonar, por caro o por dificultoso que parezca, esa proyección indispensable para el futuro a medio plazo de esta ciudad.
Pero ahora donde está planteado el debate es en San Pedro y lo que correspondería hacerse para que lo que salga de ahí no sea un resultado del que arrepentirse es afrontarlo sin caprichos ni fobias personales, con más datos objetivos que percepciones a vuelapluma y con los intereses generales por encima de los privados, por muy legítimos que estos puedan parecer.
En los últimos años, sobre todo a partir de las obras del soterramiento, San Pedro vivió una transformación radical y en positivo, pero no puede decirse que haya sido una transformación indolora. Aquellas obras, con la travesía abierta en canal durante años, dejaron algo más que heridos en el tejido comercial de la ciudad.
Posteriormente, con la inauguración del bulevar, la zona vivió un momento de prosperidad que se tradujo en la apertura de comercios y en la revalorización de las propiedades que habían sido castigadas simultáneamente por la crisis y por las obras del soterramiento.
Ese momento de expansión, sin embargo, fue más efímero de lo que cabía desear. Parte del debate que ahora se abre sobre el proyecto de peatonalización del trazado sur de Marqués del Duero debería centrarse en los motivos por los que el auge que insinuó la apertura del bulevar no consiguió mantenerse en el tiempo y en si la reducción de dos a una de los carriles de circulación en esa arteria no tuvieron relación con ese frenazo.
Las posiciones a favor y en contra de la peatonalización están planteadas. Su principal impulsor, el teniente de alcalde, Rafael Piña, sostiene que es la mejor manera para que el comercio tradicional pueda adaptarse a las nuevas formas de consumo y por lo tanto atraer clientes que acudirían seducidos por un nuevo espacio de paseo.
Sin embargo, quienes de momento encabezan la oposición a la peatonalización completa son precisamente los comerciantes, que plantean, entre otras cuestiones, el hecho de que gran parte de Marqués del Duero ya es peatonal, las dificultades añadidas que supondría para la carga y descarga de todo el centro de San Pedro y el hecho de que los vecinos de las urbanizaciones de la zona se suelen desplazar en coche, por lo que la peatonalización total los disuadiría de acudir.
La controversia se resolverá en una consulta telemática en la que la última palabra la tendrán los vecinos. Pese a optar por esa forma de resolución, Piña no ha adoptado una actitud neutral. Opción Sampedreña ha anunciado que hará campaña por el ‘sí’ porque considera que se trata de la mejor solución para revitalizar el comercio.
OSP es el único partido que hasta el momento se ha decantado por una postura definida, ya que el otro que también se ha pronunciado sobre este asunto, Podemos, lo ha hecho para reclamar que se den a conocer los estudios técnicos que permitan a los ciudadanos opinar con fundamento, pero sin posicionarse sobre el fondo del asunto.
Entre quienes aún no se han decantado por una u otra opción está el Partido Popular. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha eludido esta semana mostrar cuál es su postura aunque el perfil de quienes se oponen coincide en líneas generales con el de muchos de sus votantes en San Pedro. La posición del partido mayoritario del gobierno es incómoda, ya que por un lado no puede confrontar en un tema fundamental con sus socios y por el otro tampoco puede dejar desasistidos a sus votantes a un año de las elecciones y en un distrito donde, como sucede habitualmente, se acabará decidiendo el destino electoral de Marbella. Sobre todo cuando Ciudadanos, la fuerza política que amenaza con corroerle buena parte de su tarta electoral en todo el país, se ha apresurado a alinearse con los empresarios y comerciantes contrarios a la peatonalización.
El PP se enfrenta pues a una dicotomía que deberá resolver. De la respuesta que halle podrá deducirse cuál será su estrategia política para el resto del tiempo que aún queda de mandato. En juego puede haber mucho más que abrir una calle al tráfico o cerrarla y reservarla sólo para los peatones.

Ver Post >
Con consenso, difícil; sin consenso, imposible
img
Héctor Barbotta | 16-02-2018 | 11:24| 0

SUR 90.cdr

Hay situaciones que ya no sorprenden porque forman parte del guión. Algo muy distinto es que el guión nos parezca aceptable. La costumbre y la normalidad, lo habitual y lo deseable, no son lo mismo.
El grupo municipal socialista ha informado de la presentación de un recurso contra el decreto municipal en el que se ampara el próximo nombramiento de los directores generales del Ayuntamiento. Se trata de un proceso en el que, si no se producen sorpresas, que no se producirán, y con alguna excepción, que la habrá, consistirá básicamente en el cambio de estatus de los cargos de confianza nombrados por el actual equipo de gobierno municipal, que podrán pasar a formar parte de la estructura de mando del Ayuntamiento.
El proceso, al que formalmente puede acudir quien lo desee pero en el que el Ayuntamiento se reserva el derecho a nombrar a quien le plazca, ha sido impugnado por el grupo municipal socialista, que entiende que no da garantías para evitar el enchufismo.
La actitud del PSOE sería irreprochable, ya que la oposición está para estas cosas, si el decreto impugnado no fuera prácticamente idéntico al aprobado en su día por el tripartito y que fue impugnado, precisamente, por el grupo municipal del Partido Popular, que ahora presenta el suyo como si fuese algo totalmente distinto. Como se ve, los roles se han invertido, pero no la voluntad de poner palos en la rueda a la gestión del adversario.
No se trata de una cuestión de principios, ni entonces ni ahora, porque lo que era malo entonces también lo debería ser ahora, del mismo modo que lo que era legítimo hace dos años no debería haber perdido legitimidad al haber cambiado de manos el bastón de mando. De lo que se trata es de un malentendido papel de lo que supone ejercer el papel de oposición. Incluso de lo que significa hacer política.
Quienes ejercen la dirección política del Ayuntamiento porque han conseguido la mayoría para ello deberían tener manos libres para el nombramiento de los cargos directivos que los acompañan en la gestión de la que deben dar cuenta. No tendrían que verse obligados a recurrir a procesos supuestamente abiertos para designar a sus cargos de confianza. Que la ley obligue a hacer un simulacro de proceso selectivo es absurdo. Tan absurdo como que los partidos avalen o abjuren de esos sucedáneos de transparencia y apertura, que no tienen más efecto que el de un placebo, que no siempre funciona, según si les toca interpretar el papel de responsable gobierno o de indignada oposición.
Los roles no se eligen por convicciones, sino según el lugar que el guión de la coyuntura política asigna en cada momento. Los políticos asumen ese guión y esos roles sin rechistar, lo que los lleva a proponer algo muy parecido a aquello de lo que dos años atrás renegaron y a renegar de lo mismo que hace dos años propusieron. Lo que no deberían esperar, ni unos ni otros, es que el público, los ciudadanos, asista con un mínimo de interés a esta comedia en la que los papeles se intercambian según cómo toque en cada momento.
Por esa misma lógica de intereses partidarios en la que las convicciones o el estudio en profundidad de los problemas y sus soluciones son colocados en un lugar subalterno, hay poca esperanza en que los partidos aporten algo relevante en el debate abierto sobre la necesidad de una solución ferroviaria para los problemas de movilidad de Marbella y la Costa del Sol. Ahí cabe esperar mucho más de los técnicos, de los especialistas y, sobre todo, de la sociedad civil, que de los partidos políticos y sus portavoces, siempre dispuestos a repetir lo que el guión ordene.
Así como pocas semanas atrás, cuando salió a la luz el olvido de la conexión ferroviaria en el POT de la Costa del Sol por parte de la Junta de Andalucía, el Partido Popular interpretó el papel de la indignación, ha bastado que el Ministerio de Fomento haya propuesto un Cercanías para que el PSOE se posicionara por la alta velocidad. Más aún, los socialistas de toda la provincia eligieron Marbella para escenificar su reclamo de un tren que conecte a toda la Costa del Sol.
Que el PSOE enarbole ahora la bandera de la conexión ferroviaria de la Costa del Sol como emblema de su próxima campaña electoral de las elecciones municipales sin ensayar una mínima autocrítica sobre las promesas incumplidas desde el año 2000 supone todo un desafío, por no decir una burla, para quienes durante todo ese tiempo creyeron en los anuncios, estudios y hasta licitaciones realizados tanto por la Junta de Andalucía como por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Que el PP dé por bueno el Cercanías, sin más, cuando hasta antes de ayer exigía un AVE para Marbella, no parece ser algo muy distinto. Estas posiciones, donde la manipulación política juega el papel más relevante frente a cualquier otro factor, hacen que el debate sobre la conexión ferroviaria a Marbella y Estepona corra el riesgo de instalarse en el lugar que menos le conviene a estas dos ciudades y a la provincia en su conjunto, la de un partido que propone una solución y la de otro partido que impulsa la contraria. Así, quien se decante por el AVE puede ser señalado como socialista, y quien considere que lo prioritario es el Cercanías, de partidario del Gobierno. Así se ha visto en la consulta realizada recientemente por este periódico a alcaldes de la zona y publicada ayer.
Bien harían unos y otros en pedir perdón por estas casi dos décadas de promesas incumplidas y de anuncios vacíos y en ponerse a trabajar en conjunto en aquello que es lo único que puede algún día ayudar a que la Costa del Sol quede conectada a una línea férrea: un amplio consenso de todas las instituciones sin distinción de partidos y con un solo objetivo común.
Lo que menos se necesita en estos momentos es un debate de fundamentalismos, de etiquetas y de sambenitos. Lo que es imprescindible es una discusión serena y lo más técnica posible sobre las necesidades y las prioridades de la Costa del Sol.
Y ese debate tiene que partir, necesariamente, de dos realidades que deberían alarmarnos. La primera es que somos una de las zonas del mundo en las que menos se utiliza el transporte público, una situación que no solamente perjudica a quienes viven aquí, sino también a quienes eligen esta zona del sur de Europa como lugar de vacaciones. Vivimos en una época en la que usar el coche ha dejado de ser símbolo de estatus, y mucho menos un lujo, porque el lujo, especialmente en época de vacaciones, es olvidarse del coche. Y ese es uno de los pocos lujos que esta ciudad no puede ofrecer a sus visitantes.
El segundo motivo de preocupación es que Marbella y la Costa del Sol van camino de quedar aislados de la red ferroviaria de alta velocidad que en no muchos años conectará a todas las principales ciudades de España.
Sólo una vez que se llegue a una síntesis acerca de lo que realmente se necesita, por orden de prioridades, se aísle este asunto del oportunismo electoral y se lo sitúe en el plano de una reivindicación de toda la provincia por la que las diferentes instituciones trabajen de manera conjunta, se podrá decir que se han comenzado a dar pasos para la llegada del tren. De otra manera se seguirán ofreciendo excusas más o menos iguales a las que llevamos 20 años escuchando. Con el resultado conocido.

Ver Post >
Turismo, política y fotos
img
Héctor Barbotta | 25-01-2018 | 10:06| 0

fistur

Ha terminado una nueva edición de FITUR, esa cita ineludible de cada año donde confluyen el negocio y la política. En rigor debería decirse que no siempre confluyen, ni convergen, sino que simplemente coinciden temporal y espacialmente, muchas veces sin mezclarse.
Hay políticos para quienes hacer política supone básicamente en hacerse fotos, y para eso FITUR es el escenario ideal. Otros consideran, con buen criterio, que en relación con el turismo una parte fundamental de su obligación consiste en generar las condiciones para que los negocios puedan hacerse. FITUR es también una buena ocasión para eso. Cuando se consigue, la foto tiene algún sentido. Si no, es cáscara, apariencia pura.
Marbella ha seguido este año la estela del surco abierto durante la etapa del tripartito, cuando se decidió recuperar el expositor propio en FITUR y celebrar un gran acto en la víspera de la inauguración de la feria. Cuando en 2016 el Ayuntamiento decidió volver a FITUR con una presencia de peso, la decisión fue aplaudida. A pesar de la desconfianza que siempre genera una cita en la que abunda el figureo sin sustancia, FITUR es también es un escaparate donde se puede correr el riesgo de destacar por la ausencia, algo que Marbella no se puede permitir. Por ello, igual de bienvenida debe ser la decisión tomada por el actual equipo de gobierno de mantener esa línea, no forzar un cambio abrupto en la estrategia de promoción turística, sostener el camino trazado antes del cambio de gobierno producido con la moción de censura y brindar una imagen de cierta continuidad institucional.
Que se haya mantenido el lema implantado hace dos años –‘Marbella, un destino cinco estrellas’–, pese a las dudas que despierta en el actual equipo de gobierno, debe ser interpretado también como un acto de responsabilidad. El eslogan puede convencer más o convencer menos, pero modificar una campaña de imagen con cada cambio de gobierno llevaría a una dinámica absurda que generaría una sensación de inseguridad y desconcierto de la que solamente cabría esperar un deterioro de la reputación de la ciudad.
La víspera del comienzo de la feria se ha convertido en un día clave para la actividad en FITUR. Las agendas suelen estar apretadas y la noche previa a la inauguración se ha convertido en un momento cotizado donde diferentes delegaciones compiten por hacerse con un lugar. Marbella ha sabido encontrar un espacio en esa fecha, lo que demuestra la potencia de la marca y los beneficios de dar continuidad al trabajo año tras año independientemente de que cambie el signo de la dirección política del Ayuntamiento.
El esquema diseñado por el área de turismo para el acto de este año fue similar al del año pasado: un escenario de alta categoría –el año pasado, el Teatro Real; éste, el Palacio de Santa Coloma– una amenización musical de primer nivel, una intervención de la primera autoridad de la ciudad y un cóctel con algunos invitados de peso. En esta ocasión, la participación de Dani García le dio al evento un toque extra de calidad y de identificación con la gastronomía de la ciudad.
La intervención de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, fue corta como cabe esperar en un evento de este tipo y contrastó con otros actos institucionales vistos en la feria, donde los políticos parecen no querer perder ni uno solo de los minutos de gloria que el auditorio asegurado que supone FITUR y el dinero público que administran les tienen reservados. En la comparación con otros actos realizados en el entorno de la feria ese día y también en días posteriores, Marbella salió más que bien parada. Tuvo calidad y sobriedad. Tanto las autoridades municipales como quienes trabajan en el área de Turismo parecen tener claro qué es lo que se espera de la ciudad en una cita como esta, y eso es algo digno de ser valorado.
También las ideas parecieron estar claras en el stand de la feria, ubicado en el mismo emplazamiento del año anterior aunque se está valorando mudarlo para la próxima edición. En esta ocasión no sólo pareció acertado el diseño, con unas pantallas gigantes que llamaban poderosamente la atención, sino también el contenido, con una programación de presentaciones que se agruparon en dos grandes bloques: la gastronomía y el ocio el miércoles y el deporte el jueves. El momento estrella fue la presentación de la Copa Davis con la presencia del secretario de Estado para el Deporte y el apadrinamiento de Manolo Santana. Ante la posibilidad de hacer una sola presentación de todos los eventos deportivos que tendrán lugar este año en la ciudad, el Ayuntamiento decidió hacer una presentación cada media hora en una jornada maratoniana en la que todo el peso recayó sobre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que asumió en primera persona el peso de la actividad. Es difícil valorar cuál de las dos opciones hubiesen conseguido un mayor impacto, aún teniendo en cuenta que FITUR es una cita donde la competencia por conseguir la atención mediática es enorme y la cantidad de exposiciones es inabarcable, por lo que no inusual ver a alcaldes de diferentes pueblos que acaban exponiendo las bondades de su oferta turística solamente ante el cámara de su propia televisión local.
Posiblemente lo más positivo es que este año Marbella, con todos los eventos previstos para este año en la ciudad, sumado a la presencia de Puerto Banús, cuyo director, Juan Núñez Insausti, tuvo también una intensa actividad en el expositor al igual que otras empresas de la ciudad desplazadas a Madrid, dieron al stand un contenido que permite decir que la presencia de Marbella en FITUR no se limitó a lo meramente testimonial.
Como la feria de Madrid es un escaparate no solamente de la actividad turística sino también una radiografía del estado de salud de las instituciones, las dos primeras jornadas fueron también una exhibición del sectarismo político con el que las autoridades suelen actuar.
Ya en el cóctel del martes llamó la atención la ausencia de los concejales de la oposición. Algunos reconocieron que no hubiesen asistido aún en el caso de que los hubieran invitado, pero el exalcalde José Bernal lamentó esta semana no haber recibido invitación alguna. Desde el Ayuntamiento han reconocido que efectivamente no se giraron invitaciones formales a los grupos políticos, pero también que la organización se limitó a repetir el criterio utilizado el año pasado, durante el gobierno del tripartito, cuando el protocolo tampoco incluyó invitaciones a los ediles de la oposición. Se trata, en todo caso, de una cuestión que año próximo no debería repetirse. Si ya han quedado uno a uno no es necesario desempatar.
Este empeño en no cuidar las formas elementales de la cortesía y del sentido institucional tuvo más manifestaciones en FITUR. Ni el miércoles, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguró el pabellón andaluz a lo que siguió un recorrido de más de dos horas por los ocho expositores de las provincias andaluzas, ni ninguno de los días sucesivos, ningún representante alto, medio o bajo de la Administración andaluza encontró hueco en su agenda para visitar el stand de Marbella. La ausencia no pasa de lo meramente simbólico, pero el paisaje que pinta esa actitud no es precisamente edificante.
Tampoco hubo presencia de la Junta de Andalucía en la foto de familia de la presentación de la Copa Davis, acontecimiento al que el Gobierno andaluz contribuye financieramente. La versión municipal sostiene que no hubo manera de que el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, encontrara lugar en su apretada agenda para responder a la invitación realizada por el Ayuntamiento para que participara del acto. Desde el Gobierno andaluz, donde la presentación causó escozor, se asegura sin embargo que esa invitación nunca existió.
El disgusto de los responsables de la Junta fue mayor cuando se comprobó que los responsables de las otra administraciones que contribuyen económicamente al evento, la Diputación Provincial de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, ambas gobernadas por el PP, sí se hicieron presentes en el acto. Aunque desde el Ayuntamiento se decidió que sólo intervinieran Ángeles Muñoz y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, la foto de familia, a la que también se sumó el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, dio lugar a una situación de incomodidad que seguramente los responsables municipales intentarán rebajar mañana, lunes, cuando el consejero de Turismo acuda a Marbella para firmar el convenio de colaboración entre ambas instituciones para la celebración de la eliminatoria.

Ver Post >
Algo no encaja
img
Héctor Barbotta | 15-01-2018 | 10:34| 0

SUR 88.cdr

SUR 88.cdr

Desde que tomó posesión el pasado verano, el gobierno formado por el Partido Popular y Opción Sampedreña ha contratado, o iniciado el proceso para hacerlo, servicios externos para el mantenimiento de parques y jardines, para el alumbrado de las calles, para los servicios auxiliares de los polideportivos y para el varadero y la gasolinera del Puerto Deportivo.

Se trata de un número de externalizaciones que no permite asegurar que haya una tendencia a privatizar la gestión municipal, como sí puede estar sucediendo en otros ayuntamientos de la zona, pero sí que existe una clara decisión política de cubrir mediante concesionarias las deficiencias que existen en la prestación de los servicios públicos.

La polémica que se ha suscitado en torno a estas contrataciones para cubrir servicios que hasta ahora se han venido prestando con recursos municipales puede abrir, más allá de oportunismos y de ese hábito tan habitual en política de escandalizarse por la paja en el ojo ajeno, un interesante debate en torno a los servicios públicos prestados por empresas privadas.

No puede acusarse al actual gobierno municipal de haber puesto en marcha este proceso de externalizaciones de manera subrepticia o inesperada. La falta de recursos humanos y materiales de las que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ya se quejaba amargamente durante la época del tripartito fue una de las cuestiones que Opción Sampedreña puso sobre la mesa cuando el pasado verano se sentó con unos y con otros para decidir qué aliados elegiría para completar el actual mandato municipal. De izquierda y derecha llegaron ofertas de contrataciones y de transferencia de recursos a San Pedro, pero la palabra mágica, la que decantó la balanza hacia la oferta del Partido Popular fue ‘externalizaciones’. Una palabra que sonaba a herejía en un gobierno que, como el tripartito que OSP formaba con PSOE e Izquierda Unida, había llegado con el compromiso de recuperar para la gestión municipal servicios ya privatizados, como la zona azul o el transporte público, aunque ese impulso perdió brío cuando la obligación de gestionar llevó a hacer cuentas y puso las intenciones frente a la dura realidad. Los dos choques más duros entre Izquierda Unida, miembro del gobierno tripartito con las áreas de Vía Pública y Movilidad a su cargo, y Podemos, aliado indispensable para sacar adelante las votaciones, fueron precisamente a cuenta de la imposibilidad aducida por el tripartito de devolver a la gestión pública esos dos servicios.

Se suele acusar a los partidarios de que toda la gestión municipal se haga con recursos y dirección pública de moverse exclusivamente por motivaciones ideológicas, inasequibles a los datos de la realidad, pero no se puede asegurar que los argumentos de quienes aducen que la gestión privada es, por definición, más eficiente sean menos ideológicos.

Hay suficientes ejemplos, y no hay que irse fuera de la provincia de Málaga para encontrarlos, de servicios municipales que han colapsado en el momento en que su gestión ha salido de la lógica del servicio público para instalarse exclusivamente en la del mercado y el beneficio empresarial.

No se puede garantizar que en privatizaciones futuras las cosas no vayan a discurrir por ese sendero en un momento como el actual, de retroceso general de condiciones laborales en el que se puede estar caminando hacia una situación dual, de realidad paralela, en el que conviven trabajadores con derechos adquiridos antes de la crisis con nuevos trabajadores contratados según las nuevas condiciones imperantes. En este caso, empleados municipales con todos sus derechos consolidados frente a trabajadores contratados por las nuevas empresas ganadoras de una licitación.

La experiencia de conflictos laborales en empresas concesionarias de servicios públicos en municipios cercanos cuyas consecuencias las acaba pagando el ciudadano deberían funcionar como alarma suficiente para advertir de las garantías que deben preceder a cualquier proceso de externalización en el Ayuntamiento de Marbella.

A diferencia de lo que ha sucedido en Estepona, donde ha habido contratación de empresas con subrogación de trabajadores municipales, en Marbella no puede hablarse de privatización. Los servicios que se contratan con empresas externas suponen la incorporación de más personas al ámbito de trabajo de los servicios municipales, lo que debería llevar a preguntarse si se trata de nuevas prestaciones que recibirá el ciudadano o si por el contrario éste estará pagando con sus impuestos dos veces por lo mismo.

Desde la desaparición del GIL, al que se le debe la actual estructura desorbitada de la plantilla municipal, el Ayuntamiento de Marbella ha perdido más de una y más de dos oportunidades de afrontar ese problema heredado. El enchufe sistemático que contribuyó, posiblemente más que ningún otro factor, a las sucesivas mayorías absolutas de quienes saquearon la ciudad, generó una plantilla con exceso de auxiliares administrativos y que dio lugar a situaciones esperpénticas, como la falta de albañiles en el servicio de Obras o de insuficientes electricistas en los Servicios Operativos.

Al mismo tiempo, seguramente tomando en cuenta su condición de determinante fuerza electoral más que ningún otro factor, todo el debate que se dio en torno a los recursos humanos en el Ayuntamiento estuvo más enfocado a consolidar sus condiciones laborales que a ver cómo se mejoraban los servicios públicos y se respondía a las necesidades de la ciudad. En esto no se han visto diferencias entre los grupos municipales. Todos, desde el Partido Popular hasta Podemos, se han dedicado más a mimar a esa fuerza electoral determinante que a aplicar los cambios necesarios -con formación, con reciclaje o con renovación de la plantilla- para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahora, con las externalizaciones, se puede estar ante una nueva coartada para seguir postergando un debate imprescindible.

Ver Post >
Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella