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Autor: HectorBarbotta
Hambre para mañana
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Héctor Barbotta | 27-04-2018 | 11:27| 0

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha sido el primero en dar un paso adelante en la prohibición de alquilar pisos a turistas. Así leída la noticia suena drástica y seguramente sólo podrá ser valorada desde la situación concreta que vive esa ciudad en relación con el turismo y de las reacciones de alergia a los visitantes que ha generado, con escenas lamentables como las que vimos el verano pasado.

No debe olvidarse que fue en Baleares donde hace ya casi dos décadas comenzó a implantarse una tasa turística a la que los agoreros se apresuraron a atribuir consecuencias nefastas para la economía de las islas y que hoy posiblemente sólo algún especialista podría confirmar de memoria si se sigue o no cobrando.

La realidad de Baleares, afortunadamente, en casi nada se parece a la del turismo en la Costa del Sol y por eso sería prematuro comenzar a plantear en estas geografías la posible aplicación de una medida similar. Sin embargo, es necesario dar un toque de atención porque el turismo masivo está cambiando de tal manera los cascos antiguos de las ciudades que en algunos sitios comienza a instalarse una preocupante anomalía: quienes viajan motivados por el turismo cultural, que no consiste solamente en visitar museos sino en conocer cómo viven las personas en otras geografías, regresan a sus lugares de origen sin enterarse realmente de dónde han estado.

Hay síntomas que no deberíamos pasar por alto. En Málaga es imposible caminar un fin de semana por el centro sin tropezar con legiones de turistas que seguramente no ven otra cosa… que turistas. En el casco antiguo de Marbella las tiendas han ido dejando paso a locales de restauración que amenazan con saturar el espacio mientras que la población autóctona se está yendo ante la tentación de destinar sus inmuebles al dinero rápido del alquiler turístico y por la dificultad para conciliar el descanso en verano.

Hace ya tiempo que la globalización lleva camino de convertir al turismo urbano en una actividad aburrida porque casi todas las grandes ciudades del mundo son lugares donde se puede comer lo mismo, comprar lo mismo y donde la gente va vestida igual. Se toma en todos lados el mismo café y hasta el olor que sale de los locales de comida rápida apesta igual en Barcelona que en Nueva York.

El principal atractivo de los destinos turísticos es su singularidad. Y parte de ella es conocer a su gente. Las ciudades no deberían convertirse en parques temáticos uniformados. Si la Costa del Sol, que no es otra cosa que una gran aglomeración urbana, cediera a esta tendencia empobrecería su oferta. Quedaría igualada a destinos competidores con mucho menos que ofrecer. Sería una tragedia cultural y, a la larga, también económica.

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Dinero en el banco o en la calle
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Héctor Barbotta | 24-04-2018 | 1:49| 0

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Starlite ha anunciado que la semana próxima realizará el proceso de selección de personal para la próxima edición del festival y la avalancha de aspirantes no se ha hecho esperar. El anuncio permite confirmar, pese a que todavía no hay nada firmado y la palabra Marbella sigue ausente de la imagen de marca del festival, que el evento se celebrará aquí. La avalancha de solicitantes de empleo confirma otra cosa: que el paro, y especialmente el paro juvenil, sigue siendo un drama en Marbella.
Se ha dicho muchas veces, pero es bueno no olvidarlo. Ésta es una sociedad dual en la que conviven realidades diferentes, aunque la imagen pública de la ciudad, la que mejor le viene a la industria turística y peor a las administraciones a la hora de decidir que alguna inversión de calado caiga en este lado del mapa, sea la de un paraíso con servicios de primer nivel y gran calidad de vida donde sobra mucho y no falta nada.
Posiblemente Starlite pueda ser considerado como un paradigma de esa doble realidad que vive esta ciudad, aunque las visiones externas y muchas veces también las internas sólo parecen querer prestar atención a la cara más amable.
La realidad que la avalancha de aspirantes a un empleo en Starlite y las cifras del paro, que se dispararon con la crisis y que ahora van regresando lentamente a las de hace más de una década aunque los nuevos trabajos no se parecen en nada -ni en condiciones, ni en estabilidad, ni en salarios- a los que había entonces posiblemente serían diferentes si el Ayuntamiento no se hubiese visto obligado a partir de 2012 a aplicar la política de austeridad impuesta por el Gobierno central bajo el argumento de que era necesario poner coto al descontrol de años anteriores y ordenar las cuentas de todas las administraciones públicas. A partir de ese año los ayuntamientos conocieron un concepto hasta entonces inédito, el ‘techo de gasto’, que no era otra cosa que el límite, posiblemente arbitrario ya que se impuso como norma general sin tener en cuenta la realidad concreta de cada administración, que se fijaba a la hora de darle destino al dinero público.
En estos seis años el Ayuntamiento de Marbella, que partía de una situación más grave que otras instituciones municipales vecinas que no habían vivido los 15 años del saqueo gilista, pasó de una situación de bancarrota a acumular un superávit de 92 millones de euros. Tanto los actuales gestores como los anteriores se atribuyen la mayor parte del mérito de esos fondos acumulados. En realidad, si hay que hablar de mérito la mayor parte correspondería a una política que ha sido decidida en otro nivel de la administración. Sin embargo, lo que debería cuestionarse, en una ciudad con más de 11.000 parados, es que el Ayuntamiento tenga esa cantidad de dinero sin invertir y que cada año acumule entre ingresos y gastos una diferencia positiva de 20 millones de euros. Más que un mérito eso es un despropósito.
No se trata, evidentemente, de un reproche que se le pueda hacer a las autoridades municipales, sino a la política de restricción de gastos con la que el Gobierno decidió afrontar la crisis sin tomar en cuenta las enseñanzas keynesianas ni las recomendaciones más sensatas que apuntan a que los presupuestos deben ser contracíclicos.
Evidentemente, el gasto incontrolado y absurdo que campaba a sus anchas por muchas administraciones públicas (no sólo las municipales) no podía continuar, pero aquí se ha pasado de andar con dos pelucas a una calvicie impuesta que desprotegió a los más vulnerables en una época en la que la inversión pública era más necesaria que nunca.
Ahora, ya en periodo preelectoral, se ha decidido aflojar el cinturón que ahogaba a los ayuntamientos y el de Marbella podrá gastarse en dos años 20 millones en diferentes obras tan insuficientes como necesarias después de tantos años de austeridad impuesta. Resta por saber si esta generosidad del Gobierno central a la hora de permitir a los ayuntamientos que se gasten una parte de su propio dinero tendrá más recorrido o se acabará tan pronto como el año que viene se vuelvan a guardar las urnas tras las elecciones municipales.

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El lobby del tren
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Héctor Barbotta | 24-04-2018 | 1:47| 0

Mientras Fomento se toma con calma la decisión sobre con qué proyecto se conectará a la parte más occidental de la Costa del Sol con la red ferroviaria, es posible que se esté perdiendo un tiempo precioso y que el debate en torno a cómo solucionar esta carencia comience a instalarse en el terreno más desfavorable, es decir, en el del oportunismo electoral.
Ya estamos entrando de lleno en ese periodo de gran nerviosismo y suspicacias que constituye el último año de los mandatos municipales antes de las elecciones, y no hay de momento ningún indicio de que la cuestión ferroviaria vaya a escapar a esa repetición cansina de agravios y reproches mutuos en que los partidos muchas veces entienden que debe consistir el debate político.
El tiempo que se está perdiendo ahora mismo es el que debería utilizarse para encauzar un debate preeminentemente técnico que eluda los lugares comunes y analice las dramáticas carencias de transporte público que maniatan no solamente el crecimiento futuro de la Costa del Sol sino también su capacidad presente para ofrecer calidad de vida a sus vecinos y una oferta acorde a las demandas del siglo XXI a los turistas.
El pasado lunes se reunió en Torremolinos la plataforma constituida por el tren litoral y sería bueno que esa iniciativa discurriera hacia una aportación que fuera más allá de la mera declamación e hiciera aportes contundentes con datos técnicos. Es evidente que los partidos políticos deben estar en este tipo de foros, pero las reuniones no pueden convertirse en una réplica de los plenos municipales, con los mismos argumentos de justificación o críticas a las propuestas del Gobierno y escasas aportaciones sobre lo que la Costa del Sol necesita.
La unidad geográfica de Marbella, Mijas, Estepona y los municipios de su entorno tienen una doble necesidad. Una es la desconexión con la línea de alta velocidad ferroviaria; la otra es la ausencia de un servicio público de transporte, que convierte a toda esta parte de la provincia en una de las zonas del mundo donde más se utiliza el vehículo privado. La conexión ferroviaria que se haga debe estar enfocada a resolver ambos problemas, y todo lo que no vaya en ese doble sentido será parcial e insuficiente.
Constituir un lobby que defiende los intereses de la provincia está muy bien, pero es necesario que se haga sobre bases sólidas. El riesgo que se corre si toda esta buena intención no se canaliza de la manera adecuada es que la plataforma siga un camino similar al del foro del saneamiento, que lleva décadas lamentando lo que los sucesivos gobiernos no hacen y la sociedad civil de la provincia no acierta a conseguir que se haga.

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A palos
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Héctor Barbotta | 16-04-2018 | 12:56| 0

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido un recurso del PSOE contra el reglamento de directores generales impulsado por el gobierno municipal y ha dictado una medida cautelar que, aunque de momento su cumplimiento se ha aplazado, es muy probable que obligue a dar marcha atrás en el nombramiento de los mandos del Ayuntamiento. La decisión judicial supondrá un trastorno a la hora de organizar la estructura del gobierno municipal, y por lo tanto de la gestión de los asuntos públicos, pero además deja en evidencia y al desnudo cuál es la manera en que se desarrolla la vida política en Marbella.
Tanto el recurso presentado por el PSOE como la decisión judicial que se derivó de él han puesto al equipo de gobierno y a la oposición frente a un espejo. Los socialistas no han hecho nada distinto a lo que los populares hicieron cuando estaban en la oposición. Estos también recurrieron el reglamento de directores generales y en aquella ocasión el resultado fue el mismo: la imposición de medidas cautelares que impidieron la ejecución de los nombramientos y supusieron un serio obstáculo para la organización de la estructura de mandos del Ayuntamiento y con ello, de la gestión de los asuntos que afectaban a los ciudadanos. Solamente desde la más infantil ingenuidad se podía esperar que el PSOE no actuara ahora de la misma manera. Aunque desde el PP se sostiene que los reglamentos no son idénticos, la decisión judicial los ha igualado. La única diferencia de la situación actual en relación con la anterior es que los directores ya están nombrados. En el gobierno municipal entienden que ello les da cierto margen de maniobra aunque más temprano que tarde, si el TSJA no modifica su postura, deberá volver a la situación anterior.
Cuando se habla de directores generales se suele poner el acento en la forma de elección o en la remuneración que se les asigna, pero suele pasarse por alto que los nombrados forman parte del gobierno municipal. Tienen mando en plaza y atribuciones para firmar documentos y por lo tanto un papel central en la gestión de los asuntos municipales. Sin ellos, la gestión queda en manos de los funcionarios y la gestión política del Ayuntamiento se convierte en una quimera. Si el actual gobierno, como el anterior, se ve obligado a devolverlos a la categoría de asesores, su capacidad de gestión, y por lo tanto de resolver problemas, que es para lo que está un gobierno municipal, se resentirá.
Después de lo que sucedió en la primera parte del actual periodo municipal, cuando gobernaba el tripartito, no cabía esperar que quienes fueron desplazados a la oposición por una moción de censura actuaran de otra manera, pero a estas alturas es lógico que los ciudadanos comiencen a preguntarse si la labor de la oposición, de ésta y de la anterior, debe consistir en plantear alternativas de gobierno o en poner todos los obstáculos posibles para que ese gobierno no pueda ejercerse.
Desde el punto de vista político estamos ante una situación que responde a la más elemental lógica. El PSOE le hace al PP lo que antes el PP le hizo al PSOE. Se trata, evidentemente, de lógica política, no de lógica a secas. La lógica a secas hubiese invitado al PSOE a no recurrir un reglamento parecido al que ellos mismos antes intentaron aplicar, y al PP, a no aprobar algo similar a lo que ellos mismos recurrieron. Pero aquí, de lo que se trata no es de aplicar la lógica ni lo que los ciudadanos suelen identificar como sentido común.
Los argumentarios señalan que los reglamentos no son idénticos, pero ello no es más que una coartada por la que se intenta ocultar una convicción mutua que vuelve a situar a ambos contendientes ante el espejo, porque en ambas aceras están íntimamente convencidos de que el adversario está desligitimado para ejercer el poder en el Ayuntamiento. Cuando el PP fue el partido más votado pero un pacto a cuatro lo apartó del poder, el discurso oficial transmitió el convencimiento de que aquello no iba a funcionar no sólo por lo complejo de gestionar un acuerdo con tantos actores sino por la supuesta incapacidad atávica de quienes no provienen de su propio ámbito ideológico. Cuando fue la izquierda la desplazada por la moción de censura, el discurso se dirigió a sembrar dudas sobre las verdaderas causas de esa operación política y a sugerir, sin indicio alguno, que detrás había intereses económicos. Unos se atribuyen el monopolio de la capacidad; los otros, el monopolio de la honradez y la transparencia. Ambos, sinceramente convencidos (y ese es el problema de fondo) de que el adversario no tiene derecho a constituir mayorías. Ni la ciudadanía, derecho a la alternancia.

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Presupuestos agridulces
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Héctor Barbotta | 10-04-2018 | 9:51| 0

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En una ciudad con tantas necesidades perentorias causa cierto desasosiego que la mayor parte de las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y que afectan directamente a Marbella sean más posibilidades de futuro que realidades concretas de corto plazo. En general, la propuesta, que aún no tiene garantizado salir adelante y a la que le queda un largo periodo de negociación, es rácana con el conjunto de Andalucía. En relación con Marbella contiene un par de concreciones y guiños que el futuro dirá si se materializan.
La partida más importante que afecta directamente a la ciudad es la de seis millones de euros destinada a poner en marcha el proyecto del tren litoral. Se trata ciertamente de una cifra importante si se tiene en cuenta la etapa inicial en la que se encuentra el proyecto, que ni siquiera ha comenzado a redactarse. Esa cantidad, si se ejecuta, garantiza, efectivamente, que el Gobierno ha asumido con seriedad su compromiso de concluir la etapa de estudios previos y redacción del proyecto, pero aún no asegura ni remotamente que la infraestructura que Marbella, la Costa del Sol y la provincia en su totalidad anhelan desde hace décadas vaya a materializarse.
No será hasta que se decida el trazado, se redacte el proyecto y se entre en la fase de ejecución de obras cuando se verá si existe realmente voluntad política de llevarlo adelante, ya que ejecutarlo supondrá una inversión de tal calibre que obligará a fijarlo como prioridad en desmedro de actuaciones en otros territorios. Sólo en ese momento se verá si esto va en serio. Se trata, además, de un objetivo que solamente se alcanzará si no sólo en Marbella y en la provincia de Málaga, sino también en el conjunto de Andalucía, existe un consenso social y político impermeable a las mezquindades partidistas y a los cálculos electorales. Y también si la sociedad civil y los colectivos sociales son capaces de sostener una tensión que obligue a los representantes institucionales a mantener este asunto en la agenda pública. La partida incluida para este ejercicio no garantiza nada, pero es un sólido punto de partida. Sería absurdo, y un engaño en toda regla, presupuestar más dinero cuando ni siquiera se ha decidido aún cuál es el trazado idóneo. El problema es que después de tantas idas y venidas con la conexión ferroviaria, cualquier punto de partida siempre va a parecer escaso.
Otra de las partidas importantes que afectan a la ciudad es la de las mejoras en la A-7 a la altura de Las Chapas anunciadas el pasado enero en Marbella por el ministro De la Serna. Se trata de 3,89 millones de euros que se van a invertir en tres tramos de esa arteria, que alcanza en verano un tráfico medio de 100.000 vehículos diarios. Es una obra necesaria que ayudará a reducir la peligrosidad y servirá para aliviar el tráfico, pero que está muy alejada de la ambiciosa actuación valorada en cerca de 70 millones de euros de la que se comenzó a hablar cuando Magdalena Álvarez estaba al frente del Ministerio de Fomento y que se guardó en un cajón tan pronto como la crisis económica comenzó a dar sus primeros zarpazos.
Una de las omisiones que más ruido hace es la del recrecimiento de la presa de La Concepción, para la que no se contempla partida alguna y que no figura en la agenda del Gobierno, ni siquiera a medio plazo. El varapalo de cualquier referencia a esta obra imprescindible no es porque se esperara algún anuncio de calado, sino porque los últimos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la necesidad de actuar en ese sentido. La amenaza de sequía y de medidas restrictivas que sobrevoló durante meses sobre la Costa del Sol sólo amainó con las lluvias caídas durante todo el mes de marzo. Con estas precipitaciones, el pantano, que estaba a menos de la mitad, completó su capacidad y hubo que echar agua al mar. Eso puso en evidencia no la intensidad de las lluvias, sino las reducidas dimensiones de una presa que es necesario aumentar para poder dar respuesta a las necesidades de la Costa del Sol, prepararse para un horizonte que en el medio plazo sigue siendo de escasez de agua y evitar el despropósito de tener que echar al mar lo que más temprano que tarde se acabará echando de menos.
El dinero que se destina a mejoras en la desaladora, un millón de euros, tiene todo el sabor de un premio de consuelo que no alcanza a disimular la necesidad de acometer unas obras de calado que partan de asumir un diagnóstico crudo y realista sobre el nuevo paisaje climático hacia el que nos encaminamos y sobre el que un mes inusualmente lluvioso no debería tener el efecto de un absurdo autoengaño.
Los espigones para garantizar la estabilidad de las playas, una de las actuaciones de competencia estatal que más demanda la ciudad y que formó parte del acuerdo por el que se impulsó la moción de censura, no figuran con partida propia en el proyecto de Presupuestos. Desde el PP aseguran que desde la partida genérica de playas se irán destinando los fondos necesarios para acometer estas obras, una afirmación que el tiempo confirmará o desmentirá.
El proyecto de presupuestos incluye también una partida minúscula de 10.000 euros para el proyecto de ampliación del Museo del Grabado, si bien es cierto que el documento incluye una proyección a cuatro años en la que se prevé completar la inversión de 1.100.000 euros, con 100.000 euros en 2019, 660.000 en 2020 y 330.000 en 2021. Los trámites y trabajos previos que todavía hay que ejecutar antes de iniciarse las obras de ampliación, incluyendo las catas arqueológicas, sitúan en ese horizonte la ejecución del proyecto.
Donde sí hay una omisión clamorosa es en el ámbito de la seguridad. Las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no sólo son indignas de una ciudad europea del siglo XXI e inapropiadas para un destino que, como Marbella, presenta unas necesidades peculiares en ese apartado. Es que también son insuficientes para albergar una plantilla ya de por sí escasa. Las condiciones de trabajo de los policías que prestan servicio en Marbella no son dignas. Que el Gobierno no prevea ni siquiera una mínima partida para la construcción de una nueva comisaría en la ciudad debería levantar todas las alarmas. El Ayuntamiento, independientemente de su color político, está obligado a encabezar esa reivindicación. Que el Gobierno no tenga en cartera dar respuesta a esa necesidad no encuentra justificación alguna y obliga a poner en duda cualquier declaración sobre la importancia que Interior atribuye a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que participó el pasado jueves en Málaga en la presentación que los parlamentarios del Partido Popular hicieron del proyecto de Presupuestos se guardó para presentar en Marbella la disposición final 24 del documento, que supone una modificación a la disposición 70 de 2012, con rango de ley, por la que se refinanció la deuda con Hacienda y la Seguridad Social y se dispuso que el patrimonio que la ciudad fuese recuperando en procesos judiciales se destinaran a la reducción de principal de esa deuda. En 2015 se aprobó que las multas que el Estado cobrara por esos procesos se destinaran también a la reducción de la deuda y ahora, si se aprueban los Presupuestos, se da un tercer paso: la ciudad podrá quedarse con algunos de los bienes que recupere y no tendrá que cederlos al Estado en virtud del acuerdo de 2012.
De momento, esa disposición tiene dos objetivos concretos. El primero es el edificio junto al Hospital Costa del Sol que el equipo de gobierno quiere ceder a la Junta de Andalucía para unificar todas las sedes judiciales en una operación que cuenta con el aval de todas las partes implicadas, incluida la Consejería de Justicia e Interior. El segundo es la finca La Caridad, emblema del patrimonio de Roca en la ciudad, a la que el equipo de gobierno, y en concreto la alcaldesa, quiere darle destino de equipamiento deportivo. Ante la falta de suelo disponible, Muñoz ha visto en esa operación la posibilidad de dar respuesta a la demanda de los clubes deportivos de la ciudad ante la sangrante falta de instalaciones, que se está convirtiendo en un verdadero clamor ciudadano.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella