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Autor: HectorBarbotta
Las lindes como metáfora
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Héctor Barbotta | 30-10-2017 | 10:29| 0

En 1990, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PSOE, aprobó el texto del PGOU de 1986 en el que se incorporaba la aceptación de una alegación presentada por una comunidad de propietarios de Benahavís para poner bajo jurisdicción de ese municipio una zona donde ya se había producido un desarrollo urbanístico. Entonces era difícil sospechar que más de un cuarto de siglo después, ese cambio marcaría la agenda política del Ayuntamiento. El futuro siempre es insondable, aún cuando sigue carriles lógicos. Mucho más si discurre por la vía del esperpento.
Esta semana se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 3, donde se tramitó la causa conocida como ‘caso PGOU’, ha rechazado un recurso del PSOE, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, para que se levantara el archivo provisional de ese asunto decretado a mediados de septiembre. Se ha conocido también que la Audiencia Provincial ha rechazado otro recurso para que la instrucción de la causa se prolongue con la citación de nuevos testigos. No parece, en suma, que la cuestión vaya a tener mayor recorrido.
El auto del instructor señala que las nuevas pruebas propuestas por el PSOE serían superfluas y poco aportarían al objeto de la investigación y reprocha a esa acusación que durante todo el proceso, y también en su último recurso, «ha intentado ampliar la investigación a otros delitos ya denunciados en su día y sobreseídos, no sólo por este juzgado sino por la Audiencia Provincial». Pocas veces un magistrado lanza un reproche de este calado a una de las partes, especialmente si la postura de ésta está respaldada por el fiscal.
El juez, en resumen, da por zanjado el asunto. Considera que no hubo modificación oculta del Plan General, ni alteración espúrea de las lindes, ni falsificación de las actas del pleno, ni ocultación de información a la oposición. Debería ser suficiente para pasar página. Sin embargo, esta semana, al ser preguntado por la decisión judicial, el portavoz del PSOE, José Bernal, aseguró que el caso todavía está abierto porque falta que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie por el recurso presentado contra el archivo. Después de conocerse que la misma sala que aún no ha resuelto ese recurso ya se ha negado a que se sigan llamando testigos, resulta difícil de entender por qué los ediles socialistas se empeñan en seguir dando por abierto un proceso que ya parece haber llegado a su destino final y en el que próximos pronunciamientos judiciales sólo pueden reportarles nuevos disgustos.
Desde el principio, el asunto de las lindes ha sido un auténtico despropósito en el que se han mezclado, no se sabe si por incomprensión lectora o por mala fe manifiesta, pero seguro por interés político, dos cuestiones diferentes. Una es el de las lindes que se modificaron en el PGOU de 1986 al aceptarse en 1990 el recurso que se cita al principio de este artículo; otra, el del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010, que incluyó la mismas lindes que ya aparecían en el documento anterior.
Las dudas sobre a qué municipio pertenece el suelo en disputa, que los planos oficiales del Instituto Cartográfico Nacional aprobados en 1873 sitúan en el término municipal de Marbella, se remontan al año 1985, cuando la comunidad de propietarios de la zona, avalada por un documento del secretario del Ayuntamiento de Benahavís, presentó una alegación al PGOU de Marbella, en ese momento en trámite de aprobación, reclamando que el suelo pertenecía al municipio vecino.
La reclamación pedía que se considerase que los terrenos habían sido desarrollados por Benahavís, donde posteriormente se ejecutaría un plan parcial y donde la familia de la actual alcaldesa de Marbella era propietaria de suelo. La nueva linde no fue incluida inicialmente en el PGOU de 1986, que se aprobó con los límites históricos, pero sí en el texto refundido de ese documento, de 1990, que rigió en Marbella hasta 2010 y que volvió a entrar en vigor en noviembre de 2015.
La alcaldesa fue denunciada en 2009 por el proceso de alteración de límites entre ambos municipios iniciado con el Ayuntamiento de Benahavís para adaptar la cartografía a lo que ya decía el PGOU. La causa fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga. Ahí se podría haber terminado el asunto. Pero no.
Durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, el equipo redactor intentó reflejar las lindes de 1873, pero la Junta le ordenó ceñirse a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le recomendó repetir las que ya venían en el Plan anterior. Ahí también podría haberse acabado la polémica. Pero tampoco. El proceso entró en un terreno que visto a la distancia parece un tratado de excentricidad política.
La plataforma creada para reivindicar los límites históricos presentó ante la Fiscalía una relación de hechos en la que citaba los supuestos intereses económicos de Ángeles Muñoz en la zona, una supuesta alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio y una grabación del pleno de la que se decía que se comprobaba que los concejales que votaron el PGOU no habían sido informados de los cambios realizados en el documento.  El guión señalaba, delito arriba, delito abajo, que el Plan General había sido modificado subrepticiamente, sin informar a nadie, de manera oculta, para dar un pelotazo urbanístico que favorecería los intereses de la alcaldesa. De la conspiración formaban parte los redactores del Plan, funcionarios municipales y el vicesecretario del Ayuntamiento. Quienes no lo denunciaban podían ser señalados como cómplices por omisión. Sobre este guión, las fuerzas que componían el gobierno tripartito decidieron construir gran parte de su discurso político.
De toda aquella denuncia, el fiscal dedujo que podía haber una falsedad en el acta del pleno, no en el Plan General, y dio traslado al Juzgado de Instrucción, que abrió un procedimiento. Durante todo este tiempo, mientras la investigación judicial iba por un lado -determinar si los concejales habían sido informados de los cambios antes de votar- la propaganda política iba por otro: había habido una falsificación del PGOU con nocturnidad para favorecer oscuros intereses económicos. El juez pidió durante toda la fase de instrucción información a las instituciones implicadas y por algunas de las respuestas recibidas, que parecían más enfocadas en estirar el asunto que en resolverlo lo antes posible, resulta difícil entender cómo no llegó a perder la paciencia.
Igual de difícil resulta imaginar un ejemplo más apropiado que explicara un caso en el que la realidad hay sido forzada tan burdamente para justificar un discurso político. Mientras se hablaba de que había un caso judicial sobre la falsificación del PGOU, nada menos, lo que se investigaba es si había una falsedad en el acta en la que ese documento se había aprobado. Mientras se aseguraba que desde el Ayuntamiento se habían movido las lindes en el año 2009 lo que había era un cambio que, acertado o no, justificado o no, se había aprobado 19 años antes por un ayuntamiento gobernado por el mismo partido de quienes ahora levantaban su dedo acusador.
Ahora el juez da la oportunidad de acabar con este asunto, cuyo recorrido ya parece agotado. Por eso resulta difícil de entender ese empeño en prolongar un discurso que ha quedado desacreditado y en seguir estirando su agonía. Especialmente en estos días, en los que posiblemente nos hayamos saturado de discursos e iniciativas políticas inspiradas en fábulas.

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El ineludible destino de los prófugos
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Héctor Barbotta | 25-10-2017 | 1:41| 0

SUR 78 TRI.cdr

SUR 78 TRI.cdr

 

Pan para hoy, hambre para mañana e incertidumbre mientras tanto. No es fácil ponerse en la piel de quienes cercados por una investigación judicial y conscientes de lo que habían hecho mientras se creían impunes decidieron poner tierra de por medio para no dar cuenta por su participación en la corrupción que saqueó a Marbella durante los años del gilismo. Más allá de las consideraciones morales, la experiencia ha terminado por demostrar que quienes decidieron escapar no han corrido, en general, mejor suerte que la de aquellos que se quedaron. Mientras que los condenados empiezan a salir de la cárcel o a disfrutar de permisos, quienes se fueron están comenzando ahora con su particular calvario judicial. Y con sus antecedentes como prófugos es muy improbable que en un corto plazo puedan disfrutar de permisos y beneficios penitenciarios.
Posiblemente las huidas hayan sido producto de un impulso primario, pero a estas alturas ya podemos concluir que convertirse en prófugo no ha sido la decisión más acertada para la mayoría de quienes eligieron la opción de largarse. El exconcejal Javier Lendínez huyó, se refugió en Bali y permaneció prófugo durante cerca de cinco años, el tiempo que posiblemente le haya durado el dinero. Al cabo de ese periodo tuvo que regresar para enfrentarse a su nutrida agenda judicial. Todavía sigue en la cárcel, sin posibilidad de permisos y con algunos juicios en agenda. Carlos Fernández, el prófugo paradigmático, consiguió permanecer escondido en Argentina durante 11 años, pero finalmente ha terminado saliendo a la luz. Aunque su defensa confía en que todos sus casos hayan prescrito, lo cierto es que un juzgado de Marbella en dos ocasiones y la Audiencia Nacional en otra han solicitado al Gobierno que pida su extradición al país sudamericano, trámite que todavía no se ha cumplimentado. Aunque llama la atención que el Gobierno todavía no haya aprobado el expediente, estando la Audiencia Nacional por medio lo lógico es esperar que se acabe pidiendo la extradición a las autoridades argentinas y que el exconcejal se siente en el banquillo.
Con más celeridad se resolvió en su día la extradición del empresario Andrés Liétor, condenado en el ‘caso Malaya’, que había puesto tierra de por medio tras conocerse la sentencia que lo condenaba a a cuatro años de cárcel y a pagar cuatro millones de euros. Líétor huyó a Venezuela, donde fue localizado gracias a la información facilitada por uno de sus antiguos cómplices. Ya cumple condena en una prisión de Madrid.
Esta semana se ha conocido otro caso, el del exconcejal del GIL entre 1995 y 1999 Esteban Guzmán Lanzat, que se encuentra ingresado en la prisión de Algeciras desde el pasado verano, cuando fue detenido apenas pisó suelo español tras regresar de Cuba. Guzmán Lanzat había permanecido prófugo en la isla caribeña, donde vive su hija, durante cinco años. El exedil se enfrenta a una condena firme de cuatro años y ocho meses por el ‘caso Minutas’, a varias condenas de alcance contable y a una acusación por el ‘caso Saqueo 2’, en la que el fiscal le pide 12 años y medio de prisión.
Guzmán podría constituir un caso emblemático entre quienes ocuparon posiciones de soldado raso en la estructura delictiva del GIL. Su firma aparece al pie de numerosas operaciones por las que tendrá que dar cuenta, pese a que, según afirman quienes le conocieron, apenas leía y escribía con dificultad cuando sus superiores lo colocaron al frente de las empresas municipales pantalla desde la que se organizó el saqueo de la ciudad. Ahora tendrá que dar cuenta por operaciones cuya comprensión seguramente escapaban a sus capacidades intelectuales pero a las que en su día avaló con su firma.
Este exconcejal es seguramente el caso opuesto al de otros dos prófugos de los procesos contra la corrupción en Marbella: Carlos Llorca y Juan Hoffmann. El primero, considerado el cerebro de una de las mayores estafas de la historia delictiva española, la de Fórum Filatélico, huyó cuando se lo perseguía por ‘Malaya’ y todavía no ha aparecido. El segundo no se presentó para cumplir la pena a la que fue condenado por ese caso y se refugió en Alemania, país del que es nacional y que se ha negado a devolverlo a España.
¿Por qué algunos pueden permitirse vivir toda la vida como prófugos y otros más tarde o más temprano acaban por volver? Posiblemente la diferencia radique en las posibilidades económicas y también en los pertrechos culturales que permiten adaptarse a una situación tan traumática como vivir escondido en otro país. La experiencia de estos personajes permite concluir que lo difícil no es escaparse, sino construir una vida desde la clandestinidad, algo para lo que son necesarios montañas de dinero o un talento especial que no todo el mundo tiene.
En Marbella se robó mucho y durante mucho tiempo, pero es difícil aventurar que todos quienes participaron en el saqueo de la ciudad hayan conseguido enriquecerse. La estructura del GIL, como todas las organizaciones mafiosas, era rigurosamente piramidal, con jefes y soldados. Los de arriba construyeron imperios, a los de abajo sólo les dio para vivir, mientras duró la fiesta, por encima de las posibilidades que su formación y sus talentos les hubieran permitido. Esa diferencia también se ha visto entre quienes llegado el momento decidieron huir. Unos y otros fueron necesarios para el saqueo. Está bien que la justicia ahora no haga distingos.

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Pesadilla
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Héctor Barbotta | 20-10-2017 | 10:37| 0

Llevamos tanto tiempo ocupados en lo urgente que no se lo estamos dedicando a lo importante. Aunque no está lejos el momento en que nos veamos obligados a cambiar de prioridades, cuando eso suceda ya no quedará mucho por hacer.
Las señales que la Tierra está dando acerca de cuáles son las consecuencias de lo que hemos hecho con ella son cada día más acuciantes. Pero son tan numerosas que ya no somos capaces de distinguir. Hay sequía, hay incendios, hay huracanes que provocan destrucción en el Caribe y fenómenos meteorológicos extraños en Europa y todo lo atribuimos al cambio climático. No se nos debería culpar por ello. La situación ha ido tan lejos que no tenemos herramientas para discernir por qué pasan unas cosas y por qué pasan otras. Es escandaloso que todos los gobiernos del planeta tengan prioridades diferentes a la necesidad urgente de cambiar de rumbo.
No hace mucho tiempo que nos vanagloríábamos de nuestro hecho diferencial climático. Teníamos días de playa a finales de septiembre o 320 días de sol al año y lo enseñábamos orgullosos al mundo como el mejor reclamo promocional. Marbella se vanagloriaba de sus dos grados menos que Málaga en verano y sus dos más en invierno, pero es posible que hasta eso esté cambiando. Hoy nadie puede estar satisfecho con haber perdido el otoño y con ver a turistas bañándose promediando octubre. Eso no es un privilegio climático, es una expresión de la catástrofe.
Los 320 días ahora son algunos más, el desierto avanza y los ríos pasan de ser cauces secos donde se acumula la basura a caudales incontrolables que se desbordan hasta que un nuevo periodo de sequía nos vuelve a hacer perder la memoria.
Aunque afortunadamente en esta parte del mundo el presidente ya se habrá arrepentido de aquella referencia a su primo el meteorólogo que pasó a los anales del cuñadismo político, en la mayor potencia del mundo sigue imperando el negacionismo. Los intereses económicos son tan potentes que ni los huracanes más devastadores son capaces de torcer las voluntades obtusas.
Parece el guión de una serie de terror futurista y nosotros, los protagonistas que ya a mitad de la temporada se han adaptado a un mundo apocalíptico. Un estudio presentado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos vaticina que en 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Ni esa cruda realidad nos compele a cambiar de hábitos ni a exigir cambios de políticas.
Somos animales de costumbres, y la única salida al nuevo paisaje parece ser la de resignarnos. La de acostumbrarnos a la pesadilla.

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Privatizados
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Héctor Barbotta | 18-10-2017 | 12:49| 0

La Junta de Andalucía encontró hace tiempo la fórmula para impedir que se le pidan cuentas por la eternización de las actuaciones pendientes y por su falta de compromiso inversor. Consistió en eliminar la presentación provincializada de sus presupuestos, que se reemplazó por una exposición general en la que las actuaciones previstas aparecen mencionadas, pero sin la cantidad correspondiente al costado. Es una fórmula difícilmente superable: presupuestos sin partidas presupuestarias.
Se trata de un sistema que ofrece varias ventajas: permite estirar hasta el infinito las partidas generalistas, evita tener que dar cuentas por partidas que no cumplen con las expectativas y da lugar a que en cada provincia se pueda anunciar el inicio o la continuidad de obras pendientes sin comprometerse en realidad a nada que vaya más allá de ejecutar una pequeña parte.
Si por ejemplo existe compromiso para construir institutos o centros de salud en varias provincias diferentes, basta con mencionar todos los proyectos en cada presentación y remitir a una partida general, de manera que el compromiso que se adquiere es igual a cero. Bastará que en ese ejercicio se haya ejecutado una mínima parte del proyecto para asegurar, sin faltar a la verdad, que se ha cumplido con el compromiso adquirido, aunque en realidad tal compromiso no exista. Así, las actuaciones pueden verse condenadas a una ejecución perpetua.
En Marbella, una de las ciudades de la provincia con menor dotación de infraestructuras públicas –hay un centro de salud por cada 50.000 habitantes y el distrito Costa del Sol es el peor dotado de Andalucía en cuanto a pediatras y médicos de familia por habitante– los presupuestos de la Junta son especialmente rácanos. Incluyen, finalmente, la construcción de un nuevo centro de salud (aunque en realidad se trata de la ampliación del ya existente en San Pedro), el proyecto de un nuevo instituto y un plan de promoción turística. Ninguna de estas tres actuaciones aparece con un compromiso inversor concreto. Es decir que si al acabar 2018 se hubiera invertido un euro en cada uno de esos proyectos, nadie podría reclamar incumplimientos.
La ciudad tiene también dos grandes actuaciones pendientes: las ampliaciones del Hospital y del Puerto Deportivo. Hace tiempo que la Junta decidió no acometer de forma directa ninguna de ellas, sino encomendarlas a inversores privados. Los dos han salido ranas y ambos proyectos están paralizados. En los presupuestos para 2018 no aparecen. Desde que la Junta decidiera privatizar esa parte de su gestión es como si el asunto no fuera con ella.

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Pensamiento único
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Héctor Barbotta | 16-10-2017 | 2:16| 0

oales

El cambio de gobierno tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella ha permitido confirmar algo que ya se sospechaba: hay discursos que se mantiene inalterables. No es que se mantengan inalterables porque los partidos políticos son entidades de fuertes principios que sostienen la misma posición independientemente de que en ocasiones les toque estar en el gobierno y en otras, en la oposición. No. Si fuera así habría poco que reprochar. Los discursos que se mantienen inalterables son los que hace el gobierno, cualquiera sea el partido que lo conforma, y los que hace la oposición, cualquiera sea su composición. Se comprenderá que así las cosas, el personal se mantenga en un permanente estado de confusión, de incertidumbre y, en consecuencia, de lógico desinterés por la vida política municipal.
Uno de los argumentos que más se repite cuando se produce un cambio en el gobierno del Ayuntamiento es el que remite a los cargos de confianza, los que nombra un gobierno nada más llegar para gestionar algunas cuestiones clave de la vida municipal que raramente se asignan a un funcionario o a un empleado del Ayuntamiento. Las direcciones generales en determinadas áreas (los números 2 de los concejales, para entendernos), la dirección de la comunicación municipal o la coordinación de la Alcaldía son los lugares que se suelen ocupar por personas de confianza de los gobernantes que llegan y que, cuando estos se van, abandonan, o deberían hacerlo, el Ayuntamiento.
El mal llamado juego de la política, que es en realidad una inercia en la disputa partidaria que viéndola en perspectiva no es otra cosa que una tomadura de pelo reiterativa hacia los electores, marca que todo gobernante que llega nombra cargos de confianza y todo partido que está en la oposición critica el nombramiento de esos cargos con el argumento de que se trata de casos de enchufismo. Si se recuperaran los argumentos que en su día se esgrimieron desde el PP contra el tripartito sobre el nombramiento de cargos de confianza y se utilizaran las mismas palabras, sólo cambiando el nombre de los partidos a los que se alude, por las críticas del PSOE al actual bipartito nos saldría algo asombrosamente parecido.
Es más: hace poco más de dos años el Partido Popular recurrió contra un reglamento aprobado por el Ayuntamiento en el que se sostenía el nombramiento de directores generales del tripartito. Ahora, ya en el gobierno, el PP ha anunciado que retira ese recurso para poder hacer uso de ese mismo decreto, al que se le maquillarán un par de artículos para salir del paso más o menos dignamente.
Suele haber otros argumentos en el que los partidos se prestan mutuamente los argumentarios según ocupen los escaños del gobierno o los de la oposición, pero el del enchufismo suele ser el más recurrente.
Por eso debería llamar la atención, o posiblemente en realidad no, que en el caso de enchufismo más resonante que ha tenido en sus historia el Ayuntamiento de Marbella, por volumen y cantidad, los partidos mantengan una asombrosa unanimidad. No para denunciarlo, sino para consagrarlo.
Durante los años del GIL, cuando esa organización a la que no se puede llamar partido construyó una mayoría social que le permitió controlar el Ayuntamiento de Marbella para poder saquearlo con impunidad durante 15 larguísimos años, una de las estrategias fundamentales utilizadas se basó en la contratación discrecional de trabajadores municipales. Como la legislación garantista que impera en España impide el nombramiento de funcionarios sin que los aspirantes superen un proceso selectivo en igualdad de condiciones con otros eventuales aspirantes, los cerebros grises del gilismo, encabezados por el abogado José Luis Sierra, idearon la creación de empresas municipales que bajo la coartada de la agilidad en la gestión lo que hacían era articular una estructura municipal paralela que permitiera evitar cualquier tipo de control en la gestión del dinero público. Quien quiera profundizar en cómo, de qué manera, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias se montó esa red puede recurrir al sumario y a la sentencia del conocido como ‘caso Saqueo 2’, donde viene perfectamente explicado.
Esa estructura permitió contratar servicios inexistentes, vaciar las arcas municipales sin control alguno y también disponer de los recursos públicos para la contratación discrecional de personal. Así fue como en 15 años Marbella pasó de tener poco más de 700 funcionarios a más de 3.000. Quien crea que aquello no tuvo relación alguna con las cuatro mayorías absolutas consecutivas obtenidas por el GIL durante aquellos años debería impartir un máster de ingenuidad política.
La herencia de aquellos trabajadores que entraron a la función pública por la ventana es una de las más pesadas que dejaron aquellos años nefastos.
En 2006, cuando se disolvió la corporación municipal y una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento, el entonces presidente de ese órgano, Diego Martín Reyes, intentó poner orden en el área de personal municipal pero se encontró con una férrea oposición. La entonces candidata a la Alcaldía por el PP, Ángeles Muñoz, se apresuró a anunciar que garantizaba la estabilidad a los trabajadores municipales, eufemismo con el que adelantaba que todas las contrataciones del gilismo se darían por buenas. Rápidamente el resto de los partidos se preocuparon en no desmarcarse de esa doctrina, que se convirtió en expresión del pensamiento único.
Es más, desde entonces se inició una batalla no por intentar corregir aquella injusticia histórica, que cierra las puertas por muchos años a quienes quieran acceder a la función pública municipal en justa competencia con otros aspirantes, sino a consumarla igualando el estatus de quienes fueron contratados a dedo con el de la minoría que entró a trabajar en el Ayuntamiento superando unas oposiciones.
En esto, todos los partidos que integran la corporación municipal, desde el Partido Popular hasta Podemos, fueron la más clara expresión de lo que se ha dado en llamar el ‘pensamiento único’. El argumento es que quienes hacen una misma función deben estar en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas prerrogativas. Da igual que entraran por la puerta o por la ventana.
Durante años, Gil contrató con criterios electorales y no de gestión. Mucho menos de idoneidad. Aquella estructura de personal se ha heredado y eso explica que hoy Marbella tenga un empleado municipal cada 46 vecinos y sin embargo la explicación para la falta de limpieza en las calles o para el retraso en la concesión de licencias de obra sea siempre la misma: «Falta personal».
El gilismo acabó hace 11 años y desde entonces ningún partido se ha atrevido no ya a ejecutar, sino ni tan siquiera a plantear la verdadera naturaleza de este problema.
El pasado viernes, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento, se acordó con acuerdo de todos los partidos, acelerar la equiparación salarial y la integración en la plantilla del Ayuntamiento de los trabajadores de los oales, los Organismos Autónomos Locales, herederos de aquellas empresas públicas. Es que son muchos y, al igual que en la época del GIL, siguen votando.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella