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Autor: HectorBarbotta
12 años
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Héctor Barbotta | 19-03-2018 | 11:12| 0

Con lo que ha caído en los últimos años hay motivos para darle la razón a quienes consideran que son pocos los políticos que han pasado por la cárcel, pero hace 12 años, cuando Juan Antonio Roca y buena parte de la corporación municipal de Marbella fueron enviados a prisión, aquella era casi una escena inédita. Siempre quedará una duda ¿El hielo de la impunidad para los delitos cometidos desde las instituciones se hubiese roto de esa manera si quienes saquearon el Ayuntamiento de Marbella durante casi 15 años hubieran contado con el paraguas protector de alguno de los grandes partidos?

La realidad, más allá de especulaciones contrafácticas, es que estos ladrones pertenecían al GIL, y fallecido el líder que se codeaba con jueces y ministros en el palco del estadio Vicente Calderón el suyo era el eslabón más débil de la cadena de la corrupción institucional. Los años de inmunidad, de desidia judicial y de complicidad política, habían quedado atrás y los herederos de Jesús Gil no supieron verlo. Nunca se sabrá si la ‘operación Malaya’, al menos a los peces más gordos, los cogió realmente por sorpresa, aunque lo que seguramente sí los habrá sorprendido es la dimensión y el alcance que adquirió aquello. Ni en sus peores pesadillas podían imaginar los años de pena de banquillo y mucho menos los que han pasado tras los barrotes.

La ‘operación Malaya’ sucedió hace 12 años y desde entonces hemos visto desfilar por los juzgados a políticos de todos los colores y hasta a miembros de la Familia Real. No hay como intentar recordar lo que conmocionó aquella operación y en lo que ha quedado cuando se la compara con lo que vino después para apreciar cuál fue el acontecimiento que inició un cambio de época en la cultura política española.

Juan Antonio Roca acaba de recuperar la libertad. Habrá quien, quizás con razón, considere que es poco tiempo si se evalúa el daño causado. Pero si tomamos en cuenta que en todo este tiempo hemos visto cambios de gobierno, el final del bipartidismo con la aparición de dos nuevos partidos, un relevo en la Corona, la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca y de un cardenal argentino al Papado, la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor y más larga depresión económica que se recuerde, la aparición de los teléfonos inteligentes y la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas cotidianas, y que todo ese tiempo Roca lo ha pasado en la cárcel, quizás podamos concluir que no se puede decir que en Marbella haya habido impunidad. Deberíamos felicitarnos por eso.

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Festival de hipocresía
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Héctor Barbotta | 15-03-2018 | 11:41| 0

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Sería interesante conocer cuántos vecinos se han interesado estos días por el proceso de selección de los directores generales del Ayuntamiento. A partir de lo que se puede ver en las redes y en las estadísticas de lectura de noticias, no parece que la cuestión haya despertado el más mínimo interés más allá del estricto círculo de concejales, militantes y afines. La cuestión, sin embargo, se ha convertido en la de mayor polémica durante la semana, y cuando el interés político y el interés ciudadano van por carriles tan diferentes es oportuno preguntarse por qué.
Los cargos de dirección general del Ayuntamiento son elegidos por el equipo de gobierno para formar parte del mismo. Son personas seleccionadas para ejercer tareas de gobierno, no para asesorar a los concejales sino para formar parte de su equipo, no sólo para ejecutar una política ya diseñada sino para participar en el diseño de la misma. Los directores generales pueden ser funcionarios, pero desde el momento que comienzan a ejercer esa función dejan de actuar como tales y pasan a hacerlo como miembros del equipo de gobierno, como mandos políticos del Ayuntamiento. Por eso no debe llamar la atención que un gobierno municipal, éste o cualquier otro, nombre para esos cargos a personas afines. Lo que debería asombrar, porque tendría un efecto nefasto sobre la acción de gobierno, sería lo contrario.
La mayor parte de los nombrados estaban hasta ahora ejerciendo como asesores en el Ayuntamiento. No estaban como directores generales, con sus atribuciones y remuneraciones actuales, porque hasta ahora el Ayuntamiento no contaba con una norma aprobada por el pleno que diera sustento a esos nombramientos. Ahora, esas mismas personas, y otras que se incorporan nuevas, tendrán mando en plaza, capacidad de decisión y firma, y por lo tanto serán susceptibles de que se les exija responsabilidad.
La oposición ha considerado que estos nombramientos son un ejemplo de enchufismo, que es como lo mismo que criticar que Rajoy no haya convocado a un concurso público para nombrar al ministro de Economía o que se exija a Susana Díaz que designe director general de Turismo a un profesional de contrastada experiencia en el sector aunque no tenga con la presidenta ni afinidad política ni acuerdo sobre qué hay que hacer para impulsar esa industria. Ni Rajoy ni Susana Díaz deberían ser acusados de nepotismo o de promover el enchufismo por conformar arbitrariamente sus equipos para gobernar. Otra cosa sería si se usara el Ayuntamiento para colocar afines en puestos de trabajo que sobrevivieran al gobierno con fines electorales, como se hizo en esta ciudad durante muchos años con consecuencias que todavía se están pagando.
Que un gobierno coloque en los puestos de mando a personas de su más estricta confianza y con quienes tiene afinidad no forma parte solamente de lo habitual en cualquier administración pública, sino también de la más pura lógica. Se podrán discutir las formas e incluso las remuneraciones, pero no la decisión de rodearse de gente de confianza para la gestión, tal y como ha hecho este gobierno, el anterior y, con absoluta seguridad, el próximo.
Lo que si puede ser objeto de crítica es que estos nombramientos hayan sido realizados bajo el amparo legal de un reglamento que dio apariencia a todo el proceso de algo que no era: algo parecido a un concurso público de libre concurrencia al que todas las personas que aspiraran al cargo podían acudir en igualdad de condiciones. No ha habido nada eso, y por eso estos nombramientos han tenido víctimas colaterales: los aspirantes que han visto defraudadas sus legítimas aspiraciones en un proceso en el que nunca tuvieron ninguna opción.
Si la norma permite jugar así con el tiempo, las aspiraciones y las ilusiones de personas que no tenían posibilidad es que la norma está mal. Si obliga a hacerlo de esta manera simplemente para guardar las formas y las apariencias, está aún peor.
Tanto este reglamento como el que intentó impulsar sin fortuna el anterior equipo de gobierno, que ahora desde la oposición ha denunciado todo este proceso por enchufismo pero que en su día también tenía a asesores a la espera de ser nombrados directores generales, venían obligados por ley dictada en 2014 en el marco de la crisis económica, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a cubrir este tipo de cargos preferentemente con funcionarios.
En 2015, el reglamento presentado por el tripartito fue impugnado por la Abogacía del Estado al entender que no se cumplía con ese requisito, y ahora, el del gobierno PP-OSP está recurrido en los tribunales por el PSOE. Esta misma ley, que es mirada con mayor o menor atención en función de que sillón se ocupa en el salón de plenos del Ayuntamiento, es la que obliga a que la convocatoria sea pública aunque después la selección se haga por criterios políticos y no objetivos. Como se ve, la hipocresía institucionalizada discurre en las más variadas direcciones.
Aunque por las propias características del proceso no ha habido muchas sorpresas en los nombramientos, sí ha habido algunas que han llamado la atención y que demuestran que no todo sale siempre como se espera. Tal es el caso de los dos cargos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro que no se han cubierto porque los candidatos no cumplían con los requisitos que la propia Tenencia había establecido, lo que pone ciertamente el foco sobre la capacidad de planificación de los responsables municipales de San Pedro.
Sin embargo, el caso que más llama la atención es el de la nueva directora general de Turismo, Laura de Arce, una persona que ya ocupó un puesto de alta dirección en el Ayuntamiento –fue directora del Palacio de Congresos durante los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz– y que al ser destituida tras el relevo en la Alcaldía en 2015 denunció al Ayuntamiento por despido improcedente, denuncia que aceptó retirar tras pactar una indemnización.
Desde el Partido Popular se aseguraba en aquellos momentos de relevo político en el Ayuntamiento que las demandas laborales presentadas por antiguos cargos de confianza del gobierno de Ángeles Muñoz fueron recibidos con gran disgusto por parte de la exalcaldesa y su equipo, ya que desgastaba su prestigio y además los veían como una grave muestra de deslealtad. En algún caso se llegó a pedir a los afectados que retiraran las demandas y que no utilizaran la confianza que se les había otorgado en su momento para conseguir un puesto de trabajo indefinido en la administración pública.
De Arce no era en esta ocasión la primera opción para la Dirección General de Turismo del Ayuntamiento. La alcaldesa, en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido, consultó con los empresarios del sector, en concreto con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, acerca de sus preferencias para el cargo y la organización empresarial propuso el nombre de su gerente, Begoña Castillo. El nombramiento contaba con el acuerdo de ambas partes y Castillo llegó a presentar su candidatura para el proceso de selección, aunque posteriormente desistió por motivos personales y profesionales.
Ante esta situación volvió a surgir el nombre de Laura de Arce. Lo que se desconoce es si el currículum de la ahora directora de Turismo hacía imposible evitar su nombramiento o si, por el contrario, ha recuperado la confianza que el parecer había dilapidado. dilapidado.

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Próximas elecciones o próximas generaciones
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Héctor Barbotta | 09-03-2018 | 4:31| 0

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Una frase que se atribuye a Churchill sostiene que un político pasa a ser un estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. En boca de alguien que perdió los primeros comicios a los que acudió después de haber encabezado la resistencia de su país frente a los nazis y de haber ganado la mayor guerra de la historia, la frase adquiere toda su dimensión. Aquel trance debió haber sido duro para el político conservador, aunque hoy una estatua lo recuerde frente al Parlamento británico y casi nadie sea capaz de decir, sin consultar la Wikipedia, el nombre del rival que lo venció en las urnas una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.
En un país en el que hace décadas que no aparece un estadista está fuera cualquier aspiración lógica reclamar semejante altura a políticos municipales, pero ello no debería desanimar a los ciudadanos a la hora de aspirar a encontrarse con comportamientos razonables y un mínimo de sentido institucional en los políticos locales cuando están en el gobierno y también cuando pasan a la oposición.
Esta semana, en la presentación del congreso que traerá a Marbella a partir del próximo viernes a 300 directivos y propietarios de hoteles de lujo de toda Europa, hubo una comparecencia conjunta de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Lo que debería ser visto como un síntoma de normalidad alentado por un acontecimiento relevante para la industria turística de la ciudad no puede dejar de ser interpretado, desafortunadamente, como un soplo de aire fresco nada habitual en ninguna época y menos aún en período de nerviosismo pre-electoral como en el que estamos entrando.
Hay situaciones que forman parte de la cotidianeidad política y que explican nítidamente esa falta de grandeza y de sentido institucional que no deberían dejar de ser exigidos a los representantes políticos. Una es la costumbre que tienen ministros, consejeros y delegados varios de hacerse acompañar por concejales de sus respectivos partidos, y no por los representantes institucionales, cada vez que tienen que hacer un anuncio o presentar una inversión. Lo hemos visto esta semana con la visita del delegado del Gobierno andaluz al centro de salud de San Pedro para inaugurar un nuevo aparato de radiología, pero se vieron casos análogos cuando era el PSOE el que estaba en la Alcaldía y el PP en la oposición. Los partidos se comportan todo el tiempo como si el dinero público fuera de ellos, y no de las administraciones que dirigen o de los ciudadanos que pagan sus impuestos. No es inhabitual escuchar que tal o cual inversión la ha hecho «el gobierno del PP» o que se se le debe «a los socialistas».
Otra de las situaciones que suelen producirse y que delatan esta concepción preminentemente partidista de la actividad política es el reclamo permanente que se realiza por parte de quien ha estado al frente de una institución de que se recuerde que determinados hechos positivos que se acaban consumando se iniciaron con otro alcalde o alcaldesa al frente del Ayuntamiento.
Cuando el gobierno tripartito anunciaba la concesión de licencias urbanísticas para proyectos de envergadura en Marbella, desde el PP se le afeaba que no reconocieran que se trataba de expedientes que se habían iniciado antes del relevo político en el Ayun tamiento. Ahora es el PSOE el que reclama, por ejemplo cuando se aprueba la licencia de obras en el Hotel Don Miguel, que se mencione que fueron ellos quienes estaban al frente del Ayuntamiento cuando llegaron los inversores. Si los políticos no se dieran más importancia de la que realmente tienen, porque hay situaciones que se producen no por ellos sino mientras están ellos, no habría necesidad de escuchar estos reclamos absurdos que no parecen otra cosa que pataletas infantiles. Quizás sea mucho pedir que entendieran que el valor de una fotografía a la hora de decidir el voto es ciertamente relativa
No habría que resignarse, sin embargo, a que esto nunca va a cambiar. Debería mantenerse la esperanza de que algún día algún gobierno presentara un proyecto en el que el primer cálculo fuese el beneficio social o incluso el beneficio a las próximas generaciones, y no si dará tiempo a cortar la cinta antes de la próxima cita electoral. En ese momento podríamos pensar que estamos ante algo parecido a un estadista.

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¿Y aquí cuándo toca?
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Héctor Barbotta | 26-02-2018 | 1:04| 0

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La Junta de Andalucía ha anunciado que el tercer hospital de Málaga va a estar construido y en funcionamiento a comienzos de 2024. Los más optimistas pueden creer que, mes arriba, mes abajo, el Gobierno andaluz va a cumplir con su compromiso en ese plazo de seis años; los optimistas de grado medio posiblemente crean que habrá tercer hospital, pero que la obra sufrirá retrasos similares a los que ya se conocieron cuando se construyeron los hospitales de Ronda o Cártama, por no irnos muy lejos. Pero habría que ser muy pesimista para vaticinar que la Junta propondrá financiar el nuevo hospital con una concesión administrativa, que licitará las obras a cambio de la explotación del parking, que esa empresa entrará en concurso de acreedores y posteriormente en liquidación, que el proyecto se enquistará con demandas cruzadas en los tribunales y que encallará durante ocho largos años sin soluciones en el horizonte ni preocupación aparente del Gobierno andaluz para que las haya. Hay que ser muy pesimista, en suma, para creer que otra ciudad andaluza tendrá por parte de la Junta de Andalucía un trato como el que sufre Marbella.

Desde que las obras se paralizaron en el año 2010, la ciudad ya ha disfrutado de dos anuncios de desbloqueo inmediato de la situación. En agosto de 2014, todas las partes implicadas –la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol (empresa pública de la Junta de Andalucía), el Ayuntamiento de Marbella y la concesionaria– firmaron un acuerdo que preveía la retirada de las demandas cruzadas interpuestas y la aplicación de descuentos en las tarifas de aparcamiento que se cobrarían a los vecinos de Marbella. Eso quedó en nada.

Más recientemente, en el verano de 2016, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció en Marbella que se convocaría un nuevo concurso en un plazo breve de tiempo si la empresa no retomaba las obras. Mismo resultado.

La situación, análoga a la del puerto de La Bajadilla, está bloqueada en los tribunales. La empresa concesionaria, integrada a partes iguales por una empresa de instalaciones eléctricas y Abengoa, se encuentra en fase de liquidación. Llama la atención la impotencia –o falta de interés- de la Junta para resolver una situación que en cualquier otra ciudad de Andalucía supondría un escándalo mayúsculo y pondría en jaque al consejero. Por aquí, en cambio, han pasado ya tres máximos responsables de Salud desde que comenzó el problema sin conseguir una solución. Es más, sin cumplir ni remotamente con las soluciones que ellos mismos se comprometieron a impulsar. Ni antes con el gobierno municipal en solitario del PP, ni después con el tripartito encabezado con un alcalde socialista, ni ahora con un gobierno de dos socios con una alcaldesa del PP, la ciudad ha conseguido que se la escuche. Ni siquiera se ha logrado que la paralización de las obras forme parte de la agenda de problemas a resolver.

Posiblemente sea necesario recordar que de los 48 millones en los que está presupuestada la obra, la paralización sobrevino cuando ya se había invertido la mitad. ¿Alguien se hará cargo de la pérdida económica que supone el deterioro que sin duda está sufriendo el edificio desde que se pararon las obras?

Las condenas hay que llevarlas con dignidad. Nadie en Marbella debería desear que se dé a otro municipio el trato que recibe esta ciudad. Sin embargo, sería interesante saber cuál sería la reacción social si la Consejería de Salud anunciara, o lo hiciera de forma solapada como lo intentó en un principio en Marbella, que no va a haber dinero de sus presupuestos para la construcción del tercer hospital de Málaga, sino que las obras se financiarán mediante la explotación de un aparcamiento cuya utilización sería fácticamente obligatoria para todos aquellos que acudan al centro sanitario, ya sea por una urgencia, para una cita con un especialista o para visitar a un familiar hospitalizado.

No es difícil adivinar cómo reaccionarían ante semejante anuncio no ya el resto de las administraciones implicadas, sino los usuarios, los sindicatos, el Colegio Médico, los medios, los partidos políticos… Si se concluye, con cierto buen criterio, que el Gobierno andaluz no se atrevería a semejante barbaridad en ninguna otra ciudad de la Comunidad Autónoma, cabe preguntarse ¿por qué en Marbella sí?

Se pueden aventurar diversas hipótesis pero posiblemente sea oportuno invertir el sentido de la pregunta. ¿No será que el Gobierno andaluz no se atreve a darle a Marbella lo que le corresponde porque en el resto de Andalucía realizar una inversión en esta ciudad supone algún tipo de coste político? ¿No será víctima Marbella de la imagen que se cultiva en cada promoción turística y que la describe como una ciudad de ensueño? ¿Nos veremos obligados algún día a hacer una campaña para explicar que en esta ciudad, además de ricos que se pueden pagar clínicas y colegios privados viven también camareros, dependientas y profesionales varios que tienen las mismas necesidades y derechos que el resto de los andaluces? ¿Habrá que ir despacho por despacho para explicar a los responsables políticos que no se tienen que tomar al pie de la letra todo lo que ven en los vídeos que se utilizan para la promoción turística de la ciudad? ¿Será necesario aclarar que eso del lujo es un reclamo publicitario dirigido a un público concreto y no la realidad cotidiana de 148.000 vecinos?

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Algo más que un debate urbano
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Héctor Barbotta | 19-02-2018 | 10:21| 0

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Pocas decisiones hay tan trascendentes para una ciudad como cuando se propone la peatonalización de una de sus arterias principales. En primer lugar, porque se trata de una decisión que raramente es reversible. Una vez que se adopta y se lleva adelante no suele haber marcha atrás. En segundo lugar, porque pocas transformaciones puede haber que cambien tanto la fisonomía del centro urbano y que influyan de manera tan determinante en la manera en que los vecinos se relacionan con su propia ciudad, en la fisonomía de los comercios o en la posibilidad de un entorno de resultar atractivo para los visitantes.
La peatonalización es decisiva y trascendente desde la perspectiva urbana, pero también comercial, medioambiental, económica y de movilidad. Pocas decisiones del ámbito municipal hay, en suma, que, influyan de una manera tan determinante en la vida cotidiana de los vecinos, pero también en el futuro de la propia ciudad.
San Pedro Alcántara está afrontando actualmente ese debate y se ha generado, como es natural, un escenario de controversia. Uno de los aspectos más importantes de los debates que se abren cuando se está por peatonalizar una calle es que resulta muy difícil anticipar cuál va a ser el resultado. Hoy en día casi nadie se acuerda de aquello pero cuando a mediados de los años noventa se empezó a plantear el cierre al tráfico de la calle Larios, comerciantes y hosteleros de Málaga recibieron aquella propuesta con una hostilidad indisimulada. De haber adivinado cuál iba a ser la influencia de la peatonalización en el vigor comercial de esa arteria, con seguridad su actitud hubiese sido muy diferente.
Sin embargo, cuando ya se conocían los resultados de calle Larios y el proyecto de peatonalización avanzó hacia las calles del entorno, el rechazo no amainó. Hoy, con el centro de Málaga convertido, inéditamente, en el motor turístico y comercial de la capital de la provincia, aquel debate se presenta como anacrónico.
Algo muy parecido, aunque en una dimensión sensiblemente menor, sucedió en Marbella cuando el Ayuntamiento comenzó por la avenida Miguel Cano su proyecto de peatonalización del centro al sur de la avenida Ricardo Soriano. Hoy es difícil dudar de la consecuencia comercial y turística de esa iniciativa, aunque suponer que operaciones similares van a tener resultados idénticos cualquiera sea el lugar en el que se ejecuten supone una simpleza de análisis en la que no se deberían basar decisiones de tanto calado.
Es más, Marbella tiene por delante un proyecto que antes o después deberá abordarse, como es el de la peatonalización total o parcial de Ricardo Soriano, al menos en el entorno de la Alameda, por la sencilla razón de que el casco urbano de una ciudad, y especialmente el casco urbano de una ciudad turística que no quiere verse estancada en su desarrollo, no debería estar atravesado por una avenida que en realidad se utiliza como autovía. Que ese proyecto no se haya abordado todavía responde simplemente a las dificultades técnicas que presenta la canalización por vías alternativas de todo el tráfico y al coste sideral que supondría la solución más sencilla, un soterramiento en el trazado más céntrico. Sólo con imaginar el revulsivo comercial, turístico y económico que supondría una avenida Ricardo Soriano peatonalizada y surcada por un tranvía debería invitar a no abandonar, por caro o por dificultoso que parezca, esa proyección indispensable para el futuro a medio plazo de esta ciudad.
Pero ahora donde está planteado el debate es en San Pedro y lo que correspondería hacerse para que lo que salga de ahí no sea un resultado del que arrepentirse es afrontarlo sin caprichos ni fobias personales, con más datos objetivos que percepciones a vuelapluma y con los intereses generales por encima de los privados, por muy legítimos que estos puedan parecer.
En los últimos años, sobre todo a partir de las obras del soterramiento, San Pedro vivió una transformación radical y en positivo, pero no puede decirse que haya sido una transformación indolora. Aquellas obras, con la travesía abierta en canal durante años, dejaron algo más que heridos en el tejido comercial de la ciudad.
Posteriormente, con la inauguración del bulevar, la zona vivió un momento de prosperidad que se tradujo en la apertura de comercios y en la revalorización de las propiedades que habían sido castigadas simultáneamente por la crisis y por las obras del soterramiento.
Ese momento de expansión, sin embargo, fue más efímero de lo que cabía desear. Parte del debate que ahora se abre sobre el proyecto de peatonalización del trazado sur de Marqués del Duero debería centrarse en los motivos por los que el auge que insinuó la apertura del bulevar no consiguió mantenerse en el tiempo y en si la reducción de dos a una de los carriles de circulación en esa arteria no tuvieron relación con ese frenazo.
Las posiciones a favor y en contra de la peatonalización están planteadas. Su principal impulsor, el teniente de alcalde, Rafael Piña, sostiene que es la mejor manera para que el comercio tradicional pueda adaptarse a las nuevas formas de consumo y por lo tanto atraer clientes que acudirían seducidos por un nuevo espacio de paseo.
Sin embargo, quienes de momento encabezan la oposición a la peatonalización completa son precisamente los comerciantes, que plantean, entre otras cuestiones, el hecho de que gran parte de Marqués del Duero ya es peatonal, las dificultades añadidas que supondría para la carga y descarga de todo el centro de San Pedro y el hecho de que los vecinos de las urbanizaciones de la zona se suelen desplazar en coche, por lo que la peatonalización total los disuadiría de acudir.
La controversia se resolverá en una consulta telemática en la que la última palabra la tendrán los vecinos. Pese a optar por esa forma de resolución, Piña no ha adoptado una actitud neutral. Opción Sampedreña ha anunciado que hará campaña por el ‘sí’ porque considera que se trata de la mejor solución para revitalizar el comercio.
OSP es el único partido que hasta el momento se ha decantado por una postura definida, ya que el otro que también se ha pronunciado sobre este asunto, Podemos, lo ha hecho para reclamar que se den a conocer los estudios técnicos que permitan a los ciudadanos opinar con fundamento, pero sin posicionarse sobre el fondo del asunto.
Entre quienes aún no se han decantado por una u otra opción está el Partido Popular. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha eludido esta semana mostrar cuál es su postura aunque el perfil de quienes se oponen coincide en líneas generales con el de muchos de sus votantes en San Pedro. La posición del partido mayoritario del gobierno es incómoda, ya que por un lado no puede confrontar en un tema fundamental con sus socios y por el otro tampoco puede dejar desasistidos a sus votantes a un año de las elecciones y en un distrito donde, como sucede habitualmente, se acabará decidiendo el destino electoral de Marbella. Sobre todo cuando Ciudadanos, la fuerza política que amenaza con corroerle buena parte de su tarta electoral en todo el país, se ha apresurado a alinearse con los empresarios y comerciantes contrarios a la peatonalización.
El PP se enfrenta pues a una dicotomía que deberá resolver. De la respuesta que halle podrá deducirse cuál será su estrategia política para el resto del tiempo que aún queda de mandato. En juego puede haber mucho más que abrir una calle al tráfico o cerrarla y reservarla sólo para los peatones.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella